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Sur del Lago: desarrollo productivo o latifundio. Ése es el dilema

Sur del Lago: desarrollo productivo o latifundio. Ése es el dilema

La disputa por la tierra en estos momentos es sinónimo de la disputa entre soberanía alimentaria y latifundio. Así se expresa en las fincas que se encuentran a ambos lados de la carretera del eje panamericano, en los límites de los estados Mérida y Zulia. Zona de luchas por los rescates de tierras que llevan adelante las comunidades campesinas y sus organizaciones.

Montecarlo, El Carmen, La Magdalena, La Chapala, Santa María, Santa Rosa, El Trébol, La Escondida, Vista Hermosa, La Libertad, son algunos de los predios que, actualmente, los campesinos y campesinas que habitan en ellos han puesto a producir. Aunque en la gran mayoría de los casos, estos terrenos aún no han sido rescatados y entregados a las mismas manos que los trabajan.

En todas las fincas mencionadas se han realizado las denuncias por improductividad ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Estas denuncias son acompañadas con documentos gráficos del estado de situación de miles y miles de hectáreas de uno de los sectores más fértiles del país; tierras “A1” en la denominación formal de la Ley de Tierras.

A partir de la denuncia, se inicia un proceso que mientras más tarda, más favorece a uno de los sectores en conflicto. Se les otorga formalmente a los terratenientes denunciados 6 meses para armar su defensa. En la práctica, el proceso puede durar incluso años con ambas partes viviendo en el mismo lote a la espera de la resolución oficial.  Para llegar a esta resolución se realizan inspecciones para verificar el estado de las tierras y a partir de estos informes el INTI emite su fallo.

Los fallos se basan en la productividad o improductividad del terreno al momento de las inspecciones. En el último año casi no ha habido conclusión sobre rescates de tierra por parte del INTI. Salvo en el predio El Carmen, en todos los demás se falló siempre a favor de los “presuntos” dueños, como le llaman los campesinos y campesinas a los terratenientes. Fallos que no significan desalojos, ya que fueron frenados en la zona  por la orden de Nicolás Maduro, en agosto de 2018, de que ninguna fuerza de seguridad participe de operativos en contra de la comunidad campesina productora.

Los Consejos Campesinos necesitan que se avance en los procesos de rescate de estas tierras. Están esperando la Carta Agraria que asegure su derecho a la permanencia y a trabajar sus parcelas en mejores condiciones.

Entrega de la Carta Agraria del predio El Carmen.

En varias ocasiones han escuchado que las tierras quedarán para los hombres y mujeres del campo. Pero las comunidades plantean que en el último año jurídicamente no se ha avanzado. Con excepción del predio El Carmen, donde el domingo pasado los campesinos y campesinas festejaron la obtención de la Carta Agraria y el derecho colectivo sobre 880 de las 900 hectáreas de la finca. El resto de los predios necesita la misma garantía de trabajo, siembra y seguridad.

 

 

Así lo solicitan ante el Instituto Nacional de Tierras, en su sede de El vigía y también en su instancia nacional.

Mientras esta institución más tarda en completar los procedimientos para concretar los rescates, se intensifica la disputa. Las comunidades han enfrentado distintas presiones, intimidaciones e incluso el asesinato de un hijo de un dirigente campesino, al tiempo que limpian y siembran los terrenos que antes estaban abandonados o servían de pastoreo para unas pocas cabezas de ganado.

De la seguridad jurídica que otorga el rescate depende no sólo la seguridad sobre la producción que obtengan los campesinos y campesinas, sino también de su vida. Estas acciones de sicariato tuvieron un momento crítico el año anterior, donde fue asesinado Kendri García de 16 años. Varias fueron las situaciones en los distintos predios donde se repetía la misma escena, amenazas por parte hombres armados que llegan a las parcelas en camionetas a exigir el abandono de las mismas, como lo describen las comunidades de las distintas fincas.

Si bien estos actos violentos no se han vuelto a presentar en los últimos meses, los campesinos/as denuncian otros tipos de intimidación. Los terratenientes ordenan la suelta del ganado a los predios sembrados por las comunidades, para acabar con las matas, buscando que la desmoralización que produce el trabajo perdido los lleve a irse del lugar.

Cuanto más se dilata la resolución mayor es el margen de maniobra por parte de estos terratenientes, dueños de distintas fincas en el municipio y otros estados. Otro método utilizado es acudir a los tribunales agrarios de la zona para iniciar procesos paralelos a los que lleva adelante el INTI, generando fallos judiciales siempre a favor de los terratenientes aún ante la evidente improductividad de sus parcelas, las cuales sirven de pastoreo de muy escaso ganado y principalmente de garantía de respaldo a la hora de acceder a créditos financieros que en ningún caso son destinados para capital productivo. Estos fallos judiciales pueden tener la variante de “proteger” las fincas para intentar que no accedan las comunidades, o bien pueden ser órdenes  de investigación sobre distintos dirigentes de la zona. Ambas variantes utilizadas esta semana en los predios de Montecarlo y La Chapala, respectivamente.

Diferentes métodos con el mismo objetivo, sacar a los campesinos de las parcelas.

“Mientras más sembremos más cerca estamos de ganar las tierras”,

repiten las comunidades en sus asambleas.

 

 

 

 

 

Para tomar un ejemplo, sólo en el terreno de Montecarlo la comunidad que lleva 8 meses allí, tiene sembrado el 75% del terreno. Calculan tener sembrado en diciembre el equivalente a 700 toneladas de plátanos, 1000 toneladas de cacao, más las de maíz, yuca, auyama, pimentón, ají entre otras. 80 familias llevan adelante esta producción mientras batallan por la tierra.

       

Proporciones similares de producción pueden encontrarse en cualquiera de las fincas en donde habitan los Consejos Campesinos, variando el desarrollo según la cantidad de meses o años que lleven en el lugar.

Cosecha de arroz en el Predio El Carmen

Éstos esperan que se concreten los compromisos del Instituto nacional de Tierras, asumidos por su presidente Luis Soteldo, cuando en marzo del año pasado planteo que se daba lugar al inicio del rescate en los terrenos de El Carmen (que ya se hizo efectivo), El Pino, El Consuelo, Santa Rosa, Santa María y Buena Esperanza.

En síntesis, en el último año no se produjeron grandes avances jurídicos en los procesos de rescates de tierras iniciados. Por otro lado disminuyeron los actos violentos y no volvieron a repetirse desalojasen la zona, como lamentablemente si han ocurrido en Barinas en meses pasados, además de un intento reciente en el Hato Las Mercedes.

La reactivación productiva del campo están llevándola adelante los campesinos y campesinas que luchan por mantener su producción en las tierras en disputa. Piden avanzar en la democratización de las tierras, accediendo a las cartas agrarias que le permitan dar la batalla productiva por el país en mejores condiciones. En momentos de guerra económica, el dilema es desarrollo productivo o latifundio improductivo.

 

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

 

Barinas: determinación, resistencia y organización de la gente impiden desalojo en Hato las Mercedes. Comunicado de La Corriente

Barinas: determinación, resistencia y organización de la gente impiden desalojo en Hato las Mercedes. Comunicado de La Corriente

El jueves 23 de mayo se presentó en el Hato Las Mercedes, ubicado en el municipio Pedraza del estado Barinas, una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana y la policía de Barinas, con la intención de ejecutar el desalojo de los consejos campesinos que luchan desde hace años el rescate de esas tierras. La orden de desalojo, que contraviene lo autorizado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) en marzo de 2018, fue emitida por el juez agrario de Socopó, Orlando Contreras, en beneficio de la familia terrateniente Riera Zubillaga, pretendiendo frustrar el proceso jurídico administrativo que, cumpliendo todo lo que la ley exige, los consejos campesinos han venido desarrollando ante el INTI.

Luego de tres días de tensión, el día de ayer se logró detener la acción de desalojo gracias a la determinación y resistencia de los hombres y las mujeres campesinos(as) que allí se encuentran luchando y sembrando, al elevado nivel organizativo de los consejos campesinos y a la actuación de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora a través sus medios de comunicación y de los dirigentes Pedro Alvarado, constituyente por Barinas, y Juan Carlos Pinto, diputado al Consejo Legislativo Estadal, quienes se presentaron en el predio en acompañamiento y defensa de los y las campesinos(as), para mediar con las autoridades militares y policiales presentes en el predio. Así, con dignidad, firmeza, organización, participación y capacidad de diálogo, se logró que los efectivos militares y policiales evacuaran el predio, luego de que, haciendo valer lo autorizado por el INTI, se acordara la instalación de mesas de trabajo para abordar a fondo la situación de los consejos campesinos y del proceso de rescate del hato, sin que esto implicara el desalojo de la gente ni la destrucción de las siembras hasta ahora desarrolladas en el sitio.

 

 

 

 

 

 

La lucha de los campesinos y campesinas del Hato Las Mercedes se suma a la de miles y miles de hombres y mujeres en el campo venezolano que, hoy en día, no desisten en la pelea por la democratización de la tierra. Como estas personas, en otros estados del país miles de campesinos y campesinas en lucha sufren amedrentamientos, agresiones, amenazas. En todos los casos existe un elemento común: el retraso y la dilación de los procesos administrativos y técnicos por parte del INTI para hacer efectivos los procesos de rescate de tierras, y la actuación de las mafias agrarias, principalmente por la vía judicial y violenta, para frustrar y revertir los procesos iniciados por el campesinado y el INTI.

El latifundio, según lo dictamina nuestro ordenamiento jurídico, es contrario al interés público y constituye una rémora que necesariamente hay que superar para que el país pueda avanzar en el desarrollo productivo del campo: mientras existan en manos de pocas familias enormes extensiones de tierra en estado de improductividad, no seremos capaces como pueblo de alcanzar las metas de desarrollo agrario y soberanía alimentaria, así como de seguridad social y buen vivir del pueblo campesino.

Si la agroindustria estatal y privada, los pequeños y medianos productores y la banca pública y privada tienen un rol qué jugar en el logro de estas grandes metas nacionales, cosa que reconocemos, también es necesario decir que no es menor ni secundario el papel que en esa misión estratégica está llamado a jugar el pueblo campesino, los hombres y mujeres del campo que hasta la llegada de la revolución bolivariana habían sido relegados, excluidos, oprimidos. En ese sentido, es urgente que desde las autoridades agrarias del país, es decir, desde el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y desde el Instituto Nacional de Tierras (INTI), se abran los espacios para que, con toda la amplitud y seriedad que se requiere, con participación y protagonismo de la gente que sabe producir, sin preeminencia de grupos económicos y élites de poder, se construya una política clara, coherente y sostenida en relación no solo con la imprescindible democratización de la tierra y lucha contra el latifundio, sino en cuanto a todos los aspectos que deben conformar una política agraria nacional (financiamiento y dotación de insumos, maquinaria y asistencia técnica, acopio y distribución de la producción), una política que implique planes concretos, con metas específicas establecidas, cronogramas de ejecución, responsabilidades públicamente asumidas, mecanismos de monitoreo, control, seguimiento y evaluación.

La actual circunstancia que vive Venezuela, determinada por la creciente agresión estadounidense y la agudización de la crisis económica, obligan a abordar la reactivación productiva del campo como una prioridad nacional de carácter estratégico. Ante el fracaso de la estrategia política de EEUU en el escenario interno del país, las élites que gobiernan el mencionado país toman definitivamente la opción de aumentar las sanciones ilegales y el bloqueo comercial y financiero para asfixiar económicamente al país, y con ello construir las condiciones que requieren sus objetivos intervencionistas. Se trata, entonces de una tarea de primer orden. El destino de la paz, la democracia y la soberanía de nuestra Venezuela se juega en buena medida en esta batalla por la producción, en la cual el pueblo campesino, la gente que produce en el campo, se ha colocado a la vanguardia. Allí estamos y estaremos como organización política acompañando y protagonizando esa lucha. Las instituciones agrarias del país deben estar, también en la primera fila de esa batalla, junto a la gente.  Vamos pues, todos y todas, campesinos y campesinas, pequeños(as) y medianos(as) productores(as), instituciones, industriales del agro, banca y pueblo todo, a avanzar en una gran Alianza Nacional Productiva que garantice el desarrollo productivo del campo y la victoria en la lucha contra las fuerzas extranjeras que pretenden doblegarnos al asfixiar nuestra economía.

 

Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Sur del Lago: victoria campesina en predio El Carmen

Sur del Lago: victoria campesina en predio El Carmen

La comunidad campesina del predio El Carmen está de festejo este domingo 18 de mayo. El motivo es la entrega por parte del Instituto Nacional de Tierras, de la tan ansiada carta agraria, que establece la propiedad colectiva y el derecho de permanencia en las 820 hectáreas de la finca.

El rescate producido sobre estas tierras es el primero que se genera en lo que se conoce como eje panamericano, en Sur del lago, en el límite de los estados de Mérida y Zulia. Son alrededor de 10 los predios que esperan seguir la misma ruta que El Carmen.

Luchar para producir

Un 2 de Julio del 2016 los campesinos tomaron la desición de ingresar a los terrenos hasta ese momento improductivos, pertenecientes en ese entonces a Ramón Meza. Este ganadero es acusado por la comunidad campesina de ser uno de los financistas de las guarimbas en la zona y en Caracas.

Una vez dentro de los terrenos comenzaron a avanzar en organización y produccion. Conformaron 5 consejos campesinos, se afianzó la coordinación entre los mismos y por otro lado se pusieron una consigna muy clara: «Hay que producir, mientras más sembramos más cerca estamos de ganar».

Para llevar adelante la producción los campesinos hacen frente a dos grandes problemas, el agua y los ataques por parte de los ex dueños. El agua proveniente de las lluvias deja las parcelas anegadas, perdiéndose en muchos casos el trabajo de meses. La necesidad de maquinarias y mecanización del río es urgente, expresan los integrantes del consejo campesino «Nuestra Tierra».

Los ataques de quienes eran los dueños fueron variando en métodos con el pasar del tiempo. Comenzaron totalmente violentos, con amenazas de grupos armados incluidas, y fueron bajando su intensidad en los últimos meses, reduciéndose a la suelta del ganado para arruinar la siembra campesina (método menos violento pero no menos dañino).

Estos ataques confían los campesinos que disminuirán al poseer ahora la carta agararia que los proteje. Esperan avanzar en las siembras plátanos, maíz, yuca, auyama y perfeccionar las incipientes siembras de arroz. Arroz el Carmen, como lo llaman.

La persistencia, la tenacidad, la unidad y la confianza permitieron que estas familias de campesinos sin tierra hoy accedan formalmente a ellas. Superaron dos inspecciones que fallaron a favor de las familia Meza, se emfrentaron a dos intentos de desalojos, se sobreponen cada vez que las lluvias afectan sus siembras. Todo ese esfuerzo tiene hoy su premio. Como lo dice el nombre de uno de sus consejos campesinos, hoy las familias festejan la «TIERRA NUESTRA».

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora 

Sur del Lago: autoridades atropellan campesinos(as) en predio Montecarlo

Sur del Lago: autoridades atropellan campesinos(as) en predio Montecarlo


La disputa por la tierra continúa en el eje panamericano del Sur del Lago. Hace dos días tuvo lugar un hecho que evidencia el carácter desigual de la lucha y parte de las razones para que los avances no sean mayores. Fue en el predio Montecarlo, donde hace poco menos de un año los y las campesinos(as) lloraban el asesinato de Kendri Márquez, hijo de uno de los compañeros que lucha por el rescate de esas tierras: valga decir, de paso, que aunque todos los hechos, principalmente las amenazas directas, señalan a la terrateniente Mirella Vega Vega como presunta autora del asesinato, la justicia no ha actuado y el crimen permanece impune.

El hecho en cuestión fue el siguiente, ocurrido el 15 de mayo: una comisión se presentó en el predio y, sin acreditación alguna, se identificó como enviada desde la vicepresidencia de la República. La comisión estaba compuesta por el representante de la defensoría del pueblo, Alejandro Mora, la jueza de los tribunales agrarios en primera instancia de El Vigía, Carmen Rosales, el teniente primero de la FANB de dicha zona, de apellido Contreras, y el fiscal de la fiscalía 6ta, Jesús Leonardo Ojeda Coronel. A esta comisión la acompañaba el abogado y la abogada de Mirella Vega Vega, quien también estaba presente en el lugar junto a su hijo.

Los y las campesinos(as) se percataron temprano en la mañana, mientras llevaban adelante las labores diarias de siembra, de la llegada de varios automóviles y camionetas al predio, que se dirigieron a la casona que los presuntos dueños tienen en la finca. Ya que los y las campesinos(as) no fueron notificados (as) de la visita, para evitar dudas, unos 50 campesinos y campesinas se dirigieron pacíficamente al patio de la casona, donde se encontraban las autoridades con los presuntos dueños de la misma.

Los campesinos fueron recibidos por el representante de la defensoría, quien los invitó a permanecer en el lugar mientras llevaba adelante la reunión, que consistía, para sorpresa de los y las campesinos(as), en la notificación de una supuesta orden de protección de las 116 hectáreas de la finca y del ganado que habita en ella, la cual, según afirmaron, es de fecha 19 de diciembre de 2018. La defensoría, en voz de Alejandro Mora, explicó que la orden de protección se realizó con base en la denuncia presentada ante el tribunal agrario por parte de la familia Vega Vega.

Luego, transcurrió la reunión en un tono altamente agresivo e intimidatorio. Los campesinos y las campesinas fueron interrogados con una alta dosis de agresividad acerca de su permanencia en el predio. La parcialidad de las autoridades del lado de la presunta Mirella Vega era notoria. Un campesino expresó que efectivamente se habían dirigido al tribunal agrario con sede en El Vigía, pero que no fueron recibidos, lo que generó el enojo de la jueza Rosales, quien irrumpió agresivamente para afirmar que ella no atendía a las partes. Sin embargo, al decir esto mientras tomaba café en la mesa de la terrateniente, quedaba claro que no atendía a una de las partes, la campesina, a la otra sí.

Luego fue agredido verbalmente Adelis García, padre del adolescente asesinado. El fiscal Ojeda acusó al padre de Kendri de no sentir dolor por la muerte de su hijo, ya que no le hizo seguimiento a las denuncias realizadas por el crimen. García sabe que los autores materiales del crimen se encuentran en libertad, y teme con razón por la vida de sus otros hijos: «Si quieren mantenme a mí, pero tengo que cuidar la vida del resto de mis hijos».

Es necesario recordar que el predio Montecarlo está en disputa desde agosto de 2018, cuando los campesinos sin tierras ingresaron a sus parcelas luego de realizar la denuncia de improductividad del terreno ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI) y al observar las irregularidades de quien fuera la dueña de las mismas, Mirella Vega Vega, quien luego dela denuncia realizada comenzó a introducir maquinarias y ganado al terreno, luego de años de abandono, con la intención de simular productividad.

Hoy, gracias al trabajo de los y las campesinos(as), la producción del predio viene siendo levantada. Las 14 mil matas de plátano y las 14 mil de cacao sembradas hasta ahora son una contundente evidencia de ello, ya que arrojarán una cosecha aproximada de 350 mil kgs. de plátano y otros 500 mil de cacao. Esto contrasta con el abandono total en que la señora Vega tenía el predio por más de 8 años, y en el cual continúa, ya que no puede llamarse productividad a unas pocas cabezas de ganado medrando a su suerte.

Los y las campesinos(as) que luchan el rescate de estas tierras para avanzar en la reactivación productiva del campo hacen un llamado a las autoridades agrarias del país, específicamente al Instituto Nacional de Tierras, para que aborde el caso. Además, exigen una investigación al fiscal Jesús Leonardo Ojeda Coronel, al defensor Alejandro Mora y a la jueza Carmen Rosales, quienes a todas luces están actuando en articulación con la terrateniente Mirella Vega Vega, en desmedro del pueblo campesino. ¿Será esa la razón por la que no ha habido justicia por el asesinato del joven Kendri Márquez?

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

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