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Mafias agrarias contra pueblo campesino ¿Quién ganará?

Mafias agrarias contra pueblo campesino ¿Quién ganará?

En Abril de 2018 el presidente Maduro se pronunció a favor de la lucha campesina, en respuesta al desalojo y detenciones en el predio La Magdalena, en el estado de Mérida. “Creo en la palabra de una campesina y no en la de un burócrata”, dijo el presidente.

La semana pasada, a poco más de un año de aquella alocución del presidente Maduro, prensa de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora conversó con Heber Montilla, dirigente campesino y coordinador de La Corriente en Sur Del Lago.

¿En qué cambió la situación de la lucha por la tierra en Sur del Lago a partir de este pronunciamiento?

La situación cambió bastante. Había una preocupación, desde que Maduro llegó al gobierno, para que se pronuncie a favor de la lucha campesina como lo hacía el presidente Chávez, a través de los “Aló presidente”, en donde planteaba la pelea al latifundio. Antes de que Maduro se pronuncie a favor de los campesinos, había sectores de la Guardia Nacional Bolivariana, del SEBIN, del CICPC, sectores de las fuerzas públicas del Estado que se prestaban para atropellar a los campesinos. Junto con Maduro también se pronunciaron el fiscal general de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de la defensa. Las fuerzas de seguridad del Estado no se prestaron más para estas situaciones de atropello.

Los terratenientes, al no poder contar con las fuerzas de seguridad, empezaron a contratar grupos armados, sicarios. Empezaron las amenazas y la violencia contra las familias campesinas.

Ahora están utilizando a los tribunales para amedrentar a los líderes campesinos. Se los amenaza con meterlos presos, abrirles expedientes. Van los tribunales agrarios de la zona, junto con fiscalía y defensoría, a los predios para amedrentar. Salen o los metemos presos, les dicen. Esto se combina con las amenazas de violencia como se vivieron el año pasado.

Este accionar combinado de violencia y funcionarios corruptos son los modos de operar de las mafias agrarias. ¿Quiénes componen estas mafias?

No es un ganadero aislado que contrata a alguien. Es una red que opera en los distintos predios que están en proceso de rescate. La componen los tribunales, jueces, fiscales, algunos funcionarios del INTI nacional y regional. Los ganaderos son los que contratan, pagan y manejan estas mafias. Se manejan con pagos en dólares. Incluso estas mafias han intentado comprar dirigentes campesinos. Ofrecían hasta 10 mil dólares, camionetas, carros, fincas, para que estos dirigentes abandonen la lucha o dejen quieta la lucha. Hay algunos sectores campesinos que se prestaron a estas mafias. Cuando supuestos dirigentes campesinos se pronuncian a favor de los presuntos en los medios de comunicación, en las redes sociales, se están prestando a favor de estas mafias. En la guerra al latifundio hay dos actores. El campesino y campesina y los terratenientes.

Ellos como terratenientes están organizados, se articulan, hacen planes. Usan los mismos métodos en los distintos fundos. Por ejemplo, la jueza Carmen Rosales no actúa en un solo predio, sino que está en varios fundos donde los campesinos están rescatando las tierras. Ella falla siempre a favor de los presuntos. Ella es una pieza de estas mafias. En cuanto se inician los rescates por parte del Instituto Nacional de Tierras, ella interviene poniendo medidas de protección a la producción (que no tienen) los presuntos, sin siquiera ir a inspeccionar los predios. Simplemente en la oficina de los tribunales firma las protecciones al ganado del terrateniente. Pero cuando los campesinos van a pedir la protección de su siembra, porque lo que es bueno pal´pavo es bueno pa´ la pava, no, no se puede hacer, eso no existe. Argumentan que no tenemos documentación sobre las tierras. Pero la ley de tierras dice que lo que es determinante es la producción, porque la propiedad de las tierras no es de los presuntos, es del Estado.

En el caso de Montecarlo, estas mafias le entregaron a la presunta una carta de finca productiva, a través del INTI y a través del tribunal agrario. Ignorando la situación de las 84 familias que están viviendo y sembrando en ese fundo. Esta presunta tiene dos protecciones, la del tribunal agrario y la del INTI, cuando la finca que tiene esta totalmente improductiva. Lo que esta productivo allí son las tierras que trabajan los campesinos, un 75% del terreno. Esta presunta intentó comprar a los dirigentes campesinos pero no pudo, pero sí pudo con el tribunal agrario y con el INTI. No hay ningún fundamento para que se le entregue una carta de finca productiva.

Hay una contradicción. Las mafias agrarias utilizan parte de las instituciones del Estado para ir en contra del campesino y evitar que se acceda a las tierras.

Campesino_sembrando_PredioMontecaarlo

En el caso del predio Montecarlo se plantea que la comunidad campesina ingresó de hecho y no por derecho a los terrenos. ¿Cómo se dio esta situación?

Porque precisamente siempre en esta lucha se da una misma situación. Cuando la comunidad campesina ve un fundo ocioso, hacemos la denuncia ante el INTI y esperamos un tiempo para que se haga la inspección como dice la ley. Pero ¿qué pasa ahí? Esas mismas mafias agrarias, después de que se hacen las denuncias, llaman a los terratenientes para avisarles de que se los va a inspeccionar. Y les dan 6 meses un año, dos años, para darle la chance al presunto que le cambie virtualmente la situación de improductividad. En Montecarlo trajeron máquinas luego de que el INTI les avisó. Y movilizaron ganado de otras fincas, para poder pasar la inspección, pero no para poner a producir las tierras. El ganado que trajeron tenía distintos hierros marcados. Los hierros para marcar ganado están registrados según a qué finca y que dueño sea. Si cuando se inspecciona se viera estos hierros queda demostrado que es ganado de otra finca, pero esto no se hace, porque es parte del juego que hacen estas mafias.

La comunidad campesina incluso denunciaba que las máquinas trabajaban de noche y no dejaba dormir a la gente. Tenían sólo 37 cabezas de ganado al momento de la denuncia. Después metieron ganado sin tener capacidad para alimentarlo, los potreros no están preparados, hasta le cortaron el pasto para que no puedan comer. Entonces el ganado se muere y se le quiere echar la culpa a los campesinos. La presunta, Vega Vega, hace la denuncia ante el tribunal agrario y la jueza arma los expedientes en contra del campesinado.

Ante esta situación fue que las familias campesinas tomaron la decisión de ingresar a rescatar las tierras y ponerlas a producir. Porque si esas tierras estaban productivas ¿dónde está la producción?

Estas mafias están jugando al fracaso de la revolución, no producen y después son los que dicen que el gobierno no puede garantizar la producción agro-alimentaria en el país. A nivel nacional el 25% de las tierras cultivables del país las tiene el sector campesino y el 75% restante las tienen los terratenientes. Si ellos tienen la gran mayoría de las tierras, ¿dónde está la producción? Lo que llega a los mercados de Caracas, por ejemplo, es producción campesina. Somos los campesinos y las campesinas quienes contra viento y marea hemos mantenido la producción. Los terratenientes apuestan al fracaso del gobierno. Estos terratenientes en muchos casos ni siquiera viven en las fincas, viven en las grandes ciudades o fuera del país. Es el campesino y la campesina quien trabaja las tierras.

Esta semana vino a Caracas una comisión de campesinos y campesinas de la CRBZ y del Frente Campesino de los Tupamaros, provenientes de Sur del Lago. ¿Con quiénes se reunieron en Caracas y qué se abordó en esas reuniones?

Nos hemos juntado con el INTI, con la Defensoría del Pueblo y con Vicepresidencia. Porque en Sur del Lago hay mala información, estas mafias que nombramos generan informaciones falsas, a través de funcionarios locales, para amenazar de desalojos a los campesinos. Sabiendo de esta situación nos vinimos a Caracas para hablar con las autoridades nacionales.

Primero estuvimos en el INTI con Alexis Fernández, gerente de la secretaría de despacho de presidencia. Hablamos del estado de situación de las cartas agrarias de los predios que faltan, que en algunos casos incluso se han hecho los actos de entrega de esas cartas (como ocurrió hace 3 meses) pero quedó sólo en la foto. La Magdalena, El trébol, Vista Hermosa, El Carmen, Gavilanes, Montecarlo, el Zapotal. Sólo El Carmen tiene la carta agraria, en El Trébol llegó ahorita el anuncio del inicio del rescate. En la Magdalena, que fue el predio donde se produjeron las detenciones que criticó Maduro, todavía no se entregó la adjudicación. En Gavilanes ya se hicieron dos actos políticos de entrega, pero no llegó el papel.

En cada uno de estos predios están los Consejos Campesinos haciendo vida y produciendo. Vinimos a hablar este tema porque aún cuando el Estado toma la decisión de entregar las tierras a los campesinos, estas mafias agrarias no permiten que esto se ejecute en los terrenos.

En vicepresidencia hablamos con Maite García sobre la supuesta orden de desalojo en el predio Montecarlo. La apoderada de la presunta de este predio, Marlin Sosa, nos dijo que ella participó de las mesas técnicas que dirige vicepresidencia y que ahí se decidió el desalojo de Montecarlo. La compañera Maite nos aclaró que en ningún momento se planteó un desalojo en Montecarlo. Sí, desde las mesas técnicas de trabajo se encargó hacer una inspección en el predio, la cual nunca se hizo, ya que sólo visitaron la finca de la presunta y no así la siembra de la comunidad campesina. La inspección que mandó vicepresidencia desde Caracas incluía contar cuántas matas tienen sembradas los campesinos, cosa que nunca se hizo.

En la Defensoría del Pueblo hablamos de la situación de persecución judicial que se hace sobre compañeros y compañeras. Se arman expedientes para amenazar a los dirigentes de meterlos presos. El fiscal Jesús Ojeda y la jueza Carmen Rosales son quienes hacen estas maniobras de intimidación.

¿Cómo sigue la pelea por la tierra en los distintos predios?

En todos se da lo mismo. Las mafias agrarias operan de la misma forma en los distintos predios. Amenazan, amedrentan, arman causas, impiden la siembra, hay silencios administrativos, se retrasan los expedientes de los rescates. Intentan cansar al campesino.

La Magdalena

 

De nuestro lado la idea es seguir produciendo. Esto es una necesidad. Producir es una necesidad para sobrevivir. El campesino siembra y produce o su familia no tiene para comer. No podemos esperar un año o dos para ver qué pasa con los rescates. Con todos estos riesgos y amenazas igual vamos a seguir produciendo. Ellos son parte de quienes hacen esta guerra económica al país. Nosotros, primero, no vamos a dejar que esta Revolución se caiga. Vamos a buscar las alternativas. Y la alternativa es buscar las tierras para producir y mantener a nuestras familias. Esto lo tienen que entender los distintos funcionarios. El campesino no tiene opción: o produce o se muere de hambre. O produce o se pone del lado de la derecha. El Estado, como gobierno revolucionario, debería apoyar a los campesinos en esta pelea.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

 

 

 

 

 

 

 

EEUU intensifica acciones para nuevo escenario desestabilizador. Análisis de La Corriente

EEUU intensifica acciones para nuevo escenario desestabilizador. Análisis de La Corriente

Días atrás, el 26 de junio, el ministro Jorge Rodríguez informó al país sobre la desarticulación de un nuevo plan de golpe de Estado y magnicidio. Con la información y pruebas presentadas por Rodríguez se confirmó, una vez más, que los planes de EEUU y la derecha venezolana para derrocar por la vía violenta el gobierno constitucional de Venezuela continúan en marcha, no se detienen. A casi dos meses de haberse derrotado el intento golpista del 30 de abril, esta nueva intentona desarticulada por los cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado obligan a reiterar el llamado a no bajar las alertas, a no bajar la guardia.

Lo dijimos en su momento y ahora lo ratificamos: a pesar del agotamiento y desinfle de Juan Guaidó y de las derrotas políticas como la del 30-A, no debemos subestimar la capacidad de la derecha local de reagrupar sus fuerzas e inyectarle a su base, desde lo simbólico, nuevo entusiasmo y esperanza, planteando ahora expectativas menos inmediatistas, más de lucha a largo plazo. La dirigencia política opositora no es sino un grupo de fichas que dirige y organiza la élite conservadora que controla el poder en EEUU, allí se deciden los pasos a seguir. Eso no lo podemos perder de vista.

En ese sentido, vemos que Estados Unidos replanteó su estrategia. Abandonó por ahora la búsqueda de una resolución rápida y pasaron a esperar que la crisis económica y las tensiones internas continúen mellando la resistencia del país. Concentran su esfuerzo en seguir atacando la FANB en procura de su fractura, abandonan la retórica intervencionista porque alimenta los argumentos y la estrategia del gobierno, y potencian y buscan generar el caos, la desestabilización política. De allí la avanzada paramilitar en la frontera colombiana con Táchira, los intentos de levantamientos militares, las conspiraciones.

En lo político buscarán retomar la calle el 5 de julio. Procurarán ese día movilizar el máximo posible de su base social. Hay que estar alertas, puesto que esas movilizaciones podrían ir acompañadas de otras acciones.

Igualmente, como parte de la seguidilla de eventos que va prefigurando un escenario de reimpulso e intensificación del conflicto y la agresión al país, está el caso del capitán de Corbeta Acosta Arévalo y la agresión con perdigones en Táriba al joven Rufo Chacón. El caso Acosta Arévalo encaja en lo que se conoce como operaciones activas de inteligencia: uso de infiltración para generar un evento de alto impacto que potencialmente pueda desencadenar una situación determinada. Igualmente puede decirse eso del caso de Rufo Chacón. Que ambos hechos ocurran a tan pocos días de la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michel Bachelet, genera suspicacia, ya que en sus declaraciones hizo especial referencia a las prácticas irregulares de los cuerpos de seguridad venezolanos.

Esto, en el terreno del análisis y las hipótesis por las características de la guerra de IV generación que vive Venezuela. Sin embargo, sabemos que las prácticas represivas, a pesar de los enormes esfuerzos hechos por la revolución bolivariana, no han sido erradicadas por completo. Por ello, en este tema hay dos elementos claves: 1) el esclarecimiento de la verdad y castigo a los responsables, y 2) la información oportuna al país por parte del gobierno. Solo así se podrían neutralizarse los propósitos desestabilizadores. Además de esto, es necesario profundizar el debate sobre las prácticas irregulares de los cuerpos de seguridad del Estado y la atención a las distintas denuncias que existen al respecto, elaboradas además desde la perspectiva de profundización de la revolución y no de hacerle el juego a EEUU y la derecha local. Es necesario, de eso no hay dudas, fortalecer las  políticas de defensa de los DDHH: ésa es una tarea permanente de una revolución humanista como lo es la revolución bolivariana.

Es clave, además, en esta batalla y en el tipo de guerra que se libra contra Venezuela, el frente comunicacional. La lucha por el sentido, por la percepción y por la opinión es un escenario central hoy en día. De allí que sea determinante un política más sólida del gobierno para mantener al pueblo informado oportunamente sobre estos temas y sobre todos los grandes temas del país; y además, es un esfuerzo al que debemos sumarnos todos los venezolanos y las venezolanas, las organizaciones políticas, colectivos, partidos políticos. En muchas ocasiones no llevamos la ofensiva en este escenario y dejamos espacio a la acción de contrainformación, intoxicación y propaganda del enemigo.

Sigamos, pues, en batalla en todos los frentes, porque la agresión es multiforme y simultánea. Lo económico, lo político, lo comunicacional, lo militar, la preparación para la defensa, la activación de la solidaridad popular para favorecer los sectores más afectados por la crisis y el bloqueo, lo diplomático. En todos los escenarios debemos mantener la acción, trabajar intensamente. El enemigo no detiene sus esfuerzos. Nosotros debemos redoblar los nuestros. Es la vida de la patria la que está en juego. ¡Venceremos!

 

Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Sur del Lago: desarrollo productivo o latifundio. Ése es el dilema

Sur del Lago: desarrollo productivo o latifundio. Ése es el dilema

La disputa por la tierra en estos momentos es sinónimo de la disputa entre soberanía alimentaria y latifundio. Así se expresa en las fincas que se encuentran a ambos lados de la carretera del eje panamericano, en los límites de los estados Mérida y Zulia. Zona de luchas por los rescates de tierras que llevan adelante las comunidades campesinas y sus organizaciones.

Montecarlo, El Carmen, La Magdalena, La Chapala, Santa María, Santa Rosa, El Trébol, La Escondida, Vista Hermosa, La Libertad, son algunos de los predios que, actualmente, los campesinos y campesinas que habitan en ellos han puesto a producir. Aunque en la gran mayoría de los casos, estos terrenos aún no han sido rescatados y entregados a las mismas manos que los trabajan.

En todas las fincas mencionadas se han realizado las denuncias por improductividad ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Estas denuncias son acompañadas con documentos gráficos del estado de situación de miles y miles de hectáreas de uno de los sectores más fértiles del país; tierras “A1” en la denominación formal de la Ley de Tierras.

A partir de la denuncia, se inicia un proceso que mientras más tarda, más favorece a uno de los sectores en conflicto. Se les otorga formalmente a los terratenientes denunciados 6 meses para armar su defensa. En la práctica, el proceso puede durar incluso años con ambas partes viviendo en el mismo lote a la espera de la resolución oficial.  Para llegar a esta resolución se realizan inspecciones para verificar el estado de las tierras y a partir de estos informes el INTI emite su fallo.

Los fallos se basan en la productividad o improductividad del terreno al momento de las inspecciones. En el último año casi no ha habido conclusión sobre rescates de tierra por parte del INTI. Salvo en el predio El Carmen, en todos los demás se falló siempre a favor de los “presuntos” dueños, como le llaman los campesinos y campesinas a los terratenientes. Fallos que no significan desalojos, ya que fueron frenados en la zona  por la orden de Nicolás Maduro, en agosto de 2018, de que ninguna fuerza de seguridad participe de operativos en contra de la comunidad campesina productora.

Los Consejos Campesinos necesitan que se avance en los procesos de rescate de estas tierras. Están esperando la Carta Agraria que asegure su derecho a la permanencia y a trabajar sus parcelas en mejores condiciones.

Entrega de la Carta Agraria del predio El Carmen.

En varias ocasiones han escuchado que las tierras quedarán para los hombres y mujeres del campo. Pero las comunidades plantean que en el último año jurídicamente no se ha avanzado. Con excepción del predio El Carmen, donde el domingo pasado los campesinos y campesinas festejaron la obtención de la Carta Agraria y el derecho colectivo sobre 880 de las 900 hectáreas de la finca. El resto de los predios necesita la misma garantía de trabajo, siembra y seguridad.

 

 

Así lo solicitan ante el Instituto Nacional de Tierras, en su sede de El vigía y también en su instancia nacional.

Mientras esta institución más tarda en completar los procedimientos para concretar los rescates, se intensifica la disputa. Las comunidades han enfrentado distintas presiones, intimidaciones e incluso el asesinato de un hijo de un dirigente campesino, al tiempo que limpian y siembran los terrenos que antes estaban abandonados o servían de pastoreo para unas pocas cabezas de ganado.

De la seguridad jurídica que otorga el rescate depende no sólo la seguridad sobre la producción que obtengan los campesinos y campesinas, sino también de su vida. Estas acciones de sicariato tuvieron un momento crítico el año anterior, donde fue asesinado Kendri García de 16 años. Varias fueron las situaciones en los distintos predios donde se repetía la misma escena, amenazas por parte hombres armados que llegan a las parcelas en camionetas a exigir el abandono de las mismas, como lo describen las comunidades de las distintas fincas.

Si bien estos actos violentos no se han vuelto a presentar en los últimos meses, los campesinos/as denuncian otros tipos de intimidación. Los terratenientes ordenan la suelta del ganado a los predios sembrados por las comunidades, para acabar con las matas, buscando que la desmoralización que produce el trabajo perdido los lleve a irse del lugar.

Cuanto más se dilata la resolución mayor es el margen de maniobra por parte de estos terratenientes, dueños de distintas fincas en el municipio y otros estados. Otro método utilizado es acudir a los tribunales agrarios de la zona para iniciar procesos paralelos a los que lleva adelante el INTI, generando fallos judiciales siempre a favor de los terratenientes aún ante la evidente improductividad de sus parcelas, las cuales sirven de pastoreo de muy escaso ganado y principalmente de garantía de respaldo a la hora de acceder a créditos financieros que en ningún caso son destinados para capital productivo. Estos fallos judiciales pueden tener la variante de “proteger” las fincas para intentar que no accedan las comunidades, o bien pueden ser órdenes  de investigación sobre distintos dirigentes de la zona. Ambas variantes utilizadas esta semana en los predios de Montecarlo y La Chapala, respectivamente.

Diferentes métodos con el mismo objetivo, sacar a los campesinos de las parcelas.

“Mientras más sembremos más cerca estamos de ganar las tierras”,

repiten las comunidades en sus asambleas.

 

 

 

 

 

Para tomar un ejemplo, sólo en el terreno de Montecarlo la comunidad que lleva 8 meses allí, tiene sembrado el 75% del terreno. Calculan tener sembrado en diciembre el equivalente a 700 toneladas de plátanos, 1000 toneladas de cacao, más las de maíz, yuca, auyama, pimentón, ají entre otras. 80 familias llevan adelante esta producción mientras batallan por la tierra.

       

Proporciones similares de producción pueden encontrarse en cualquiera de las fincas en donde habitan los Consejos Campesinos, variando el desarrollo según la cantidad de meses o años que lleven en el lugar.

Cosecha de arroz en el Predio El Carmen

Éstos esperan que se concreten los compromisos del Instituto nacional de Tierras, asumidos por su presidente Luis Soteldo, cuando en marzo del año pasado planteo que se daba lugar al inicio del rescate en los terrenos de El Carmen (que ya se hizo efectivo), El Pino, El Consuelo, Santa Rosa, Santa María y Buena Esperanza.

En síntesis, en el último año no se produjeron grandes avances jurídicos en los procesos de rescates de tierras iniciados. Por otro lado disminuyeron los actos violentos y no volvieron a repetirse desalojasen la zona, como lamentablemente si han ocurrido en Barinas en meses pasados, además de un intento reciente en el Hato Las Mercedes.

La reactivación productiva del campo están llevándola adelante los campesinos y campesinas que luchan por mantener su producción en las tierras en disputa. Piden avanzar en la democratización de las tierras, accediendo a las cartas agrarias que le permitan dar la batalla productiva por el país en mejores condiciones. En momentos de guerra económica, el dilema es desarrollo productivo o latifundio improductivo.

 

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

 

Barinas: determinación, resistencia y organización de la gente impiden desalojo en Hato las Mercedes. Comunicado de La Corriente

Barinas: determinación, resistencia y organización de la gente impiden desalojo en Hato las Mercedes. Comunicado de La Corriente

El jueves 23 de mayo se presentó en el Hato Las Mercedes, ubicado en el municipio Pedraza del estado Barinas, una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana y la policía de Barinas, con la intención de ejecutar el desalojo de los consejos campesinos que luchan desde hace años el rescate de esas tierras. La orden de desalojo, que contraviene lo autorizado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) en marzo de 2018, fue emitida por el juez agrario de Socopó, Orlando Contreras, en beneficio de la familia terrateniente Riera Zubillaga, pretendiendo frustrar el proceso jurídico administrativo que, cumpliendo todo lo que la ley exige, los consejos campesinos han venido desarrollando ante el INTI.

Luego de tres días de tensión, el día de ayer se logró detener la acción de desalojo gracias a la determinación y resistencia de los hombres y las mujeres campesinos(as) que allí se encuentran luchando y sembrando, al elevado nivel organizativo de los consejos campesinos y a la actuación de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora a través sus medios de comunicación y de los dirigentes Pedro Alvarado, constituyente por Barinas, y Juan Carlos Pinto, diputado al Consejo Legislativo Estadal, quienes se presentaron en el predio en acompañamiento y defensa de los y las campesinos(as), para mediar con las autoridades militares y policiales presentes en el predio. Así, con dignidad, firmeza, organización, participación y capacidad de diálogo, se logró que los efectivos militares y policiales evacuaran el predio, luego de que, haciendo valer lo autorizado por el INTI, se acordara la instalación de mesas de trabajo para abordar a fondo la situación de los consejos campesinos y del proceso de rescate del hato, sin que esto implicara el desalojo de la gente ni la destrucción de las siembras hasta ahora desarrolladas en el sitio.

 

 

 

 

 

 

La lucha de los campesinos y campesinas del Hato Las Mercedes se suma a la de miles y miles de hombres y mujeres en el campo venezolano que, hoy en día, no desisten en la pelea por la democratización de la tierra. Como estas personas, en otros estados del país miles de campesinos y campesinas en lucha sufren amedrentamientos, agresiones, amenazas. En todos los casos existe un elemento común: el retraso y la dilación de los procesos administrativos y técnicos por parte del INTI para hacer efectivos los procesos de rescate de tierras, y la actuación de las mafias agrarias, principalmente por la vía judicial y violenta, para frustrar y revertir los procesos iniciados por el campesinado y el INTI.

El latifundio, según lo dictamina nuestro ordenamiento jurídico, es contrario al interés público y constituye una rémora que necesariamente hay que superar para que el país pueda avanzar en el desarrollo productivo del campo: mientras existan en manos de pocas familias enormes extensiones de tierra en estado de improductividad, no seremos capaces como pueblo de alcanzar las metas de desarrollo agrario y soberanía alimentaria, así como de seguridad social y buen vivir del pueblo campesino.

Si la agroindustria estatal y privada, los pequeños y medianos productores y la banca pública y privada tienen un rol qué jugar en el logro de estas grandes metas nacionales, cosa que reconocemos, también es necesario decir que no es menor ni secundario el papel que en esa misión estratégica está llamado a jugar el pueblo campesino, los hombres y mujeres del campo que hasta la llegada de la revolución bolivariana habían sido relegados, excluidos, oprimidos. En ese sentido, es urgente que desde las autoridades agrarias del país, es decir, desde el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y desde el Instituto Nacional de Tierras (INTI), se abran los espacios para que, con toda la amplitud y seriedad que se requiere, con participación y protagonismo de la gente que sabe producir, sin preeminencia de grupos económicos y élites de poder, se construya una política clara, coherente y sostenida en relación no solo con la imprescindible democratización de la tierra y lucha contra el latifundio, sino en cuanto a todos los aspectos que deben conformar una política agraria nacional (financiamiento y dotación de insumos, maquinaria y asistencia técnica, acopio y distribución de la producción), una política que implique planes concretos, con metas específicas establecidas, cronogramas de ejecución, responsabilidades públicamente asumidas, mecanismos de monitoreo, control, seguimiento y evaluación.

La actual circunstancia que vive Venezuela, determinada por la creciente agresión estadounidense y la agudización de la crisis económica, obligan a abordar la reactivación productiva del campo como una prioridad nacional de carácter estratégico. Ante el fracaso de la estrategia política de EEUU en el escenario interno del país, las élites que gobiernan el mencionado país toman definitivamente la opción de aumentar las sanciones ilegales y el bloqueo comercial y financiero para asfixiar económicamente al país, y con ello construir las condiciones que requieren sus objetivos intervencionistas. Se trata, entonces de una tarea de primer orden. El destino de la paz, la democracia y la soberanía de nuestra Venezuela se juega en buena medida en esta batalla por la producción, en la cual el pueblo campesino, la gente que produce en el campo, se ha colocado a la vanguardia. Allí estamos y estaremos como organización política acompañando y protagonizando esa lucha. Las instituciones agrarias del país deben estar, también en la primera fila de esa batalla, junto a la gente.  Vamos pues, todos y todas, campesinos y campesinas, pequeños(as) y medianos(as) productores(as), instituciones, industriales del agro, banca y pueblo todo, a avanzar en una gran Alianza Nacional Productiva que garantice el desarrollo productivo del campo y la victoria en la lucha contra las fuerzas extranjeras que pretenden doblegarnos al asfixiar nuestra economía.

 

Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

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