Seleccionar página
Mafias agrarias contra pueblo campesino ¿Quién ganará?

Mafias agrarias contra pueblo campesino ¿Quién ganará?

En Abril de 2018 el presidente Maduro se pronunció a favor de la lucha campesina, en respuesta al desalojo y detenciones en el predio La Magdalena, en el estado de Mérida. “Creo en la palabra de una campesina y no en la de un burócrata”, dijo el presidente.

La semana pasada, a poco más de un año de aquella alocución del presidente Maduro, prensa de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora conversó con Heber Montilla, dirigente campesino y coordinador de La Corriente en Sur Del Lago.

¿En qué cambió la situación de la lucha por la tierra en Sur del Lago a partir de este pronunciamiento?

La situación cambió bastante. Había una preocupación, desde que Maduro llegó al gobierno, para que se pronuncie a favor de la lucha campesina como lo hacía el presidente Chávez, a través de los “Aló presidente”, en donde planteaba la pelea al latifundio. Antes de que Maduro se pronuncie a favor de los campesinos, había sectores de la Guardia Nacional Bolivariana, del SEBIN, del CICPC, sectores de las fuerzas públicas del Estado que se prestaban para atropellar a los campesinos. Junto con Maduro también se pronunciaron el fiscal general de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de la defensa. Las fuerzas de seguridad del Estado no se prestaron más para estas situaciones de atropello.

Los terratenientes, al no poder contar con las fuerzas de seguridad, empezaron a contratar grupos armados, sicarios. Empezaron las amenazas y la violencia contra las familias campesinas.

Ahora están utilizando a los tribunales para amedrentar a los líderes campesinos. Se los amenaza con meterlos presos, abrirles expedientes. Van los tribunales agrarios de la zona, junto con fiscalía y defensoría, a los predios para amedrentar. Salen o los metemos presos, les dicen. Esto se combina con las amenazas de violencia como se vivieron el año pasado.

Este accionar combinado de violencia y funcionarios corruptos son los modos de operar de las mafias agrarias. ¿Quiénes componen estas mafias?

No es un ganadero aislado que contrata a alguien. Es una red que opera en los distintos predios que están en proceso de rescate. La componen los tribunales, jueces, fiscales, algunos funcionarios del INTI nacional y regional. Los ganaderos son los que contratan, pagan y manejan estas mafias. Se manejan con pagos en dólares. Incluso estas mafias han intentado comprar dirigentes campesinos. Ofrecían hasta 10 mil dólares, camionetas, carros, fincas, para que estos dirigentes abandonen la lucha o dejen quieta la lucha. Hay algunos sectores campesinos que se prestaron a estas mafias. Cuando supuestos dirigentes campesinos se pronuncian a favor de los presuntos en los medios de comunicación, en las redes sociales, se están prestando a favor de estas mafias. En la guerra al latifundio hay dos actores. El campesino y campesina y los terratenientes.

Ellos como terratenientes están organizados, se articulan, hacen planes. Usan los mismos métodos en los distintos fundos. Por ejemplo, la jueza Carmen Rosales no actúa en un solo predio, sino que está en varios fundos donde los campesinos están rescatando las tierras. Ella falla siempre a favor de los presuntos. Ella es una pieza de estas mafias. En cuanto se inician los rescates por parte del Instituto Nacional de Tierras, ella interviene poniendo medidas de protección a la producción (que no tienen) los presuntos, sin siquiera ir a inspeccionar los predios. Simplemente en la oficina de los tribunales firma las protecciones al ganado del terrateniente. Pero cuando los campesinos van a pedir la protección de su siembra, porque lo que es bueno pal´pavo es bueno pa´ la pava, no, no se puede hacer, eso no existe. Argumentan que no tenemos documentación sobre las tierras. Pero la ley de tierras dice que lo que es determinante es la producción, porque la propiedad de las tierras no es de los presuntos, es del Estado.

En el caso de Montecarlo, estas mafias le entregaron a la presunta una carta de finca productiva, a través del INTI y a través del tribunal agrario. Ignorando la situación de las 84 familias que están viviendo y sembrando en ese fundo. Esta presunta tiene dos protecciones, la del tribunal agrario y la del INTI, cuando la finca que tiene esta totalmente improductiva. Lo que esta productivo allí son las tierras que trabajan los campesinos, un 75% del terreno. Esta presunta intentó comprar a los dirigentes campesinos pero no pudo, pero sí pudo con el tribunal agrario y con el INTI. No hay ningún fundamento para que se le entregue una carta de finca productiva.

Hay una contradicción. Las mafias agrarias utilizan parte de las instituciones del Estado para ir en contra del campesino y evitar que se acceda a las tierras.

Campesino_sembrando_PredioMontecaarlo

En el caso del predio Montecarlo se plantea que la comunidad campesina ingresó de hecho y no por derecho a los terrenos. ¿Cómo se dio esta situación?

Porque precisamente siempre en esta lucha se da una misma situación. Cuando la comunidad campesina ve un fundo ocioso, hacemos la denuncia ante el INTI y esperamos un tiempo para que se haga la inspección como dice la ley. Pero ¿qué pasa ahí? Esas mismas mafias agrarias, después de que se hacen las denuncias, llaman a los terratenientes para avisarles de que se los va a inspeccionar. Y les dan 6 meses un año, dos años, para darle la chance al presunto que le cambie virtualmente la situación de improductividad. En Montecarlo trajeron máquinas luego de que el INTI les avisó. Y movilizaron ganado de otras fincas, para poder pasar la inspección, pero no para poner a producir las tierras. El ganado que trajeron tenía distintos hierros marcados. Los hierros para marcar ganado están registrados según a qué finca y que dueño sea. Si cuando se inspecciona se viera estos hierros queda demostrado que es ganado de otra finca, pero esto no se hace, porque es parte del juego que hacen estas mafias.

La comunidad campesina incluso denunciaba que las máquinas trabajaban de noche y no dejaba dormir a la gente. Tenían sólo 37 cabezas de ganado al momento de la denuncia. Después metieron ganado sin tener capacidad para alimentarlo, los potreros no están preparados, hasta le cortaron el pasto para que no puedan comer. Entonces el ganado se muere y se le quiere echar la culpa a los campesinos. La presunta, Vega Vega, hace la denuncia ante el tribunal agrario y la jueza arma los expedientes en contra del campesinado.

Ante esta situación fue que las familias campesinas tomaron la decisión de ingresar a rescatar las tierras y ponerlas a producir. Porque si esas tierras estaban productivas ¿dónde está la producción?

Estas mafias están jugando al fracaso de la revolución, no producen y después son los que dicen que el gobierno no puede garantizar la producción agro-alimentaria en el país. A nivel nacional el 25% de las tierras cultivables del país las tiene el sector campesino y el 75% restante las tienen los terratenientes. Si ellos tienen la gran mayoría de las tierras, ¿dónde está la producción? Lo que llega a los mercados de Caracas, por ejemplo, es producción campesina. Somos los campesinos y las campesinas quienes contra viento y marea hemos mantenido la producción. Los terratenientes apuestan al fracaso del gobierno. Estos terratenientes en muchos casos ni siquiera viven en las fincas, viven en las grandes ciudades o fuera del país. Es el campesino y la campesina quien trabaja las tierras.

Esta semana vino a Caracas una comisión de campesinos y campesinas de la CRBZ y del Frente Campesino de los Tupamaros, provenientes de Sur del Lago. ¿Con quiénes se reunieron en Caracas y qué se abordó en esas reuniones?

Nos hemos juntado con el INTI, con la Defensoría del Pueblo y con Vicepresidencia. Porque en Sur del Lago hay mala información, estas mafias que nombramos generan informaciones falsas, a través de funcionarios locales, para amenazar de desalojos a los campesinos. Sabiendo de esta situación nos vinimos a Caracas para hablar con las autoridades nacionales.

Primero estuvimos en el INTI con Alexis Fernández, gerente de la secretaría de despacho de presidencia. Hablamos del estado de situación de las cartas agrarias de los predios que faltan, que en algunos casos incluso se han hecho los actos de entrega de esas cartas (como ocurrió hace 3 meses) pero quedó sólo en la foto. La Magdalena, El trébol, Vista Hermosa, El Carmen, Gavilanes, Montecarlo, el Zapotal. Sólo El Carmen tiene la carta agraria, en El Trébol llegó ahorita el anuncio del inicio del rescate. En la Magdalena, que fue el predio donde se produjeron las detenciones que criticó Maduro, todavía no se entregó la adjudicación. En Gavilanes ya se hicieron dos actos políticos de entrega, pero no llegó el papel.

En cada uno de estos predios están los Consejos Campesinos haciendo vida y produciendo. Vinimos a hablar este tema porque aún cuando el Estado toma la decisión de entregar las tierras a los campesinos, estas mafias agrarias no permiten que esto se ejecute en los terrenos.

En vicepresidencia hablamos con Maite García sobre la supuesta orden de desalojo en el predio Montecarlo. La apoderada de la presunta de este predio, Marlin Sosa, nos dijo que ella participó de las mesas técnicas que dirige vicepresidencia y que ahí se decidió el desalojo de Montecarlo. La compañera Maite nos aclaró que en ningún momento se planteó un desalojo en Montecarlo. Sí, desde las mesas técnicas de trabajo se encargó hacer una inspección en el predio, la cual nunca se hizo, ya que sólo visitaron la finca de la presunta y no así la siembra de la comunidad campesina. La inspección que mandó vicepresidencia desde Caracas incluía contar cuántas matas tienen sembradas los campesinos, cosa que nunca se hizo.

En la Defensoría del Pueblo hablamos de la situación de persecución judicial que se hace sobre compañeros y compañeras. Se arman expedientes para amenazar a los dirigentes de meterlos presos. El fiscal Jesús Ojeda y la jueza Carmen Rosales son quienes hacen estas maniobras de intimidación.

¿Cómo sigue la pelea por la tierra en los distintos predios?

En todos se da lo mismo. Las mafias agrarias operan de la misma forma en los distintos predios. Amenazan, amedrentan, arman causas, impiden la siembra, hay silencios administrativos, se retrasan los expedientes de los rescates. Intentan cansar al campesino.

La Magdalena

 

De nuestro lado la idea es seguir produciendo. Esto es una necesidad. Producir es una necesidad para sobrevivir. El campesino siembra y produce o su familia no tiene para comer. No podemos esperar un año o dos para ver qué pasa con los rescates. Con todos estos riesgos y amenazas igual vamos a seguir produciendo. Ellos son parte de quienes hacen esta guerra económica al país. Nosotros, primero, no vamos a dejar que esta Revolución se caiga. Vamos a buscar las alternativas. Y la alternativa es buscar las tierras para producir y mantener a nuestras familias. Esto lo tienen que entender los distintos funcionarios. El campesino no tiene opción: o produce o se muere de hambre. O produce o se pone del lado de la derecha. El Estado, como gobierno revolucionario, debería apoyar a los campesinos en esta pelea.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

 

 

 

 

 

 

 

Mafias agrarias criminalizan campesinos en Sur Del Lago

Mafias agrarias criminalizan campesinos en Sur Del Lago

En el intento de detener las luchas por la tierra de los campesinos y las campesinas, para las mafias agrarias no hay métodos descartables. Sicariato, torturas, amenazas, quema de siembra y casas (cambuches, en términos de campo), desalojos.

Sicariato puede leerse frío y hasta lejano; asesinato de hijos de campesinos, asesinato de campesinos previamente torturados y mutilados suena más impactante, aunque lamentablemente sea una realidad. Estos son los métodos violentos. No son los únicos. Estas prácticas fueron las que las mafias aplicaron durante 2018 en distintos estados del país (Mérida, Zulia, Barinas). La violencia no detuvo la lucha por la tierra y la producción de alimentos que las familias campesinas siguen llevando adelante.

Además, las mafias agrarias aplican otros métodos. A la dilación de las instituciones encargadas de otorgar la titularidad de las tierras a las manos que las trabajan, se suma la criminalización, la persecución judicial, el acoso y hostigamiento hacia los y las dirigentes campesinos. En el Sur del Lago actualmente avanzan en este método.

¿Cuál es el supuesto delito de éstos dirigentes? Impulsar la reactivación productiva del campo. Incentivar la producción en lo que previamente eras tierras improductivas en manos de terratenientes que únicamente las utilizaban para negociados. Dar pasos concretos para avanzar en la soberanía alimentaria. Defender la democracia en momentos en que el país es atacado por fuerzas externas con complicidades locales. Como no pueden expresar públicamente estos cargos, Camilo Bastos, fiscal general de Mérida, al igual que Jesús Leonardo Ojeda Coronel, fiscal auxiliar de la fiscalía 6ta del El Vigía, inician procesos totalmente irregulares para amedrentar e intimidar a quienes están al frente de la pelea por la producción en la zona. Expedientes montados con denuncias que nisiquiera llevan la cédula de los supuestos denunciantes, es un ejemplo de las prácticas que ambos funcionarios realizan. Morel Varilla, militante de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, es víctima de este tipo de persecuciones que estas autoridades judiciales implementan impunemente.

   

Las comunidades campesinas, como las organizaciones que trabajan día a día junto a ellas, hacen un llamado a las distintas autoridades de Derechos Humanos: a la Fiscalía General de la República, en la persona del fiscal general Tarek William Saab, al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, para que intercedan ante estas autoridades locales y logren detener la persecución que las mismas llevan contra campesinos y campesinas que no hacen más que producir los alimentos en un contexto en donde el país más lo necesita. Así lo entiende el presidente Nicolás Maduro, quien en agosto del año pasado le dio la tarea a Delcy Rodríguez y  Diosdado Cabello de ponerse al frente de la comisión que se encargue de detener este tipo de prácticas de persecución, intimidación, allanamientos  y criminalización contra cientos de campesinos y campesinas en distintos estados del país.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

 

Comuna Che Guevara: modelo de autogobierno y productividad

Comuna Che Guevara: modelo de autogobierno y productividad

“Si no hay café para todos, no habrá café para nadie”. La frase se le atribuye al Che, en los primeros años de la revolución cubana, cuando le ofrecieron la infusión solamente a él en medio de una reunión. El rechazo al privilegio, incluso en sus expresiones mínimas. La conciencia sobre lo colectivo. Todos o nadie. En los tupidos cerros de la zona alta de Tucaní, capital del municipio Caracciolo Parra Olmedo, Mérida, esta frase del Che se hace práctica. No sólo porque haya café para toda la comuna, al punto de usarlo como moneda de cambio, sino porque la premisa que sus comuneras y comuneros tienen es muy clara: el avance de todas y todos sus habitantes hacia un mejor vivir, con organización colectiva, construyendo un proyecto del que se apropiaron hace años y hoy empujan en medio de las dificultades a las que se ve sometido el país.

En la comuna Che Guevara viven 1600 familias, unas 6000 personas. Están organizadas en 12 Consejos Comunales, de cada uno de los cuales la comunidad elige dos representantes para el parlamento comunal. Si bien el registro formal se concretó en 2013, esta organización viene siendo construida desde el año 2008 y 2009 cuando, en conjunto con La Corriente, realizaron el diseño territorial de las comunas en el municipio, diseño que se mantiene actualmente y que se proyecta hacia la construcción de una nueva ciudad comunal.

“El gobierno de Estados Unidos viene asediando, desprestigiando nuestro proyecto revolucionario bolivariano. Ese desprestigio no es sólo hacia el gobierno, es también hacia el trabajo que hacemos en las comunas, en los consejos campesinos, en los CLAP” Comenta Cati Lobo, comunera y militante de La Corriente.

 

Escuelas, liceos, dispensarios y principalmente producción. Una de las mayores fortalezas es la capacidad productiva que muestra la comuna. En sus partes bajas se observan siembras de plátanos, auyama, yuca. En la medida que se comienzan a subir los cerros, aparecen en cantidad las hectáreas de piña, naranja y limón. 15 gandolas de piña, unas 450 toneladas, se producen semanalmente en los momentos de mayor producción. También una gandola semanal de limón y naranjas, para seguir con estos ejemplos.

   

En la comuna hay diversas empresas familiares. Sin embargo, el baluarte productivo está en el café y en el cacao. El orgullo de la comuna son las empresas “Che Guevara 2021”  de producción, transformación y distribución de cacao y en menor medida de café y la Cooperativa Colinas del Mirador (COLIMIR) productora y distribuidora de café.

La comuna impulsa el intercambio de producción a lo interno, con otras comunas, con privados y con el Estado. A lo interno se utiliza el café como medio de pago. Los precios de varios productos se ponen en kilogramos. En un municipio relativamente cercano a una frontera que se extiende económicamente día a día (valores en pesos colombianos), en medio de la guerra económica que soporta el país y afecta entre otras cosas a la moneda nacional, el equivalente general encontrado en café es una alternativa en busca de estabilidad que encuentran los habitantes de la zona.

Las empresas de propiedad social locales no compiten entre ellas, mantienen precios unificados. Con otras comunas se intercambian distintos tipos de alimentos (carne, pasta, arroz) por café y cacao. Incluso los uniformes escolares se intercambian  en las jornadas que impulsan los distintos consejos comunales. Esta práctica es tan habitual que COLIMIR utiliza una moneda propia para su intercambio con productores asociados, el “Cafeto”, equivalente a un kilogramo respaldado físicamente en sacos de café que la cooperativa tiene en sus depósitos.

 

Prácticas y creaciones que el pueblo realiza en sus batallas cotidianas para enfrentar la guerra que promueve Estados Unidos y sus títeres locales. Fueron éstos últimos los que incentivaron situaciones violentas en Tucaní a fines de febrero, generando guarimbas en distintos puntos de la ciudad, lo que llevó a los consejos comunales a preparar también las condiciones de seguridad para evitar estos actos: la defensa territorial de la comuna, por lo cual hay un proceso de conformación de las Brigadas de Defensa Popular. “Los guarimberos no pueden ser voceros”, afirma un panadero que tiene su negocio frente a la plaza Bolívar, plaza reconstruida y mantenida en las jornadas de trabajo voluntario que se realizan los sábados.

    

Las comunas son uno de los legados organizativos más importantes que ha construido la Revolución Bolivariana. La comuna es organización de la gente desde la mínima expresión para resolver los problemas de la vida cotidiana hasta el objetivo de ir avanzando en la disputa de poder real en la construcción de una nueva sociedad. La comuna es la forma en que de modo concreto se construye la democracia revolucionaria, ésa en que la gente no transfiere ni delega su poder sino que lo construye y lo ejerce.

Así lo expresa con total claridad Lobo: «El pueblo es quien empuja las comunas. El pueblo fue quien se apropió del proyecto de las comunas. Son las bases las que más construyen esas comunas y esa nueva sociedad. El propio esfuerzo e iniciativa de las mismas bases construye lo que hoy tenemos. Hay que apropiarse del proyecto comunal para conseguirlo. Queremos derrumbar el viejo Estado. Si no nos creemos el cuento del poder que tenemos, si no hacemos precedente del poder que tenemos, no nos van a reconocer. Somos nosotros quienes tenemos que buscar las formas y las alternativas. Avanzar hacia el autogobierno. Es un desafío, no está fácil. Para lograrlo necesitamos fuerza y conciencia. Ese es el proyecto”.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

 

 

Mérida: nuevas amenazas de desalojo a campesinos(as) en predio Montecarlo

Mérida: nuevas amenazas de desalojo a campesinos(as) en predio Montecarlo

En en el día de ayer se presentó nuevamente en el predio Montecarlo, ubicado en el municipio Alberto Andriani, una comisión que dice actuar en nombre de la Vicepresidencia de la República, para notificar a las familias campesinas que tienen que desalojar las parcelas que están sembrando.

Se reproduce la metodología que utiliza la derecha en sus distintos niveles de intervención política. A nivel nacional bloqueo, asedio, amenazas, y la intervención de quien no dirige la estrategia de embestida: Juan Guaidó es quien presta su cara a la estrategia diseñada por otros. En el caso de Montecarlo, quienes prestan la cara son la Jueza Agraria de El Vigía Carmen Rosales, el fiscal general Camilo Bastos, el abogado del Instituto Nacional de Tierras, Luis Rangel, y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Quienes dirigen en este caso son los terratenientes que pretenden avanzar contra las parcelas campesinas productivas. Mirella Vega Vega es “la presunta” de la finca Montecarlo. También hay amenazas, destrucción de la producción, y hace menos de un año, la muerte a manos de sicarios del hijo de una familia campesina del predio. Misma metodología en distintas escalas.

Semanas atrás una comisión similar, a nombre de vicepresidencia también en ese caso, se presentó al lugar para notificar una orden de protección, no para quienes trabajan la tierra, sino para la terrateniente y su ganado, que no es más que unas pocas cabezas útiles sólo para que destruyan la siembra que con tanto esfuerzo trabajan los y las campesinos(as). En esa reunión el Fiscal Ojeda intentó provocar al padre del niño asesinado en septiembre pasado, acusándolo de no importarle la muerte de su hijo. Con esa impunidad operan los funcionaros serviles a los intereses del latifundio.

En esta oportunidad, la abogada de la familia Vega, Marlin Sosa, “sugería” a las familias campesinas que abandonen el predio por las buenas. Esta abogada es conocida por su participación en Barinas en un gran número de denuncias de desalojo en contra siempre de las campesinas y campesinos que laboran la tierra. Quienes habitan las fincas de “Palo Quemao” y “La Primavera” pueden dar fe de su accionar. Como una enorme contradicción salta a la vista que una abogada de ese perfil haya sido en años anteriores jefa de la Oficina Regional de Tierras de Barinas.

En muchas de las denuncias de desalojo esta abogada aparece actuando junto al juez agrario Orlando Contreras, quien actualmente pretende desalojar a los consejos campesinos del Hato Las Mercedes en Barinas. ¿Tienen relación el juez Orlando Contreras, la abogada Marlin Sosa y la jueza Carmen Rosales? ¿Podemos tomar sus personas como  rostros visibles de una poderosa mafia agraria? ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia no los investiga y sanciona? ¿Hasta dónde llegan las conexiones de esa mafia enquistado en nuestro sistema de justicia?

La necesaria intervención del Ministerio del Poder Popular  de Agricultura y Tierras contra las mafias agrarias no es únicamente a favor de la comunidad campesina, que lleva sembrado el 75% del terreno otrora improductivo. Debe ser también una expresión reafirmando el lugar ocupado en la batalla que da nuestro país entre quienes producen en medio de este contexto, y entre aquellos que se aprovechan del mismo para avanzar en contra de las conquistas que supimos construir estos 20 años. Comunidad campesina productora o mafias agrarias, entre estos sujetos las instituciones de la revolución no deben titubear a la hora de tomar partido. Paz y soberanía o permitir el crecimiento de actores locales que siguen el guión de la derecha a nivel nacional e internacional. Siendo que la comisión que amedrenta a los campesinos y a las campesinas actúa en nombre de la vicepresidencia, las vocerías oficiales de esa institución deben pronunciarse al respecto y aclarar de qué se trata esta acción.

    

Es necesario detener las amenazas de desalojo y apoyar a los campesinos y campesinas en su producción, como se ha hecho en otros estados durante las últimas semanas. Es necesario que el Instituto Nacional de Tierras entregue la carta agraria por el rescate total del predio, para que las familias que habitan en él puedan producir de forma segura. Es necesario que el crimen de Kendri Márquez no quede impune para evitar que estos métodos de sicariato se arraiguen en la zona.

En medio del asedio, la consigna es la misma. Avanzar por la soberanía, la paz, la democracia y la reactivación productiva, a nivel nacional y en las fincas de la zona, como es el caso de Montecarlo.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

Pin It on Pinterest