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Páez, Apure: en primera línea contra el COVID-19 por la salud de toda Venezuela

Páez, Apure: en primera línea contra el COVID-19 por la salud de toda Venezuela

I

Cuando hace más de un año los medios de comunicación hegemónicos del planeta desplegaban una gigantesca campaña diseñada y dirigida por el intervencionismo estadounidense para magnificar la migración venezolana con el fin de alimentar el falso expediente del gobierno venezolano como fallido, era imposible imaginar que hoy miles y miles de venezolanos y venezolanas regresarían a su país a través de las fronteras terrestres de Zulia, Táchira, Bolívar y Apure.

Pero la realidad brotó de golpe. La pandemia de COVID-19 fue el detonante para que comenzara un retorno masivo que actualmente está en desarrollo y no se detiene. La crisis desatada por la pandemia en países como Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, que pone en evidencia la incapacidad de los gobiernos neoliberales para enfrentar situaciones de esta magnitud en la medida en que no poseen un verdadero sistema público de salud y ponen por delante el interés económico al de la protección de la población, dejó a los venezolanos y las venezolanas migrantes en esos países expuestos a las peores condiciones. La paralización económica sumada a la ausencia de medidas de protección socioeconómica para las poblaciones de esos países, menos aún para los migrantes, dejó a los y las venezolanos(as) en la calle y sin las fuentes de trabajo informales que eran su principal soporte. El manejo torpe e ineficaz de la pandemia en términos epidemiológicos los dejó, además, vulnerables y expuestos al contagio del coronavirus.

Este complejo cuadro se vio agravado por las expresiones de la más brutal xenofobia, arraigada en esos países como resultado de profundas campañas mediáticas y operaciones psicológicas fraguadas en los laboratorios estadounidenses desde donde se dirige la guerra híbrida contra Venezuela. Incluso autoridades de esos países expresaron públicamente su rechazo a que fueran destinados recursos públicos para dar algún soporte a la población venezolana migrante en medio de la pandemia de COVID-19. ¿Resultado? Miles y miles de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes venezolanos(as) comenzaron a desplazarse desde hacia Venezuela para ingresar por sus fronteras.

Otra realidad brotó, también, de golpe: la de una gobierno que, en plena crisis económica profunda y en medio del más criminal bloqueo comercial y financiero por parte de EEUU, asume con la mayor seriedad y radicalidad la batalla contra el Covid-19 y la protección de la población, poniendo esto como principal prioridad, siguiendo estrictamente los protocolos y recomendaciones de la OMS y actuando en cooperación con países como Cuba, Rusia, China e Irán. Así, mientras la sumatoria de los casos positivos de COVID-19 en países vecinos como Ecuador (53.856), Perú (269.000), Brasil (1.240.000) y Colombia (80.599) supera ya el millón seiscientos mil casos, en Venezuela, aunque ha habido una elevación reciente de la curva, apenas lleva 4.365, de los cuales 2.864 están ubicados en los estados fronterizos con Brasil y Colombia: Táchira (574),  Bolívar (539), Zulia (674) y Apure (1077). Estos números evidencian que salvo en los estados fronterizos (2.864 casos) y en los estados Miranda (403), Distrito Capital (258), Aragua (193) y Nueva Esparta (170), que suman 1024 casos, la pandemia del COVID-19 en el resto del territorio venezolano se ha mantenido contenida, con bajísimos índices de contagio. Es fácil deducir, entonces, la razón para que en sólo cuatro estados, todos fronterizos con Colombia o Brasil, esté concentrado más del 60% de los casos diagnosticados en el país. Allí, en el crecimiento descontrolado y exponencial del coronavirus en los países vecinos a Venezuela, está la explicación de estos números y nuestra mayor amenaza. Desde que se declaró la cuarentena en Venezuela más de 15 mil venezolanos han retornado por el puente internacional José Antonio Páez, frontera oficial entre Colombia y el municipio Páez de Apure, Venezuela. Por Táchira, Zulia y Bolívar han ingresado otros 60 mil aproximadamente. A medida que el virus se expande en los países vecinos es mayor el porcentaje de venezolanos y venezolanas que llegan contagiados(as). De allí que sea en nuestras fronteras donde se esté librando hoy la lucha principal por la salud de todo el país, para contener el virus allí y evitar que se propague por todo el territorio nacional.

Desde un principio el gobierno colombiano cerró la puerta a la posibilidad de coordinar con las autoridades venezolanas para el manejo común de la crisis. Lo máximo que se logró, después de mucho gestionar, fue la apertura de corredores humanitarios para al menos poder recibir la ola de migrantes de forma organizada, cumpliendo los protocolos sanitarios de rigor. En caso de no haberse alcanzado este logro mínimo, la situación sería crítica, puesto que los miles y miles de retornados(as) lo estarían haciendo por vías irregulares, volviendo prácticamente imposible la aplicación y gestión del imprescindible cordón sanitario que debe aplicarse en toda la zona fronteriza.

A estas dificultades es necesario agregarle todo un conjunto de obstáculos y acciones aplicadas en nuestros países vecinos cuyo seguimiento y análisis permite afirmar que la pandemia está siendo utilizada, por los países alineados a EUUU en su estrategia de agresión híbrida contra Venezuela, como una más de las armas, como uno más de los instrumentos y escenarios de esa agresión. El 24 de mayo, por ejemplo, el presidente Maduro acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de promover el contagio de la población migrante que se desplaza hacia Venezuela: entre otras denuncias estuvo la de haber facilitado a venezolanos buses que habían sido utilizado para trasladar pacientes positivos de Covid19, sin haberle aplicado a los vehículos la desinfección de rigor. Por otro lado, se ha sabido también de restricción de venta de boletos de autobús a venezolanos en terminales de zonas fronterizas con Ecuador, lo cual obliga a que nuestros connacionales se acumulen en estos sitios y permanezcan a la intemperie y expuestos al contagio en contextos donde las estadísticas señalan que el riesgo de contagio es altamente elevado. También se han aplicado importantes obstáculos migratorios en las fronteras entre Perú y Ecuador y entre Ecuador y Colombia, que generan las mismas consecuencias. En este sentido, baste mencionar las declaraciones del presidente Colombiano, quien ha afirmado que es Maduro el que bloquea una articulación humanitaria para atender el problema de los migrantes venezolanos en el marco de la pandemia. Es decir, usa este hecho como factor para chantajear y presionar en relación con la salida de Maduro del poder, en un discurso perfectamente alineado al de Guaidó y EEUU. Es allí donde está la clave de la afirmación de que el gobierno colombiano utiliza la pandemia como un elemento más de la agresión híbrida contra Venezuela, porque está claro que las medidas adecuadas y correctas, las medidas más eficaces y positivas para ambos países y para ambas pueblos, serían que se construya una respuesta articulada, cohesionada, común, para atender esta situación. Y si a esto agregamos que la misma hostilidad existe de parte de los gobiernos de Ecuador y Perú, pues es más sólida la afirmación de que esta actuación obedece a su alineación en relación con el plan de agresión de EEUU contra Venezuela.

II

Para los municipios venezolanos que se encuentran en la línea fronteriza esto ha supuesto fuertes dificultades. Asumir como prioridad la recepción solidaria, digna y responsable de estos miles de connacionales que retornan al país implica, de entrada, un conjunto de enormes complejidades logísticas y operativas, sumadas a las que ya implicaba la respuesta local a la pandemia. Que esta recepción solidaria, digna y responsable se haga en el marco del cumplimiento de la aplicación de un cero sanitario eleva aún más esa complejidad inicial. Ahora bien, hacerlo en el contexto de un país bloqueado, con sus recursos y capacidad operativa severamente golpeada por efecto de este bloqueo, supone un desafío de grandes dimensiones que solo puede ser superado, como lo ha dicho el alcalde José María Romero, combinando voluntad política, solidaridad y organización. Allí ha estado la fortaleza central para encarar esta lucha, fortaleza que ha tenido su mayor soporte en la profundidad alcanzada en el proceso de construcción de organización y poder de la gente y en la doctrina de unidad cívico militar y de defensa integral del territorio concebida y legada por el comandante Hugo Chávez.

La tarea comienza en la propia línea fronteriza, en pleno puente José Antonio Páez sobre el río Arauca, cuando los venezolanos y venezolanas dejan atrás las vallas que dicen Migración Colombia. De hecho, comienza unos minutos antes, cuando sobre el puente el alcalde José María Romero da una charla informativa y de bienvenida: “Es importante que sepan que al ingresar al país deben pasar un período de cuarentena obligatorio de mínimo 14 días. Apenas crucen pasarán por un protocolo de diez pasos, que implican desparatización, desinfección, revisión médica y otros aspectos más. Luego irán a un Punto de Atención Social Integral donde cumplirán la cuarentena. Allí recibirán alimentación, hospedaje y otras atenciones. Todo esto debemos hacerlo porque ustedes vienen de países donde la expansión del contagio de coronavirus es muy elevada, por lo tanto, es mucho el riesgo de que vengan contagiados. Por eso debemos contener ese contagio aquí en la frontera para proteger la salud de todo el país. Bienvenidos, pues, a Venezuela. Bienvenidos a su patria”.

Una vez que comienza el ingreso, comienza la aplicación del protocolo, es decir, las primeras acciones del cerco sanitario que hoy se aplica en todo el municipio Páez: 1) desinfección a cada persona con hipoclorito, 2) requisa, 3) realización de prueba rápida, 4) chequeo médico, vacunación y desparatización, 5) registro en migración, 6) chequeo de antecedentes criminales por parte del Cicpc, 7) validación y escaneo por parte de Somos Venezuela, 8) registro de destino a cargo de sala situacional, 9) realización de PCR a quienes dieron positivo a la prueba rápida, 10) traslado al Punto de Atención Social Integral a quienes dieron negativo.

En los Puntos de Atención Social Integral (PASI), que hoy día son 23, es donde los connacionales retornados pasan el período obligatorio de cuarentena total durante 15 días. En estos PASI se encuentran actualmente 3.400 personas. Allí se les brinda, sin costo alguno, un conjunto de servicios y atenciones.

La primera de ellas es la alimentación (desayuno, almuerzo y cena), con una estimación y reparto diario en base a la cantidad de personas en cada PASI. No se trata únicamente de una atención humanitaria mínima, sino que es parte de la batalla contra el Covid: la alimentación cumple criterios nutricionales que puedan potenciar y fortalecer el sistema inmunológico. A los niños y las niñas el Instituto Nacional de Nutrición les otorga suplementos vitamínicos en los casos necesarios. También se reparte diariamente nutrichicha a los niños y a las niñas.

Lo segundo es la atención médica más allá del Covid. Se provee medicamentos gratuitos a las personas que padecen diversas patologías crónicas o ante enfermedades que se presenten durante la estadía. Los medicamentos van desde tratamiento para la diarrea hasta insulina. A cada PASI se le prepara una caja de medicamentos que se distribuye diariamente según las necesidades médicas existentes en cada punto de atención.

Cada PASI cuenta con un responsable militar y un responsable civil, encargados de velar por el buen funcionamiento del punto así como también de las necesidades y/o urgencias que puedan presentarse, que son muchas y frecuentes. Las personas alojadas en los PASI se organizan en brigadas, eligiendo un delegado por cada 20 personas, quien será el encargado o la encargada de acercar las solicitudes de su grupo y llevar las respuestas e informaciones emitidas por los responsables. La persona delegada también se encarga de la distribución de la comida para su grupo, de velar por el cumplimiento de las tareas de mantenimiento de los lugares, entre otras responsabilidades. Además, cada PASI tiene funcionarios de seguridad (GNB, policía estadal o nacional y/o milicianos) encargados de mantener el orden interno y evitar el contacto con el exterior. A su vez hay un responsable general de los PASI y el responsable general de logística.

De forma diferenciada, en los PASI se brinda atención a las mujeres embarazadas, y consultas ginecológicas en algunos casos. Se entrega también suplementos nutricionales a gestantes y lactantes, y se realizan diagnósticos nutricionales, todo esto a por parte del INN. En el caso de los niños y niñas que usan pañales, la Fundación del Niño y la Niña entrega dotación.

Diariamente se suministra agua a cada PASI por medio de camiones cisternas y también gas para la cocina del mismo. Por medio de la articulación con agencias de la ONU y la Cruz Roja, se entregan kits personales de higiene.

En toda la batalla contra el COVID-19 y la aplicación del cerco sanitario es determinante el equipo médico. Este personal es el que está a cargo de la dirección de toda la batalla. Hay dos responsables médicos en el territorio. El Jefe del Hospital General José Antonio Páez y el jefe de las misiones sociales cubanas. El personal médico dedicado a la tarea es de unos(as) 300 médicos(as) venezolanos(as) y unos(as) 100 médicos(as) cubanos(as), de distintas especialidades. Este equipo tiene a su cargo las siguientes tareas, que se cumplen diariamente:

Realización de pruebas rápidas en el puente fronterizo, a las comunidades en los recorridos casa a casa con el acompañamiento y guía de voceros y voceras de las estructuras organizadas del poder popular, realización de pruebas rápidas a los equipos humanos que trabajan en las distintas tareas de respuesta ante la pandemia, despistaje casa a casa, lo cual no implica necesariamente la realización de la prueba rápida, sino el chequeo de síntomas en las comunidades. Este equipo también realiza las pruebas PCR, que se aplican a todos los casos que resultan positivos a las pruebas rápidas, ya sea casos de connacionales ingresados, habitantes de las comunidades o personal abocado al trabajo.

Una atención especial y diferenciada reciben los casos positivos confirmados por las PCR. A estas personas se le aplica durante 6 días clorotina y/o interferón. Los casos que presentan una gravedad mayor son trasladados a hospitales centinelas en San Fernando.

Además, están los equipos médicos encargados de atender las urgencias médicas que nos son por COVID-19 en los PASI, los equipos encargados del traslado de casos positivos, en conjunto con la GNB, cuando se descubren casos en un PASI, y los equipos médicos encargados de la búsqueda y traslado de los casos positivos que surgen en las comunidades a través de las pruebas rápidas.

   

Para todo este importante y arduo despliegue médico permanente, se cuenta con una infraestructura de salud integrada por un hospital de campaña acondicionado con 200 camas para la atención de casos positivos asintomáticos y dos Centros de Diagnóstico Integral (CDI) para la atención de casos positivos asintomáticos.

Otra de las medidas de aplicación diaria, clave en el protocolo del cerco sanitario, es la desinfección y fumigación de todos los PASI. Esto lo realizan los trabajadores de Protección Civil. También se realiza desinfección de calles principales y lugares públicos (mercados, plazas, hospitales, alcaldía).

Como centro de coordinación y centralización de la información está la sala situacional, que está compuesta por una parte civil y otra militar, la cual está encargada de llevar el registro de ingresos de connacionales, de los días de cuarentena de cada grupo de gente, los registros de salida, la logística de salida por destino y por días de cuarentena cumplida en el municipio), así como la coordinación con los transportistas y de la logística de gasolina para los viajes.

Todo este despliegue, que implica un conjunto diario de tareas ineludibles y siempre urgentes, no sería posible sin un equipo de transporte, conformado por trasportistas privados y públicos de Guasdualito, de la gobernación de Apure y del gobierno nacional. Este equipo garantiza los traslados de los connacionales del puente a los PASI, de los casos positivos a los centros de tratamiento, de la GNB que sirve de apoyo en estos casos, de los equipos de trabajo en el puente para la recepción de los ingresos, de los equipos médicos desplegados en los PASI y las comunidades, del traslado de los insumos médicos, de higiene y de alimentación.

La magnitud de todo este despliegue, que se realiza diariamente, puede medirse cuando vemos que ha sido sostenido a lo largo de 100 días, desde que se inició la cuarentena, para la atención de más de 14 mil personas que han ingresado por la frontera del municipio. Solo el cálculo de las toneladas de alimentos que se han requerido para garantizar las tres comidas diarias de este número de personas todos estos días ilustraría bien esto .

 

III

Cuando inició la expansión de la pandemia de Covid-19 por todo el mundo, el pronóstico que de inmediato hicieron los medios hegemónicos para Venezuela fue catastrófico: colapso, debilidad de servicios de salud, ausencia de gobierno, fueron términos que proliferaron en las páginas de los diarios, telediarios y sitios web del mundo entero. Sin embargo, a pesar de enfrentar severas restricciones económicas y fuertes limitaciones operativas, el Gobierno Bolivariano demostró que la voluntad política, la capacidad de despliegue de la unidad cívico militar, la infraestructura nacional de un sistema público integral de salud y la solidaridad y cooperación de países como Cuba, China, Rusia e Irán, fueron suficientes para mantener bajo control la pandemia y ser hoy uno de los países del mundo con menos número de casos positivos y fallecidos por COVID-19.

Esto, en un contexto complejo de bloqueo económico y financiero por parte de EEUU, con miles de millones de dólares secuestrados en instituciones financieras del norte, y con la presión del gobierno de EEUU torpedeando todos los esfuerzos por sortear el bloqueo y acceder a insumos, equipos y medicamentos que permitan fortalecer lo que ya se viene haciendo en materia epidemiológica en el país. El carácter inhumano de la agresión de EEUU llega al extremo de arreciar las medidas coercitivas e ilegales en medio de la pandemia y de efectuar un intento de invasión militar mercenaria.

En el caso venezolano, enfrentar al COVID-19 no es solo eso, sino enfrentar también todo un complejo entramado de guerra híbrida, del cual forma parte, incluso, la exacerbación de la xenofobia contra los y las venezolan@s migrantes, y la decisión misma de que gobiernos como el colombiano se nieguen a la más mínima coordinación para atender de forma común la crisis sanitaria en todas sus implicaciones, lo cual deja a los y las migrantes venezolan@s en esos países sin protección alguna, expuestos al contagio, sin fuentes de ingreso económico y sin posibilidad de ser atendid@s en esos países de forma coordinada. Así, condenados a la calle y sin trabajo, no queda otra opción que el retorno masivo en medio de la mayor vulnerabilidad a través de un contexto social en el que el COVID-19 se expande de forma exponencial y descontrolada.

Así, la contención y control de la pandemia en los municipios fronterizos con Colombia y Brasil es hoy una de las claves para que no se propague el virus hacia adentro del territorio nacional. Está en juego en esa tarea, en gran medida, la salud de todo el país. De allí que la lucha por contener la expansión del virus en las fronteras con Colombia y Brasil, la cual consiste fundamentalmente en el despliegue del cordón sanitario, sea hoy una arista más de la batalla del pueblo venezolano por defender su soberanía, su paz y su democracia.

 

Por:

Eduardo Viloria Daboín y Matías Pacheco

A propósito de las recientes medidas sobre la gasolina tomadas por el gobierno nacional

A propósito de las recientes medidas sobre la gasolina tomadas por el gobierno nacional

Saludamos las decisiones tomadas por el gobierno nacional sobre el precio de la gasolina. Como era de esperarse, las voces agoreras de la derecha ya salieron con su consabido hábito de criticarlo todo, a pesar de no tener moral, ya que son los causantes principales de la actual crisis, con su permanente solicitud de sanciones y agresiones a nuestra economía.

Las medidas tomadas no solo son necesarias para sortear el bloqueo de combustible que han impuesto las élites de poder estadounidense en complicidad con sus agentes y títeres en el país, representados por el artefacto Guaidó, sino que también son necesarias para iniciar un proceso de sinceración y restructuración del mercado interno del combustible, lo cual es imprescindible para garantizar la producción sostenible y la distribución de los mismos.

El gobierno bolivariano está actuando con realismo revolucionario al tomar las medidas posibles, las que permite la actual situación de asedio económico, garantizando que todos los sectores tengan acceso a la gasolina aún con las duras restricciones de recursos que el Estado tiene como consecuencia de las mal llamadas sanciones económicas y financieras ilegales y criminales.

Es necesario, sin embargo, abordar el tema en una perspectiva más amplia, más allá de la necesidad de hacer sostenible y rentable la industria del combustible y su mercado. Se debe abrir el tema y considerarlo, por ejemplo, en el marco más amplio de la impostergable necesidad de hacer una reforma fiscal.

El gobierno ha dicho que una de las finalidades de este ajuste de precios es que el gobierno pueda disponer progresivamente, para destinarlo a políticas sociales, de recursos que hoy son destinados al subsidio de la gasolina. Es sabido que hay medidas fiscales que pueden recaudar fondos para el Estado, incluso mayores que las que pueden derivarse de la industria del combustible; medidas que pueden aplicarse incluso en una situación de recesión económica como la que atravesamos. Impuestos a altas transacciones financieras y grandes fortunas, impuestos al lujo, son algunas de ellas.

No es lo justo que en una situación de crisis profunda como la actual todo el peso recaiga sobre las clases medias y populares y que se profundice la brecha de desigualdad, sino que se obligue al gran capital a incidir a favor de la recuperación económica y la garantía de derechos sociales. El Estado tiene los instrumentos y el poder para garantizar esa justicia.

Entonces, en síntesis, creemos que las actuales medidas sobre el combustible deben servir para abrir el debate sobre una necesaria y urgente reforma fiscal que permita distribuir de forma más justa y equitativa la riqueza existente en el país.

Otro tema que consideramos clave en torno a este tema es el del contrabando de gasolina hacia Colombia. No se trata, ni puede reducirse a ello, de un negocio que existe y es rentable solo por el diferencial de precio existente, sino del hecho de que nuestro combustible es requerido fundamentalmente por la industria milmillonaria del narcotráfico, apoyada por los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos. Aunque el precio de nuestro combustible suba considerablemente, seguirá siendo requerido para su extracción hacia Colombia de forma ilegal.

Allí hay un tema central que es el de la disponibilidad y la soberanía: mientras sigan existiendo canales y vías mafiosas para la extracción ilegal de nuestro combustible hacia Colombia la fuga continuará. Está claro que al subir de precio el combustible en el mercado venezolano disminuyen los niveles de ganancia de ese negocio, pero se requieren además medidas contundentes dirigidas al combate de las mafias del contrabando de gasolina y a la preservación de nuestra soberanía.

Los sectores civiles y militares vinculados a esas mafias son tan colaboracionistas de EEUU y su agresión como los dirigentes opositores más enconados. De allí que sea una tarea clave combatirlos para continuar defendiendo la paz, la democracia y la soberanía de Venezuela.

COORDINACIÓN NACIONAL CORRIENTE REVOLUCIONARIA BOLÍVAR Y ZAMORA

A propósito de los anuncios del presidente Maduro en relación con organizaciones religiosas

A propósito de los anuncios del presidente Maduro en relación con organizaciones religiosas

La actual situación de agresión económica, política, mediática, diplomática y militar desplegada por EEUU contra Venezuela, así como la situación de profunda crisis económica y social que atraviesa el país, requiere que para la defensa de la paz, la democracia, la soberanía y la solidaridad sean convocados y sumados los más amplios sectores de la sociedad venezolana contrarios a la guerra, la violencia, la intolerancia y el odio que pretenden sembrar en nuestra sociedad y entre nuestra gente, y que estén dispuestos a aportar su esfuerzo para la superación de las dificultades.

Esto lo consideramos una tarea central, entre las muchas que hoy día deben ocuparnos como venezolanos y venezolanas, y es una tarea a la que estamos llamadas en primer lugar las organizaciones sociales, comunales, políticas, culturales, sectoriales. Es en este sentido que entendemos el reciente proceso iniciado por el presidente Maduro de tender puentes y entablar relaciones con sectores religiosos.

Creemos que este proceso, si bien es clave en la consolidación de la paz y la estabilidad del país, debe mantenerse dentro del rol de imparcialidad religiosa y garante de la libertad de cultos que le corresponde al ejecutivo y al Estado todo en la medida en que constitucionalmente está definido nuestro ordenamiento jurídico e institucional como LAICO.

La espiritualidad y religiosidad es central en la vida del ser humano y de toda sociedad y constituye una zona profunda a la que se accede desde las más amplias libertades individuales y de nuestra sensibilidad como personas. De allí que deban respetarse todas las formas concretas en la que esto se expresa, es decir, en la libre práctica de cualquier religión o en la no filiación con ninguna. Es esta una garantía democrática fundamental. Por eso la constitución define un Estado laico que garantice la libertad de cultos.

En esta dirección hacemos el llamado a que sean convocadas todas las fuerzas religiosas del país comprometidas con la paz, la democracia, la soberanía y la solidaridad, a una gran unidad ecuménica en la que podamos todos y todas juntarnos bajo la amplia y profunda bandera DIOS ES PAZ Y VIDA, para hacer votos y adelantar acciones, desde cada fe, para consolidar la paz y la estabilidad de nuestra amada Venezuela.

Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

La frontera, una puerta que hoy no cede

La frontera, una puerta que hoy no cede

 

Por el puente Simón Bolívar pasan cerca de 30 mil personas diarias, de las cuales 2 mil sellan pasaporte. 


Imagen: Gentileza Marcos Salgado

 

Desde Táchira

Las cámaras apuntan a la frontera entre Venezuela y Colombia. El set montado la presenta como una puerta que estaría por ceder. Todo parece listo, faltaría que llegue el día indicado que, a seguir declaraciones de presidentes, títulos de noticieros, estaría por ocurrir. La narrativa de la inminencia es central desde que Juan Guaidó se autoproclamó presidente: inminente caída de Nicolás Maduro, inminente gobierno de transición y resolución de todos los problemas de Venezuela.

Las imágenes al llegar a la frontera son otras. En particular en el punto que se ha construido como zona crítica: los municipios Simón Bolívar y Ureña, en el estado Táchira, frente a la ciudad de Cúcuta, Colombia. Allí debería verse un territorio conmocionado, militarizado del lado venezolano y transformado en un acopio masivo de ayuda humanitaria del lado colombiano. La realidad es diferente, una superposición de normalidad de una de las fronteras más complejas del continente, y el clima de un escenario en construcción.

Comprender las dinámicas de frontera demanda cruzar algunas variables. En primer lugar, la conformación histórica de ese territorio como zona de comercio binacional, marcado en las direcciones de compra-venta según la relación entre el bolívar venezolano y el peso colombiano. En segundo lugar, la puesta en marcha desde el año 2013 –con señales anteriores– del contrabando de extracción como parte de un plan de desangre de la economía venezolana. En tercer lugar, la presencia de actores claves al mando de las operaciones del contrabando, como grupos paramilitares. En cuarto lugar, los tres puntos anteriores dentro del cuadro económico actual. Las variables se cruzan y retroalimentan.

Dentro de esa geografía las cámaras se enfocan sobre dos cruces, el puente Las Tienditas, y el puente Simón Bolívar. El primero fue tapa de periódicos por los conteiners puestos del lado venezolano, presentados como un cierre del paso. Ese puente nunca estuvo abierto. Su construcción fue por iniciativa venezolana, saboteado en su concreción por las políticas colombianas que apuestan a magnificar el contrabando ilegal de gasolina en vez de ordenar un sistema de precios acordados entre ambos países en las gasolineras fronterizas.

La cuestión de la gasolina es clave para comprender la frontera: un litro del lado colombiano cuesta cerca de 60 centavos de dólares, mientras que del lado venezolano el tanque completo no cuesta un dólar. Esa gasolina contrabandeada permite abastecer las zonas fronterizas colombianas empobrecidas, a la empresa colombiana Ecopetrol destinar el combustible a otros sitios, a los paramilitares amasar millones, y a quienes manejan el control de la cocaína –paramilitares y carteles– contar con gasolina económica para su procesamiento. El gobierno colombiano ha autorizado por ley el contrabando de gasolina.

El segundo puente enfocado es el Simón Bolívar. Abierto de 6 a 21 al paso de peatones, y de 21 a 12 al paso de gandolas (camiones). Por allí pasan cerca de 30 mil personas diarias, de las cuales cerca de 2 mil sellan pasaporte, es decir que las demás van y vienen en el mismo día. Tiene una ventaja cinematográfica: es angosto, por lo cual puede generarse una gran cola de gente con solo frenar el paso unos minutos. Es lo que hacen las autoridades colombianas cuando la campaña mediática requiere fotografías que muestren masividad. De lo contrario el tránsito de personas es grande y fluido.

El ida y venida es comercial y familiar. Del lado colombiano se consiguen determinados productos a precios más económicos que en Venezuela, por lo que mucha gente cruza a comprarlos, para consumo personal o para revenderlos más caro del lado venezolano. Otros productos, regulados o subsidiados, son más baratos del lado venezolano, por lo que la dirección es la opuesta. Se trata de una economía de miles de personas de la frontera, de otros estados del país –como gente venida de Barinas o Barquisimeto– ampliada por las dificultades económicas que se deben a la combinación del bloqueo financiero, el ataque sobre la moneda, la dificultad para detener la hiperinflación, entre otros puntos.

Sobre esa cotidianeidad está en construcción la narrativa humanitaria, la ayuda, la posible intervención. Han hecho de la frontera el set donde se encuentran las grandes agencias de comunicación, voceros de diferentes gobiernos, organizaciones internacionales. El objetivo es mostrarla como el punto crítico por donde cederá la puerta.

Todos saben, por ejemplo, que el puente Las Tienditas nunca estuvo abierto, aunque afirmen que el gobierno venezolano lo bloqueó ante esta situación. En el recorrido que brindó Freddy Bernal, nombrado protector del estado Táchira por Maduro –la gobernadora pertenece a Acción Democrática, de oposición– estuvieron presentes medios colombianos y agencias internacionales. No importa que sepan la verdad del puente, afirman lo contrario, la campaña en marcha para aislar a Venezuela requiere la construcción de una matriz, donde están articulada agencias, funcionarios de gobiernos, organismos, presidentes, ingenierías de redes sociales, entre otros.

En ese contexto la ayuda humanitaria se ha construido como el ariete para derribar la puerta. Con varias particularidades: en primer lugar, que lo que hasta ahora ha llegado es insignificante, dos gandolas, cuando se reparten 40 en una sola jornada de distribución de comida en Táchira a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. En segundo lugar, que no importa el impacto real que podría tener, sino la construcción del escenario, que será el de mostrar de un lado la ayuda, del otro a población venezolana pidiéndola –para lo cual la derecha movilizará sus fuerzas– y en el medio el gobierno cerrando el paso. Esa es la imagen que, al parecer, buscarán construir.

Dentro de ese cuadro puede generarse hipótesis. Una de ellas es que ese sea el territorio donde la estrategia del asalto pueda construir el elemento detonante, la operación montada para justificar nuevos ataques de mayor potencia. Necesitan elevar el impacto en la opinión pública, conseguir acuerdo en el Senado norteamericano para dejar por escrito que la intervención militar puede ser contemplada, crear conmoción interna.

El escenario parece estar en una excesiva normalidad para los objetivos que se han propuesto alcanzar. Eso se debe a que algunas maniobras no les resultaron, como por ejemplo la detención de García Palomo, quien iba a encabezar una serie de acciones militares en Caracas. Esta semana podría ser la elegida para activar el escenario frontera, sería el punto donde se unirían el frente internacional con el nacional para buscar un quiebre. Por el momento la superficie continúa calma.

Tomado de https://www.pagina12.com.ar/174244-la-frontera-una-puerta-que-hoy-no-cede

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