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Apure: alcaldía de Páez es producción, participación, salud y buen vivir

Apure: alcaldía de Páez es producción, participación, salud y buen vivir

 

Con el compromiso de siempre y con Chávez por delante iniciamos el mes de marzo con diversas acciones dedicadas a impulsar el buen vivir de nuestra gente, garantizando derechos fundamentales como la salud y el deporte, impulsando el desarrollo productivo de la región mediante el trabajo en unidad; y profundizando la participación y el fortalecimiento del poder de la gente.

 

#PáezBuenVivir

Salud para todas y todos

Esta semana, mediante el Programa de Operaciones Electivas que se desarrolla en el Hospital General José Antonio Páez, se realizaron 16 intervenciones quirúrgicas a pacientes de la parroquia Urdaneta, a quienes se les garantizó de forma gratuita el traslado, alojamiento, alimentación, el proceso de intervención y el tratamiento requerido para la recuperación de su salud. En el proceso estuvo presente, dando ánimo y apoyando a los y las pacientes, el alcalde José María Romero.

Este programa de salud, de carácter profundamente humanista, inició a mediados de febrero y en los meses siguientes implicará la realización de un aproximado de 200 operaciones.

De igual modo, en el mencionado centro de salud, se realizó mantenimiento preventivo a las máquinas de Hemodiálisis, con el fin de garantizar su perfecto funcionamiento y así continuar brindando atención a todas aquellas personas con insuficiencia renal en nuestro municipio. En este sentido, Milagros Urbina, Directora de Desarrollo Social de la Alcaldía, informó que gracias a estas unidades, un total de 5 equipos operativos, se presta actualmente atención a 25 personas de las parroquias El Amparo, Guasdualito, Palmarito y de La Victoria. Indicó la compañera Urbina, que para los próximos días, 4 pacientes de este grupo, viajarán a San Cristóbal, con su debido acompañante, donde se les realizará sin costo alguno la intervención quirúrgica para el cambio de fístula.

Con ello, así como la atención de pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas, se sostienen las líneas priorizadas en materia de salud para este año por la Dirección de Desarrollo de Social de la Alcaldía.

Paralelamente al desarrollo de programas de atención a la salud, gracias a la acción conjunta de la Gobernación de Apure y la Alcaldía del Municipio Páez, se realizan trabajos de recuperación integral del Hospital José Antonio Páez: reparación de ascensores, pintura de instalaciones, entre otras obras.

Esta semana, a fin de conocer los avances,  el gobernador Ramón Carrizales, Luis Tolosa, comisionado de la gobernación, y nuestro alcalde José María Romero realizaron un recorrido por las instalaciones del centro de salud.

Deporte en comunidad

Con el objetivo de impulsar la actividad física, el deporte inclusivo y el intercambio entre las comunidades, se iniciaron los Juegos Deportivos Interbarrios en Guasdualito, cuya actividad inaugural consistió en un desfile de cientos de niños, niñas y adolescentes deportistas, que recorrieron desde la plaza Bolívar hasta el estadio de Morrones. Fútbol, Voleibol, Softbol y Kikimbol, son algunas de las disciplinas que tendrán lugar en este intercambio deportivo en el que participarán niños desde los 6 años hasta la categoría libre.

El acto inaugural contó con la participación del alcalde José María Romero y del comisionado Luis Tolosa. En su intervención, destacó Romero que para este año el deporte es uno de los ejes fundamentales del trabajo planificado desde la Alcaldía de Páez. La refacción de 5 canchas deportivas y 5 estadios, son parte de esta línea de acción, además de los juegos interbarriales.

#PáezProductivo

Avanza el encadenamiento productivo

El desarrollo productivo fue también un tema de agenda, y junto al gobernador Ramón Carrizales y a Luis Tolosa, comisionado de la gobernación, nuestro alcalde José María Romero visitó diversos espacios productivos de la Parroquia Guasdualito, como la granja Mi Refugio, una de las 7 granjas productivas con las que se cuenta, donde se crían pollos y se produce diversidad de hortalizas y verduras, y la planta de producción de Alimentos Balanceados para Animales – Comunal (ABA Comunal),  en la cual se procesa alimento para cochino y pollo. En dicha planta, la materia prima que se utiliza, fundamentalmente el maíz, proviene de las cosechas de maíz de distintas comunidades de la parroquia.

Igualmente, se dio inicio a la recolección/pesca de cachamas en la granja productiva del PSUV en Guasdualito, a través del equipo del Instituto municipal de producción, cachamas que se vendieron  a precio accesible en las comunidades aledañas a esta unidad de producción (comuna Jesús de Nazareth) y en la parroquia el Amparo. Estas cachamas fueron sembradas hace más de 6 meses en las piscinas creadas para tal fin como inicio de este proceso productivo que demuestra que es posible avanzar y profundizar en la construcción de un Psuv productivo..

En esta misma línea del desarrollo productivo del municipio se inició la cosecha de maíz en la parroquia San Camilo. En el concejo comunal La Isla se están recolectando los frutos de la siembra realizada en octubre del 2020 en alianza con productores locales: son 14 hectáreas de maíz que irán a la producción de alimento balanceado para animales en nuestra planta ABA comunal ubicada en la parroquia Guasdualito. Este alimento a su vez es destinado a la cría de pollos y cochinos en nuestras distintas granjas productivas.

Así desarrollamos el impulso de la producción, en su integralidad, en sus distintos eslabones productivos.

#PáezParticipativo

Rumbo a las ciudades comunales

En diversas comunidades de la parroquia El Amparo se realizaron asambleas, promovidas por el alcalde Romero y con su participación activa, las cuales tuvieron como temas fundamentales la cobranza del servicio de aseo urbano desde las propias comunidades. Esto, con el fin de iniciar a incorporación activa de la gente organizada en la cogestión de los servicios públicos. Así mismo, en el marco de estas asambleas se efectuó la elección en cada comuna de los parlamentarios y las parlamentarias comunales, para avanzar en la construcción de las ciudades comunales.

#PáezConChávez

Lealtad a toda prueba

En conmemoración a los 8 años de la siembra del Comandante Hugo Chávez, desde la plaza Bolívar de Guasdualito, niñas, niños, jóvenes, milicia y el pueblo todo, se congregaron junto al alcalde José María Romero, la diputada Melitza Orellana, el comisionado Luis Tolosa, el presidente del Concejo Municipal Yorlis Fernández, el Director General de la Alcaldía Víctor Tapia, entre otras autoridades, para rendir un sentido y emotivo homenaje al líder de la revolución bolivariana, enarbolando las banderas de defensa de la paz y la soberanía.

Desde Páez, seguimos avanzando juntos en la construcción de una sociedad de igualdad y justicia social.

 

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

 

El poder de la gente, las ciudades comunales y la dinamización del Psuv, tareas estratégicas centrales. Análisis de La Corriente

El poder de la gente, las ciudades comunales y la dinamización del Psuv, tareas estratégicas centrales. Análisis de La Corriente

Acompañamos y respaldamos el conjunto de iniciativas políticas e ideológicas que viene planteando el presidente Nicolás Maduro, en la medida en que todas implican aspectos claves para el reimpulso y la profundización de la revolución bolivariana. La lucha contra la corrupción, la profundización de la democracia revolucionaria con el impulso de las ciudades comunales y la búsqueda de “nuevos métodos para que el partido asuma un papel más crítico, dinámico y activo», configuran tres ejes claves para avanzar en una línea estratégica revitalizante y dinamizadora de la revolución política. Veámoslas una a una.

  • Las ciudades comunales son un paso importante para avanzar en el objetivo histórico de construir una sociedad democrática y en la transformación del Estado oligárquico en un Estado basado en el poder de la gente, con múltiples y diversas formas de participación y de ejercicio directo del poder. Sin embargo, creemos que la construcción de estas ciudades comunales debe partir de bases ciertas, de realidades concretas, no desde el papel, no desde estadísticas que muchas veces no se corresponden con la realidad.

Las ciudades comunales no deben ser decretadas, ni impuestas por instancias burocráticas, cosa que no significa que el Estado y el gobierno no deban cumplir un papel central en su conformación. Lo que queremos decir es que es necesario pasar por un proceso previo de reimpulso y fortalecimiento de los concejos comunales y comunas, pilares sobre los que van a estar soportadas las ciudades comunales. Quienes estamos en el trabajo de base sabemos que, excepto algunas experiencias referenciales, sus niveles de organización, participación y empoderamiento no son los adecuados como para de golpe plantearse niveles superiores de agregación. No basta para lograr esos niveles óptimos adecuarlos y reelegir vocerías, lo que es una respuesta administrativa, se trata de construir y ejecutar un plan de reimpulso integral que solidifique esos dos primeros niveles de organización para pasar a niveles más complejos de agregación del poder comunal. Si no, se corre el riesgo de que terminemos con 200 ciudades comunales como está planteado en la meta, pero de papel, apropiadas por cenáculos de «voceros» en muchos casos impuestos con el solo propósito de controlar los recursos que vayan a ser asignados a estas ciudades comunales.

Las ciudades comunales deben partir de un diagnóstico territorial para evaluar su viabilidad política, organizativa y geográfica. En donde exista condiciones para avanzar se debe hacer, pero en aquellos territorios donde no las haya es necesario plantearse planes dirigidos para crear esas condiciones. Es mejor construir experiencias modelos o referenciales que puedan mostrar la viabilidad de esta forma de empoderamiento en una primera fase, que decretarlas de forma plana y automática.

  • Avanzar hacia un PSUV más crítico, más dinámico y activo, como lo plantea el presidente, no solo es acertado sino que es una tarea estratégica para poder conducir el proceso revolucionario hacia la actualización y revitalización que se necesita de cara a la construcción de la sociedad democrática, ética y humanista planteada como objetivo histórico por la revolución bolivariana, es decir, una sociedad inclusiva, de bienestar colectivo e igualitaria. Se trata de avanzar hacia el partido de Chávez, un partido que sea instrumento de transformaciones, que entienda el carácter actual de la disputa, no solo contra el imperialismo sino también la disputa de sentidos, de emociones, la batalla ética, en fin, la batalla hegemónica.

Urge superar la lógica de partido-correaje, del clientelismo, del asistencialismo, para que la dualidad partido/gobierno se convierta en una sinergia transformadora, en potentes instrumentos para la superación de la crisis que estamos sufriendo. Esto pasará solo si se sucede un proceso profundo de renovación, de formación de liderazgos éticos y democráticos, y de creación y aplicación de mecanismos internos para ello.

  • Si avanzamos en la profundización del poder popular, en el papel activo de la gente en nuestra democracia, si renovamos el partido para hacerlo más crítico, más activo en las tareas realmente transformadoras (sin dejar de ser un eficaz instrumento electoral, obviamente), para convertirlo en un partido más dinámico como está propuesto, podremos entonces estar en mejores condiciones para dar la batalla contra la corrupción, contra las desviaciones éticas que tanto daño hacen al país y, sobre todo, a la posibilidad de lograr la recuperación económica, aun cuando podamos convenir en que la principal causa es el criminal e ilegal bloqueo comercial y financiero.

Con el poder de la gente, con un partido ético y democrático, tendríamos dos poderosas fuerzas para derrotar la corrupción, la agresión extranjera y para revitalizar radicalmente la revolución bolivariana en el marco de las perspectivas de Chávez.

Por estas razones creemos desde La Corriente que estas iniciativas planteadas por el presidente Maduro deben ser acompañadas con entusiasmo y determinación por todas las fuerzas chavistas. La Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora dice presente, y desde ya dirige todos sus esfuerzos, su voluntad, el tiempo y la energía de su militancia la consecución de estas tareas estratégicas.

¡Vamos pues, con la profundización del poder de la gente y de la democracia revolucionaria, con la revitalización y dinamización del Psuv, a dar la batalla contra la corrupción, contra las desviaciones éticas, por la revolución política, por la recuperación económica y por la derrota del bloqueo!

 

Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

ANC 2017-2020: balance en medio de la tempestad. Análisis de La Corriente

ANC 2017-2020: balance en medio de la tempestad. Análisis de La Corriente

 

 

 

I

Luego del fallecimiento del comandante Chávez EEUU decidió desarrollar un plan de ofensiva total contra la revolución bolivariana. El gobierno encabezado por Nicolás Maduro tuvo que enfrentar, desde el mismo día de la victoria electoral del 14 de abril de 2013, el despliegue implacable de ese plan:

1) desconocimiento del resultado electoral y arremetida de violencia política en 2013, lo cual fue derrotado y concluyó con la consolidación del gobierno de Maduro por la vía electoral con un triunfo que implicó una diferencia de más de un millón de votos y la casi totalidad de los gobiernos municipales del país,

2) en 2014, profundización de guerra económica y plan insurreccional La Salida dirigido por Leopoldo López, el cual causó 48 muertes violentas que fueron instrumentalizadas para construir la falsa imagen internacional del gobierno de Maduro como una tiranía feroz,

3) derrotadas estas operaciones iniciales, en 2015 el plan de EEUU se enfocó en que la oposición política capitalizara electoralmente los efectos negativos sobre la población causados por la guerra económica, con el resultado de la conquista por la vía electoral de la Asamblea Nacional,

4) en 2016, con la entrada en ejercicio de la Asamblea Nacional opositora, comenzó una nueva fase del plan de agresión: el despliegue del poder legislativo como arma de guerra contra el país, con el objetivo de desmembrar el Estado y acabar con la institucionalidad venezolana.

La pugna por evitar el éxito de ese plan implicó que el Tribunal Supremo de Justicia, apelando a los extremos constitucionales y con base en irregularidades ocurridas en las elecciones parlamentarias en algunos estados del país, sentenciara el desacato de la Asamblea Nacional y dejara sin efecto sus actos. Esa derrota ocurrió como resultado de las actuaciones de los poderes del Estado para defenderse de los planes que pretendían su disolución.

Como consecuencia, el plan de agresión contra Venezuela dirigido por EEUU definió el despliegue prácticamente nacional de violencia callejera paramilitarizada cómo táctica para derrocar el gobierno bolivariano. Esa escalada violenta caracterizó buena parte del año 2017, hasta que llegó la Asamblea Nacional Constituyente y mandó a parar.

 

 

I
A partir del mes de abril de 2017, Venezuela toda pasó a ser una vorágine de caos y violencia: pueblos y pequeñas ciudades sitiadas por la violencia paramilitarizada, zonas enteras de las principales ciudades del país totalmente tomadas y sometidas por la violencia, instalaciones militares y policiales atacadas con armas de fuego y bombas incendiarias, almacenes y depósitos de alimentos incendiados, más de 150 personas fallecidas, 23 personas quemadas vivas en la calle, cuatro meses de casi total paralización del país y una agobiante operación psicológica para sembrar el terror. El escenario que se configuraba a medida que pasaban los meses era el de una inminente guerra civil.

En ese contexto se logró convocar y realizar las elecciones para que la Asamblea Nacional Constituyente fuera electa el 30 de julio de 2017. Para llevar a cabo las elecciones el Estado venezolano definió la creación de centros de votación especiales en los que pudieran ejercer su derecho al sufragio las personas cuyos centros de votación estaban ubicados en zonas tomadas por la violencia: de estos, el más importante fue el Poliedro de Caracas. La historia recordará las fotos y videos de grandes caravanas de venezolanos y venezolanas cruzando ríos y recorriendo kilómetros de carreteras y caminos de montaña para moverse de un pueblo a otro y así evadir los cercos violentos y poder votar.

La elección de la ANC cumplió de manera absolutamente exitosa ese objetivo de frenar la escalada violenta que amenazaba al país con seguir elevándose hasta alcanzar proporciones de guerra civil. La masiva participación del pueblo venezolano, expresada en más de 8 millones de votos, gracias a la puerta democrática y electoral abierta por el Estado venezolano como estrategia para defender su unidad ante la agresión, causó el cese casi inmediato de la violencia, con lo cual se demostró, además, que no era espontánea ni fruto del descontento sino una megaoperación cuidadosamente diseñada y ejecutada.


Apenas instalada siguieron las acciones de la ANC en su rol histórico de ser instrumento parlamentario y jurídico del Estado venezolano para preservar y profundizar la paz conquistada con su elección e instalación. Una de las primeras medidas, tomada el 5 de agosto de 2017, fue la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz (que estaba previamente suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia) luego de ser demostrada su participación en la conspiración contra el Estado venezolano. En su lugar, la ANC designó como Fiscal General a Tarek William Saab, quien hasta entonces había sido Defensor del Pueblo. Con esto, la ANC desarmaba el proceso de desmembramiento del Estado, que pretendía separar del mismo no solo a la Asamblea Nacional sino al Poder Ciudadano y al Judicial.

Por su parte, EEUU y sus aliados nacionales e internacionales respondían desconociendo la elección e instalación de la ANC, obviando flagrantemente la voluntad del pueblo venezolano expresada electoralmente. Como parte de la respuesta de EEUU y sus aliados, el 8 de agosto de 2017, en Lima (Perú) se efectuó una reunión con los cancilleres de 17 países del continente americano, cuya resulta fue un documento denominado la Declaración de Lima, la cual fue suscrita por 12 países en donde acuerdan condenar la supuesta ruptura del orden democrático en Venezuela y desconocer la ANC.
La respuesta de Venezuela fue más democracia. En función de reconstruir y consolidar la estabilidad política, la ANC continuó actuando, y convocó una seguidilla de elecciones que fueron clave no solo para ese objetivo estabilizador sino porque implicaron una contundente demostración de la voluntad absolutamente mayoritaria del pueblo venezolano de vivir en paz y democracia. Esto fue garantizado por la ANC incluso creando mecanismos de emergencia institucional mediante vías excepcionales.

Esas elecciones fueron: 1) regionales el 15 de octubre de 2017, 2) municipales el 10 de diciembre, y 3) presidenciales el 20 de mayo de 2018. La victoria de las fuerzas patrióticas y bolivarianas fue contundente en las tres jornadas, logrando con ello consolidar una unidad absoluta del Poder Ejecutivo en todos los niveles, con lo cual se consolidaba toda la fuerza para reestablecer la gobernanza y defender la paz y la soberanía. Los años subsiguientes en los cuales la agresión escaló aún más demostrarían el carácter vital y estratégico de esta unidad política expresada en el hecho de que la gran mayoría de los espacios del poder político del país estuviesen en manos de las fuerzas patrióticas.

Otro ámbito clave de actuación de la ANC fue el relacionado con el castigo a los responsables de la violencia que habían usado su investidura como diputados de la Asamblea Nacional para conspirar contra la paz, la democracia y la soberanía del país. Así, por ejemplo, el 6 de noviembre de 2017 la ANC autorizó el enjuiciamiento del diputado opositor y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara, principal cabecilla de la escalada violenta, el 7 de agosto de 2018 se acusó al parlamentario Juan Requesens junto al también diputado y expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, ambos pertenecientes al partido Primero Justicia, de estar presuntamente involucrados en el atentado contra Nicolás Maduro. El día siguiente la Fiscalía General pidió al TSJ emitir sentencia para dar pie a la remoción de la inmunidad parlamentaria de Requesens y Borges, la cual fue efectuada​ y remitida a la ANC, quien lo aprobó.

En esa misma dirección de fortalecimiento de mecanismos legales para preservar la paz, la democracia y la soberanía apuntó la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por unanimidad por la Asamblea Constituyente el 8 de noviembre de 2017 con el propósito de promover «el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política”. Igualmente, la creación de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública el 24 de mayo de 2018, que desde el primer momento encamino sus esfuerzos por la ruta del diálogo político y la concreción de consensos.


También en el plano económico la Asamblea Nacional Constituyente tuvo iniciativas en su actuación legislativa. El decreto sobre el Petro, la Ley Constitucional de los Clap, la Ley de Precios Acordados, la Ley de Inversión Extranjera, el decreto constituyente de Diálogo Económico, la Ley sobre la Unidad Tributaria Sancionatoria y la Ley de Impuestos a Grandes Patrimonios, la derogación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, con lo cual se abre paso a la libre convertibilidad del bolívar con el libre comercio y libre negociación de las divisas en el país, así como la aprobación de la Ley Antibloqueo, que tiene como objetivo central restituir las garantías sociales y económicas de nuestra gente.

III
Movimiento de Transición del Pueblo, Paramacay II, Operación Armagedón, Operación de Magnicidio, Operación Libertad, Operación Vuelvan Caras, Operación Fuerza y Libertad, Operación Venezuela Honor y Gloria, Operación Aurora, Operación Gedeón. Estos son los nombres de algunas de las conspiraciones militares ejecutadas y derrotadas en el lapso tres años y cuatro meses en que estuvo en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente. A esto debe agregarse todo el andamiaje diplomático desplegado por EEUU en el mundo y el gigantesco arsenal mediático dirigido contra la revolución bolivariana. Y por si fuera poco, el desarrollo creciente de medidas económicas coercitivas y unilaterales aplicadas por EEUU, la Unión Europea, Canadá y otros, y el plan de ofensiva final desplegado desde enero de 2019 que tuvo como pieza central la Asamblea Nacional definitivamente insurrecta y separada del Estado para ponerse al servicio de las órdenes directas del gobierno de EEUU: la autoproclamación como presidente interino de Venezuela por parte del exdiputado Juan Guaidó, reconocido inmediatamente por EEUU, la Unión Europea y otro conjunto de países subordinados, que acarreó además el robo de más de 5.400 millones de dólares, pérdidas por más de 130 mil millones de dólares y el secuestro de Citgo y Monómeros.


En la ardua resistencia de Venezuela ante tamaña agresión multidimensional fue clave el accionar de la Asamblea Nacional Constituyente para llenar el vacío dejado por el Poder Legislativo insurrecto y ser el instrumento central para sostener la unidad institucional del Estado, la unidad identitaria de la República, en un despliegue suigéneris para contrarrestar las actuaciones ilegales de la Asamblea Nacional en desacato como instrumento de la agresión extranjera.

La unidad cívicomilitar del pueblo venezolano, la unidad y cohesión política de todas las instancias del Poder Ejecutivo y de las fuerzas políticas del chavismo, el funcionamiento del Poder Ciudadano, el Poder Judicial y el Poder Electoral, todos estos factores imprescindibles para la resistencia ante la agresión, tuvieron como eje y base la existencia y actuación de la Asamblea Nacional Constituyente en tanto fundamento institucional para la preservación de la paz, la democracia y la soberanía del país. El debate y las diatribas agoreras sobre la supuesta expropiación o conculcación que la ANC significó en relación con el supremo y soberano poder constituyente que reside exclusivamente en el pueblo venezolano queda zanjado cuando se analiza que fue justamente ese supremo poder constituyente de nuestro pueblo el que, por vía democrática y electoral, generó soporte y dio legitimidad al instrumento extraordinario y excepcional al que tuvo que recurrir Venezuela para continuar garantizando su existencia como nación y República, como Estado social de derecho y justicia.

Resistido el temporal, capeada la tormenta, no sin bajas, heridas o retrocesos pero de pie y con esperanza, con una nueva Asamblea Nacional que estará al servicio del país y de nuestra gente, cesan las funciones de la ANC y da paso a un 2021 en el que continuarán las batallas y los desafíos para nuestro país.

Si en 1819 el Libertador Simón Bolívar convocó al poder plenipotenciario constituyente para consolidar el edificio Republicano y construir un sistema político que reuniera la capacidad de sostener íntegra la unidad y a su vez dotara de seguridad social, estabilidad política y felicidad social al pueblo, y en 1999 Hugo Chávez lo hizo porque, según sus palabras, “la única vía en este momento que pudiera garantizar la paz futura de la Nación sería convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Eso permitiría reunirnos en soberanía, convocar al soberano que es el pueblo nacional, el pueblo venezolano, para refundar la República, para darle un nuevo rumbo a la Nación, para decirle al mundo: aquí estamos reunidos en asamblea popular los venezolanos, para discutir quiénes somos y hacia dónde vamos, y convertir esa discusión en un gran proyecto nacional que tenga rumbo, que tenga destino cierto”, en 2017 y hasta diciembre de 2020 fue necesario acudir a este supremo poder de nuestro pueblo para preservar la unidad del Estado y defender la paz, la democracia y la soberanía, única base sobre la cual podremos continuar construyendo y profundizando la revolución bolivariana y su horizonte transformador.

Páez, Apure: en primera línea contra el COVID-19 por la salud de toda Venezuela

Páez, Apure: en primera línea contra el COVID-19 por la salud de toda Venezuela

I

Cuando hace más de un año los medios de comunicación hegemónicos del planeta desplegaban una gigantesca campaña diseñada y dirigida por el intervencionismo estadounidense para magnificar la migración venezolana con el fin de alimentar el falso expediente del gobierno venezolano como fallido, era imposible imaginar que hoy miles y miles de venezolanos y venezolanas regresarían a su país a través de las fronteras terrestres de Zulia, Táchira, Bolívar y Apure.

Pero la realidad brotó de golpe. La pandemia de COVID-19 fue el detonante para que comenzara un retorno masivo que actualmente está en desarrollo y no se detiene. La crisis desatada por la pandemia en países como Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, que pone en evidencia la incapacidad de los gobiernos neoliberales para enfrentar situaciones de esta magnitud en la medida en que no poseen un verdadero sistema público de salud y ponen por delante el interés económico al de la protección de la población, dejó a los venezolanos y las venezolanas migrantes en esos países expuestos a las peores condiciones. La paralización económica sumada a la ausencia de medidas de protección socioeconómica para las poblaciones de esos países, menos aún para los migrantes, dejó a los y las venezolanos(as) en la calle y sin las fuentes de trabajo informales que eran su principal soporte. El manejo torpe e ineficaz de la pandemia en términos epidemiológicos los dejó, además, vulnerables y expuestos al contagio del coronavirus.

Este complejo cuadro se vio agravado por las expresiones de la más brutal xenofobia, arraigada en esos países como resultado de profundas campañas mediáticas y operaciones psicológicas fraguadas en los laboratorios estadounidenses desde donde se dirige la guerra híbrida contra Venezuela. Incluso autoridades de esos países expresaron públicamente su rechazo a que fueran destinados recursos públicos para dar algún soporte a la población venezolana migrante en medio de la pandemia de COVID-19. ¿Resultado? Miles y miles de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes venezolanos(as) comenzaron a desplazarse desde hacia Venezuela para ingresar por sus fronteras.

Otra realidad brotó, también, de golpe: la de una gobierno que, en plena crisis económica profunda y en medio del más criminal bloqueo comercial y financiero por parte de EEUU, asume con la mayor seriedad y radicalidad la batalla contra el Covid-19 y la protección de la población, poniendo esto como principal prioridad, siguiendo estrictamente los protocolos y recomendaciones de la OMS y actuando en cooperación con países como Cuba, Rusia, China e Irán. Así, mientras la sumatoria de los casos positivos de COVID-19 en países vecinos como Ecuador (53.856), Perú (269.000), Brasil (1.240.000) y Colombia (80.599) supera ya el millón seiscientos mil casos, en Venezuela, aunque ha habido una elevación reciente de la curva, apenas lleva 4.365, de los cuales 2.864 están ubicados en los estados fronterizos con Brasil y Colombia: Táchira (574),  Bolívar (539), Zulia (674) y Apure (1077). Estos números evidencian que salvo en los estados fronterizos (2.864 casos) y en los estados Miranda (403), Distrito Capital (258), Aragua (193) y Nueva Esparta (170), que suman 1024 casos, la pandemia del COVID-19 en el resto del territorio venezolano se ha mantenido contenida, con bajísimos índices de contagio. Es fácil deducir, entonces, la razón para que en sólo cuatro estados, todos fronterizos con Colombia o Brasil, esté concentrado más del 60% de los casos diagnosticados en el país. Allí, en el crecimiento descontrolado y exponencial del coronavirus en los países vecinos a Venezuela, está la explicación de estos números y nuestra mayor amenaza. Desde que se declaró la cuarentena en Venezuela más de 15 mil venezolanos han retornado por el puente internacional José Antonio Páez, frontera oficial entre Colombia y el municipio Páez de Apure, Venezuela. Por Táchira, Zulia y Bolívar han ingresado otros 60 mil aproximadamente. A medida que el virus se expande en los países vecinos es mayor el porcentaje de venezolanos y venezolanas que llegan contagiados(as). De allí que sea en nuestras fronteras donde se esté librando hoy la lucha principal por la salud de todo el país, para contener el virus allí y evitar que se propague por todo el territorio nacional.

Desde un principio el gobierno colombiano cerró la puerta a la posibilidad de coordinar con las autoridades venezolanas para el manejo común de la crisis. Lo máximo que se logró, después de mucho gestionar, fue la apertura de corredores humanitarios para al menos poder recibir la ola de migrantes de forma organizada, cumpliendo los protocolos sanitarios de rigor. En caso de no haberse alcanzado este logro mínimo, la situación sería crítica, puesto que los miles y miles de retornados(as) lo estarían haciendo por vías irregulares, volviendo prácticamente imposible la aplicación y gestión del imprescindible cordón sanitario que debe aplicarse en toda la zona fronteriza.

A estas dificultades es necesario agregarle todo un conjunto de obstáculos y acciones aplicadas en nuestros países vecinos cuyo seguimiento y análisis permite afirmar que la pandemia está siendo utilizada, por los países alineados a EUUU en su estrategia de agresión híbrida contra Venezuela, como una más de las armas, como uno más de los instrumentos y escenarios de esa agresión. El 24 de mayo, por ejemplo, el presidente Maduro acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de promover el contagio de la población migrante que se desplaza hacia Venezuela: entre otras denuncias estuvo la de haber facilitado a venezolanos buses que habían sido utilizado para trasladar pacientes positivos de Covid19, sin haberle aplicado a los vehículos la desinfección de rigor. Por otro lado, se ha sabido también de restricción de venta de boletos de autobús a venezolanos en terminales de zonas fronterizas con Ecuador, lo cual obliga a que nuestros connacionales se acumulen en estos sitios y permanezcan a la intemperie y expuestos al contagio en contextos donde las estadísticas señalan que el riesgo de contagio es altamente elevado. También se han aplicado importantes obstáculos migratorios en las fronteras entre Perú y Ecuador y entre Ecuador y Colombia, que generan las mismas consecuencias. En este sentido, baste mencionar las declaraciones del presidente Colombiano, quien ha afirmado que es Maduro el que bloquea una articulación humanitaria para atender el problema de los migrantes venezolanos en el marco de la pandemia. Es decir, usa este hecho como factor para chantajear y presionar en relación con la salida de Maduro del poder, en un discurso perfectamente alineado al de Guaidó y EEUU. Es allí donde está la clave de la afirmación de que el gobierno colombiano utiliza la pandemia como un elemento más de la agresión híbrida contra Venezuela, porque está claro que las medidas adecuadas y correctas, las medidas más eficaces y positivas para ambos países y para ambas pueblos, serían que se construya una respuesta articulada, cohesionada, común, para atender esta situación. Y si a esto agregamos que la misma hostilidad existe de parte de los gobiernos de Ecuador y Perú, pues es más sólida la afirmación de que esta actuación obedece a su alineación en relación con el plan de agresión de EEUU contra Venezuela.

II

Para los municipios venezolanos que se encuentran en la línea fronteriza esto ha supuesto fuertes dificultades. Asumir como prioridad la recepción solidaria, digna y responsable de estos miles de connacionales que retornan al país implica, de entrada, un conjunto de enormes complejidades logísticas y operativas, sumadas a las que ya implicaba la respuesta local a la pandemia. Que esta recepción solidaria, digna y responsable se haga en el marco del cumplimiento de la aplicación de un cero sanitario eleva aún más esa complejidad inicial. Ahora bien, hacerlo en el contexto de un país bloqueado, con sus recursos y capacidad operativa severamente golpeada por efecto de este bloqueo, supone un desafío de grandes dimensiones que solo puede ser superado, como lo ha dicho el alcalde José María Romero, combinando voluntad política, solidaridad y organización. Allí ha estado la fortaleza central para encarar esta lucha, fortaleza que ha tenido su mayor soporte en la profundidad alcanzada en el proceso de construcción de organización y poder de la gente y en la doctrina de unidad cívico militar y de defensa integral del territorio concebida y legada por el comandante Hugo Chávez.

La tarea comienza en la propia línea fronteriza, en pleno puente José Antonio Páez sobre el río Arauca, cuando los venezolanos y venezolanas dejan atrás las vallas que dicen Migración Colombia. De hecho, comienza unos minutos antes, cuando sobre el puente el alcalde José María Romero da una charla informativa y de bienvenida: “Es importante que sepan que al ingresar al país deben pasar un período de cuarentena obligatorio de mínimo 14 días. Apenas crucen pasarán por un protocolo de diez pasos, que implican desparatización, desinfección, revisión médica y otros aspectos más. Luego irán a un Punto de Atención Social Integral donde cumplirán la cuarentena. Allí recibirán alimentación, hospedaje y otras atenciones. Todo esto debemos hacerlo porque ustedes vienen de países donde la expansión del contagio de coronavirus es muy elevada, por lo tanto, es mucho el riesgo de que vengan contagiados. Por eso debemos contener ese contagio aquí en la frontera para proteger la salud de todo el país. Bienvenidos, pues, a Venezuela. Bienvenidos a su patria”.

Una vez que comienza el ingreso, comienza la aplicación del protocolo, es decir, las primeras acciones del cerco sanitario que hoy se aplica en todo el municipio Páez: 1) desinfección a cada persona con hipoclorito, 2) requisa, 3) realización de prueba rápida, 4) chequeo médico, vacunación y desparatización, 5) registro en migración, 6) chequeo de antecedentes criminales por parte del Cicpc, 7) validación y escaneo por parte de Somos Venezuela, 8) registro de destino a cargo de sala situacional, 9) realización de PCR a quienes dieron positivo a la prueba rápida, 10) traslado al Punto de Atención Social Integral a quienes dieron negativo.

En los Puntos de Atención Social Integral (PASI), que hoy día son 23, es donde los connacionales retornados pasan el período obligatorio de cuarentena total durante 15 días. En estos PASI se encuentran actualmente 3.400 personas. Allí se les brinda, sin costo alguno, un conjunto de servicios y atenciones.

La primera de ellas es la alimentación (desayuno, almuerzo y cena), con una estimación y reparto diario en base a la cantidad de personas en cada PASI. No se trata únicamente de una atención humanitaria mínima, sino que es parte de la batalla contra el Covid: la alimentación cumple criterios nutricionales que puedan potenciar y fortalecer el sistema inmunológico. A los niños y las niñas el Instituto Nacional de Nutrición les otorga suplementos vitamínicos en los casos necesarios. También se reparte diariamente nutrichicha a los niños y a las niñas.

Lo segundo es la atención médica más allá del Covid. Se provee medicamentos gratuitos a las personas que padecen diversas patologías crónicas o ante enfermedades que se presenten durante la estadía. Los medicamentos van desde tratamiento para la diarrea hasta insulina. A cada PASI se le prepara una caja de medicamentos que se distribuye diariamente según las necesidades médicas existentes en cada punto de atención.

Cada PASI cuenta con un responsable militar y un responsable civil, encargados de velar por el buen funcionamiento del punto así como también de las necesidades y/o urgencias que puedan presentarse, que son muchas y frecuentes. Las personas alojadas en los PASI se organizan en brigadas, eligiendo un delegado por cada 20 personas, quien será el encargado o la encargada de acercar las solicitudes de su grupo y llevar las respuestas e informaciones emitidas por los responsables. La persona delegada también se encarga de la distribución de la comida para su grupo, de velar por el cumplimiento de las tareas de mantenimiento de los lugares, entre otras responsabilidades. Además, cada PASI tiene funcionarios de seguridad (GNB, policía estadal o nacional y/o milicianos) encargados de mantener el orden interno y evitar el contacto con el exterior. A su vez hay un responsable general de los PASI y el responsable general de logística.

De forma diferenciada, en los PASI se brinda atención a las mujeres embarazadas, y consultas ginecológicas en algunos casos. Se entrega también suplementos nutricionales a gestantes y lactantes, y se realizan diagnósticos nutricionales, todo esto a por parte del INN. En el caso de los niños y niñas que usan pañales, la Fundación del Niño y la Niña entrega dotación.

Diariamente se suministra agua a cada PASI por medio de camiones cisternas y también gas para la cocina del mismo. Por medio de la articulación con agencias de la ONU y la Cruz Roja, se entregan kits personales de higiene.

En toda la batalla contra el COVID-19 y la aplicación del cerco sanitario es determinante el equipo médico. Este personal es el que está a cargo de la dirección de toda la batalla. Hay dos responsables médicos en el territorio. El Jefe del Hospital General José Antonio Páez y el jefe de las misiones sociales cubanas. El personal médico dedicado a la tarea es de unos(as) 300 médicos(as) venezolanos(as) y unos(as) 100 médicos(as) cubanos(as), de distintas especialidades. Este equipo tiene a su cargo las siguientes tareas, que se cumplen diariamente:

Realización de pruebas rápidas en el puente fronterizo, a las comunidades en los recorridos casa a casa con el acompañamiento y guía de voceros y voceras de las estructuras organizadas del poder popular, realización de pruebas rápidas a los equipos humanos que trabajan en las distintas tareas de respuesta ante la pandemia, despistaje casa a casa, lo cual no implica necesariamente la realización de la prueba rápida, sino el chequeo de síntomas en las comunidades. Este equipo también realiza las pruebas PCR, que se aplican a todos los casos que resultan positivos a las pruebas rápidas, ya sea casos de connacionales ingresados, habitantes de las comunidades o personal abocado al trabajo.

Una atención especial y diferenciada reciben los casos positivos confirmados por las PCR. A estas personas se le aplica durante 6 días clorotina y/o interferón. Los casos que presentan una gravedad mayor son trasladados a hospitales centinelas en San Fernando.

Además, están los equipos médicos encargados de atender las urgencias médicas que nos son por COVID-19 en los PASI, los equipos encargados del traslado de casos positivos, en conjunto con la GNB, cuando se descubren casos en un PASI, y los equipos médicos encargados de la búsqueda y traslado de los casos positivos que surgen en las comunidades a través de las pruebas rápidas.

   

Para todo este importante y arduo despliegue médico permanente, se cuenta con una infraestructura de salud integrada por un hospital de campaña acondicionado con 200 camas para la atención de casos positivos asintomáticos y dos Centros de Diagnóstico Integral (CDI) para la atención de casos positivos asintomáticos.

Otra de las medidas de aplicación diaria, clave en el protocolo del cerco sanitario, es la desinfección y fumigación de todos los PASI. Esto lo realizan los trabajadores de Protección Civil. También se realiza desinfección de calles principales y lugares públicos (mercados, plazas, hospitales, alcaldía).

Como centro de coordinación y centralización de la información está la sala situacional, que está compuesta por una parte civil y otra militar, la cual está encargada de llevar el registro de ingresos de connacionales, de los días de cuarentena de cada grupo de gente, los registros de salida, la logística de salida por destino y por días de cuarentena cumplida en el municipio), así como la coordinación con los transportistas y de la logística de gasolina para los viajes.

Todo este despliegue, que implica un conjunto diario de tareas ineludibles y siempre urgentes, no sería posible sin un equipo de transporte, conformado por trasportistas privados y públicos de Guasdualito, de la gobernación de Apure y del gobierno nacional. Este equipo garantiza los traslados de los connacionales del puente a los PASI, de los casos positivos a los centros de tratamiento, de la GNB que sirve de apoyo en estos casos, de los equipos de trabajo en el puente para la recepción de los ingresos, de los equipos médicos desplegados en los PASI y las comunidades, del traslado de los insumos médicos, de higiene y de alimentación.

La magnitud de todo este despliegue, que se realiza diariamente, puede medirse cuando vemos que ha sido sostenido a lo largo de 100 días, desde que se inició la cuarentena, para la atención de más de 14 mil personas que han ingresado por la frontera del municipio. Solo el cálculo de las toneladas de alimentos que se han requerido para garantizar las tres comidas diarias de este número de personas todos estos días ilustraría bien esto .

 

III

Cuando inició la expansión de la pandemia de Covid-19 por todo el mundo, el pronóstico que de inmediato hicieron los medios hegemónicos para Venezuela fue catastrófico: colapso, debilidad de servicios de salud, ausencia de gobierno, fueron términos que proliferaron en las páginas de los diarios, telediarios y sitios web del mundo entero. Sin embargo, a pesar de enfrentar severas restricciones económicas y fuertes limitaciones operativas, el Gobierno Bolivariano demostró que la voluntad política, la capacidad de despliegue de la unidad cívico militar, la infraestructura nacional de un sistema público integral de salud y la solidaridad y cooperación de países como Cuba, China, Rusia e Irán, fueron suficientes para mantener bajo control la pandemia y ser hoy uno de los países del mundo con menos número de casos positivos y fallecidos por COVID-19.

Esto, en un contexto complejo de bloqueo económico y financiero por parte de EEUU, con miles de millones de dólares secuestrados en instituciones financieras del norte, y con la presión del gobierno de EEUU torpedeando todos los esfuerzos por sortear el bloqueo y acceder a insumos, equipos y medicamentos que permitan fortalecer lo que ya se viene haciendo en materia epidemiológica en el país. El carácter inhumano de la agresión de EEUU llega al extremo de arreciar las medidas coercitivas e ilegales en medio de la pandemia y de efectuar un intento de invasión militar mercenaria.

En el caso venezolano, enfrentar al COVID-19 no es solo eso, sino enfrentar también todo un complejo entramado de guerra híbrida, del cual forma parte, incluso, la exacerbación de la xenofobia contra los y las venezolan@s migrantes, y la decisión misma de que gobiernos como el colombiano se nieguen a la más mínima coordinación para atender de forma común la crisis sanitaria en todas sus implicaciones, lo cual deja a los y las migrantes venezolan@s en esos países sin protección alguna, expuestos al contagio, sin fuentes de ingreso económico y sin posibilidad de ser atendid@s en esos países de forma coordinada. Así, condenados a la calle y sin trabajo, no queda otra opción que el retorno masivo en medio de la mayor vulnerabilidad a través de un contexto social en el que el COVID-19 se expande de forma exponencial y descontrolada.

Así, la contención y control de la pandemia en los municipios fronterizos con Colombia y Brasil es hoy una de las claves para que no se propague el virus hacia adentro del territorio nacional. Está en juego en esa tarea, en gran medida, la salud de todo el país. De allí que la lucha por contener la expansión del virus en las fronteras con Colombia y Brasil, la cual consiste fundamentalmente en el despliegue del cordón sanitario, sea hoy una arista más de la batalla del pueblo venezolano por defender su soberanía, su paz y su democracia.

 

Por:

Eduardo Viloria Daboín y Matías Pacheco

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