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¡Pueblo campesino de Barinas se levanta en defensa del legado agrario de Hugo Chávez!

¡Pueblo campesino de Barinas se levanta en defensa del legado agrario de Hugo Chávez!

Venezuela atraviesa una profunda crisis económica y política resultado, por un lado, del ataque inclemente que el imperialismo estadounidense ha desatado contra nuestra economía, y por otro, por errores cometidos dentro del proceso revolucionario, debido a medidas que no se han tomado, acciones que no se han emprendido, ineficiencia, ineficacia y corrupción. Una de las expresiones centrales de esta coyuntura es el desabastecimiento de alimentos y el alto costo que estos han ido alcanzando.

En ese contexto, el pueblo campesino ha estado en la primera línea de batalla, produciendo gran parte de los alimentos que está consumiendo hoy en día el país. El desabastecimiento no ha afectado en lo más mínimo productos de origen campesino como frutas, tuberculos, musaceas, raíces, leguminosas, granos, verduras y hortalizas. Es un hecho incuestionable que la base alimentaria producida por el esfuerzo de las mujeres y hombres del campo constituyen hoy día el principal sustento de nuestra gente y la principal alternativa ante el boicot en torno a los productos agroindustriales como el maíz, el arroz, el azúcar, el aceite, la carne,  y el pollo. El costo especulativo con el que se comercializa la producción campesina es producto de las mafias del transporte y la distribución, que no han sido efectivamente combatidas por las autoridades competentes. De esa especulación el campesinado no se beneficia en lo absoluto, al contrario, es enormemente perjudicado por la dictadura comercial de estas mafias.

A pesar de estas contundentes demostraciones de productividad y lealtad patriótica y revolucionaria, los campesinos y campesinas hemos venido siendo golpeado impunemente por las mafias agrarias conformadas por la vieja élite latifundista y por la nueva surgida en revolución, por jueces y juezas agrarias, fiscales y fiscalas del Ministerio Público, cuerpos de seguridad del Estado y funcionarios y funcionarias de las instituciones de Tierras y Agrarias, que nos criminalizan y pretenden restaurar el latifundio en el país y retroceder a los tiempos del modelo agrario anterior a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del Comandante Hugo Chávez.

Escuela campesina incendiada en Portuguesa

32 campesinos(as) detenidos en El Vigía.

Decenas de desalojos arbitrarios y violentos con severas violaciones a Derechos Humanos, manipulaciones jurídicas, trabas y dilaciones procedimentales para la entrega de tierras, cientos de campesinos y campesinas judicializados con regímenes de presentación y libertad parcial, amenazas, amedrentamientos y asesinatos, han venido sucediéndose sin que hasta ahora se haya investigado y castigado a ninguna de las personas responsables de estos hechos.

A esto se suma la espera de miles de familias campesinas organizadas en cientos de Consejos Campesinos y Cooperativas que hoy se encuentran en lucha por la tierra, disputando predios ociosos e improductivos a terratenientes sin recibir acompañamiento del Estado ni respuestas eficaces, efectivas y contundentes respecto a la activación y concreción de esos rescates de tierras. Para esto, se requieren señales claras de la Dirección de la Revolución y decisión firme del Presidente Nicolás Maduro de tomar medidas excepcionales de Libertades Plenas para todas y todos los campesinos en el país que están injustamente en régimen de presentación y con medidas cautelares por luchar por la tierra y están siendo criminalizados por producir alimentos, y esto último no es cuento, en todos los desalojos arbitrarios han sido destruidas miles de hectáreas de alimentos sembrados por el esfuerzo de campesinos(as) bajo la consigna zamorana “Tierra Ocupada, Tierra Trabajada”, mientras a terratenientes se les entregan Medidas de Protección Agroalimentaria y Certificación de Finca Productiva cuando a todas luces se trata de tierras en total ociosidad.

Esas medidas de protección de los tribunales se basan en la envenenadas e interesadas Certificaciones Inti. No dudamos en decir que corrieron millones de billetes para adquirirlas. El resultado: decenas de desalojos, judicialización y criminalización de las luchas por las tierra.

Con dolor, debemos referirnos al sicariato de Jesús León y Guillermo Toledo, compañeros que pertenecían al rescate de tierra del predio “Palo Quemao”, en manos de delincuentes enviados por el presunto dueño del mismo, Carlos Pardi, ocurrido el 12 de Mayo del presente año en el municipio Arismendi. Es necesario resaltar que este hecho ocurre luego de meses de acoso y de inacción por parte del Ministerio Publico, que había recibido una oportuna denuncia el día 13 de noviembre del año 2017 bajo el expediente número 3772. Actualmente hemos venido coordinando con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público en Caracas para avanzar en ello, hasta ahora sin resultados.

Hoy, en el marco del nuevo período presidencial del compañero Nicolás Maduro Moros, y en el contexto específico de la necesidad de un nuevo comienzo y un diálogo profundo y sincero con los sectores productivos del país, desde el movimiento campesino hemos venido planteando la necesidad impostergable de que se active un Plan Nacional de Urgencia Productiva que implique la solución de las graves problemáticas que impiden el levantamiento de la producción de alimentos que pueda enfrentar la actual coyuntura de crisis interna y agresión externa imperialista. Ese Plan De Urgencia Productivo implica financiamiento, semillas, insumos, y seguridad jurídica, personal y material en el campo, que pasa por la incorporación directa a la Planificación productiva con quienes producimos los alimentos.

Desde el movimiento campesino nos declaramos en movilización permanente en defensa del legado agrario del Comandante Chávez, para lo cual se viene conformando un Plan General de Lucha, que implica la realización de asambleas a todo lo largo y ancho de nuestros campos, en Barinas, Yaracuy, Portuguesa, Mérida, Táchira, Apure, Zulia, etc, y que avanzará hacia contundentes movilizaciones y acciones políticas unitarias, a lo cual queremos desde la tierra del Comandante Chávez hacer el llamado a la Clase Campesina a sumarse a las jornadas de Lucha y a quienes desde los principios revolucionarios se solidaricen con estas causas justas, porque solo en Unidad podemos lograr defender las conquistas Históricas que como pueblo campesino hemos logrado con la Revolución Bolivariana, que son las verdaderas bases para nuestra Soberanía Alimentaria.

Hato Palo Quemao. Arismendi, Barinas.

Luego de lo antes expuesto, el movimiento campesino de Barinas exige:

1) Exigimos respuestas concretas, inmediatas y definitivas sobre los predios en rescate en el Estado Barinas. Es necesaria la entrega de documentación firme de la entrega de estas tierras con Rescates Conclusivos a los consejos campesinos, llámese Carta Agraria, Carta de Adjudicación.

2) Exigimos Justicia para los Campesinos asesinados en Arismendi del Predio Palo Quemao, Jesús León y Guillermo Toledo.

3) Revisión de todos los Certificados de Finca Productiva otorgadas otorgadas bajo interés por el Inti.

4) Investigación de los bienes y propiedades de funcionarios que tuvieron o tienen responsabilidades nacionales y regionales del Inti.

5) Cambio del Directorio Nacional del Inti y la incorporación de vocerias electas por los campesinos.

6) Exigimos mayor eficiencia a la Comisión de la ANC designada para investigar los casos de Desalojos arbitrarios que violentaron los Derechos Humanos de los campesinos y que se haga Justicia como pidió el Presidente Nicolás Maduro, ¡cárcel para los culpables!

7) Que el Inti adjuduque el Fundo La Victoria en Zulia a los campesinos y el Presidente del Inti haga público el nombre del chivo político que lo presionó para que ese rescate se paralizara.

8) Financiamiento ditecto del Plan Campesino de Siembra de Alimentos y distribución directa de insumos.

9) Solicitamos la INTERVENCION DEL PODER JUDICIAL por parte de la ANC, pues es desde ahí donde se cuadran todos los negocios que perjudican al campesinado.

10) Reestructuración y reorganización del Inti con participación directa del campesinado.

11) Definir, con participación del movimiento campesino, un plan nacional de democratización de la tierra, con metas a corto, mediano y largo plazo.

12) Libertad plena a los campesinos y campesinas con medidas cautelares y regímenes de presentación derivadas de su lucha por la tierra.

13) Compromiso estatal con el plan productivo de cada predio, en función de la conformación y desarrollo de un nuevo modelo económico para el campo venezolano.

14) Plan concreto de financiamiento, dotación y facilitación de maquinaria para el pequeño y mediano productor.

15) Exigimos que Agropatria y la cadena de Distribución de Insumos Agricolas para la Siembra estén al servicio de los Campesinos y Campesinas y se les garantice el acceso a los mismos de manera directa, así como revisión a fondo de Agropatria para combatir las mafias Bachaqueras.

16) Formación política y técnica para el Pueblo Campesino.

17) Respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales del pueblo campesino en lucha por la tierra; esto implica: cese de criminalización, a los atropellos, amenazas y amedrentamientos y no más encarcelamientos ni asesinatos de líderes y liderezas de la lucha campesina.

18) Nos sumamos a la convocatoria al diálogo con los sectores productivos planteado por el compañero presidente obrero Nicolás Maduro. Ese diálogo debe darse primordialmente con las bases campesinas organizadas, con el pequeño y mediano productor y con el movimiento campesino venezolano.

19) La lucha contra el latifundio debe ser sin cuartel y así la asumimos.

¡Por el legado agrario del Comandante Chávez!

¡Plan de Urgencia Productiva ya!

¡No a la Criminalización de Campesinos y Campesinas!

¡No a la Impunidad! ¡Ni un campesino más asesinado! ¡Cárcel a los Culpables materiales e Intelectuales!

¡Democratización definitiva de la tierra!

¡UNIDAD PARA LUCHAR, UNIDAD PARA VENCER!

 

Consejos, Cooperativas y Colectivos de Campesinas y Campesinos en Lucha de Barinas

Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora

Movimiento Revolucionario Tupamaro

Coordinadora Agraria Ezequiel Zamora

Movimiento Campesino Antiimperialista Combatientes de Zamora

Plataforma de Luchas Campesinas

 

Estado Barinas 25 de Junio 2018

Alerta: Sigue ofensiva de latifundistas contra campesinado en Portuguesa

Alerta: Sigue ofensiva de latifundistas contra campesinado en Portuguesa

Con el incendio, provocado por hombres armados, de una vivienda y un tractor y la aprehensión de 10 campesinos a quienes habrían “sembrado” armas, continuó ayer en el estado Portuguesa la ofensiva de  latifundistas contra pequeños(as) productores(as) de alimentos, en dos sucesos diferentes registrados en los municipios Guanarito y Papelón, al sur de la entidad llanera.

La detención fue efectuada este martes 3 de abril en la madrugada. En el procedimiento fue aprehendido nuevamente Wiston Olivera Mejías, líder y vocero del consejo campesino Mil Zamoras y una Patria que intenta rescatar el latifundio improductivo Gavilán-LaChaqueta en Barinas. El hecho ocurrió en la ciudad de Guanarito tras haber sostenido una reunión con grupos campesinos de esa región del estado Portuguesa, informaron sus familiares y allegados.

La captura de Olivera y otros nueve campesinos y campesinas la efectuó un grupo de la Policía del Estado Portuguesa que aplicó un “falso positivo” y alega que tenían en su poder armas, municiones y uniformes militares.

Se trata de pequeños(as) productores(as) de alimentos, agrupados(as) en la Fundación Socialista de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria,  que actualmente libran una dura lucha contra el latifundio amparados(as) en la legislación agraria que constituye uno de los principales legados del Comandante Chávez.  El grupo se encuentra detenido en la sede de Poliportuguesa en Guanarito y serán puestos a la orden de la Fiscalía 2da. de esa entidad.

Por otro lado, en el caserío Las Bateítas del municipio Papelón, hombres armados ingresaron a un  área de trabajo del consejo campesino Guasimal Los Caribes, donde quemaron una casa y un tractor y destruyeron cultivos.

El suceso ocurrió dentro del Hato Garzón,  un enorme latifundio improductivo de 24 mil hectáreas que la comunidad intenta rescatar para ponerlo en producción desde hace 8 años, informó la Plataforma de Luchas Campesinas.

En el área permanecen 80 familias campesinas que producen maíz,  frijoles,  caraotas y yuca, así como ganado de doble propósito. El predio es reclamado por un conocido latifundista y explotador de madera en Barinas y Portuguesa desde tiempos de la 4ta República llamado Alí Torrealba quien a lo largo de los años ha usado grupos armados para amedrentar a los campesinos.

La actuación policial le da continuidad a un conjunto de agresiones, desalojos y detenciones contra campesinos con la complicidad de funcionarios policiales y jurisdiccionales corrompidos por grandes propietarios de la tierra. El uso grupos armados al estilo del paramilitarismo colombiano ya es una práctica arraigada en el estado Portuguesa.

Por LA TABLA

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La Magdalena y el silencio oficial

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Las últimas semanas nuevamente ha sido noticia la lucha por la tierra. Y lo ha sido no por el logro de una nueva conquista, no por un avance en la lucha, sino justamente por lo contrario: un nuevo atropello, un nuevo capítulo de agresión del Estado contra el campesinado, en el que pareciera castigarse su atrevimiento de dar pasos concretos y firmes en la lucha por sus derechos históricos. Se trata del caso de la detención arbitraria de quienes pelean el rescate de las tierras de la finca La Magdalena, ubicada en la zona del Sur del Lago en el estado Mérida.

No había razón jurídica alguna para que los 32 campesinos y campesinas que permenanecen bajo arresto desde hace 9 días en los calabozos del Cicpc de El Vigía, estado Mérida, lo estuvieran. Sin embargo, una jueza de control, Rosario Méndez, ordenó privarles de libertad por delitos como invasión, desacato a la autoridad y daños al ambiente, luego de que dos fisclalas del Ministerio Público, Miriam Briceño y Geraldine Zambrano, solicitaran la medida, que fue ejecutada por funcionarios del Cicpc y la Guardia Nacional Bolivariana.

Si no fuera un hecho suficientemente conocido la cantidad de denuncias que permanencen alimentándose de polvo en las gavetas de los juzgados venezolanos y de las sedes regionales del Ministerio Público, no generaría suspicacia la celeridad, eficiencia y eficacia con que actuaron en este caso, de foma coordinada, tribunales, fiscalía y cuerpos de seguridad. De allí que pueda sospecharse la participación, desde las sombras y la holgura del poder económico regional, de la familia Celis Aranguren, quienes pretenden la propiedad de las tierras en cuestión, aún cuando el Instituto Nacional de Tierras (INTI) ya certificó que se trata de tierras ociosas que deben ser rescatadas y entregadas a los campesinos y campesinas para que las hagan productivas.

Sorprende e indigna que en la revolución bolivariana se den situaciones semejantes. Aunque cada vez ocurren con mayor frecuencia, no deja de sorprender e indignar. Sobre todo porque se trata de una de las más firmes banderas de la revolución y del comandante Chávez: la guerra contra el latifundio, y una de las zonas de nuestra realidad en la que más avances ha habido y más conquistas ha logrado nuestra gente.

La sorpesa e indignación crecen, cuando al atropello lo secunda el silencio oficial, la mudez deliberada de la institucionalidad y sus autoridades. Aunque el Estado y el gobierno disponen de poderosos instrumentos para hacerse oír, en estos casos finge o decide mudez. Hasta ayer sólo medios de comunicación alternativos e independientes, todos chavistas, han dedicado tiempo y espacio al caso. La noticia sólo ha sido referida por sitios web como La Tabla, Alba TV y Desafío Constituyente, y la cuentas de redes sociales de estos medios y otros como Voces Urgentes, y las de organizaciones sociales como la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, así como las de periodistas y comunicadores(as) populares. A pesar de la gravedad de los hechos, no ha habido pronunciamientos oficiales o mediáticos ni de autoridades del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo ni del Instituto Nacional de Tierras (Inti) ni de los cuerpos de seguridad involucrados, ni de otros entes del Poder Ejecutivo relacionados con aspectos concretos del caso.

¿No ayudaría a aclarar la situación y solucionarla que el presidente del INTI o quien dirige su sede regional ratificara públicamente la existencia de una medida de aseguramiento a favor de los campesinos y campesinas y la certificación de la tierra como ociosa? ¿No deberían, acaso, rendir explicaciones públicas los órganos de justicia y los cuerpos de seguridad involucrados, así como las intituciones de protección de derechos humanos como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo? ¿No ejercería presión una declaración pública del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género  en defensa de las campesinas? Esta ausencia de pronunciamiento público de autoridades institucionales al respecto de casos como éste o de problemáticas amplias como el tema de los atropellos reiterados a consejos campesinos en procesos de rescate de tierra, ¿no favorece la actuación opaca y en la sombra de estos poderes fácticos locales en conjunción con actores locales de instituciones del Estado y del gobierno?

Está claro que estamos ante un hecho en el que la gente, la ciudadanía, a través de los medios de que dispone, están interpelando al Estado y al Gobierno ante un hecho concreto que consideran injusto e ilegal. En tal situación la institucionalidad está obligada a responder por los mismos canales y está obligada a tomar posición, además, a favor de quien está siendo vulnerado. Pero nada de esto ocurre. Los medios de comunicación, las organizaciones sociales y las individualidades que asumen frontalmente la denuncia en el ámbito mediático terminan hablando solos. “El que calla otorga”, reza el adagio popular.

Para no continuar otorgando la razón por omisión a la familia terrateniente, a la jueza que sobrepone su competencia por encima del INTI, al Cicpc y a la GNB, habría que escuchar lo que tienen que decir algunas autoridades, como al presidente del INTI, Luis Soteldo, por ejemplo. Y para no continuar otorgando la razón por omisión a quienes han asumido la defensa del caso en el terreno y en los medios de comunicación (quienes denuncian inacción institucional), habría que escuchar lo que tienen que decir, como mínimo, las autoridades regionales del Ministerio del Poder Popular para la Mujer, el Instituto Nacional de Protección al Niño, Niña y Adolescente, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Tienen la palabra y tienen los medios. ¿O seguirán otorgando de tanto callar?

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