Sep 21, 2018 | Comunicados |
Kender Adrián García Márquez tenía 15 años, era hijo de padre campesino y madre campesina en lucha por la tierra. Iba en su moto cuando le dispararon desde un vehículo con el único objetivo de asesinarlo. Un crimen por encargo. Los sicarios fueron contratados, así lo indica la experiencia, por quien se adjudica la propiedad de esa tierra, en este caso la terrateniente Mirella Sosa.
Adrián era parte junto a su familia del rescate del predio Montecarlo, situado en el municipio Alberto Adriani, estado Mérida, Sur del Lago. Su madre forma parte de la Alianza Nacional Productiva, el espacio de agrupamiento productivo que impulsamos como Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora junto a otros sectores campesinos y productores.
El asesinato de Kender nos golpea con violencia, por la temprana edad, por la injusticia nuevamente de quienes cometen crímenes para defender aquello que nos les pertenece, porque los muertos y la falta de justicia siempre es para quienes luchamos por la tierra, por nuestros derechos, por producir.
Se trata del quinto asesinato campesino desde el mes de mayo, demasiado. Se suma a los más de 300 campesinos asesinados en los años de revolución.
Lo sucedido evidencia la gravedad del conflicto por la tierra, la arremetida terrateniente que cuenta con complicidades institucionales en ministerios, tribunales, fiscalías, que viene atropellando, golpeando, y asesinando. Lo hemos visto durante todo este año y en vez de disminuir se ha incrementado. Lo hemos denunciado como Corriente, de igual forma lo han hecho otros sectores del movimiento campesino, y también quienes han sido amenazados.
Necesitamos una respuesta del Estado, la puesta en marcha de un ejercicio de la autoridad en zonas de conflicto por la tierra, de tribunales que reciban las denuncias de amenazas, que procesen a quienes intimidan y luego matan, una revisión de los cuerpos de seguridad que muchas veces son cómplices de los ataques, por omisión u acción.
Lo hemos dicho: el legado agrícola de Chávez está amenazado, los campesinos y campesinas que buscamos democratizar la tierra y ponerla a producir también lo estamos muchas veces. ¿Cuántos muertos son necesarios para actuar con un plan de acción y no de manera aislada? Es hora de escuchar al amplio movimiento campesino, de trabajar de manera conjunta, de dejar la política de cuenta gotas y lanzar una política real para dar respuesta a quienes día a día empujamos la producción de alimentos que tanto necesitamos como país.
Kender Adrián García Márquez quedará grabado en nuestra historia, por él y todos los caídos por la tierra y los derechos de la gente seguiremos más firmes que nunca.
Coordinación Nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora
Alianza Nacional Productiva
Ago 30, 2018 | Noticias |
Campesinos y campesinas del predio Santa María en el municipio Sucre del estado Zulia denuncian un nuevo atropello cometido por el presunto dueño del predio Rodolfo Auguer. Esta vez el ataque consistió en la destrucción de su siembra. Con maquinarias del terrateniente Eduardo Celis fueron destruidas más de ocho hectáreas de auyama, y continúan pasando máquina por todo el terreno. Este atropello se suma a los muchos más que vienen sufriendo las cooperativas Campo Primero y Campo en Acción desde que decidieron rescatar estas tierras que se encuentran completamente ociosas e improductivas.
Desde el 13 de mayo de este año los campesinos y campesinas fueron notificados por el Inti de medida de aseguramiento de la tierra a su favor, la cual los autoriza a entrar a la tierra y comenzar a sembrar. A pesar de haber cumplido todos los lapsos y pasos legales, desde la ORT de Santa Bárbara han venido dando largas al cumplimiento de los pasos posteriores para llegar a la Carta de Permanencia Agraria. Hoy denuncian que el nuevo Director de la Oficina Regional de Tierras de Santa Bárbara, Dustin Quiñones, pretende retrodecer en los pasos legales de la adjudicación alegando que la inspección debe ser repetida, a pesar de sólo faltarles el deslinde y el estudio socioeconómico para que les entreguen la carta de permanencia. En la sede de la ORT el propio señor Quiñones les informó que les deben repetir la inspección y que la realizada directamente por el Inti Central no sirve: “Aquí no manda Caracas”, fue la respuesta que recibieron los campesinos y las campesinas.
Estas dilaciones y demoras ya están detectadas como mecanismos para dar tiempo a los terratenientes para que organicen y articulen acciones con otros hacendados, con miembros de otras organizaciones y órganos de justicia, y con funcionarios de cuerpos de seguridad para atropellar a los campesinos y campesinas. Está diagnosticado que así actúan las mafias agrarias.
El predio Santa María está entre los rescates que el presidente Maduro ordenó entregar en el mes de mayo. En la misma situación se encuentran el predio Buena Esperanza y el predio Santa Rosa El Pino, conocido como El Marullo. Luego de tres meses aún no se cumple esa orden. Es urgente la intervención del presidente del Inti Luis Soteldo y el ministro de agricultura y tierras Wilmar Castro Soteldo. Esta situación de indefinición y postergación administrativa y jurídica no es sino caldo de cultivo para que continúen las amenazas y para que éstas escalen a mayores niveles de violencia. Dirigentes campesinos de la zona, como Norka Aragón, han sido, incluso, amenazadas de muerte. ¿Qué esperan las instituciones para actuar en favor del pueblo campesino y no de la élite latifundista?
Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora
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Ago 16, 2018 | Noticias |
I
A las cinco de la mañana del día de ayer 15 de agosto de 2018, fueron detenidos arbitrariamente los campesinos Josué Medina, Jesús Antonio Arriechi, Jorge Luis Mendoza Camacaro, Gaudy Antiche y Orlando Vladimir Méndez. La detención, ejecutada por una comisión del Cicpc de San Juan, Lara, al mando del comisario encargado Pedro Peña, ocurrió en el predio La Cuchilla, sector Río Claro de la parroquia Juárez del municipio Iribarren.
El comisario Peña y los demás funcionarios se presentaron alegando tener una orden de captura contra estos ciudadanos por el delito de robo de ganado y maquinaria, supuestamente emitida por la fiscalía 7ma del estado Lara, a cargo de la fiscala Keyla Nelo; sin embargo, esta orden nunca fue presentada. En días recientes hubo un intento, también por parte del Cicipc, de llevarse detenido al señor Josué Medina, quien es uno de los principales dirigentes de los campesinos y campesinas que pelean esa tierra. Este intento también se realizó sin orden escrita alguna.
Una vez detenidos en los calabozos del Cicpc de San Juan, los campesinos aseguran que los funcionarios poseían una lista con los nombres de muchas personas que se encuentran peleando el derecho que como pisatarios tienen sobre las tierras de La Cuchila. Fueron leyendo la lista en voz alta delante de todos para verificar quiénes eran los que habían sido detenidos. Éste hecho, además del conflicto que viene presentándose con el señor Héctor Rivero, permiten afirmar a los campesinos que los funcionarios del Cicpc actuaron siguiendo las órdenes del señor Rivero.
Vehículo que usaron los funcionarios
II
El conflicto entre los campesinos de La Cuchilla y el señor Héctor Rivero es el siguiente. Los campesinos de La Cuchilla exigen su derecho sobre la tierra en la medida en que viven, trabajan y hacen producir esa tierra desde hace más de 15, 20 y hasta 40 años. En el predio tienen cultivos de cambur, plátano, maíz, auyama, caraota, yuca y cilantro. El presunto dueño de la tierra, el señor Eduardo Saldivia falleció hace cuatro meses y los campesinos exigen, entonces, que les sea reconocido el derecho como pisatarios.
Sin embargo, a partir del fallecimiento de Saldivia, aparece en el asunto el señor Héctor Rivero reclamando la propiedad de la tierra alegando haberla comprado al hijo del señor Saldivia, llamado también Eduardo Saldivia, quien reside fuera de Venezuela. Aunque los campesinos tienen un legítimo derecho a esta tierra, el señor Rivero tampoco ha presentado ningún documento que verifique la supuesta compra que hizo. Desde el fallecimiento de Saldivia, el señor Héctor Rivero se ha dedicado a amenazar y amedrentar a los campesinos, llegando incluso a disparar armas de fuego en la entrada de la finca.
Campesinos(as) en predio La Cuchilla
III
Luego de la actuación de la abogada Elena Juárez y de que el constituyente Orlando Zambrano difundiera por redes sociales el atropello a estos campesinos, la fiscala Keyla Nelo instruyó al Cicpc la realización de una inspección en el predio, con la cual se pudo verificar la falsedad del delito con el que pretendieron criminalizar a los campesinos: tanto el ganado como la maquinaria anteriormente pertenecientes al señor Saldivia se encuentran en el predio en el mismo estado en que fueron abandonadas.
Finalmente, los campesinos fueron puestos en libertad, pero no todos bajo libertad plena. A última hora a Jesús Antonio Arriechi, Jorge Luis Mendoza Camacaro y Orlando Vladimir Méndez les adjudicaron investigación por el delito de porte ilícito de arma, cosa que, según denuncia la abogada y los propios campesinos, es completamente falsa. El propio Josué Medina asegura haber sido testigo del momento en que les fueron sembradas estas armas para justificar esta medida.
IV
Existen serias sospechas de que la fiscala Keyla Nelo actúa en articulación con el señor Héctor Rivero. En el transcurso de la tarde de ayer, mientras se desarrollaba el procedimiento para defender a los campesinos, la fiscala y el señor Rivero fueron vistos mientras se reunían en una oficina en la misma fiscalía.
Es importante que se abra, por parte de la Fiscalía General de la República, una investigación sobre la actuación de la fiscala Keyla Nelo, así como del comisario del Cicpc Pedro Peña. Antecedentes de actuaciones similares en otros estados del país que no fueron debidamente atendidos en el momento en que se hicieron las denuncias escalaron luego hacia otras formas de violencia como la violación a derechos humanos en desalojos arbitrarios o como el asesinato de campesinos por sicarios.
Ante este reciente atropello a campesinos que en Venezuela luchan por su derecho a la tierra y al trabajo, tienen la palabra nuevamente los órganos de justicia y derechos humanos. Igualmente, es necesaria la actuación del Instituto Nacional de Tierras para la atención a las exigencias que hacen los campesinos.
(Los datos para la redacción de esta nota fueron suministrados por Franklin Querales, militante de la CRBZ, y por la abogada Elena Juárez)
Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora
Ago 9, 2018 | El poder de la gente |
El próximo sábado 11 de agosto, en Urachice, estado Yaracuy, se realizará una gran asamblea nacional campesina con la perspectiva estratégica de avanzar hacia la articulación de una amplia plataforma de lucha en la que confluyan campesinos y campesinas, pequeños(as) y medianos(as) productores(as), asociaciones y gremios productivos, concejos comunales y comunas del campo, movimientos campesinos, profesionales y dirigentes sociales.
La iniciativa, convocada por la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, se da en el marco la profunda crisis económica que afecta al pueblo venezolano, y tiene como objetivo estratégico articular las luchas de todos los sectores patriotas con vocación productiva, desde los campesinos y campesinas sin tierras o sin la adecuada seguridad jurídica de su predios, hasta los productores sin insumos, sin repuestos, sin infraestructura y sin seguridad personal en el campo, pasando por los concejos comunales y comunas sin financiamiento ni apoyo estatal. Un espacio unitario de este tipo es necesario para poder combatir a fondo las mafias agrarias y de corruptos(as) en los organismos del Estado, sean estos jueces o juezas, gerentes(as) de empresas o funcionarios de instituciones del Ministeiro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
La gran asamblea del sábado será un espacio para el encuentro, la articulación, el debate, la reflexión y la formulación de propuestas para aportar a la trasformación del modelo agrario actual hacia uno productivo basado en el papel protagónico de los que saben producir: los y las campesinas, los pequeños y medianos productores y todos aquel con vocación patriota productiva. Esto, desde el convencimiento de que el problema productivo agrario debe trascender la diatriba política.
Manteniendo como rumbo la orientación estratégica de la revolución y su visión política, debemos abrirnos hacia una confluencia muy amplia, democrática y, por lo tanto, tolerante ante las diferencias ideológicas para avanzar hacia el propósito estratégico de un país alimentariamente autosustentable, prerrequisito fundamental para garantizar la independencia y la soberanía nacional.
Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora
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