May 13, 2020 | Comunicados |
Ante los hechos ocurridos en el hato San Pablo Paeño ubicado en el municipio Achaguas del estado Apure, La Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora fija posición, debido que desde ya los enemigos del proceso revolucionario pretenden desvirtuar lo ocurrido allí para convertirlo en propaganda contra el Gobierno Bolivariano de estado Apure que lidera el compañero Ramón Carrizalez.
Hay que comenzar diciendo que el predio fue rescatado por el comandante Chávez en su lucha por la democratización de la tierra para ponerlo en función de la soberanía agroalimentaria. Asimismo hay que precisar que el año 2019 por iniciativa del gobernador Carrizalez se autorizó que de las 42.000 hectáreas que conforman el hato Paeño se le asignaran 19.000 hectáreas a colectivos campesinos como un paso más en la tarea histórica de reivindicación de los pobres del campo, tarea que es un eje central del proyecto trasformador que nos legó el comandante Chávez.
Asamblea en el Hato Paeño. 2018.
Diputado Orlando Zambrano. Asamblea en el Hato Paeño. 2018.
Como parte del proceso de entrega de las tierras a los campesinos y campesinas se acordó en asambleas respetar el restante de tierras del Hato y supeditarse al área entregada. Esto fue un compromiso adquirido por las 150 familias que allí se establecieron, así como de no hacer de la tierra un negocio sino de trabajarlas como en efecto la mayoría está haciendo. Sin embargo, una minoría de falsos dirigentes ha desconocido estos acuerdos y ha pretendido invadir el restante de las tierras del hato Paeño hoy bajo la administración de la empresa ganadera Bravos de Apure.
Ante estas acciones que constituyen no solo una violación a los acuerdos alcanzados entre el Estado y los colectivos que allí se asentaron sino una flagrante violación a leyes de la República como la ley de tierras (ley que valga decir es parte del legado del comandante Chávez y que prohíbe las invasiones como mecanismo de lucha por la tierra). Ante esto, el día 12 de mayo del 2020 el tribunal agrario del estado Apure, actuando conforme a la ley, dictó una medida de protección agroalimentaria y se dirigió hasta el predio a notificar al grupo que ha invadido las tierras de hato Paeño sobre esta medida. En ese momento fueron agredidas por un grupo de personas que opusieron resistencia a la comisión causando lesiones a varios funcionarios tanto del tribunal como de la comisión de la GNB que los acompañaban.
Como movimiento político social no podemos justificar que unos grupúsculos pseudo dirigentes pretendan utilizar las banderas de la lucha campesina para violar las leyes, para agredir las autoridades y desconocer al Estado. Quienes nos decimos chavistas, bolivarianos y zamoranos debemos ser los primeros en defender y acatar la constitución, las leyes y en reconocer al Estado, pues son instrumentos con los cuales hemos llegado hasta aquí. Sin la constitución bolivariana, sin la ley de tierras revolucionaria, sin un gobierno y unas instituciones inidentificadas con los intereses de los campesinos esas 150 familias que hoy ocupan y trabajan las 19.000 hectáreas entregas no estarían allí.
Lo sucedido en el Hato Paeño hoy es un acto de resistencia a la autoridad, tipificado en el código penal, es un acto de una minoría que seguramente tiene ya un negocio montado contra las tierras restantes de este hato. La CRBZ rechaza este tipo de acciones, que no son ni revolucionarias ni legales, sino una aventura irresponsable de pseudo dirigentes. No caeremos en el burdo chantaje y la manipulación de que se trata de campesinos en luchas. La mayoría de las 150 familias sabe que estuvimos con ellos acompañando el proceso de rescate, orientándolos, organizándolos porque es nuestro deber como movimiento acompañar las luchas justas y enmarcadas en nuestro estado de derecho, en nuestras leyes revolucionarias.
La CRBZ manifiesta su apoyo al gobernador Carrizalez, al tribunal agrario del estado Apure, a la empresa Agroflora que hace esfuerzos para producir carne para el país en un momento en el que arrecia la agresión norteamericana. Nos solidarizamos con los efectivos de la GNB agredidos, así como con los funcionarios y funcionarias del tribunal.
Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora
Sep 1, 2019 | El poder de la gente |
“El rico no quiere que el pobre tome las tierras, porque las tierras son el corazón del país. Los ricos quieren que los campesinos se limpien las botas antes de salir de las fincas, para no perder ni un poquitito de tierra”. Palabras que se escuchan en una de las tantas las reuniones semanales de los consejos campesinos en las fincas del Sur del Lago merideño.
Para la comunidad campesina conquistar las cartas agrarias de los predios no significa únicamente obtener la titularidad de las tierras, que en muchos casos ya tienen productivas. Significan apoyo a la producción, significan alimento en las mesas de sus familias y las familias venezolanas. Significan Paz. Pero fundamentalmente significan una caricia por parte de la Revolución Bolivariana que los campesinos y campesinas defienden incluso con su vida. Significan materializar, en parte, el legado del Comandante Chávez en momentos donde el país más necesita retomar ese legado.
Así lo viven las campesinas y campesinos de las fincas “El Trébol” y “Santa María”, quienes recibieron, esta última semana, la titularidad colectiva y el derecho a permanencia de ambos predios a manos del presidente del Instituto Nacional de Tierras, Luis Soteldo.
Actualmente en Venezuela el día a día de las familias del país se hace realmente duro, cuesta arriba. Los impactos de las sanciones económicas, el bloqueo, la devaluación, la inflación incluso en dólares de los productos de primera necesidad, la ineficiencia y lo que es peor aún, la corrupción, se hacen sentir en la economía cada día mas precaria de millones de compatriotas. En este cuadro de situación, la producción nacional de alimentos adquiere una centralidad e incluso se transforma en una necesidad de primer orden.
La disputa por la democratización productiva de la tierra tiene como fin último poner a producir miles y miles de hectáreas de las más fértiles del país, como lo son las del Sur del Lago merideño, catalogadas tierras A1 por su fertilidad.
Construyendo victoria popular
El camino de las y los campesinos para acceder a las tierras primero y a su titularidad después es un camino realmente dificultoso. Los terratenientes de la zona (al igual que ocurre en el resto del país) operan con métodos criminales para mantener las tierras como capital.
En el predio El Trébol, ubicado en el municipio Obispo Ramos de Lora del estado Mérida, hace exactamente un año atrás, el joven Jean Carlos Gil Sanchez salvó milagrosamente su vida de las manos del sicariato. Jean Carlos tiene un cuadro de retardo mental moderado, vive en un cambuche junto a sus tíos. En la tarde del 15 de septiembre del año 2018, un grupo armado ingresó al predio donde se encontraba, lo maniataron, intentaron ahorcarlo, lo quemaron con machetes y al escaparse de las torturas recibidas le dispararon con la clara intención de acabar con su vida, por suerte para Jean Carlos, sin éxito. Situaciones similares fueron denunciadas una y otra vez por los campesinos y campesinas organizados en el Consejo Campesino Tierras en Revolución, quienes hacen vida en el predio. Estas situaciones se dan en un predio de 150 hectáreas donde las familias campesinas llegaron luego de un acuerdo de reubicación con el Instituto Nacional de Tierras, un acuerdo que hasta el momento de la entrega de la carta agraria no redujo los niveles de impunidad y violencia con el que se desenvuelven los “presuntos” (como llaman los campesinos a los antiguos dueños).
La violencia terrateniente a través de sicarios contratados es un método lamentablemente común en las disputas por las tierras, al igual que la destrucción de las siembras o la compra de voluntades de los funcionarios de organismos competentes. Con el objetivo de no perder las tierras, utilizadas como garantía para la obtención de préstamos que nada tienen que ver con la producción, los terratenientes han conformado verdaderas mafias agrarias, que tiene su brazo armado y su brazos de la institucionalidad corrompida, como lo son algunos jueces y juezas agrarios, funcionario de segunda y tercera línea del INTI, funcionarios de las fuerzas de seguridad, fiscales, entre otros actores. A todo este conjunto de factores y dificultades se enfrenta las y los campesinos y sus organizaciones.
“Queremos producir los alimentos para los venezolanos. Queremos trabajar, producir para abastecer al pueblo, que la producción se lleve a los mercados más grandes. Ese es nuestro objetivo.” Relataban hace un año los campesinos y campesinas de los Consejos “Campo en Acción” y “El Campo Primero”, al momento de ingresar a resguardar las tierras de la finca Santa María. En junio del año 2018 Luis Soteldo se había comprometido a hacer efectivo el rescate de dicho predio. Poco más de un año después, llegaría a las manos que laboran la tierra la tan ansiada carta agraria.
Así como en reiteras ocasiones se ha denunciado que los retardos en las entregas por parte del Instituto Nacional de Tierras favorecían a los intereses terratenientes, hay que reconocer que en los últimos meses, producto de la constante lucha y principalmente, la constante producción campesina, el INTI ha avanzado en la entrega de otras cartas agrarias. A las de los predios del Trébol y Santa María, se suma la del predio el Carmen, también del Sur del Lago merideño, por citar un ejemplo. Sin embargo, son decenas de predios que esperan aún correr con la misma suerte que los mencionados. La democratización productiva de la tierra es un paso importantísimo en estos momentos, pero no es el único eslabón de la cadena de producción en el campo.
Avanzar en la entrega de las cartas agrarias de las fincas que las y los campesinos mantienen productivos, apoyar dicha producción con la entrega de insumos, las herramientas y la recuperación del parque de maquinaria agrícola, asegurar la distribución necesaria de combustible que respalde las posibilidades de producción, son elementos de un programa para garantizar que la democratización productiva de la tierra sea el primer paso en un política que ponga al sector campesino al frente de la producción de alimentos necesarios en un contexto de ataque contra el país. Hay una necesidad de explotar las capacidades productivas con las que el país ya cuenta, a través de un plan nacional de emergencia productiva. El apoyo del Estado y sus instituciones a las distintas iniciativas que despliega el sector, como lo es por ejemplo la Alianza Nacional Productiva, es un elemento de primer orden para salir victorioso de la guerra económica que estamos sufriendo. El país cuenta con los hombres y mujeres necesarios para afrontar estas dificultades y avanzar en la defensa de nuestra independencia y nuestra soberanía.
Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora
Ago 16, 2019 | El poder de la gente, poder popular |
Las alternativas para hacer frente al contexto que vive nuestro país van aflorando en distintos puntos. Iniciativas impulsadas por distintos sectores, el gobierno, las organizaciones sociales, comunas, sectores campesinos, profesionales y trabajadores de las grandes ciudades.
En las últimas semanas el gobierno norteamericano profundizó aun más el criminal bloqueo, atacando de forma más directa la población en general. Medidas que son avaladas por sectores de la oposición que no pueden disimular a estas alturas las consecuencias directas sobre la gente que estas medidas traen, fundamentalmente en los alimentos diarios que se llevan a la mesa de millones de familias venezolanas. Es tal el impacto que el presidente Nicolás Maduro planteó en la movilización del pasado sábado, que para antes de terminar el año, todos los productos de las cajas CLAP deben ser de producción nacional.
Ante esta realidad el sector productor adquiere una importancia estratégica. Una expresión de este sector son los pequeños y medianos productores, campesinos con y sin tierra que se organizan en la Alianza Nacional Productiva (ANP), espacio de coordinación, articulación y seguimiento del plan organizativo y productivo en los territorios que lleva ya dos años de existencia.
La ANP busca ser una alternativa de avanzada, comprendiendo el papel del productor en este momento histórico del país. Un planteamiento que busca producir masivamente los alimentos necesarios. Nuestro país cuenta con la capacidad, las tierras, las semillas e insumos necesarios, y principalmente con las mujeres y los hombres para hacerlo.
En el plano organizativo esta alianza está desplegada en 13 municipios de 7 estados. Se articula en mesas productivas de coordinación nacional, regional y municipal. Como lo expresa Aníbal Montilla, coordinador nacional, el único requisito para la participación en estas mesas es ser productor o productora.
Claramente la ANP tiene una orientación política, lo cual no la hace excluyente hacia quienes piensen distinto. En estas mesas articulan, debaten y proyectan las redes de productores de diversos rubros: redes de productores de leche, de queso, red de conuqueros, arroceros, maiceros, así como también campesinos y campesinas con y sin tierra.
Las mesas tienen la función de enfrentar los problemas que se presentan a la hora de la producción, desde allí se articula con el Estado y también con distintas expresiones locales, como por ejemplo universidades, otros productores, Milicia Nacional Bolivariana, comuneros y otras expresiones del poder popular.
De las instituciones se requiere principalmente el apoyo técnico, de infraestructura y de insumos. Aunque no se espera depender totalmente de las mismas, se trabaja y se resuelve entre la articulación entre los mismos productores, en trabajo colectivo, “cayapa”, “mano vuelta”, el trabajo en beneficio mutuo.
Las mesas a su vez cuentan con distintas coordinaciones en base a las necesidades que haya en cada municipio y sus particularidades a la hora de producir. En líneas generales se pueden hallar coordinaciones de infraestructura, de insumos, coordinaciones técnicas, jurídicas y de seguridad, para citar algunos ejemplos.
En lo referente al despliegue productivo en sí mismo, la ANP viene trabajando en dos líneas principales, proyectando una tercera, a saber: el plan de siembra 2019, el plan conuquero y el plan siembra de leguminosas “norte verano”.
El plan siembra 2019 se basa en dos productos principalmente. En acuerdos con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras se entregaron insumos, principalmente semillas, para la siembra de 1000 hectáreas de maíz y 100 hectáreas de arroz.
El plan conuquero, que actualmente cuenta con mayor desarrollo, se articula a través de la red nacional de conuqueros, de la cual participan 7000 mil pequeños y medianos productores. En este caso las extensiones de siembra son de 2576 hectáreas de maíz, 2654 hectáreas de arroz y 1522 de frijol. Un elemento central en este caso es el ensemillamiento de dichos conuqueros, principalmente de arroz, que es un producto que está monopolizado en el mercado. El arroz tiene un rendimiento de 6000 kilogramos por hectárea, por lo cual en este incipiente plan estamos hablando de 16 millones de kilogramos de arroz, o lo que es igual, 16 mil toneladas.
La intención es interpelar al mayor número de conuqueros del país para producir arroz. Ya que los alimentos producidos en conuco son los que nunca faltan en la mesa de las familias venezolanas. La ANP entiende el conuco como un concepto de economía familiar para la resistencia en este contexto de bloqueo, asedio y guerra económica.
Finalmente, en cuanto a la proyección del plan de leguminosas se aspira a sembrar entre 10 mil y 15 mil hectáreas de frijol y caraota, con la misma concepción. Para ello se está realizando un censo en los 13 municipios donde la alianza se encuentra desplegada, en los estados Táchira, Barinas, Mérida, Apure, Portuguesa, Trujillo y Guárico.
Como agenda de lucha y proyección, en las mesas productivas de coordinación en sus distintos niveles se trabaja en el impulso y la promoción de los bancos de semillas en cada territorio, para afrontar los próximos ciclos de siembra y a su vez una lucha por un plan de distribución de combustible, gasolina y gasoil, para la producción de alimentos. En estos momentos de escasez de este recurso, es urgente priorizar la asignación del mismo en las cantidades necesarias para seguir llevando los alimentos a las mesas venezolanas.
Los efectos de la guerra económica y el bloqueo, son contrarestables en la medida que crezcan y se fortalezcan iniciativas como las que se despliegan en la Alianza Nacional Productiva, iniciativas que abonan a la defensa de nuestra independencia y nuestra soberanía, en este caso la soberanía alimentaria.
Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.
Montón, quien es uno de los impulsores de la declaración de los derechos de los campesinos y campesinas ante la ONU, abordó en la conversación el tema de las condiciones sociales y en materia de derechos de l@s campesin@s, así como las ventajas de la agricultura familiar y la agroecología, sobre su capacidad productiva y sobre su aporte real (aún en condiciones adversas) a la producción de alimentos en el mundo. Un tercer tema que se abordó en esta conversación fue, sobre los avances que ha habido en la lucha por los derechos humanos de l@s campesin@s.
