Seleccionar página
Mafias agrarias versus pueblo campesino: las instituciones revolucionarias tienen la palabra

Mafias agrarias versus pueblo campesino: las instituciones revolucionarias tienen la palabra

“Tierras, mujeres y hombres libres” lleva por nombre el Consejo Campesino en el que se organizan las familias que habitan en el predio Montecarlo. Cerca de 200 hectáreas recuperadas para la producción de alimentos. El nombre del consejo es un homenaje a Ezequiel Zamora y su levantamiento que en septiembre de 1846 iniciara con esa frase. La pelea diaria que la comunidad campesina lleva adelante ya no es sólo un homenaje, sino que es continuidad de una lucha histórica. La continuidad también se expresa en quienes están del otro lado de la batalla. Aquellos que niegan la tierra a quien la trabaja, aquellos que son los “presuntos” dueños: la oligarquía agraria, los terratenientes.

La disputa por la tierra tiene un carácter clave en este contexto que atraviesa el país. En ambos lados de la carretera panamericana se puede observar el escenario donde se materializa esta lucha. Miles y miles de hectáreas en las cuales ser expresa la disyuntiva entre la necesidad de producción de alimentos y el abandono de las tierras por parte de latifundistas, quiénes únicamente dejan crecer monte y mantienen unos pocos animales, pero que se financian en base a las hectáreas que poseen sin que éstas sean productivas: sólo necesitan tierras a su nombre o fraccionadas a nombre de familiares para solicitar créditos que utilizan en diversas empresas que no tienen relación con fomentar la producción en el campo. Una hectárea de tierra fértil, como son las de esta zona, puede oscilar entre 3500 y 5000 dólares. En Montecarlo, con sus 200 hectáreas, la cuenta habla sola.

     

La comunidad campesina se organiza en sus Consejos Campesinos, Comunas y Consejos Comunales. Por su parte, los antiguos dueños de la tierra se organizan como lo hicieron históricamente, a través de la violencia, de grupos armados, de resortes legales que sus bolsillos pueden comprar. Es decir, despliegan una red de influencia que responda a sus intereses. Se conforman de hecho las mafias agrarias. Consejos campesinos versus mafias agrarias. Las distintas organizaciones saben de qué lado se encuentran en esta disputa.

Estas mafias creadas, financiadas, dirigidas al servicio del terrateniente de turno la integran distintos actores. Jueces Agrarios, fiscales, algunos funcionarios de ministerios o instituciones locales (El Vigía, en este caso) y efectivos de las fuerzas de seguridad. Estas mafias tienen también sus grupos de choque armados. Sicarios, a quienes se contrata para fines específicos. Dependiendo del momento político se utiliza tácticas distintas, siempre con el objetivo de sacar a la comunidad campesina de las tierras.

Durante el 2018 la táctica incluía el despliegue combinado de ambos brazos, el institucional corrupto  y el armado. El brazo armado tuvo su mayor nivel de intervención entre abril y septiembre, cuando se llevaron la vida de Kendri Márquez, asesinado de un solo disparo al corazón mientras manejaba su moto. Un disparo certero mientras estaba en movimiento. Sello del accionar de sicarios. Kendri era hijo de la familia que coordina el trabajo diario campesino en el predio Montecarlo. No fue una elección al azar. Asesinar al hijo de los coordinadores del Consejo Campesino para intimidar al resto de las familias.

 

Por su parte, el brazo institucional corrrupto el año pasado impulsó desalojos en distintos predios, que incluyeron la destrucción de la siembra, la quema de cambuches y la detención de campesinos y campesinas en algunos casos, como ocurrió en el predio La Magdalena en abril del 2018, donde 33 personas fueron detenidas. Esos sectores que desde las instituciones forman parte de las mafias se ocuparon de que casi ningún predio fuese formalmente entregado a los campesinos y las campesinas.

Los desalojos siempre son resistidos por las familias campesinas para seguir produciendo. Los informes técnicos que hablan de tierras productivas cuando están abandonadas (antes de ser rescatadas por los campesinos/as) es otra acción que este brazo institucional corrupto aplicó y aún aplica en Montecarlo como en el resto de los fundos de la zona.

 

Carmen Rosales y Jesús Ojeda son exponentes de este brazo de las mafias adentro de la institucionalidad. Jueza del tribunal Agrario del Vigía y abogado de la fiscalía 6ta del mismo municipio, respectivamente.  Esta jueza es quien desafía las órdenes de Maduro y del Instituto Nacional de Tierras, al seguir impulsando desalojos en la zona. Por su parte el fiscal, es quien persigue judicialmente a algunos dirigentes campesinos, con acusaciones llenas de irregularidades. Ambos comparten el desprecio hacia las familias campesinas.

Otra exponente es la abogada de la familia de la presunta dueña de la finca de Montecarlo, doctora Marlin Sosa, ex jefa de la oficina regional de Tierras de Barinas. Especialista, junto al Juez Orlando Contreras, de Socopó, en participar en las órdenes de desalojo siempre a favor de los terratenientes. Siempre. En Barinas y en Sur del Lago.

Su defendida, Mirella Vega Vega tiene hectáreas en ambas zonas. En Barinas las mafias agrarias durante el año pasado también se cobraron una vida, la de Orlando Reyes Parra, en otro asesinato con el sello característico del sicariato. Este asesinato se dio en el mismo día que Maduro recibía a los campesinos en Caracas. Una demostración de poder de estas mafias agrarias que operan en distintas zonas. El asesinato se dio en zonas donde Vega Vega y Sosa poseen tierra y en donde es sabido que el sector latifundista se articula y organiza. ¿Tienen relación ambos sicariatos, el de Reyes Parra y Kendri Márquez? ¿Está detrás el mismo sector de estas mafias agrarias?

¿Qué motiva a abogados, fiscales, jueces agrarios a actuar a favor de quien mantiene la tierra improductiva? La cuenta del número de hectáreas en juego multiplicada por su valor en dólares aporta mucho a la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no se investigan los hechos de violencia que incluyen torturas (La Chapala 2018) e incluso muerte (Montecarlo septiembre 2018? Las instituciones de justicia, derechos humanos e investigación judicial tienen la palabra.

 

En Montecarlo, así como también en otros predios, la desidia terrateniente también se expresa al intentar criminalizar a los campesinos/as de la muerte del ganado, que ellos mismos dejan de alimentar, buscando que sus animales se mueran o bien destruyan la siembra de las familias productoras. Sin excepciones, las organizaciones campesinas de la zona tienen que tener en claro estas prácticas en contra de la comunidad y a favor del latifundio.

En el predio Montecarlo, recientemente fue cortado todo el pasto que servía de alimento al poco ganado abandonado en el predio, justamente para que este se vea forzado a destruir las siembras de los(as) campesinos(as) para alimentarse. Cuando esto es impedido, como de hecho ocurre, al ganado se lo deja morir se hambre para responsabilizar a los(as) campesinos(as) y criminalizarlos .

 

Las mafias agrarias son el principal enemigo que enfrentan las familias campesinas. Familias que están produciendo alimentos en momentos donde el país más lo necesita. Hay una línea política desplegada por el gobierno a nivel nacional en este contexto de guerra económica y bloqueo. Esta línea es la de avanzar en la producción autóctona de alimentos, en camino a asegurar nuestra soberanía alimentaria. Distintas instituciones y ministerios se ven interpeladas para aplicarlas y lo realizan de conjunto con las organizaciones presentes en las distintas regiones. Fomento a la producción con entregas de insumos, herramientas, semillas. Las mafias agrarias que operan en el eje carretero panamericano al Sur del Lago Maracaibo están abiertamente en contra de este rumbo. La intervención de las autoridades judiciales, del Instituto Nacional de Tierras,  del Ministerio de Poder Popular de Agricultura y Tierras es urgente.

Desarticular las mafias agrarias en defensa de las familias campesinas, de la Revolución Bolivariana, de la paz, la democracia y la soberanía es la tarea central.

 

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

Tomar el toro por los cachos: tierras para producir

Tomar el toro por los cachos: tierras para producir

Carta abierta de la comunidad campesina de Pedraza al presidente Nicolás Maduro.

Creemos firmemente que la lucha es contra el latifundio, no contra los campesinos y campesinas que labramos las tierras para el sustento de nuestras familias, el municipio y estado. Defendemos todas las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro. Estamos viviendo esta guerra económica y estamos dispuestos a defender con honor esta tierra sagrada…”

Palabras de los Consejos Campesinos del predio “Las Mercedes” dirigidas al Presidente Nicolás Maduro, este último jueves 23 de mayo a través de una carta abierta.

En el Hato Las Mercedes (Pedraza, Barinas) se lleva adelante una disputa por las tierras para su producción, tal cual lo describe la comunidad campesina. En dicho mensaje, se hace un relato de los años de esfuerzos realizados sin obtener la carta agraria que les permita trabajar las tierras en mejores condiciones. 7777 hectáreas, la mitad de todo el terreno, son las que los campesinos y campesinas ponen a producir y reclaman como propias.

Luego del inicio de una semana cargada de tensión, en donde se logró detener un desalojo sobre el predio en cuestión, actualmente se abrió un proceso de mesas de trabajo para abordar y  poder avanzar en el rescate definitivo de las tierras correspondientes a los Consejos Campesinos del lugar.

“Los consejos campesinos que hacemos vida en el HATO LAS MERCEDES queremos hacer de su conocimiento la lucha que se ha realizado desde el año 2012 hasta el presente… Sin obtener ninguna respuesta a favor del campesinado, a pesar de que el INTI se ha pronunciado en diferentes ocasiones desde sus coordinaciones en lo nacional como en lo estadual a favor de los campesinos y campesinas que ocupamos el predio Las Mercedes…”

Acompañan a la carta distintos documentos oficiales del Instituto Nacional de Tierras, en donde se deja constancia de las resoluciones y notificaciones que este organismo llevó adelante los últimos años. En primer lugar, se muestra el acta de la resolución del año 2014 en la que se establece la ociosidad de las tierras en su momento pertenecientes a la familia Riera Zubillaga, de la empresa de Inversiones Rizsa S.A. Esta resolución se basa en las inspecciones realizadas en febrero de 2013 y en los meses de abril y mayo de 2014, según se puede leer en el acta elaborada por el INTI.

También se adjuntan a la carta las notificaciones hechas a las distintas partes en conflicto así como también las realizadas públicamente y el acta de inicio del proceso administrativo de declaratoria de permanencia en el terreno de los distintos Consejos Campesinos del lugar.

“Nuestra pregunta es: Si las leyes se hicieron para cumplirlas por qué no se ha cumplido en la entrega del predio Hato Las Mercedes, si el Directorio Nacional del INTI en sus facultades conferidas en el artículo 125 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario ACUERDA Y DECLARA OCIOSOS LOS TERRRENOS DEL DENOMINADO HATO LAS MERCEDES”

Inspecciones, resoluciones, notificaciones, publicaciones en la prensa. Distintas partes del proceso administrativo del rescate que no llega al final esperado por parte de la comunidad campesina. El retraso, en este caso de más de 5 años, termina beneficiando en los hechos a los antiguos dueños de las tierras, contrariando el espíritu de las resoluciones intermedias aplicadas por el organismo dirigido por Luis Fernando Soteldo. Este estado de situación es el que llevó a los campesinos y campesinas a tomar la decisión de dirigirse al presidente Nicolás Maduro. En la carta se menciona la aparición y participación de una “comisión mixta agraria” defensora de los intereses de los terratenientes, que pretende pasar por encima de las facultades del INTI, como fue el caso del juez agrario Fernando Conteras, quien ordenó el desalojo finalmente detenido.

Las comunidades campesinas, los Consejos Campesinos y las organizaciones que acompañan la lucha que éstos llevan adelante avanzan ante diversas dificultades con un objetivo claro: La reactivación productiva del campo. “Para dar un golpe certero a la guerra económica que ha impuesto el imperio.”

Así lo hacen saber en su carta abierta. Las mujeres y hombres del campo van a seguir dando la batalla como mejor lo saben hacer: trabajando la tierra, sembrando, produciendo. Con esa convicción es que hacen el pedido de la resolución definitiva del rescate, de la entrega de la carta agraria.

“…Pensamos y creemos que ha llegado la hora que desde el Gobierno Nacional, INTI central, INTI regional, tomen el toro por los cachos y se pronuncien a favor de los campesinos y campesinas con una decisión definitiva que haga justicia social con nosotros”. 

También te puede interesar

Sur del Lago: desarrollo productivo o latifundio. Ése es el dilema

Sur del Lago: desarrollo productivo o latifundio. Ése es el dilema

La disputa por la tierra en estos momentos es sinónimo de la disputa entre soberanía alimentaria y latifundio. Así se expresa en las fincas que se encuentran a ambos lados de la carretera del eje panamericano, en los límites de los estados Mérida y Zulia. Zona de luchas por los rescates de tierras que llevan adelante las comunidades campesinas y sus organizaciones.

Montecarlo, El Carmen, La Magdalena, La Chapala, Santa María, Santa Rosa, El Trébol, La Escondida, Vista Hermosa, La Libertad, son algunos de los predios que, actualmente, los campesinos y campesinas que habitan en ellos han puesto a producir. Aunque en la gran mayoría de los casos, estos terrenos aún no han sido rescatados y entregados a las mismas manos que los trabajan.

En todas las fincas mencionadas se han realizado las denuncias por improductividad ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Estas denuncias son acompañadas con documentos gráficos del estado de situación de miles y miles de hectáreas de uno de los sectores más fértiles del país; tierras “A1” en la denominación formal de la Ley de Tierras.

A partir de la denuncia, se inicia un proceso que mientras más tarda, más favorece a uno de los sectores en conflicto. Se les otorga formalmente a los terratenientes denunciados 6 meses para armar su defensa. En la práctica, el proceso puede durar incluso años con ambas partes viviendo en el mismo lote a la espera de la resolución oficial.  Para llegar a esta resolución se realizan inspecciones para verificar el estado de las tierras y a partir de estos informes el INTI emite su fallo.

Los fallos se basan en la productividad o improductividad del terreno al momento de las inspecciones. En el último año casi no ha habido conclusión sobre rescates de tierra por parte del INTI. Salvo en el predio El Carmen, en todos los demás se falló siempre a favor de los “presuntos” dueños, como le llaman los campesinos y campesinas a los terratenientes. Fallos que no significan desalojos, ya que fueron frenados en la zona  por la orden de Nicolás Maduro, en agosto de 2018, de que ninguna fuerza de seguridad participe de operativos en contra de la comunidad campesina productora.

Los Consejos Campesinos necesitan que se avance en los procesos de rescate de estas tierras. Están esperando la Carta Agraria que asegure su derecho a la permanencia y a trabajar sus parcelas en mejores condiciones.

Entrega de la Carta Agraria del predio El Carmen.

En varias ocasiones han escuchado que las tierras quedarán para los hombres y mujeres del campo. Pero las comunidades plantean que en el último año jurídicamente no se ha avanzado. Con excepción del predio El Carmen, donde el domingo pasado los campesinos y campesinas festejaron la obtención de la Carta Agraria y el derecho colectivo sobre 880 de las 900 hectáreas de la finca. El resto de los predios necesita la misma garantía de trabajo, siembra y seguridad.

 

 

Así lo solicitan ante el Instituto Nacional de Tierras, en su sede de El vigía y también en su instancia nacional.

Mientras esta institución más tarda en completar los procedimientos para concretar los rescates, se intensifica la disputa. Las comunidades han enfrentado distintas presiones, intimidaciones e incluso el asesinato de un hijo de un dirigente campesino, al tiempo que limpian y siembran los terrenos que antes estaban abandonados o servían de pastoreo para unas pocas cabezas de ganado.

De la seguridad jurídica que otorga el rescate depende no sólo la seguridad sobre la producción que obtengan los campesinos y campesinas, sino también de su vida. Estas acciones de sicariato tuvieron un momento crítico el año anterior, donde fue asesinado Kendri García de 16 años. Varias fueron las situaciones en los distintos predios donde se repetía la misma escena, amenazas por parte hombres armados que llegan a las parcelas en camionetas a exigir el abandono de las mismas, como lo describen las comunidades de las distintas fincas.

Si bien estos actos violentos no se han vuelto a presentar en los últimos meses, los campesinos/as denuncian otros tipos de intimidación. Los terratenientes ordenan la suelta del ganado a los predios sembrados por las comunidades, para acabar con las matas, buscando que la desmoralización que produce el trabajo perdido los lleve a irse del lugar.

Cuanto más se dilata la resolución mayor es el margen de maniobra por parte de estos terratenientes, dueños de distintas fincas en el municipio y otros estados. Otro método utilizado es acudir a los tribunales agrarios de la zona para iniciar procesos paralelos a los que lleva adelante el INTI, generando fallos judiciales siempre a favor de los terratenientes aún ante la evidente improductividad de sus parcelas, las cuales sirven de pastoreo de muy escaso ganado y principalmente de garantía de respaldo a la hora de acceder a créditos financieros que en ningún caso son destinados para capital productivo. Estos fallos judiciales pueden tener la variante de “proteger” las fincas para intentar que no accedan las comunidades, o bien pueden ser órdenes  de investigación sobre distintos dirigentes de la zona. Ambas variantes utilizadas esta semana en los predios de Montecarlo y La Chapala, respectivamente.

Diferentes métodos con el mismo objetivo, sacar a los campesinos de las parcelas.

“Mientras más sembremos más cerca estamos de ganar las tierras”,

repiten las comunidades en sus asambleas.

 

 

 

 

 

Para tomar un ejemplo, sólo en el terreno de Montecarlo la comunidad que lleva 8 meses allí, tiene sembrado el 75% del terreno. Calculan tener sembrado en diciembre el equivalente a 700 toneladas de plátanos, 1000 toneladas de cacao, más las de maíz, yuca, auyama, pimentón, ají entre otras. 80 familias llevan adelante esta producción mientras batallan por la tierra.

       

Proporciones similares de producción pueden encontrarse en cualquiera de las fincas en donde habitan los Consejos Campesinos, variando el desarrollo según la cantidad de meses o años que lleven en el lugar.

Cosecha de arroz en el Predio El Carmen

Éstos esperan que se concreten los compromisos del Instituto nacional de Tierras, asumidos por su presidente Luis Soteldo, cuando en marzo del año pasado planteo que se daba lugar al inicio del rescate en los terrenos de El Carmen (que ya se hizo efectivo), El Pino, El Consuelo, Santa Rosa, Santa María y Buena Esperanza.

En síntesis, en el último año no se produjeron grandes avances jurídicos en los procesos de rescates de tierras iniciados. Por otro lado disminuyeron los actos violentos y no volvieron a repetirse desalojasen la zona, como lamentablemente si han ocurrido en Barinas en meses pasados, además de un intento reciente en el Hato Las Mercedes.

La reactivación productiva del campo están llevándola adelante los campesinos y campesinas que luchan por mantener su producción en las tierras en disputa. Piden avanzar en la democratización de las tierras, accediendo a las cartas agrarias que le permitan dar la batalla productiva por el país en mejores condiciones. En momentos de guerra económica, el dilema es desarrollo productivo o latifundio improductivo.

 

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

 

Barinas: tribunal agrario ordena desalojo en Hato Las Mercedes

Barinas: tribunal agrario ordena desalojo en Hato Las Mercedes

Campesinos_Predio_Las_Mercedes_Barinas

A raíz de una orden firmada por el juez del tribunal agrario de Socopó, Orlando Contreras, desde el día jueves 23 de mayo se está produciendo el desalojo de los consejos campesinos que luchan el rescate de las tierras del Hato Las Mercedes, municipio Pedraza del Estado de Barinas.

La disputa por la tierra en la zona lleva más de 7 años. Sobre las 14 812 hectáreas de la finca rige una resolución del Instituto Nacional de Tierras (INTI) desde marzo del año pasado, que establece el rescate a favor de los y las campesinos/as sobre la mitad del predio, 7777 hectáreas. Mitad del terreno corresponde a la comunidad campesina y la otra mitad a Inversiones Rizsa SA, representada por Ignacio Riera. Cumpliendo con los requerimientos legales del caso, esta resolución fue comunicada por la prensa del Estado de Barinas a la población general de la zona y a cada una de las partes del conflicto. Ya en mayo de 2015 se notificaba el inicio de la regularización de las tierras, primer paso del rescate parcial concretado a favor de la comunidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Los y las voceros y voceras de los/las campesinos/as plantean que la orden del juez Contreras es un acto arbitrario, que se pone por encima de las resoluciones de un organismo nacional como el INTI, con el único objetivo de favorecer los intereses de la familia Riera Zubillaga, de la empresa de inversiones mencionada.

Unos 15 vehículos de las fuerzas de seguridad se presentaron este jueves 23 de mayo con la orden de desalojo.  En la mañana del viernes, éste se llevó adelante por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y miembros de la policía de Barinas. Dos de los ocho Consejos Campesinos que se organizan en la zona fueron desalojados y se teme se avance sobre los restantes, como lo plantea la orden firmada por Contreras, quien establece el desalojo total de las tierras que pertenecen a la comunidad campesina.

Los y las voceros/as denuncian que hay campesinos golpeados y otros detenidos que permanecen en los predios de los presuntos dueños, al mismo tiempo que piden se detenga el desalojo. También describen que la gabarra (embarcación plana) que atraviesa el río, está siendo controlada por empleados del terrateniente, determinando quien puede o no acceder. La importancia de la misma radica en que es la única comunicación entre el sector Santa Marta de la parroquia Ignacio Briceño Méndez con el resto del municipio.

Los Consejos Campesinos “Yo soy del pueblo”, “La Batalla”, “Agricultura y Cría Bolivariana”, “Brazo de Maduro”, “El Jerusalén” y “En la Unión está la Fuerza”, permanecen aún en sus parcelas. Los consejos “La Bomba” y “Las Guasimas” fueron desalojados amparándose en que se hallaban fuera del área correspondiente a la comunidad delimitada por el INTI en la distribución de las tierras; el hecho de estar ocupando terrenos que estaban por fuera del área acordada, no es justificación para el violento accionar de las fuerzas de seguridad, menos aún es pretexto para aprovechar la situación y avanzar sobre las tierras que legítimamente fueron otorgadas a la comunidad campesina, como lo espera la familia  Riera Zubillaga. Este avance es el que firmemente enfrentan en estos momentos las familias del Hato Las Mercedes.

La situación tiene su precedente en marzo de 2017, cuando los y las habitantes del predio fueron sacados y sacadas de las tierras, viendo cómo eran destruidas cientos de hectáreas de su siembra y quemados algunos de sus cambuches, sus precarias construcciones en medio de la parcela.

Los y las voceros/as en una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro marcaron la necesidad de que se pronuncie a favor de los campesinos/as y así poder cumplir con sus directivas de producir para solventar la emergencia económica. También solicitan la intervención inmediata del ministro Wilmar Castro Soteldo y del presidente del INTI, Luis Soteldo, así como el pronunciamiento y actuación del gobernador del estado Barinas Argenis Chávez y del Fiscal General de la República Tarek William Saab para investigar las agresiones, las irregularidades en las detenciones y garantizar por la integridad física y el derecho al debido proceso de los campesinos y las campesinas.

La disputa por la tierra en Barinas es un reflejo de lo que ocurre en distintos Estados de Venezuela. Los campesinos/as apuestan a la reactivación productiva del campo, para seguir defendiendo la soberanía y la paz. Urge avanzar con la democratización de las tierras, ponerlas en las manos de quienes la trabajan día a día con la convicción de producir para enfrentar el bloqueo y los ataques sobre nuestro país.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

Pin It on Pinterest