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En defensa de la vivienda popular

En defensa de la vivienda popular

Este martes 18 de junio el centro caraqueño presenció la movilización que llegó a las puertas de la Asamblea Nacional Constituyente. Una columna de 400 personas se presentó a solicitar a sus diputados el derecho de palabra en el hemiciclo. ¿La intención? Presentar la ley de Producción Autogestionaria de Hábitat y Vivienda Popular.

“Fortalecer las capacidades del pueblo para producir y reproducir su vida, eso es la autogestión” planteaban más de 30 organizaciones, entre ellas el Movimiento de Pobladores y la Asambleas Viviendo Venezolanos, en una carta presentada.

La columna tuvo que dar vueltas por distintos edificios y puertas de la ANC, antes de ser recibidos por el constituyentista Ricardo Molina, ex ministro de Vivienda y Hábitat y de Trasporte y Obras Públicas, quien se acercó a la manifestación en la esquina de plaza Bolívar, acordando trabajar la propuesta de ley primero en las comisiones para luego ser presentado en plenaria.

    

La propuesta de ley fue entregada dos semanas atrás en una jornada similar, hoy el objetivo fue poder dar inicio al debate. Ante el contexto que vive el país el planteo de los convocantes es fortalecer las organizaciones del Poder Popular, en este caso en el eje vivienda.

“Se ha avanzado mucho en todos estos años con la Gran Misión Vivienda Venezuela, se ha reivindicado al barrio, a la gente excluida de la ciudad que vivía en las periferias. Y entendemos que hay mucho aún por avanzar. Queremos poder realizar con nuestras propias manos la construcción territorial de nuestro hábitat: la vivienda, zonas recreacionales, zonas para la socioproducción. En nuestro espacio que es la Asamblea Nacional Constituyente planteamos la autogestión de nuestras viviendas, con herramientas e insumos aportados por el Estado.” Exponía Irma Pacheco, mientas la movilización avanzaba por las aceras de la Avenida Universidad.

  

En el comunicado para la presentación de la ley, las organizaciones balanceaban: “Hay una experiencia inédita reconocida nacional e internacionalmente, hasta ahora el 37 % de las viviendas construidas por la GMVV han sido ejecutadas por el Poder Popular bajo diferentes modalidades de gestión. Ha sido esta una gran escuela”. En base a esta experiencia la intención es avanzar en el debate de la ley para no dilatar su aprobación.

Profundizar las fortalezas, potenciar las capacidades, una manera de avanzar en la defensa del país, con un pueblo produciendo sus propias viviendas.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

 

 

 

Mérida: nuevas amenazas de desalojo a campesinos(as) en predio Montecarlo

Mérida: nuevas amenazas de desalojo a campesinos(as) en predio Montecarlo

En en el día de ayer se presentó nuevamente en el predio Montecarlo, ubicado en el municipio Alberto Andriani, una comisión que dice actuar en nombre de la Vicepresidencia de la República, para notificar a las familias campesinas que tienen que desalojar las parcelas que están sembrando.

Se reproduce la metodología que utiliza la derecha en sus distintos niveles de intervención política. A nivel nacional bloqueo, asedio, amenazas, y la intervención de quien no dirige la estrategia de embestida: Juan Guaidó es quien presta su cara a la estrategia diseñada por otros. En el caso de Montecarlo, quienes prestan la cara son la Jueza Agraria de El Vigía Carmen Rosales, el fiscal general Camilo Bastos, el abogado del Instituto Nacional de Tierras, Luis Rangel, y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Quienes dirigen en este caso son los terratenientes que pretenden avanzar contra las parcelas campesinas productivas. Mirella Vega Vega es “la presunta” de la finca Montecarlo. También hay amenazas, destrucción de la producción, y hace menos de un año, la muerte a manos de sicarios del hijo de una familia campesina del predio. Misma metodología en distintas escalas.

Semanas atrás una comisión similar, a nombre de vicepresidencia también en ese caso, se presentó al lugar para notificar una orden de protección, no para quienes trabajan la tierra, sino para la terrateniente y su ganado, que no es más que unas pocas cabezas útiles sólo para que destruyan la siembra que con tanto esfuerzo trabajan los y las campesinos(as). En esa reunión el Fiscal Ojeda intentó provocar al padre del niño asesinado en septiembre pasado, acusándolo de no importarle la muerte de su hijo. Con esa impunidad operan los funcionaros serviles a los intereses del latifundio.

En esta oportunidad, la abogada de la familia Vega, Marlin Sosa, “sugería” a las familias campesinas que abandonen el predio por las buenas. Esta abogada es conocida por su participación en Barinas en un gran número de denuncias de desalojo en contra siempre de las campesinas y campesinos que laboran la tierra. Quienes habitan las fincas de “Palo Quemao” y “La Primavera” pueden dar fe de su accionar. Como una enorme contradicción salta a la vista que una abogada de ese perfil haya sido en años anteriores jefa de la Oficina Regional de Tierras de Barinas.

En muchas de las denuncias de desalojo esta abogada aparece actuando junto al juez agrario Orlando Contreras, quien actualmente pretende desalojar a los consejos campesinos del Hato Las Mercedes en Barinas. ¿Tienen relación el juez Orlando Contreras, la abogada Marlin Sosa y la jueza Carmen Rosales? ¿Podemos tomar sus personas como  rostros visibles de una poderosa mafia agraria? ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia no los investiga y sanciona? ¿Hasta dónde llegan las conexiones de esa mafia enquistado en nuestro sistema de justicia?

La necesaria intervención del Ministerio del Poder Popular  de Agricultura y Tierras contra las mafias agrarias no es únicamente a favor de la comunidad campesina, que lleva sembrado el 75% del terreno otrora improductivo. Debe ser también una expresión reafirmando el lugar ocupado en la batalla que da nuestro país entre quienes producen en medio de este contexto, y entre aquellos que se aprovechan del mismo para avanzar en contra de las conquistas que supimos construir estos 20 años. Comunidad campesina productora o mafias agrarias, entre estos sujetos las instituciones de la revolución no deben titubear a la hora de tomar partido. Paz y soberanía o permitir el crecimiento de actores locales que siguen el guión de la derecha a nivel nacional e internacional. Siendo que la comisión que amedrenta a los campesinos y a las campesinas actúa en nombre de la vicepresidencia, las vocerías oficiales de esa institución deben pronunciarse al respecto y aclarar de qué se trata esta acción.

    

Es necesario detener las amenazas de desalojo y apoyar a los campesinos y campesinas en su producción, como se ha hecho en otros estados durante las últimas semanas. Es necesario que el Instituto Nacional de Tierras entregue la carta agraria por el rescate total del predio, para que las familias que habitan en él puedan producir de forma segura. Es necesario que el crimen de Kendri Márquez no quede impune para evitar que estos métodos de sicariato se arraiguen en la zona.

En medio del asedio, la consigna es la misma. Avanzar por la soberanía, la paz, la democracia y la reactivación productiva, a nivel nacional y en las fincas de la zona, como es el caso de Montecarlo.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

Sur del Lago: desarrollo productivo o latifundio. Ése es el dilema

Sur del Lago: desarrollo productivo o latifundio. Ése es el dilema

La disputa por la tierra en estos momentos es sinónimo de la disputa entre soberanía alimentaria y latifundio. Así se expresa en las fincas que se encuentran a ambos lados de la carretera del eje panamericano, en los límites de los estados Mérida y Zulia. Zona de luchas por los rescates de tierras que llevan adelante las comunidades campesinas y sus organizaciones.

Montecarlo, El Carmen, La Magdalena, La Chapala, Santa María, Santa Rosa, El Trébol, La Escondida, Vista Hermosa, La Libertad, son algunos de los predios que, actualmente, los campesinos y campesinas que habitan en ellos han puesto a producir. Aunque en la gran mayoría de los casos, estos terrenos aún no han sido rescatados y entregados a las mismas manos que los trabajan.

En todas las fincas mencionadas se han realizado las denuncias por improductividad ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Estas denuncias son acompañadas con documentos gráficos del estado de situación de miles y miles de hectáreas de uno de los sectores más fértiles del país; tierras “A1” en la denominación formal de la Ley de Tierras.

A partir de la denuncia, se inicia un proceso que mientras más tarda, más favorece a uno de los sectores en conflicto. Se les otorga formalmente a los terratenientes denunciados 6 meses para armar su defensa. En la práctica, el proceso puede durar incluso años con ambas partes viviendo en el mismo lote a la espera de la resolución oficial.  Para llegar a esta resolución se realizan inspecciones para verificar el estado de las tierras y a partir de estos informes el INTI emite su fallo.

Los fallos se basan en la productividad o improductividad del terreno al momento de las inspecciones. En el último año casi no ha habido conclusión sobre rescates de tierra por parte del INTI. Salvo en el predio El Carmen, en todos los demás se falló siempre a favor de los “presuntos” dueños, como le llaman los campesinos y campesinas a los terratenientes. Fallos que no significan desalojos, ya que fueron frenados en la zona  por la orden de Nicolás Maduro, en agosto de 2018, de que ninguna fuerza de seguridad participe de operativos en contra de la comunidad campesina productora.

Los Consejos Campesinos necesitan que se avance en los procesos de rescate de estas tierras. Están esperando la Carta Agraria que asegure su derecho a la permanencia y a trabajar sus parcelas en mejores condiciones.

Entrega de la Carta Agraria del predio El Carmen.

En varias ocasiones han escuchado que las tierras quedarán para los hombres y mujeres del campo. Pero las comunidades plantean que en el último año jurídicamente no se ha avanzado. Con excepción del predio El Carmen, donde el domingo pasado los campesinos y campesinas festejaron la obtención de la Carta Agraria y el derecho colectivo sobre 880 de las 900 hectáreas de la finca. El resto de los predios necesita la misma garantía de trabajo, siembra y seguridad.

 

 

Así lo solicitan ante el Instituto Nacional de Tierras, en su sede de El vigía y también en su instancia nacional.

Mientras esta institución más tarda en completar los procedimientos para concretar los rescates, se intensifica la disputa. Las comunidades han enfrentado distintas presiones, intimidaciones e incluso el asesinato de un hijo de un dirigente campesino, al tiempo que limpian y siembran los terrenos que antes estaban abandonados o servían de pastoreo para unas pocas cabezas de ganado.

De la seguridad jurídica que otorga el rescate depende no sólo la seguridad sobre la producción que obtengan los campesinos y campesinas, sino también de su vida. Estas acciones de sicariato tuvieron un momento crítico el año anterior, donde fue asesinado Kendri García de 16 años. Varias fueron las situaciones en los distintos predios donde se repetía la misma escena, amenazas por parte hombres armados que llegan a las parcelas en camionetas a exigir el abandono de las mismas, como lo describen las comunidades de las distintas fincas.

Si bien estos actos violentos no se han vuelto a presentar en los últimos meses, los campesinos/as denuncian otros tipos de intimidación. Los terratenientes ordenan la suelta del ganado a los predios sembrados por las comunidades, para acabar con las matas, buscando que la desmoralización que produce el trabajo perdido los lleve a irse del lugar.

Cuanto más se dilata la resolución mayor es el margen de maniobra por parte de estos terratenientes, dueños de distintas fincas en el municipio y otros estados. Otro método utilizado es acudir a los tribunales agrarios de la zona para iniciar procesos paralelos a los que lleva adelante el INTI, generando fallos judiciales siempre a favor de los terratenientes aún ante la evidente improductividad de sus parcelas, las cuales sirven de pastoreo de muy escaso ganado y principalmente de garantía de respaldo a la hora de acceder a créditos financieros que en ningún caso son destinados para capital productivo. Estos fallos judiciales pueden tener la variante de “proteger” las fincas para intentar que no accedan las comunidades, o bien pueden ser órdenes  de investigación sobre distintos dirigentes de la zona. Ambas variantes utilizadas esta semana en los predios de Montecarlo y La Chapala, respectivamente.

Diferentes métodos con el mismo objetivo, sacar a los campesinos de las parcelas.

“Mientras más sembremos más cerca estamos de ganar las tierras”,

repiten las comunidades en sus asambleas.

 

 

 

 

 

Para tomar un ejemplo, sólo en el terreno de Montecarlo la comunidad que lleva 8 meses allí, tiene sembrado el 75% del terreno. Calculan tener sembrado en diciembre el equivalente a 700 toneladas de plátanos, 1000 toneladas de cacao, más las de maíz, yuca, auyama, pimentón, ají entre otras. 80 familias llevan adelante esta producción mientras batallan por la tierra.

       

Proporciones similares de producción pueden encontrarse en cualquiera de las fincas en donde habitan los Consejos Campesinos, variando el desarrollo según la cantidad de meses o años que lleven en el lugar.

Cosecha de arroz en el Predio El Carmen

Éstos esperan que se concreten los compromisos del Instituto nacional de Tierras, asumidos por su presidente Luis Soteldo, cuando en marzo del año pasado planteo que se daba lugar al inicio del rescate en los terrenos de El Carmen (que ya se hizo efectivo), El Pino, El Consuelo, Santa Rosa, Santa María y Buena Esperanza.

En síntesis, en el último año no se produjeron grandes avances jurídicos en los procesos de rescates de tierras iniciados. Por otro lado disminuyeron los actos violentos y no volvieron a repetirse desalojasen la zona, como lamentablemente si han ocurrido en Barinas en meses pasados, además de un intento reciente en el Hato Las Mercedes.

La reactivación productiva del campo están llevándola adelante los campesinos y campesinas que luchan por mantener su producción en las tierras en disputa. Piden avanzar en la democratización de las tierras, accediendo a las cartas agrarias que le permitan dar la batalla productiva por el país en mejores condiciones. En momentos de guerra económica, el dilema es desarrollo productivo o latifundio improductivo.

 

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

 

Barinas: tribunal agrario ordena desalojo en Hato Las Mercedes

Barinas: tribunal agrario ordena desalojo en Hato Las Mercedes

Campesinos_Predio_Las_Mercedes_Barinas

A raíz de una orden firmada por el juez del tribunal agrario de Socopó, Orlando Contreras, desde el día jueves 23 de mayo se está produciendo el desalojo de los consejos campesinos que luchan el rescate de las tierras del Hato Las Mercedes, municipio Pedraza del Estado de Barinas.

La disputa por la tierra en la zona lleva más de 7 años. Sobre las 14 812 hectáreas de la finca rige una resolución del Instituto Nacional de Tierras (INTI) desde marzo del año pasado, que establece el rescate a favor de los y las campesinos/as sobre la mitad del predio, 7777 hectáreas. Mitad del terreno corresponde a la comunidad campesina y la otra mitad a Inversiones Rizsa SA, representada por Ignacio Riera. Cumpliendo con los requerimientos legales del caso, esta resolución fue comunicada por la prensa del Estado de Barinas a la población general de la zona y a cada una de las partes del conflicto. Ya en mayo de 2015 se notificaba el inicio de la regularización de las tierras, primer paso del rescate parcial concretado a favor de la comunidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Los y las voceros y voceras de los/las campesinos/as plantean que la orden del juez Contreras es un acto arbitrario, que se pone por encima de las resoluciones de un organismo nacional como el INTI, con el único objetivo de favorecer los intereses de la familia Riera Zubillaga, de la empresa de inversiones mencionada.

Unos 15 vehículos de las fuerzas de seguridad se presentaron este jueves 23 de mayo con la orden de desalojo.  En la mañana del viernes, éste se llevó adelante por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y miembros de la policía de Barinas. Dos de los ocho Consejos Campesinos que se organizan en la zona fueron desalojados y se teme se avance sobre los restantes, como lo plantea la orden firmada por Contreras, quien establece el desalojo total de las tierras que pertenecen a la comunidad campesina.

Los y las voceros/as denuncian que hay campesinos golpeados y otros detenidos que permanecen en los predios de los presuntos dueños, al mismo tiempo que piden se detenga el desalojo. También describen que la gabarra (embarcación plana) que atraviesa el río, está siendo controlada por empleados del terrateniente, determinando quien puede o no acceder. La importancia de la misma radica en que es la única comunicación entre el sector Santa Marta de la parroquia Ignacio Briceño Méndez con el resto del municipio.

Los Consejos Campesinos “Yo soy del pueblo”, “La Batalla”, “Agricultura y Cría Bolivariana”, “Brazo de Maduro”, “El Jerusalén” y “En la Unión está la Fuerza”, permanecen aún en sus parcelas. Los consejos “La Bomba” y “Las Guasimas” fueron desalojados amparándose en que se hallaban fuera del área correspondiente a la comunidad delimitada por el INTI en la distribución de las tierras; el hecho de estar ocupando terrenos que estaban por fuera del área acordada, no es justificación para el violento accionar de las fuerzas de seguridad, menos aún es pretexto para aprovechar la situación y avanzar sobre las tierras que legítimamente fueron otorgadas a la comunidad campesina, como lo espera la familia  Riera Zubillaga. Este avance es el que firmemente enfrentan en estos momentos las familias del Hato Las Mercedes.

La situación tiene su precedente en marzo de 2017, cuando los y las habitantes del predio fueron sacados y sacadas de las tierras, viendo cómo eran destruidas cientos de hectáreas de su siembra y quemados algunos de sus cambuches, sus precarias construcciones en medio de la parcela.

Los y las voceros/as en una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro marcaron la necesidad de que se pronuncie a favor de los campesinos/as y así poder cumplir con sus directivas de producir para solventar la emergencia económica. También solicitan la intervención inmediata del ministro Wilmar Castro Soteldo y del presidente del INTI, Luis Soteldo, así como el pronunciamiento y actuación del gobernador del estado Barinas Argenis Chávez y del Fiscal General de la República Tarek William Saab para investigar las agresiones, las irregularidades en las detenciones y garantizar por la integridad física y el derecho al debido proceso de los campesinos y las campesinas.

La disputa por la tierra en Barinas es un reflejo de lo que ocurre en distintos Estados de Venezuela. Los campesinos/as apuestan a la reactivación productiva del campo, para seguir defendiendo la soberanía y la paz. Urge avanzar con la democratización de las tierras, ponerlas en las manos de quienes la trabajan día a día con la convicción de producir para enfrentar el bloqueo y los ataques sobre nuestro país.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

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