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La encrucijada colombiana: avanzar por la paz o las fuerzas de la guerra impondrán nuevas tragedias

La encrucijada colombiana: avanzar por la paz o las fuerzas de la guerra impondrán nuevas tragedias


La sociedad colombiana ha salido masivamente a las calles a enfrentar un modelo que sólo trae miseria y sangre para sus hijos e hijas. El gobierno de Uribe vía Duque se alinea a los intereses dictados por Estados Unidos y avanza en contra de los deseos de una población que busca la paz y la prosperidad.

Las causas, las variables, los cambios en los números de la guerra antes y después de la firma de los acuerdos de paz, las perspectivas de los derechos humanos en Colombia, son algunos de los temas sobre los que Prensa Crbz conversó con Camilo Gonzalez Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), director de la Revista Punto de Encuentro e integrante del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos. 

¿Cómo describiría a grandes rasgos la situación de derechos humanos en Colombia? ¿Qué elementos caracterizan al país desde esta perspectiva?

Con la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016 la situación de derechos humanos y de infracciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario cambió a favor de la población, hay una disminución notable de los indicadores de violencia sociopolítica y armada. Sin embargo, las respuestas a los nuevos retos han sido lentas e insuficientes desde de los gobiernos y de resistencia a implementar los acuerdos de paz en la actual administración. Con la terminación de la guerra y dejación de armas por parte de las FARC- EP, en los años 2017 y 2018 vimos una disminución radical en homicidios políticos, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desaparición forzada y de muertes en combate. Pero en las regiones con historias recientes más críticas de violencia no llegó el Estado Social y llegaron más rápido las mafias de la parapolítica, los narcotraficantes, paramilitares y acaparadores de territorios. La transición al posconflicto ha sido difícil por la beligerancia de una ultraderecha que ha querido destruir los pactos de paz y que mantiene los discursos de guerra y odio. El ambiente de polarización y la capacidad política de los partidarios de continuar la guerra sin dar espacio a las soluciones negociadas está facilitando la recomposición de muchas violencias y la persistencia de una crisis humanitaria en muchas regiones del país. Colombia se encuentra en una etapa de transición traumática, con una mayoría de la población esperanzada en la paz, que sale por millones a exigir alto a la violencia y que choca con grupos poderosos que han tenido en la guerra su mejor estrategia para mantenerse en el poder y acumular riquezas.

¿Cuáles son las razones por las que existe un tan alto número de líderes y lideresas asesinadas? ¿Qué factores y actores entran en juego y de qué forma? ¿Cuáles son los métodos y modus operandi con los que se concreta la violencia política?

Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC EP emergió en el país y en las regiones críticas un multitudinario movimiento social y político de esperanza y de nuevas reivindicaciones. Se hizo visible el papel de centenares de miles de líderes y lideresas que desde las veredas y comunas emergieron como voceros en defensa de sus territorios y de demandas aplazadas. A nivel nacional se reconfiguraron movimientos y partidos hasta el punto de expresarse en una disputa sin antecedentes por la Presidencia de la República y de administraciones territoriales. Ese avance de nuevos liderazgos ha chocado con pequeños y grandes intereses de grupos legales e ilegales que responden con violencia. Y el gobierno actual en lugar de responder con ampliación de la democracia y políticas sociales, le da prioridad a una nueva estrategia de guerra y de persecución abandonando los acuerdos sobre reforma rural, concertación para la sustitución de economías cocaleras, restitución de tierras y derechos a las víctimas de la guerra que suman más de 10 millones de colombianos.

El principal determinante de la persistencia de violencias en el período posacuerdo es la falta de políticas y medidas desde el gobierno. En particular, la negativa a implementar integralmente los acuerdos de paz como estrategia central del Estado. Estas debilidades le han dejado margen a las mafias, narcoparamilitares, paramilitares, políticos y empresarios acostumbrados a los ambientes violentos para disputar territorios y esferas de poder. Se han reorganizado grupos armados con incidencia en cerca de 250 municipios de los 1100 que tiene Colombia, especialmente en zona de frontera. A esto se suma el fracaso de las negociaciones con el ELN y la imposibilidad en el actual período de retomar un escenario de diálogo y desescalamiento de la confrontación que sigue presentándose en cerca de 100 municipios y que genera escepticismo sobre la oportunidad de la paz. El cambio de administración en los Estados Unidos ha significado el retorno a la guerra antidrogas como cobertura de la geopolítica y control militar en la región. Esto se concreta en muchas dinámicas violentas, como la reanimación de operaciones militares contra cerca de 2 millones de colombianos que están en economías cocaleras, el fortalecimiento de controles militares en las fronteras y la activación de centenares de agentes de inteligencia y de operaciones encubiertas.

¿Se ha modificado de alguna manera esta situación de asesinatos de líderes y lideresas sociales desde los acuerdos de Paz? ¿Cómo incidieron dichos acuerdos en estos asesinatos?

Desde la firma de los acuerdos en noviembre de 2016 a enero de 2020 se han registrado 793 asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia. El promedio anual de homicidios políticos en tiempos de guerra intensa entre 1990 y 2010 fue de 10.000 personas y se puede decir que el 20% eran líderes y lideresas sociales. Con las negociaciones de paz, esa cifra se redujo, pero desafortunadamente el carácter fraccionado del proceso, con división en la cúpula del régimen y persistencia de disputas armadas por territorios, ha llevado a la persistencia de asesinatos, amenazas y retorno del desplazamiento forzado y de ejecuciones extrajudiciales. Según los registros que lleva Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz) con Marcha Patriótica se han tenido 208 asesinatos de líderes en 2017, 282 en 2018, 253 en 2019 y en 2020 van 41 en mes y medio, un líder/lideresa asesinado cada día. La mayoría son indígenas y campesinos defensores de derechos territoriales y entre ellos 85 pequeños cultivadores de coca que han sido asesinados por defender los programas de sustitución que se anunciaron con los acuerdos de paz. La persecución política es evidente en el número de asesinato de líderes y lideresas de la Marcha Patriótica y la masacre continuada de excombatientes de las FARC, que se eleva a 250 víctimas por asesinato y atentados. El gobierno niega la sistematicidad de esta ola de asesinatos y agresiones pero hay que decir que existe un patrón que parte del negacionismo y la estigmatización que se hace desde esferas del poder y del partido de gobierno para crear un ambiente de intolerancia, de rechazo a los mecanismos transicionales de justicia y complicidad abierta o silenciosa con las violencias que persisten. Las víctimas tienen en común ser defensoras de derechos territoriales y de los acuerdos de paz y la modalidad más frecuente de la agresión es la contratación de sicarios por parte de autores intelectuales interesados en mantener poder y riqueza a punta de dictaduras del miedo.

La lucha político social que se desarrolla en tan adverso contexto, ¿qué instrumentos, mecanismos, estrategias  y caminos ha construido para sostenerse, crecer y avanzar?

Este período de transición ha sido una oportunidad excepcional para la emergencia y visibilidad de nuevas alternativas sociales y políticas. Es la cara de la moneda. El sello es la violencia que persiste. La gran movilización que se dio el pasado 21N que se prolongó hasta el 14 de diciembre con millones de personas en la protesta, la marcha, la huelga y la «cacerola» ha sido la cima de olas cada vez mayores y sincronizadas de movilización democrática de la juventud y muchos otros sectores en contra de las políticas de retorno a la guerra generalizada y a nuevas medidas del portafolio neoliberal. Se han sintonizado movilizaciones ambientalistas, campesinas, étnicas, laborales, culturales y esa movilización seguirá marcando el escenario nacional en estos años. La situación política es de gran polarización y de equilibrios inestables entre fuerzas enfrentadas. El gobierno de Duque ha sido un gobierno de crisis desde el inicio y se ha debilitado al ritmo del descrédito del poder detrás del trono ejercido por el ex presidente Alvaro Uribe. En las pasadas elecciones para alcaldes y gobernadores el uribismo sufrió derrotas importantes incluso en zonas de tradicional predominio. En cambio se han fortalecido expresiones políticas de centro izquierda.

En el reciente contexto del paro nacional, ¿cómo ha reaccionado en concreto el gobierno? ¿qué acciones específicas ha implementado ante la movilización y protesta popular? ¿Puede señalarse un incremento de los asesinatos políticos?

El gobierno de Iván Duque ha respondido a la protesta y ante su debilitamiento reforzando sus estrategias de seguridad y defensa para otra guerra y no para avanzar hacia la paz. Cada vez se alinea más con la administración Trump y sus políticas hegemónicas en la región, han relanzado estrategias de guerra antidroga al estilo de lo que fue el Plan Colombia y en la respuesta en las regiones con más violencia es sobre el eje militar y la acción social que se le subordina. Ante la protesta urbana el gobierno se niega a hacer concesiones en su paquete de medidas y reformas legislativas y por el contrario anuncia el fortalecimiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

¿Qué perspectivas tiene el tema de los DDHH en Colombia en un corto y mediano plazo?

En los primeros días del 2020 la situación de los derechos humanos viene deteriorándose a velocidades alarmantes. Hay emergencia humanitaria en la frontera con Venezuela, región del Catatumbo, en el Putumayo, al sur en el límite con Ecuador, en la zona noroccidental de Antioquia, sur de Córdoba y Chocó, en el Norte del Cauca. Frente a esta situación y la falta de respuestas efectivas desde el gobierno se han activado los mecanismos de respuesta desde la base de la sociedad y los sectores defensores de la paz. Se ha fortalecido una gran alianza en Defensa de la Paz y se anuncian grandes movilizaciones en febrero marzo y abril que le dan continuidad a la agenda del Paro Nacional. En Colombia se mantiene en alerta el gran movimiento por la paz y por avances hacia la paz más completa. Desde estos espacios y un sentimiento mayoritario se están rechazando todo tipo de convocatorias a la guerra, incluidas las que se siguen haciendo desde el ELN o de disidencias del partido FARC como la que encabeza Iván Márquez. En estos años Colombia seguirá en la encrucijada: o se avanza en la implementación de los acuerdos de paz y en el gran frente por la democracia y la paz o las fuerzas de la guerra impondrán nuevas tragedias.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

 

Defender la victoria de Evo es defender la paz, la democracia, la prosperidad y la soberanía de América Latina toda

Defender la victoria de Evo es defender la paz, la democracia, la prosperidad y la soberanía de América Latina toda

Al complejo escenario recientemente configurado en América Latina con las rebeliones populares antineoliberales en Ecuador, Haití y Chile, en las cuales las fuerzas de derecha que gobiernan en esos países han respondido con la más brutal represión, se agrega un nuevo capítulo: el desconocimiento del contundente triunfo electoral de Evo Morales por parte de la derecha boliviana e internacional, respaldado por el poder mediático del planeta y por la élite del poder económico y político de EEUU.
Los hechos ocurridos en Bolivia durante la noche y la madrugada de ayer permiten afirmar que el plan implica el mismo guión aplicado en Venezuela durante las elecciones del 14 de abril de 2013, cuando Nicolás Maduro Moros ganó las elecciones al candidato de la derecha Henrique Capriles Radonsky: 1) desconocimiento del resultado electoral por parte del candidato perdedor sin que exista ningún elemento probatorio para ello, 2) circulación de fakenews supuestamente probatorias de un fraude electoral, 3) violencia y vandalismo en la calle, 4) falsos positivos para acusar de violencia a los simpatizantes de Evo y de represión al gobierno, 5) desconocimiento del resultado electoral por parte de organismos internacionales como la OEA y de organizaciones no gubernamentales como Human Rigth Watch, 6) desconocimiento del resultado electoral por parte de voceros y voceras políticas de fuerzas derechistas en el continente, como el caso de María Corina Machado y Andrés Pastrana.

La aplicación de este formato pone nuevamente en evidencia cómo las fuerzas de derecha en los países de nuestro continente actúan cohesionadas y alineadas bajo la dirección de Estados Unidos en su plan estratégico para recuperar el control del poder político en los países latinoamericanos y restituir el continente a los tiempos del ALCA.
También se pone en evidencia, además, su carácter autoritario y elitesco: para esas fuerzas no tiene ningún valor la voluntad de las mayorías populares, esas fuerzas no son demócratas, no reconocen a las mayorías populares como sujeto histórico conductor de su destino, sólo actúan en función de los intereses estadounidenses en la medida en que de esa forma garantizan sus intereses en tanto élites locales: en Venezuela y Bolivia alegan fraude electoral e ilegitimidad de los presidentes de ambos países, electos trasparentemente por el voto popular; en Ecuador, Chile y Haití avalan la cruenta represión, ocultan los crímenes de lesa humanidad, inventan fantasmas y conspiraciones para ocultar que el neoliberalismo es rechazado con violencia por las mayorías.
La amenaza que se cierne hoy sobre Bolivia es grave. A pocos meses de que EEUU desarrollara en Venezuela el plan Guaidó, en el cual no sólo se aplican todos los pasos arriba mencionados sino que se agrega la autoproclamación presidencial y el reconocimiento internacional de la misma por parte de factores de poder internacional encabezados por el gobierno de EEUU y la OEA, podríamos estar ante un nuevo ensayo de esa estrategia, que implica, además de la posible autoproclamación del candidato perdedor como presidente y su posterior reconocimiento: 1) presión para que se quiebre la fuerza armada, traicione la institucionalidad y se cuadre a favor de las fuerzas antidemocráticas e injerencistas, 2) operaciones psicológicas para fabricar un estallido social, 3) presión para que se quiebre la unidad política en torno al liderazgo de Evo y García Linera, 4) agresión diplomática para desconocer al gobierno legítimo de Evo y aislarlo internacionalmente, 5) amenaza militar y agresión económica, 6) declaración de un gobierno paralelo en algún territorio del país o fuera de éste.


Se trata de una hora crucial para la hermana Bolivia y para nuestra América. La victoria de la paz, la democracia y la soberanía de Bolivia será la victoria de la paz, la democracia y la soberanía de América Latina. No es poca cosa lo que está en juego.
Para ello será clave la mayor y más unitaria solidaridad internacional posible con Evo y con el pueblo boliviano, será clave la capacidad del liderazgo boliviano para mantener la unidad y cohesión popular ante las presiones, la guerra mediática y la agresión, será clave la unidad que exista entre el pueblo, la fuerza armada y el liderazgo de Evo y García Linera, será clave la actuación unitaria, cohesionada y audaz de las fuerzas diplomáticas en el continente y fuera de éste para detener la avanzada que dirige Estados Unidos, será clave la capacidad que tengamos para romper el cerco comunicacional y poder contrarrestar las campañas de desinformación y manipulación que pretenderán falsear la realidad de Bolivia.
La batalla por la independencia y prosperidad de América Latina no ha terminado. Seguimos de pie y en lucha. Las fuerzas que pretenden doblegarnos y someterenos no descansan y no descansarán. La unidad de los pueblos es hoy más que nunca una necesidad histórica irrenunciable.

Sigamos firmes, sigamos alerta, sigamos construyendo la integración que nos hará fuertes para resistir y vencer las élites internacionales y nacionales que sólo nos quieren sometidos(as).

Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Resistencia de Honduras es contra régimen neocolonial

Resistencia de Honduras es contra régimen neocolonial

En Honduras se vive una continuidad del golpe de Estado que derrocó a Zelaya en 2009. El régimen autoritario que somete al país se expresa en extractivismo, fraudes electorales, sicariato, militarización, narcotráfico y militarismo.

A su vez, la gente resiste con base en su capacidad de lucha y en las ideas, el ejemplo, de mujeres como Berta Cáceres, a quien no pudieron arrancar del corazón de un pueblo que sigue en resistencia masivamente en las calles.

A propósito de ese contexto de lucha popular, Prensa CRBZ conversó con Laura Zuñiga Cáceres, hija de Berta y activista por los derechos humanos, militante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH.

Laura Zuñiga Cáceres.

El mes de junio se cumplieron 10 años del golpe de estado que sacó a Zelaya. ¿Cuáles fueron los motivos del golpe militar de 2009?

A 10 años creo que hay una perspectiva más profunda de las causas del golpe de Estado. Esto se evidencia ahora con la presencia de la ayuda militar de los Estados Unidos al régimen de Juan Orlando Hernández. Uno de los motivos fue reafirmar la presencia y el control del gobierno norteamericano sobre Honduras. Recordemos que nuestro país durante los años 70 y 80 fue utilizado como base de operaciones para intentar acabar, golpear a los movimientos de liberación nacional que se formaron en Centroamérica durante esos años.

En el momento que se produce el golpe, había un auge, un avance de los gobiernos progresistas y de los gobiernos de izquierda; con planteamientos interesantes, como por ejemplo las asambleas nacionales constituyentes. Esta fue una gran bandera del movimiento social en Honduras en el 2009, previo al golpe de Estado y posterior al golpe también. Se debatían ejes de profundos para la refundación del país: hacer una nueva constitución que permitiera las condiciones legales, el marco jurídico, para avanzar en los cambios hacia la emancipación del país de las garras del imperialismo. En los primeros momentos del golpe se hablaba de asesinatos a líderes sociales que llevaban esta bandera, noticias falsas que no eran casuales.

Uno de los grandes impulsores del golpe fue el empresariado local e internacional que empuja las políticas extractivistas en nuestra región. Durante los primeros meses se dieron concesiones en el área minera y energética, que permitieron la entrada masiva de las empresas extractivas a nuestros territorios, muchas de éstas mancomunadas con militares que se volvieron empresarios del extractivismo. A partir del 2009 otro sector que se reafirmó, se reposicionó, fue el narcotráfico. Esto tiene relación con las fuerzas políticas que toman el poder a partir de ese momento. Es muy conocida la relación, los vínculos con el narcotráfico que tiene Micheletti, quien asume luego del derrocamiento de Zelaya. Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández (JOH) también son conocidos por estar relacionados con el narcotráfico.

Estos son algunos de los motivos. A 10 años seguimos encontrando que el golpe no se preparó de la noche a la mañana, fue una jugada política de las estructuras de poder que no estaban dispuestas a perder terreno ante un pueblo que se encontraba exigiendo y ganando derechos. El gobierno de José Manuel Zelaya acompañaba estas exigencias de derechos, entre ellos el aumento del salario mínimo, la detención de las concesiones mineras en el país. El golpe buscaba apagar ese fuego que en Honduras se encendió y que buscaba cambios profundos en el país.

Honduras. 2017.

¿Cómo fue la resistencia del pueblo y sus organizaciones en ese momento?

Algo muy interesante fue la resistencia masiva de parte del pueblo hondureño. Marchas gigantes que pocas veces se habían visto en el país. Una resistencia muy politizada, entendiendo qué era lo que estaba pasando. La decisión que se tenía era echar para atrás el golpe y volver al orden constitucional. El movimiento social tuvo la inteligencia de construir la unidad en la adversidad, con una dirección política unificada y audaz. Esos aciertos de los movimientos sociales, esos aprendizajes, permitieron que la resistencia se mantuviera durante muchos meses, elevando la politización de la población. Incluso ante un aparato mediático nefasto que siguió las narrativas del golpismo. Había muy poca posibilidad de tener acceso a los medios de comunicación en ese momento. El movimiento social tuvo la claridad para entender que la motivación del golpe era la reubicación del imperialismo en la región. Por eso la búsqueda de apoyo en los pueblos latinoamericanos, ya que ese movimiento no era solo un golpe al país, sino a toda la región. La resistencia fue masiva, con mucha gente en las calles.

Hay una generación muy marcada por el golpe de estado, que hoy en día son parte de la resistencia contra la dictadura de JOH con niveles muy interesantes de politización.

En 2013 gana JOH y sus dos etapas están marcadas por dos pilares: rofundización neoliberal y violencia institucional. ¿Qué medidas en concreto fue tomando?

Hay una militarización de la sociedad. Un Estado agresivo, autoritario, antidemocrático y dictatorial. Esto va generando y construyendo una pieza clave para los intereses del empresariado extractivo y para los intereses de los Estados Unidos. Esta pieza es Juan Orlando Hernández. Este personaje se logra mantener en el poder con una reelección ilegal, con elecciones fraudulentas (se cambiaron directamente los resultados en medio de un apagón del sistema de conteo de votos) lo que genera mucha oposición de la población.

JOH profundiza con una gran intensidad el modelo extractivista y el modelo de enclave, bajo lo que en un primer momento se llamó Ciudades Modelos, que es el neocolonialismo. Luego se les puso el nombre de Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE). Son territorios del país que tienen leyes especiales que anulan los derechos laborales obtenidos y principalmente anulan la soberanía del país. Porque estas zonas de desarrollo están administradas por empresas transnacionales y por otros países. Cuentan con leyes especiales, específicas, beneficios impositivos. Se marcan y delimitan estas zonas con todo y población. Son zonas destinadas a la explotación de bienes naturales y comerciales. Se generan paraísos fiscales. Hay un extractivismo salvaje que se rige por leyes que están por encima del Estado. El país se vuelve un dador de sus bienes en beneficios de empresas y otros países. Se les da a escoger a las empresas transnacionales las zonas que serán de su explotación, que se regirán por leyes y beneficios especiales. Es un mecanismo total de entrega. Hay una “feria” de nuestros recursos. Esto se hace a través de eventos como “Honduras está preparado para la minería” o “Honduras is Open for Business”, este último lleva así directamente su nombre en inglés.

Se ponen a disposición los recursos de nuestro país. Esto genera grandes niveles de corrupción. Las empresas compiten en corromper a los servidores públicos, a los funcionarios, para que éstos le den los trámites de licenciamiento, de concesión. Esto lo vimos con la empresa Desarrollos Energéticos S.A, en el territorio de Río Blanco. A su vez ante la resistencia de las organizaciones y la sociedad, se generó un nuevo marco jurídico para atacar a quienes se oponen a este saqueo y defienden sus territorios. Se judicializa y se encarcela. También hay una militarización de la sociedad, como lo hablaba anteriormente. Son los militares, su represión, quienes mantienen a JOH en el poder e imponen el terror en la sociedad, porque asesinan de manera cruel. En Honduras hay asesinatos selectivos, se crearon aparatos paramilitares, importados desde Colombia. Se genera una unión entre el narcotráfico y las empresas extractivas, un modo de operar que se ha visto también en México.

Tegucigalpa, Honduras, enero, 2018.

En materia de violencia institucional, paramilitarismo y asesinatos selectivos, en marzo 2016 se produjo el asesinato a manos de sicarios de Berta. ¿Por qué se da este asesinato? ¿Qué vínculos tiene el gobierno en este caso?

El asesinato de mi mami, de Berta Cáceres, viene marcado a partir del golpe de Estado. No sólo por ser una persona conocida por sus ideas y acciones en contra de la dictadura, por lo cual era perseguida, sino también porque Berta Cáceres trasciende a una lucha para sacar a un presidente golpista. El asesinato se da para detener la lucha de nuestra compañera, para intentar detener ese símbolo que no sólo era nacional, sino que tenía un gran peso internacional, que lograba generar redes en la región. También para acabar con el símbolo de resistencia que es el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) para el pueblo hondureño y sobre todo para las personas que se enfrentan al sistema extractivo. Porque el COPINH junto a otras muchas otras organizaciones, vienen haciendo escuela sobre la defensa de los territorios ante el extractivismo. Es así como se ha logrado derrotar a grandes empresas, incluso por ejemplo a la represa binacional, la Represa Del Tigre, que es una represa que se intentó hacer entre Honduras y El Salvador y que se logró echar para atrás, gracias a la organización y la lucha de la población que también es parte del COPINH.

Concretamente, nuestra compañera Berta Cáceres estaba siendo coordinadora del COPINH desde el 2013. Ella y el COPINH organizaban la comunidad de Río Blanco, que es una comunidad que está en defensa de su río en contra de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA). Esta empresa asesina y criminal, vinculada a hechos de corrupción, también asesinó a nuestro compañero Tomás García. Para seguir construyendo la represa necesitaban la destrucción del tejido social y de la organización de la comunidad de Río Blanco. En 2015 se había logrado parar la construcción de esta represa, cuando una de las constructoras más grandes del mundo, Sinohydro, se retiró de la construcción a partir de la lucha de la comunidad y de la organización liderada por Berta Cáceres. La empresa Desarrollos Energéticos S.A. había intentado criminalizar a nuestra compañera y a otros compañeros, pero al ver que la criminalización no podía parar esta lucha, entonces la asesinan.

Nosotras vinculamos el asesinato a los sectores del empresariado del área del extractivismo que se han beneficiado con el golpe de Estado. Concretamente a los socios de DESA, la familia Atala Zablah, una de las familias más ricas y poderosas de Honduras y Centroamérica. También vemos la vinculación de los militares en este asesinato, ya que por ejemplo, gran parte de los sicarios que fueron condenados, que son la autoría material, eran militares. La autoría intelectual también está vinculada al gerente general de DESA, David Castillo, un ex militar entrenado en la West Point de los Estados Unidos. Los militares que, como decía antes, se convirtieron en empresarios del extractivismo y ahora aplican el terror a quienes se oponen a estos proyectos.

Funeral de Berta Cáceres.

Pasando a otro tema, ¿puedes explicarnos cuál fue el impacto en términos políticos la caravana de migrantes?

Es algo bien difícil, algo bien doloroso. Hay una parte de la población que perdió las esperanzas y busca irse. Honduras siempre fue un país dador de migración, pero estos últimos años hemos visto cómo se está yendo toda la familia. Esto trajo varios problemas para el gobierno de JOH, ya que desde el gobierno de Estados Unidos se hizo presión para que JOH frene la inmigración, frene la caravana migrante. La caravana fue transformándose en un fenómeno, hasta el momento hubo 8 caravanas. Un fenómeno de huida masiva hacia los Estados Unidos. El gobierno norteamericano amenazó con cortar su ayuda financiera, de estos programas de “desarrollo”. Hay una construcción también contra el inmigrante en Estados Unidos, lo construyen como enemigo interno.

Yo no creo casual la captura del hermano del presidente justo después de las caravanas. Se capturó a Tony Hernández, hermano del dictador Juan Orlando Hernández, quien está detenido en Nueva York. Esto fue una acción de Estados Unidos, moviéndole el piso directamente, personalmente a JOH.

Honduras. 2018.

Actualmente se vive un nuevo período de movilizaciones masivas.  ¿Cuáles son los planteos inmediatos y las tareas que se desprenden para las organizaciones sociales?

Hay un crecimiento de la capacidad de movilización del pueblo hondureño. Vimos en 2009 movilizaciones masivas concentradas en la capital, con un nivel de politización interesante. Luego volvemos a ver otro momento marcado por la movilización del pueblo hondureño en el año 2013 y 2014 a partir de la quiebra del seguro social en Honduras. Estas movilizaciones masivas ya no estaban concentradas solamente en Tegucigalpa, sino que la población se moviliza en su territorio, tal vez con menos politización que en otros años.

Otro momento de grandes movilizaciones tiene que ver con el fraude electoral de 2017, cuando la gente sale a movilizarse en sus territorios y también logran paralizar el país con las tomas de carreteras. Se logra superar a los militares y las policías que no pueden reprimir en todas las zonas que están siendo tomadas. Hay un crecimiento de la politización de la población y de la indignación que trae la imposición de otro período del asesino Juan Orlando Hernández.

Recientemente vimos lo mismo en cada región, con tomas de carreteras que también paralizan el país, pero esta vez las movilizaciones son aún más masivas que las del fraude electoral. Se suman a las organizaciones también gremios, como el docente y el de los auxiliares de la salud. Lo que permite que los paros sean más fuertes, paros de labores de clases, de hospitales, de transporte de cargas. Hubo momentos incluso donde un sector de la policía se sumó a estos paros.

La respuesta es cada vez mayor en tanto resistencia al gobierno de JOH. Esta Honduras es una Honduras que es “pasto seco”, tarde o temprano una chispa provoca un incendio, que tiene que ver con esto de la movilización. Esto es lo interesante, un movimiento que va creciendo. Hay una población que está movilizada. Como movimientos sociales nos falta afinar cómo podemos canalizar, organizar esta molestia del pueblo, para construir una propuesta de país. Tenemos un reto que es el de construir qué proyecto de país queremos cuando caiga JOH, cómo construimos la vuelta a la democracia.

Declaración Política del VII Congreso de la CLOC LVC

Declaración Política del VII Congreso de la CLOC LVC

La Habana, 30 de junio de 2019

Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Fidel Castro Ruz, 1 de mayo de 2000

En la Habana, Cuba, en el 60 aniversario de la firma de la Ley de Reforma Agraria, a 27 años de la conformación de la CLOC y a 25 de su primer congreso Continental, nos reunimos 300 delegadas y delegados de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, sin tierra, pescadores artesanales, pueblos originarios y trabajadores y trabajadoras agrícolas, jóvenes y mujeres provenientes de 30 países en representación de todas las regiones de América, representantes de Via Campesina Internacional de África, Asia, Europa y Norteamérica y mas de 50 invitados internacionales para celebrar el VII Congreso Continental de la CLOC Vía Campesina.

En el largo recorrido de unidad y articulación de las luchas continuamos reflexionando sobre el momento histórico y los desafíos del movimiento Campesino Internacional

En un contexto caracterizado por la agudización de la disputa geopolítica y una ofensiva imperialista atacando a los gobiernos progresistas y criminalizando a los movimientos populares, promoviendo golpes de estado y desacreditando lideres de masas con mecanismos coordinados desde sectores militares, judiciales y grandes medios de comunicación violando los sistemas democráticos y los derechos humanos. Estados Unidos arremete peligrosamente para retomar la dominación sobre el territorio Latinoamericano y subordinar los estados Nacionales a sus intereses geopolíticos y económicos causando, hambre y pobreza , desatando una nueva etapa de la guerra cultural que pretende naturalizar el odio fascista y la discriminación. Millones de migrantes deben abandonar sus países por la falta de oportunidades, son privados de su derecho a migrar y sometidos a todo tipo de violaciones a sus derechos humanos en las fronteras del imperio.

La crisis climática se agudiza de la mano del desarrollo de la agricultura industrial y los altos niveles de consumo de los países que se auto denominan del primer mundo.

Este es el marco de las nuevas guerras de opresión y conspiración contra los gobiernos de los pueblos, particularmente contra Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, el encarcelamiento de Lula, la persecución a Cristina Fernandez de Kirchner entre otros. Declaramos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con los pueblos en Lucha

Rechazamos la criminalización de los y las y los luchadores sociales y exigimos la libertad de los presos políticos de todo el continente.

Hacemos nuestras las reflexiones, análisis y contribuciones contenidas en la Declaración de la V asamblea de jóvenes y VI Asamblea de Mujeres.

Rechazamos el patriarcado, el racismo, el sexismo y la homofobia. Luchamos por sociedades democráticas y participativas, libres de explotación, discriminación, opresión y exclusión de las mujeres y los jóvenes. Condenamos toda forma de violencia doméstica, social, laboral, política, económica, psicológica e institucional hacia las mujeres.

El feminismo campesino y popular es parte de nuestro horizonte estratégico, fortalece la lucha campesina y la construcción del socialismo. Con Feminismo Construimos Socialismo.

La participación y el protagonismo de la juventud en el Congreso y en nuestras organizaciones fortalecen las luchas y garantizan la continuidad.

Celebramos que después de 17 años de lucha las Naciones Unidas haya aprobado y adoptado la Declaración de los Derechos Campesinos y las Campesinas, convirtiéndose en una herramienta Legal y estratégica para nuestras luchas, reconociendo el rol desempeñado por nuestro Compañero Evo Morales en el trabajo y compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia para garantizar un proceso amplio y participativo en el seno de la ONU que permitió que la declaración alcanzara consenso internacional.

Ratificamos nuestro compromiso de solidaridad permanente e incondicional con la revolución Cubana. Condenamos el incremento de la guerra económica, el recrudecimiento del Bloqueo genocida, inhumano, ilegal e inmoral impuesto por casi 60 años al pueblo cubano por el gobierno de los EEUU, asi como la aplicación total de la ley Hemls – Burton por la actual administración norteamericana, exigiendo el fin de esta política.

Reafirmamos nuestro compromiso de luchar y exigir el cumplimiento de la proclama aprobada en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana, de declarar a la América Latina y el Caribe como zona de PAZ. Así mismo exigimos al Estado colombiano el cumplimiento de los acuerdos y diálogos de paz.

Exigimos el respeto y la no injerencia en los asuntos internos y a la auto determinación de los pueblos de nuestra América y en ese contexto nuestro compromiso con el pueblo de puerto Rico y su lucha contra la colonización.

Planteamos la tarea de profundizar de manera autocrítica en las causas que han motivado la caída y retroceso de los gobiernos progresistas para fortalecernos y revertir la relación de fuerzas que hoy tenemos en el continente.

Continuamos recorriendo el camino retomado en La Habana en 2009, enriqueciendo un proceso de discusión reflexión y síntesis desde nuestra memoria histórica de las luchas contra la colonización y la barbarie que desde hace mas de 500 años libran los pueblos, los esfuerzos independentistas , las luchas de liberación, y las contribuciones teóricas clásicas y experiencias socialistas, los aportes de intelectuales latinoamericanos, con la certeza que nuestra propuesta no es ni calco ni copia sino la creación adecuada a la lucha de clases en nuestro momento histórico.

Ratificamos que nuestro plan de acción debe priorizar el trabajo de base y la organización popular, la formación política ideológica y el desarrollo de la comunicación popular para poder enfrentar al Agronegocio y la privatización de las semillas y avanzar hacia territorios libres de capital financiero, transgénicos y agrotoxicos, donde producción agroecológica forje la Soberanía Alimentaria respetando a la madre tierra.

Todas y todos hemos coincidido que para la construcción del modelo socialista que anhelamos, tenemos como reto principal el lograr la unidad de todas las fuerzas de izquierda y revolucionarias en cada país y en el continente y avanzar en la articulación de los movimientos sociales y los partidos políticos de izquierda, que garantice acumular fuerzas y quebrar la Hegemonía Neoliberal levantando la bandera de la integración de los pueblos y la construcción de la Patria grande, profundizando el internacionalismo y la solidaridad.

El VII Congreso de la CLOC que hoy concluimos constituye un punto de partida para desde nuestras organizaciones países y el continente hacer realidad la consigna que ha precedido este proceso:

“Desde los territorios, unidad, lucha y resistencia por el socialismo y la Soberanía de los Pueblos”

Venceremos !

Viva la Unidad de los Pueblos!

Viva la Solidaridad y la hermandad entre los pueblos!

Hasta la Victoria Siempre!

Artículos VII Congreso

 

TOMADO DE: www.cloc-viacampesina.net

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