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Avanza arremetida contra el campesinado

Avanza arremetida contra el campesinado

Wiston Olivero, vocero del rescate de tierras en hato Gavilán-LaChaqueta en Barinas, será presentado la mañana de hoy por la Fiscal 2da de Portuguesa ante un tribunal de control, y será imputado por los delitos de porte ilícito de arma de fuego y asociación para delinquir.

 

Fue detenido el martes 3 de abril en Guanarito por agentes de la Policía del estado Portuguesa, quienes le “sembraron” dos escopetas, municiones y prendas militares junto a un grupo de 10 campesinos de ese municipio. La policía ha informado que se trata de una “célula guerrillera”. El procedimiento policial ocurrió luego de una reunión entre campesinos de Barinas y Portuguesa con el fin de unificar esfuerzos y criterios sobre la lucha contra el latifundio.

 

A este grupo de campesinos(as) se les quiere criminalizar por impulsar la ejecución de la Ley de Tierras. Incluso uno de los “indicios” del delito es poseer un sello húmedo de un consejo campesino. Vale destacar que Olivera ha sido víctima de procesos judiciales amañados entre 2016 y 2018 y acusado de delitos como invasión, abigeato, resistencia a la autoridad y daños a la propiedad privada. Por lo tanto un nuevo proceso penal busca comprometer su libertad y truncar su liderazgo en la lucha por la tierra.

Por las razones antes expuestas, se hace indispensable que en función de garantizar le debido proceso y los Derechos Humanos de Wiston Olivero y estas perosnas, los cargos sean desechados y se investigue cuidadosamente este “falso positivo” montado desde la policía de Portuguesa. Tienen la palabra instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Fuente: LA TABLA

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Alerta: Sigue ofensiva de latifundistas contra campesinado en Portuguesa

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Con el incendio, provocado por hombres armados, de una vivienda y un tractor y la aprehensión de 10 campesinos a quienes habrían “sembrado” armas, continuó ayer en el estado Portuguesa la ofensiva de  latifundistas contra pequeños(as) productores(as) de alimentos, en dos sucesos diferentes registrados en los municipios Guanarito y Papelón, al sur de la entidad llanera.

La detención fue efectuada este martes 3 de abril en la madrugada. En el procedimiento fue aprehendido nuevamente Wiston Olivera Mejías, líder y vocero del consejo campesino Mil Zamoras y una Patria que intenta rescatar el latifundio improductivo Gavilán-LaChaqueta en Barinas. El hecho ocurrió en la ciudad de Guanarito tras haber sostenido una reunión con grupos campesinos de esa región del estado Portuguesa, informaron sus familiares y allegados.

La captura de Olivera y otros nueve campesinos y campesinas la efectuó un grupo de la Policía del Estado Portuguesa que aplicó un “falso positivo” y alega que tenían en su poder armas, municiones y uniformes militares.

Se trata de pequeños(as) productores(as) de alimentos, agrupados(as) en la Fundación Socialista de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria,  que actualmente libran una dura lucha contra el latifundio amparados(as) en la legislación agraria que constituye uno de los principales legados del Comandante Chávez.  El grupo se encuentra detenido en la sede de Poliportuguesa en Guanarito y serán puestos a la orden de la Fiscalía 2da. de esa entidad.

Por otro lado, en el caserío Las Bateítas del municipio Papelón, hombres armados ingresaron a un  área de trabajo del consejo campesino Guasimal Los Caribes, donde quemaron una casa y un tractor y destruyeron cultivos.

El suceso ocurrió dentro del Hato Garzón,  un enorme latifundio improductivo de 24 mil hectáreas que la comunidad intenta rescatar para ponerlo en producción desde hace 8 años, informó la Plataforma de Luchas Campesinas.

En el área permanecen 80 familias campesinas que producen maíz,  frijoles,  caraotas y yuca, así como ganado de doble propósito. El predio es reclamado por un conocido latifundista y explotador de madera en Barinas y Portuguesa desde tiempos de la 4ta República llamado Alí Torrealba quien a lo largo de los años ha usado grupos armados para amedrentar a los campesinos.

La actuación policial le da continuidad a un conjunto de agresiones, desalojos y detenciones contra campesinos con la complicidad de funcionarios policiales y jurisdiccionales corrompidos por grandes propietarios de la tierra. El uso grupos armados al estilo del paramilitarismo colombiano ya es una práctica arraigada en el estado Portuguesa.

Por LA TABLA

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Comunicado CRBZ: Defender las conquistas campesinas y luchar por lo que falta

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La Corriente Revolución Bolívar y Zamora celebra la victoria popular obtenida en la batalla por la liberación de los 32 campesinos y campesinas que permanecieron ilegalmente detenidos(as) en el Cicpc de El Vigía, estado Mérida, liberación que se logró gracias a la presión ejercida desde el movimiento popular, organizaciones sociales como la nuestra, medios de comunicación alternativos y periodistas comprometidos(as), así como de dirigentes y sectores del gobierno y la dirección de la revolución leales a las luchas campesinas y al legado agrarista del comandante Chávez.

Sin embargo, debemos señalar que esta batalla concreta, en el caso del Sur del Lago, se suma a otro conjunto de situaciones similares en otros estados del país que permiten concluir que, si bien no puede hablarse de una política retrograda del gobierno bolivariano en materia campesina, es posible señalar que existen factores dentro de la dirigencia del proceso revolucionario, tanto en la escala nacional como en la regional, comprometidos con una tendencia que pretende restaurar en el país el modelo agrario basado en el latifundio y la explotación del campesinado, un modelo contrario al que impulsó y desarrolló la revolución bolivariana bajo la conducción del comandante Chávez. Estas élites conciben, además, la acumulación de tierra como una de las aristas de un proceso mayor de conformación y fortalecimiento de un nuevo poder económico surgido en estos años de revolución.

Es importante señalar, además, que a pesar de ser el proceso de democratización de la tierra más avanzado ocurrido en América Latina después del cubano, y a pesar de las importantes e innegables conquistas obtenidas por el pueblo en esta área, el proceso de democratización de la tierra adelantado por la revolución bolivariana llegó un momento en que se estancó a causa de distintos factores. De allí que sea necesario impulsar un proceso dirigido a hacer balance, medir logros, revisar errores, y desde allí retomar el camino iniciado en Venezuela por la erradicación del latifundio y la construcción de una política integral en materia campesina que permita alcanzar el logro de una vida digna y plena para la gente del campo. Y ello es perentorio en actual cuadro de agresión imperialista en el que cobra importancia estratégica la producción diversificada de alimentos.

El llamado es, entonces, a la institucionalidad democrática del país, al poder  judicial, a la Asamblea Nacional Constituyente, al gobierno nacional y al movimiento campesino a fortalecer y unificar esfuerzos en esta dirección, en lo que es clave combatir la corrupción, depurar los órganos de justicia y desmantelar el tejido de las mafias agrarias. Es necesario avanzar en un frente unitario de lucha para poder detener esta avanzada que pretende restaurar el modelo latifundista,y construir un plan común de lucha en varios ejes: 1) movilización en defensa de las conquistas, 2) una plataforma común de batalla comunicacional para plantear el debate a nivel nacional sobre el problema de la tierra, y 3) la gestión política ante la institucionalidad para canalizar denuncias y neutralizar los sectores que, dentro de la misma institucionalidad, están detrás de estas pretensiones restauradoras en torno al tema de la tierra.  La Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, modestamente, viene haciendo un esfuerzo de acompañamiento a esta lucha, y estamos dispuestos a aportar lo que nos corresponda en esta materia.

¡Por el legado campesino del comandante Chávez!

¡Por la rectificación democrática de la revolución!

¡Defender las conquistas y luchar por lo que falta!

 

Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

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La Magdalena y el silencio oficial

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Las últimas semanas nuevamente ha sido noticia la lucha por la tierra. Y lo ha sido no por el logro de una nueva conquista, no por un avance en la lucha, sino justamente por lo contrario: un nuevo atropello, un nuevo capítulo de agresión del Estado contra el campesinado, en el que pareciera castigarse su atrevimiento de dar pasos concretos y firmes en la lucha por sus derechos históricos. Se trata del caso de la detención arbitraria de quienes pelean el rescate de las tierras de la finca La Magdalena, ubicada en la zona del Sur del Lago en el estado Mérida.

No había razón jurídica alguna para que los 32 campesinos y campesinas que permenanecen bajo arresto desde hace 9 días en los calabozos del Cicpc de El Vigía, estado Mérida, lo estuvieran. Sin embargo, una jueza de control, Rosario Méndez, ordenó privarles de libertad por delitos como invasión, desacato a la autoridad y daños al ambiente, luego de que dos fisclalas del Ministerio Público, Miriam Briceño y Geraldine Zambrano, solicitaran la medida, que fue ejecutada por funcionarios del Cicpc y la Guardia Nacional Bolivariana.

Si no fuera un hecho suficientemente conocido la cantidad de denuncias que permanencen alimentándose de polvo en las gavetas de los juzgados venezolanos y de las sedes regionales del Ministerio Público, no generaría suspicacia la celeridad, eficiencia y eficacia con que actuaron en este caso, de foma coordinada, tribunales, fiscalía y cuerpos de seguridad. De allí que pueda sospecharse la participación, desde las sombras y la holgura del poder económico regional, de la familia Celis Aranguren, quienes pretenden la propiedad de las tierras en cuestión, aún cuando el Instituto Nacional de Tierras (INTI) ya certificó que se trata de tierras ociosas que deben ser rescatadas y entregadas a los campesinos y campesinas para que las hagan productivas.

Sorprende e indigna que en la revolución bolivariana se den situaciones semejantes. Aunque cada vez ocurren con mayor frecuencia, no deja de sorprender e indignar. Sobre todo porque se trata de una de las más firmes banderas de la revolución y del comandante Chávez: la guerra contra el latifundio, y una de las zonas de nuestra realidad en la que más avances ha habido y más conquistas ha logrado nuestra gente.

La sorpesa e indignación crecen, cuando al atropello lo secunda el silencio oficial, la mudez deliberada de la institucionalidad y sus autoridades. Aunque el Estado y el gobierno disponen de poderosos instrumentos para hacerse oír, en estos casos finge o decide mudez. Hasta ayer sólo medios de comunicación alternativos e independientes, todos chavistas, han dedicado tiempo y espacio al caso. La noticia sólo ha sido referida por sitios web como La Tabla, Alba TV y Desafío Constituyente, y la cuentas de redes sociales de estos medios y otros como Voces Urgentes, y las de organizaciones sociales como la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, así como las de periodistas y comunicadores(as) populares. A pesar de la gravedad de los hechos, no ha habido pronunciamientos oficiales o mediáticos ni de autoridades del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo ni del Instituto Nacional de Tierras (Inti) ni de los cuerpos de seguridad involucrados, ni de otros entes del Poder Ejecutivo relacionados con aspectos concretos del caso.

¿No ayudaría a aclarar la situación y solucionarla que el presidente del INTI o quien dirige su sede regional ratificara públicamente la existencia de una medida de aseguramiento a favor de los campesinos y campesinas y la certificación de la tierra como ociosa? ¿No deberían, acaso, rendir explicaciones públicas los órganos de justicia y los cuerpos de seguridad involucrados, así como las intituciones de protección de derechos humanos como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo? ¿No ejercería presión una declaración pública del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género  en defensa de las campesinas? Esta ausencia de pronunciamiento público de autoridades institucionales al respecto de casos como éste o de problemáticas amplias como el tema de los atropellos reiterados a consejos campesinos en procesos de rescate de tierra, ¿no favorece la actuación opaca y en la sombra de estos poderes fácticos locales en conjunción con actores locales de instituciones del Estado y del gobierno?

Está claro que estamos ante un hecho en el que la gente, la ciudadanía, a través de los medios de que dispone, están interpelando al Estado y al Gobierno ante un hecho concreto que consideran injusto e ilegal. En tal situación la institucionalidad está obligada a responder por los mismos canales y está obligada a tomar posición, además, a favor de quien está siendo vulnerado. Pero nada de esto ocurre. Los medios de comunicación, las organizaciones sociales y las individualidades que asumen frontalmente la denuncia en el ámbito mediático terminan hablando solos. “El que calla otorga”, reza el adagio popular.

Para no continuar otorgando la razón por omisión a la familia terrateniente, a la jueza que sobrepone su competencia por encima del INTI, al Cicpc y a la GNB, habría que escuchar lo que tienen que decir algunas autoridades, como al presidente del INTI, Luis Soteldo, por ejemplo. Y para no continuar otorgando la razón por omisión a quienes han asumido la defensa del caso en el terreno y en los medios de comunicación (quienes denuncian inacción institucional), habría que escuchar lo que tienen que decir, como mínimo, las autoridades regionales del Ministerio del Poder Popular para la Mujer, el Instituto Nacional de Protección al Niño, Niña y Adolescente, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Tienen la palabra y tienen los medios. ¿O seguirán otorgando de tanto callar?

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