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En busca de la bombona perdida

En busca de la bombona perdida

“Nuevas cocinas. O mejor dicho, a recordar viejas técnicas”, dice un mensaje en un grupo de whatsapp de comunas del estado Táchira, junto a la foto de un fogón a leña. “Aquí los nuevos cilindros de gas”, dice otro mensaje junto a la foto de una carretilla cargada de leña. “Excelente, compas. Lo malo de ese tipo de gas es cuando se le mete a uno en los ojos y lo hace llorar”, responde una compañera a los anteriores dos mensajes. Textos como estos, mezclados con humor y sarcasmo, expresan la crítica pública y abierta que hace la gente ante una realidad que enfrentan las comunidades del país: la grave problemática que se presenta con la distribución de gas doméstico, específicamente en este caso en el sur de Táchira y en estados como Barinas y Apure. A propósito de esta problemática Prensa CRBZ estuvo indagando junto a comuneros y comuneras en algunos municipios de los mencionados estados.  Veamos qué encontramos.

Lo que afirma la gente es que para que el servicio de distribución sea óptimo las bombonas deberían ser cambiadas cada quince días. “Si las bombonas llegaran una vez al mes, podríamos incluso ajustarnos. La gente puede administrarse, ahorrar el gas y hacer rendir la bombona quince días más de lo regular”, afirma un comunero en Biruaca. Pero el caso es que pasan hasta cuatro meses sin que el gas sea distribuido, y se sabe de lugares en los que incluso han pasado hasta siete meses sin que se distribuya. Eso significa que en una comunidad de 100 familias, a la que deberían llegar en cuatro meses 800 bombonas, sólo están llegando 100, es decir, 8 veces menos de lo que debería llegar.

En esta realidad inciden varios factores. El primero es una drástica disminución de los volúmenes de gas que se están produciendo en el país, lo cual va de la mano de la caída de la producción petrolera. El segundo, es la también fuerte disminución de la cantidad de gandolas activas que conforman las flotas de distribución que surten llenaderos como el de Santa Bárbara. Después, está el tema de la eficacia institucional de las autoridades que asumen el eslabón final de la distribución, el relacionado con los cronogramas y rutas de distribución de las bombonas. Y por último, están las mafias que desvían, acaparan y bachaquean el gas: no puede determinarse con exactitud la verdadera dimensión en que esto incide, aunque puede sospecharse que la incidencia debe ser alta, determinante, porque entre los mecanismos de distribución paralelos, bachaqueados, nunca falta el gas, siempre hay, aunque a precios hasta quince veces por encima del regular.

Los y las comuneros(as), los y las integrantes de los Clap se preguntan qué pueden hacer. En todas partes el planteamiento es el mismo: “Nosotros hacemos nuestro trabajo en las comunidades, tenemos los censos actualizados, organizamos a la gente para conformar los cronogramas y las rutas de distribución, coordinamos con las autoridades cuando se van a hacer los operativos”. Hasta ahí llegan. No pueden incidir de otra forma. El bachaqueo, los negocios, los privilegios, la ineficiencia, impiden que esta organización se pueda materializar para lograr mayor eficacia. “Hay casos en los que nos han robado las bombonas: camiones que llegan, recogen las bombonas vacías de la comunidad para ir a llenarlas y luego nunca regresan. Hasta esas cosas suceden”, cuenta un comunero de Santa Bárbara. Cuando pasan demasiados meses sin que se les distribuya el gas, entonces trancan vías, protestan.

En algunos casos, como en el municipio Libertador del estado Táchira, se han dado interesantes iniciativas para asumir por parte de la gente organizada la distribución del gas. A finales del año pasado, a raíz de un conjunto de denuncias en las que señalaban que el gas estaba siendo desviado por mafias luego de que salía del llenadero de Santa Bárbara de Barinas, varias comunas como la Alí Primera II y la Cacique Guaicaipuro, avanzaron hacia la conformación de una EPS de distribución de Gas que beneficiaría a más de 9 mil familias a lo largo de 23 rutas de distribución establecidas. El arduo proceso asambleario y organizativo que estas comunas adelantaron chocó al final con el burocratismo y quizá con los intereses económicos detrás del bachaqueo y desvío del gas. Todo el esfuerzo quedó en veremos.

Como se ve, hay una raíz estructural en el problema, que tiene que ver con la crisis económica en general y con el efecto del bloqueo económico y financiero que Estados Unidos sostiene contra el país. Pero el efecto de las razones estructurales es sin duda amplificado por los otros tres factores: la ineficacia institucional (que llega muchas veces a la indolencia) y la corrupción. A lo que se agrega un tercer factor: la desigualdad con que se organiza la distribución del poco gas que se está produciendo en el país, ya que mientras en estados enteros como Apure, Barinas o Táchira se viven situaciones extremas de escasez, en ciudades como Caracas no se llega nunca a estos niveles y en el caso de las zonas en las que hay gas directo en las viviendas éste incluso se derrocha, sin que haya un plan de distribución y administración que considere la necesaria equidad que debe haber en todos los territorios del país .

De lo que se trata, en todo caso, es de una problemática que debería ser afrontada con toda la voluntad que su gravedad amerita, poniendo por delante los intereses de la gente, la recuperación de niveles mínimos de calidad de vida, y tener la voluntad política de enfrentar los sectores mafiosos. Esto, además de consensuar políticas coherentes y coordinadas entre gobernaciones y alcaldías para ir poniendo orden en el asunto, en lugar de que continúen proliferando iniciativas contrarias a los intereses de la gente, que apuntan incluso, como denuncian comuneros y comuneras del Táchira, a formas en que prácticas como el bachaqueo terminan institucionalizándose: hay alcaldes que compran camiones y crean empresas de maletín para la distribución de gas que cobran la bombona hasta en 11mil bolívares soberanos más 1500 extra por transporte. “¿Si no hay gas para la distribución regular cómo sí hay para que empresas como ésta lo distribuyan?. La propuesta sería que cada comunidad o comuna se encargue de su compra y distribución, que cada comunidad ponga su transporte, que se recuperen los vehículos que en las plantas están dañados”, así proponen voceros comunales  en Táchira.

Está claro que niveles óptimos de producción de gas se lograrán únicamente cuando el país logre llevar la producción de petróleo a los niveles regulares. Mientras tanto, urge actuar sobre el problema concreto, que consiste en distribuir un producto que no alcanza para satisfacer la demanda existente, y lograr que esa distribución sea lo más equitativa y justa posible. Para eso no hace falta sino voluntad política e incorporar en la tarea a la mayor fortaleza que tiene Venezuela: el poder de la gente organizada. Ello debe comenzar por informar de manera clara y oportuna a la gente, al país: ¿cuánto gas se está produciendo? ¿cuánto cubre esa producción en relación con la demanda total? ¿cuánto se distribuye en bombonas y cuánto por tubería directa? Con la información clara y precisa la gente podría disponerse a la batalla sabiendo a qué se enfrenta.

En tiempos de agresión imperialista, la defensa de la democracia, de la independencia y de la soberanía implica también no alimentar escenarios propicios para la manipulación por parte de los enemigos del país, a quienes no les interesa resolver los problemas del pueblo, sino simplemente cabalgar sobre ellos para seguir generando acciones de desestabilización.

 

Prensa de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Con la leche no se juega. Comunicado de la Alianza Nacional Productiva

Con la leche no se juega. Comunicado de la Alianza Nacional Productiva


Desde hace algunos días sectores opositores vienen haciendo un llamado a los productores de carne y leche, principalmente en el estado Barinas, a que, en una suerte de paro, no arrimen su producción a Caracas y al centro del país; esto, con el claro objetivo de generar escasez y, con ello, agudizar la compleja realidad económica que vive la gente en las ciudades del centro del país. Como parte de ese plan, entre otras acciones, el día de ayer comenzaron a cometer el crimen de botar la leche, literalmente: en distintos territorios pudo verse a camiones con cisternas, tanques y otros depósitos, botando la leche en grandes cantidades, con el argumento de que no existen condiciones para producir, que el precio de la leche no satisface las necesidades y costos de producción, etc.

En primer lugar, expresamos nuestra más rotunda condena a esta acción criminal, y hacemos un llamado a las autoridades a que esto sea investigado y se castigue a los responsables de promover y realzar dicha acción. Desperdiciar de esta forma, con premeditación y alevosía, de forma calculada, grandes cantidades de un producto vital como la leche es, sin lugar a dudas, un crimen aberrante. Más aún, cuando el país atraviesa enormes dificultades económicas que han incidido notoriamente en la capacidad de las grandes mayorías para acceder a alimentos.

En segundo lugar, desde la Alianza Nacional Productiva creemos que en el tema de la producción de alimentos, en este caso, específicamente de la producción de leche, y por ende de queso, ciertamente han venido profundizándose un conjunto de factores adversos que dificultan enormemente la producción hasta poner en riesgo su viabilidad. La situación, sobre todo de los pequeños y medianos productores, es crítica. De modo que se hace urgente una intervención del Estado para incidir con acciones que puedan hacer que las condiciones de producción mejoren. La crisis de este sector productivo existe, es real, razón por la cual es necesario que el Estado conduzca esfuerzos a su solución.

En tercer lugar, denunciamos la intención de sectores políticos opositores de cabalgar sobre esta crisis para favorecer sus intenciones y planes desestabilizadores. La convocatoria a paro y a no arrimar producción que vaya a ser destinada a Caracas y a las ciudades del centro del país tiene esa intención, de eso no tenemos dudas, pero lo peligroso es que implica la apropiación discursiva y la instrumentalización política de una situación de adversidad y crisis en un sector productivo que impacta sensiblemente en la población mayoritaria del país. No olvidemos que en medio de la hiperinflación generalizada, el queso, por la proporción favorable en la relación precio/volumen, viene siendo una de las alternativas a las que se ha aferrado nuestra gente en la búsqueda de soluciones a las necesidades alimentarias. Así, creemos que es central que la situación sea abordada en calidad de emergencia por las instituciones del gobierno con competencia agraria, y no permitir que con fines muy lejanos a la búsqueda de la superación de la crisis y del bienestar de nuestra gente, los sectores que producen leche sean utilizados por quienes adelantan una agenda desestabilizadora.

En cuarto lugar, creemos que la forma más adecuada de abordar la situación por parte del gobierno, es haciendo, en principio, un gran llamado a un espacio de diálogo, análisis, debate y construcción consensuada, común, colectiva y seria, de soluciones y rutas concretas para el mejoramiento de las condiciones de producción que puedan garantizar la continuidad de la producción de leche, queso y otros derivados lácteos, así como de otros rubros como la carne. En ese espacio debe haber participación amplia, democrática, horizontal y transparente de todos los sectores involucrados en la producción de leche que están dispuestos a dar la batalla por la recuperación productiva, así como de todas las instituciones, nacionales, estadales y municipales involucradas en la materia. Y es necesario, además, que los acuerdos, consensos y rutas de avance que logren trazarse impliquen metas concretas, plazos específicos, responsabilidades transparente y públicamente asumidas, de modo que pueda evaluarse, y medirse en el tiempo el cumplimiento de los mismos o la necesidad de revisión y rectificación de ser requerido.

La Alianza Nacional Productiva viene haciendo ese llamado de forma reiterada porque lo consideramos de importancia estratégica y vital para el país: sólo con una alianza profunda y responsable entre el Estado y los sectores productivos comprometidos con el país es posible avanzar en la superación de la crisis productiva. Para ese gran esfuerzo ponemos desde ya, modestamente, toda nuestra voluntad, conocimiento y capacidad política. Creemos que es la más urgente de las tareas y a su empuje estamos dispuestos(as) a contribuir con el máximo de nuestras posibilidades.

Alianza Nacional Productiva
Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Tomar el toro por los cachos: tierras para producir

Tomar el toro por los cachos: tierras para producir

Carta abierta de la comunidad campesina de Pedraza al presidente Nicolás Maduro.

Creemos firmemente que la lucha es contra el latifundio, no contra los campesinos y campesinas que labramos las tierras para el sustento de nuestras familias, el municipio y estado. Defendemos todas las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro. Estamos viviendo esta guerra económica y estamos dispuestos a defender con honor esta tierra sagrada…”

Palabras de los Consejos Campesinos del predio “Las Mercedes” dirigidas al Presidente Nicolás Maduro, este último jueves 23 de mayo a través de una carta abierta.

En el Hato Las Mercedes (Pedraza, Barinas) se lleva adelante una disputa por las tierras para su producción, tal cual lo describe la comunidad campesina. En dicho mensaje, se hace un relato de los años de esfuerzos realizados sin obtener la carta agraria que les permita trabajar las tierras en mejores condiciones. 7777 hectáreas, la mitad de todo el terreno, son las que los campesinos y campesinas ponen a producir y reclaman como propias.

Luego del inicio de una semana cargada de tensión, en donde se logró detener un desalojo sobre el predio en cuestión, actualmente se abrió un proceso de mesas de trabajo para abordar y  poder avanzar en el rescate definitivo de las tierras correspondientes a los Consejos Campesinos del lugar.

“Los consejos campesinos que hacemos vida en el HATO LAS MERCEDES queremos hacer de su conocimiento la lucha que se ha realizado desde el año 2012 hasta el presente… Sin obtener ninguna respuesta a favor del campesinado, a pesar de que el INTI se ha pronunciado en diferentes ocasiones desde sus coordinaciones en lo nacional como en lo estadual a favor de los campesinos y campesinas que ocupamos el predio Las Mercedes…”

Acompañan a la carta distintos documentos oficiales del Instituto Nacional de Tierras, en donde se deja constancia de las resoluciones y notificaciones que este organismo llevó adelante los últimos años. En primer lugar, se muestra el acta de la resolución del año 2014 en la que se establece la ociosidad de las tierras en su momento pertenecientes a la familia Riera Zubillaga, de la empresa de Inversiones Rizsa S.A. Esta resolución se basa en las inspecciones realizadas en febrero de 2013 y en los meses de abril y mayo de 2014, según se puede leer en el acta elaborada por el INTI.

También se adjuntan a la carta las notificaciones hechas a las distintas partes en conflicto así como también las realizadas públicamente y el acta de inicio del proceso administrativo de declaratoria de permanencia en el terreno de los distintos Consejos Campesinos del lugar.

“Nuestra pregunta es: Si las leyes se hicieron para cumplirlas por qué no se ha cumplido en la entrega del predio Hato Las Mercedes, si el Directorio Nacional del INTI en sus facultades conferidas en el artículo 125 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario ACUERDA Y DECLARA OCIOSOS LOS TERRRENOS DEL DENOMINADO HATO LAS MERCEDES”

Inspecciones, resoluciones, notificaciones, publicaciones en la prensa. Distintas partes del proceso administrativo del rescate que no llega al final esperado por parte de la comunidad campesina. El retraso, en este caso de más de 5 años, termina beneficiando en los hechos a los antiguos dueños de las tierras, contrariando el espíritu de las resoluciones intermedias aplicadas por el organismo dirigido por Luis Fernando Soteldo. Este estado de situación es el que llevó a los campesinos y campesinas a tomar la decisión de dirigirse al presidente Nicolás Maduro. En la carta se menciona la aparición y participación de una “comisión mixta agraria” defensora de los intereses de los terratenientes, que pretende pasar por encima de las facultades del INTI, como fue el caso del juez agrario Fernando Conteras, quien ordenó el desalojo finalmente detenido.

Las comunidades campesinas, los Consejos Campesinos y las organizaciones que acompañan la lucha que éstos llevan adelante avanzan ante diversas dificultades con un objetivo claro: La reactivación productiva del campo. “Para dar un golpe certero a la guerra económica que ha impuesto el imperio.”

Así lo hacen saber en su carta abierta. Las mujeres y hombres del campo van a seguir dando la batalla como mejor lo saben hacer: trabajando la tierra, sembrando, produciendo. Con esa convicción es que hacen el pedido de la resolución definitiva del rescate, de la entrega de la carta agraria.

“…Pensamos y creemos que ha llegado la hora que desde el Gobierno Nacional, INTI central, INTI regional, tomen el toro por los cachos y se pronuncien a favor de los campesinos y campesinas con una decisión definitiva que haga justicia social con nosotros”. 

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A raíz de una orden firmada por el juez del tribunal agrario de Socopó, Orlando Contreras, desde el día jueves 23 de mayo se está produciendo el desalojo de los consejos campesinos que luchan el rescate de las tierras del Hato Las Mercedes, municipio Pedraza del Estado de Barinas.

La disputa por la tierra en la zona lleva más de 7 años. Sobre las 14 812 hectáreas de la finca rige una resolución del Instituto Nacional de Tierras (INTI) desde marzo del año pasado, que establece el rescate a favor de los y las campesinos/as sobre la mitad del predio, 7777 hectáreas. Mitad del terreno corresponde a la comunidad campesina y la otra mitad a Inversiones Rizsa SA, representada por Ignacio Riera. Cumpliendo con los requerimientos legales del caso, esta resolución fue comunicada por la prensa del Estado de Barinas a la población general de la zona y a cada una de las partes del conflicto. Ya en mayo de 2015 se notificaba el inicio de la regularización de las tierras, primer paso del rescate parcial concretado a favor de la comunidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Los y las voceros y voceras de los/las campesinos/as plantean que la orden del juez Contreras es un acto arbitrario, que se pone por encima de las resoluciones de un organismo nacional como el INTI, con el único objetivo de favorecer los intereses de la familia Riera Zubillaga, de la empresa de inversiones mencionada.

Unos 15 vehículos de las fuerzas de seguridad se presentaron este jueves 23 de mayo con la orden de desalojo.  En la mañana del viernes, éste se llevó adelante por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y miembros de la policía de Barinas. Dos de los ocho Consejos Campesinos que se organizan en la zona fueron desalojados y se teme se avance sobre los restantes, como lo plantea la orden firmada por Contreras, quien establece el desalojo total de las tierras que pertenecen a la comunidad campesina.

Los y las voceros/as denuncian que hay campesinos golpeados y otros detenidos que permanecen en los predios de los presuntos dueños, al mismo tiempo que piden se detenga el desalojo. También describen que la gabarra (embarcación plana) que atraviesa el río, está siendo controlada por empleados del terrateniente, determinando quien puede o no acceder. La importancia de la misma radica en que es la única comunicación entre el sector Santa Marta de la parroquia Ignacio Briceño Méndez con el resto del municipio.

Los Consejos Campesinos “Yo soy del pueblo”, “La Batalla”, “Agricultura y Cría Bolivariana”, “Brazo de Maduro”, “El Jerusalén” y “En la Unión está la Fuerza”, permanecen aún en sus parcelas. Los consejos “La Bomba” y “Las Guasimas” fueron desalojados amparándose en que se hallaban fuera del área correspondiente a la comunidad delimitada por el INTI en la distribución de las tierras; el hecho de estar ocupando terrenos que estaban por fuera del área acordada, no es justificación para el violento accionar de las fuerzas de seguridad, menos aún es pretexto para aprovechar la situación y avanzar sobre las tierras que legítimamente fueron otorgadas a la comunidad campesina, como lo espera la familia  Riera Zubillaga. Este avance es el que firmemente enfrentan en estos momentos las familias del Hato Las Mercedes.

La situación tiene su precedente en marzo de 2017, cuando los y las habitantes del predio fueron sacados y sacadas de las tierras, viendo cómo eran destruidas cientos de hectáreas de su siembra y quemados algunos de sus cambuches, sus precarias construcciones en medio de la parcela.

Los y las voceros/as en una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro marcaron la necesidad de que se pronuncie a favor de los campesinos/as y así poder cumplir con sus directivas de producir para solventar la emergencia económica. También solicitan la intervención inmediata del ministro Wilmar Castro Soteldo y del presidente del INTI, Luis Soteldo, así como el pronunciamiento y actuación del gobernador del estado Barinas Argenis Chávez y del Fiscal General de la República Tarek William Saab para investigar las agresiones, las irregularidades en las detenciones y garantizar por la integridad física y el derecho al debido proceso de los campesinos y las campesinas.

La disputa por la tierra en Barinas es un reflejo de lo que ocurre en distintos Estados de Venezuela. Los campesinos/as apuestan a la reactivación productiva del campo, para seguir defendiendo la soberanía y la paz. Urge avanzar con la democratización de las tierras, ponerlas en las manos de quienes la trabajan día a día con la convicción de producir para enfrentar el bloqueo y los ataques sobre nuestro país.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

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