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Más atropellos a campesinos en el predio La Escondida, Barinas

Más atropellos a campesinos en el predio La Escondida, Barinas

El predio La Escondida, municipio Rojas del estado Barinas, fue entregado en el mes de mayo al consejo campesino Los Lanceros de la Pescalinera de Zamora. El documento de garantía de permanencia fue firmado por el director del Instituto Nacional de Tierras, Luis Soteldo. Los campesinos deberían en este momento estar haciendo lo que siempre pidieron hacer: producir sin obstáculos.

Sin embargo, la situación es más compleja, ya que, a pesar del documento entregado, el antiguo supuesto dueño de las tierras, Ricardo Mora, se niega a irse y arremete contra los campesinos. Sucedió en el mes de mayo cuando Mora junto a un grupo de hombres contratados dispararon sobre los campesinos. Sigue sucediendo a través de las amenazas y las trancas a vías que realiza Mora y sus administradores para que los campesinos no puedan pasar los insumos para la producción.

“Allí estamos trabajando con las uñas, como podemos, estamos pasando gallinas, cochinos, frijoles, maíz lo que podemos a pesar de los obstáculos que nos ponen (…) Se nos hace bien difícil pasar semillas porque no tenemos entradas y salidas”, explicó José Zapata, del consejo campesino.

Las trancas puestas para impedirles el paso los obliga a tener que, entre otras cosas, realizar caminatas por el terreno para acceder a la finca, pasar por encima de árboles caídos para cruzar los ríos, ya que las vías principales han sido cerradas. Esto dificulta el traslado de insumos, la posibilidad de trabajar la tierra, que es lo que pidieron desde el principio.

El consejo campesino, ante la situación de hostigamiento por parte de quien ya no debería encontrarse en esas tierras, se dirigieron a la jueza agraria para manifestar los reclamos, denunciar: no encontraron respuesta.

 

¿Por qué Mora puede actuar con tanta impunidad? ¿Por qué el Estado se queda de brazos cruzados y, en algunos casos, se hace cómplice del terrateniente a través de los cuerpos de seguridad del Estado y funcionarios?

 

Mora no puede además demostrar cómo accedió a esas tierras ya que no son suyas. En efecto, se trata de un fundo de 860 hectáreas de propiedad de la Nación, del cual se había apropiado un privado, y en el marco de la Ley de Tierras fue rescatado en el 2010 por el Inti y entregado en comodato al Complejo Industrial Azucarero Ezequiel Zamora. ¿Qué hizo luego el Central? Lo seguro es que ya en el 2014 la comunidad campesina formuló una denuncia sobre esas tierras por estar ociosas, y en el 2017 decidieron ingresar al predio para ponerlo a producir.

¿De dónde salió entonces Mora que dice ser propietario de tierras del Estado que por ley no pueden ser vendidas ni enajenadas?

La situación de La Escondida es un caso que evidencia las dificultades del mismo Estado para llevar adelante las políticas que anuncia, no contradecirse entre instituciones, ir hasta el final: rescate de tierras, seguimiento de procesos, apoyo al campesinado. Eso se traduce en escenarios de gran conflicto, donde, en este caso, Mora ya demostró que es capaz de contratar a un grupo de personas y encabezarlas para disparar sobre los campesinos. La situación es extendida a una gran cantidad de rescates. El resultado es amenazas, muertes, judicializaciones y grandes dificultades para lo que pide el campesinado y necesita el país: producir alimentos.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

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Pasos firmes del movimiento campesino en Barinas: reunión con el INTI y desafíos

Pasos firmes del movimiento campesino en Barinas: reunión con el INTI y desafíos

La toma pacífica del Instituto Nacional de Tierras (Inti) Barinas el día lunes por parte del movimiento campesino comenzó a dar sus frutos. Se realizaron mesas de trabajo, y una reunión con el Inti, con la presencia de su presidente Luis Soteldo, y con el secretario de gobierno del estado, Luis Guzmán. De esta última participaron 49 predios del estado, consejos campesinos, cooperativas, movimientos como la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora, Tupamaros, PCV, PPT, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, y el Frente Campesino Simón Bolívar. La misma había sido acordada el día lunes.

Durante el encuentro se leyó el documento unitario utilizado en la toma del Inti, así como lo realizado en la asamblea del día anterior al encuentro. Se llegaron a varios acuerdos, entre ellos que el movimiento campesino acompañe el proceso de todos los predios, que revise la situación actual de cada uno, incluso en los que haya ido el INTI sin presencia del movimiento, con el objetivo de encontrar la mejor respuesta tanto técnica como política para el campesino.

También se abordó el problema central de la criminalización de los campesinos, de quienes han sido imputados, quienes tienen medida cautelar, como es el caso de 41 compañeros. Se planteó la necesidad de abordar la solidaridad y lograr la libertad plena para cada uno de ellos.

“En el estado Barinas se vienen dando pasos firmes, gigantescos, por parte del movimiento campesinos, se viene organizando, fortaleciendo, se está en movimiento permanente, garantizando que se le dé respuesta al plan de urgencia productiva agraria, a los rescates de los predios, para que se implemente una política para el pequeño y mediano productor, se garanticen los derechos humanos”, afirmó Juan Carlos Pinto, diputado al consejo legislativo y militante de La Corriente.

Con la acción de lunes se demostró la importancia de la unidad campesina, popular, para poder avanzar en los objetivos urgentes y estratégicos, como son la democratización de las tierras y la necesidad de ponerlas a producir bajo protagonismo de los campesinos y campesinas organizados. Vienen nuevos pasos de avance, fortalecimiento de la unidad, de la pelea histórica por el legado agraria de Hugo Chávez.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

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¿Por qué se levanta el campesinado en Venezuela?

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“Estamos aquí por una lucha que hace años comenzó el comandante Chávez, porque gracias a Chávez hoy tenemos el derecho inviolable a rescatar las tierras que estén ociosas. Y no entendemos por qué a los alcaldes, gobernadores y funcionarios de tierras se les llenan los bolsillos a costillas de los campesinos. Para que una comisión vaya a inspeccionar un predio tenemos que pagarles el transporte, la comida y el hospedaje, y luego los informes salen favorables a los latifundistas. Estamos cansados de que sigan matando líderes campesinos y ningún bandido de esos caiga preso”. Así se expresaba Juan Aguilar, vocero campesino del municipio Ezequiel Zamora, durante la toma pacífica del Instituto Nacional de Tierras que se realizó el pasado lunes en Barinas.

La vocera Omaris Henríquez, de la Plataforma de Luchas Campesinas y la Corriente Clasista “Nicomedes Abreu”, decía, por su parte: “A nivel nacional la situación es la misma: desalojos, violaciones a los derechos humanos de los campesinos, atropellos a mujeres campesinas por funcionarios de los cuerpos de seguridad. Asimismo, casos de sicariato. Señor presidente, el pueblo campesino te ha apoyado. ¿Por qué no hay respuesta si somos los campesinos los que le estamos dando respuesta alimentaria a la ciudadanía? A pesar de que tenemos un Ministerio de Agricultura y Tierras no percibimos los insumos a tiempo porque son destinados a los grandes productores”.

Estos dos testimonios de participantes en la movilización campesina del pasado lunes, difundida en redes sociales con la etiqueta #BarinasSeLevanta, sintetizan las razones por las cuales se dio la toma. Esas problemáticas vienen ocurriendo, se vienen haciendo las denuncias ante los organismos competentes y a través de los medios de comunicación, y la situación sigue igual, sin respuesta. Incluso luego de la alocución del presidente Maduro ordenando la atención de la situación y la conformación de una comisión de la Constituyente para abordar el tema. Tuvieron lugar algunas reuniones, se han hecho algunas entregas de tierras puntuales y se han autorizado algunos rescates pero sin que se concreten los pasos jurídicos y administrativos para ello. Lo mismo viene sucediendo con el tema del sicariato de Jesús León y Guillermo Toledo ocurrido el 12 de mayo y de la investigación y justicia necesaria sobre los casos de atropellos y violaciones a DDHH.

A propósito de la movilización, Lesbia Solórzano, vocera de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora (CANEZ), opinó: “La acción fue satisfactoria porque estábamos dormidos. Teníamos dos años como movimiento prácticamente desactivados. Y esto permitió que la élite latifundista y las mafias agrarias avanzaran. Por ejemplo, luego de la toma del Inti se suscribieron al documento otras organizaciones como Jirajara y el Bloque Agrario del Sur del Lago, y han manifestado sumarse a la lucha. Lo mismo sucedió con movimientos del eje oriental del país”.

 

Solórzano se refirió a otros aspectos que considera deben hablarse claramente, como el tema de la criminalización del campesinado, que viene siendo estigmatizado como revendedor de tierras, improductivo y vinculado al paramilitarismo. Esto, como parte de una estrategia para argumentar a favor de los latifundistas y los sectores agroindustriales: “El actual ministro se basa únicamente en los grandes terratenientes y muestra es algunos de sus logros, pero no se vincula con las luchas campesinas, con los rescates de tierras. Hay que preguntar a dónde se va esa supuesta producción, si es que existe, de todas esas tierras que están en manos de terratenientes y que se supone productivas y el Inti las certifica como tal”.

La vocera de CANEZ valoró el carácter unitario que tuvo la manifestación y planteó la necesidad de continuar por ese camino para poder lograr los objetivos: “Van a tener que bailar pegao con nosotros porque cuando nos unimos somos fuertes. Vamos a dar la pelea y van a tener que escucharnos. Tendrán que aceptar que deben trabajar conjuntamente con nosotros los campesinos y tomar en cuenta nuestras propuestas”.

En la toma pacífica del Inti participó también el diputado al consejo legislativo regional Carlos Velásquez, de Tupamaro. Con respecto a los logros concretos de la movilización expresó su descontento porque a la reunión en la Secretaría General de Gobierno de Barinas, que se realizó inmediatamente después de la movilización, solo pudieron entrar los tres diputados regionales, Juan Carlos Pinto, William García y él, y no se le permitió entrar a los voceros y voceras de las organizaciones campesinas: “Lo más importante en esa conversación fue que se abrió la posibilidad de que las organizaciones sociales y los partidos del GPP tuviéramos una participación en las comisiones que van a inspeccionar en el futuro los lotes que tiene Denuncia de Tierra Ociosa (DTO), porque no estamos de acuerdo en la forma unilateral en que viene desarrollándolo el INTI conjuntamente con los dueños de fincas”.

Velásquez resaltó un hecho político clave: en las elecciones del 20 de mayo el pueblo barinés eligió a dos diputados que son dirigentes campesinos, lo que significa que en ese espacio los campesinos no están huérfanos. Y es importante, además, que desde allí se comienza a ampliar ese espectro de apoyo a la problemática campesina: “Juan Carlos Pinto y yo venimos haciendo un trabajo intenso para lograr la participación y el apoyo de otros diputados, como es el caso del diputado William García, que es coordinador general de los sindicatos socialistas del estado, que se ha venido comprometiendo y ha empezado incluso a asistir a asambleas campesinas con nosotros. El compañero Freddy Linares, también de Tupamaro, manifestó también su disposición a trabajar en el área agraria. De modo que venimos avanzando, vamos creando una fuerza importante para que se nos haga valer nuestros derechos y se nos escuche”.

Una demanda política central es que se abran los espacios para el diálogo directo y franco con el campesinado: “La dirigencia campesina está calificada para el debate, la discusión madura, la propuesta, porque son muchos años en la lucha. Por ello, debe participar de estos espacios y hacer parte de las decisiones, no solo los diputados”, afirmó Velásquez.

Luego de esta acción unitaria del movimiento campesino barinés está planteada una agenda de encuentros y asambleas con instituciones y autoridades. Una con el INTI en el Centro Florentino, ya tuvo lugar el día jueves. La expectativa es muy alta y la necesidad también. El problema es estratégico para el país y no puede esperar.

A este respecto, opinó Velásquez: “Las acciones en el futuro van a depender de las decisiones y respuestas que vaya dando el gobierno. Si nos toca arreciar, pues tendremos que hacerlo, porque nosotros como legisladores no vamos a abandonar a los campesinos. En esta hora es imprescindible la unidad de los movimientos campesinos. No debe debilitarse ni desaparecer cada organización, pero debemos avanzar en espacios e instrumentos que nos unifiquen. Y esta unidad debe ser nacional, para emprender acciones conjuntas en caso de conflictos y problemas en cualquier estado en el que surjan. Ésa es la decisión”.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Sicariato e impunidad. El caso Palo Quemao

Sicariato e impunidad. El caso Palo Quemao

Por Eduardo Viloria Daboín

I

La imagen del rancho en que vivía Jesús León habla por sí sola. Palos verticales de madera a modo de columnas y una lámina de plástico a modo de techo. Un chinchorro, un par de sillas y un mosquitero por todo mobiliario. Ninguna pared. Como Guillermo Toledo, Jesús formaba parte de ese sector de nuestro pueblo que no posee casi nada y que lucha, incluso con su propia vida, por acceder a lo mínimo: un pedazo de tierra para vivir, levantar un rancho, traerse su familia, sembrar cambures, yuca, plátano, auyama. No por otra cosa existe la organización campesina que rescata tierras. No por otra razón existe el Consejo Campesino “Robert Serra”, que agrupa unas sesenta familias campesinas que pelean un lote de tierras ociosas en el hato Palo Quemao, en Arismendi, Barinas.

¿Por qué luchar e incluso morir por eso mínimo, si se tratade un derecho? Porque del otro lado hay gente como Carlos Pardi, cuya familia es dueña arbitraria de miles de hectáreas, casas, apartamentos, camionetas, camiones, y que se da el lujo, además, de no hacer producir muchas de esas tierras. Y porque gente así puede, por una suma de dinero, ordenar a matones que ejecuten lo que la cobardía le impide ejecutar por sí misma: el asesinato a sangre fría de dos hombres en la soledad del campo, en medio de la noche.

Así, entonces, se completa el cuadro. Un presunto asesino que paga unos asesinos a sueldo para que quiten la vida a dos hombres, Jesús León y Guillermo Toledo, dos descendientes directos del despojo y la injusticia llamada también latifundio, dos descendientes directos del pueblo campesino que ante el oprobio y la opresión se ha puesto siempre de pie, a sabiendas de que si no pelea no avanza.

II

La camioneta, una Samurai azul, fue vista en el pueblo la tarde del 11 de mayo. Cerca del atardecer entró en las tierras y fue recorriendo las parcelas. De ella bajaron cinco hombres, todos menos uno con acento colombiano, fuertemente armados con Ak-47 y pistolas. En cada parcela, armas en mano, fueron ordenándole a la gente juntarse en el campamento principal del rescate.

Entrada la noche, ante toda la gente reunida en el campamento, los hombres leyeron de un teléfono celular una lista con cinco nombres. De todos, sólo Guillermo Toledo estaba allí. Lo esposaron, lo montaron en la camioneta y se lo llevaron. En la carretera se toparon con Jesús León, quien venía de regreso al predio con su hija de 12 años. Lo detuvieron e intentaron montarlo a la camioneta. La niña trató de impedir que secuestraran de ese modo a su padre. La respuesta de los matones fue ponerle una pistola en la cabeza y separarla de Jesús: “A tu papá no le pasará nada. Mañana estará otra vez en el pueblo”, dijeron los sicarios. La niña no vería más a su padre con vida.

Ni Jesús ni Guillermo llegaron a ver la luz del día siguiente. Con un tiro en la frente y en el cuello fueron encontrados los cadáveres, en la carretera que da al caserío Las Calenturas, tirados a orilla del camino.

Los secuestradores y asesinos alguna certeza tenían del poder e impunidad con que actuaban, pues nunca se taparon la cara. Entre 30 y 35 años de edad tenían, según las fisonomías de sus rostros. Sólo uno de los hombres tuvo siempre la cara cubierta, pero fue reconocido por todos los campesinos puesto que andaba con la misma ropa con la que había sido visto en el día: se trata de Cucha, encargado de la finca de Carlos Pardi.

La noche del día en que aparecieron los cadáveres ardieron en llamas en la finca de Carlo Pardi unas motos, algunos tractores, otras maquinarias y un galpón. Los campesinos aseguran que el mismo terrateniente mandó a quemar eso para culparlos y poner en el caso un elemento a su favor. Si hubieran sido los campesinos, ¿se los podría acusar de algo?

III

Amenazas, atropellos y agresiones los campesinos habían recibido bastantes. En noviembre del año pasado, por ejemplo, sufrieron dos. La primera, cometida por el propio Carlos Pardi acompañado de otros cinco matones. Irrumpieron en el rescate tumbando ranchos, destruyendo sembradíos, envenenado pozos de agua, quemando enseres y amenazando a la gente con más y peor violencia si no desalojaban. Sólo dos días después irrumpió una comisión conjunta de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Barinas para desalojarlos violentamente: acabaron con lo que dejaron en pie Pardi y sus matones. Quemaron más ranchos y destruyeron entre 250 y 300 hectáreas de siembras de distintos rubros. La gente quedó a la intemperie.

De esas agresiones y amenazas dejaron constancia los campesinos en denuncia formal ante la fiscalía. Nadie hizo nada. No se investigó. No se citó a los denunciados. ¿Qué pasó luego? Lo que suele suceder con las escaladas de violencia cuando no se detienen contundentemente y a tiempo: alguien termina con un tiro en la cabeza. En este caso fueron dos hombres: Guillermo Toledo y Jesús León. Quedan vivas las víctimas colaterales, los y las dolientes, con el dolor por  la ausencia definitiva y prematura de los seres queridos, la desgarradura, sin consuelo posible, esperando al menos que se haga justicia.

¿Actuará el Estado contra los autores materiales de los asesinatos? Al presunto autor intelectual, Carlos Pardi, ¿se lo investigará y se determinará su responsabilidad? A quienes en las instituciones fueron responsables de la omisión, del engavetamiento de la denuncia de los campesinos y de la parálisis institucional, ¿se los investigará por la presunta vinculación que puedan tener con los asesinos y se los castigará por ello?

IV

Esta violencia no existe hoy porque hay miles y miles de campesinos y campesinas que luchan por su legítimo derecho, histórico además, a la tierra, al trabajo y a una vida digna. No existe porque la revolución bolivariana conducida por el Comandante Hugo Chávez haya decretado una Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que se propone, como objetivo central, “establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable” como “medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario”, y que dice, con todas sus letras, que para alcanzar ese fin, es necesaria “la eliminación del latifundio y la tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo”. Esta violencia existe porque ante la avanzada justiciera de la revolución bolivariana los terratenientes defienden, con métodos mafiosos como el sicariato, lo que consideran sagrada propiedad privada, aunque se trate originariamente de tierras usurpadas a anteriores generaciones de campesinos y campesinas o al Estado venezolano.

La continuación, recurrencia y proliferación de la violencia contra el campesinado se debe a una sola razón: no le ha pasado nada a los latifundistas responsables de las agresiones, desalojos, amenazas y de los más de 300 asesinatos de campesinos y campesinas que luchaban por la tierra. Si acaso, ha habido una sola sentencia firme por el asesinato de un campesino. Nada más que la pérdida de unas cuantas hectáreas de tierra es lo que han pagado algunos, en el mejor de los casos. El Estado no ha asumido a cabalidad la protección y acompañamiento de este sector de la población ante la difícil y muchas veces cruenta pelea en la que se encuentran inmersos.

Esta violencia permanece hoy porque es prolongación histórica de la violencia que la élite latifundista ha inflingido siempre al pueblo campesino. Y no ha sido derrotada. La revolución existe, entre otras cosas, para eso, para derrotarla. Tarea pendiente todavía, porque mafias agrarias han tejido sus hilos en torno a los terratenientes (los de siempre y los nuevos) y actúan con total impunidad: funcionarios del INTI nacional y en las regiones, jueces y juezas, fiscales(as) del Ministerio Público, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. El asesinato de Toledo y León ocurrido en medio de la disputa por la tierra en el hato Palo Quemao mucho tiene que ver con esta trama de corrupción y mafia. ¿Cómo actúan? He aquí un ejemplo.

Cuatro años atrás el INTI aprobó el rescate de las tierras en disputa y, luego, una funcionaria, Ingrid Gil, a cargo del INTI de Barinas, en conjunto con María Mascarel del INTI Central, actuaron para retrasar el rescate y entorpecerlo. En enero de este año el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y el Municipio Arismendi del estado Barinas otorgó una medida cautelar a favor del terrateniente Pardi, hoy presunto autor intelectual del asesinato de Jesús León y Guillermo Toledo. La GNB y la polícia de Barinas concretaron los desalojos. Hoy, luego de la alocución del presidente de la República Nicolás Maduro prohibiendo expresamente la participación de ningún cuerpo de seguridad en desalojos a campesinos, los terratenientes empiezan a recurrir nuevamente al sicariato.

V

Hoy impera el miedo entre los hombres y mujeres que pelean la tierra en el Hato Palo Quemao. Por la memoria de los desalojos vividos. Por la muerte infame de los compañeros a manos de sicarios paramilitares presuntamente pagados por Carlo Pardi. No se borra el recuerdo de verse sometidos por los sicarios, y de ver cómo se llevaban a su compañero. Impera el miedo también y un daño emocional insondable en la hija de Jesús León, a quien le arrebataron a su padre poniéndole una pistola en la cabeza. Impera la impotencia por la justicia no cumplida.

Impera el miedo entre los campesinos y las campesinas del hato Palo Quemao, pero impera también la determinación de no abandonar la lucha, de seguir hacia adelante a pesar del miedo y de los riesgos.

La información sintetizada en estas líneas es aportada por campesinos que no quieren dar sus nombres ni mostrar su rostro, pero quieren que esto se sepa, que sea público. Después del secuestro y asesinato de León y Toledo ha habido más amenazas, nuevas visitas de matones a amedrentar. Temen por sus vidas y tienen razón. No es cobardía, es certeza del desamparo y la desprotección.

Hasta ahora, a tres semanas del asesinato de Jesús León y Guillermo Toledo, no ha habido un solo pronunciamiento público de autoridades municipales, regionales o nacionales al respecto de este caso. Ni autoridades del gobierno ni de los órganos de justicia o de derechos humanos han dicho nada. La dirigencia política tampoco ha dicho nada. La justicia, entonces, no se ve cerca.

Es un hecho que los campesinos y las campesinas seguirán en la lucha, que no desmayarán. ¿Se quedarán solos, sin el acompañamiento contundente del gobierno y el Estado en pleno, sin el acompamaiento de la revolución que llegó, entre otras cosas, para construir la justicia social en el campo, una de las demandas históricas más trascendentes de nuestra sociedad? No están del todo solos porque distintas organizaciones sociales acompañan la lucha, y porque se ha venido construyendo alianzas y articulación entre el campesinado en lucha, no solo en Barinas sino en otros estados del país como Portuguesa, Mérida y Zulia. Sin embargo, hace falta el poder del Estado revolucionario para avanzar más. Hace falta esa fuerza para que no sigan cayendo campesinos y campesinas en esta lucha.

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