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Irene León: pueblo ecuatoriano defenderá la democracia y el futuro el próximo 11 de abril

Irene León: pueblo ecuatoriano defenderá la democracia y el futuro el próximo 11 de abril

A propósito del proceso electoral realizado en Ecuador el pasado 7 de febrero, y la segunda vuelta prevista para el próximo 11 de abril del presente año, desde Prensa CRBZ realizamos una entrevista a Irene León, socióloga y comunicadora, directora de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social (FEDAEPS), espacio dedicado a la investigación y formulación de propuestas sobre economía, alternativas al capitalismo, diversidad, feminismo entre otras causas.

Para León estas elecciones ponen en evidencia una decisiva disputa de sentidos y de proyectos, que se expresa, por un lado, en el reposicionamiento de una propuesta de futuro, levantada entorno a un programa alternativo, de país soberano, representado por la candidatura de Andrés Arauz, del Movimiento Revolución Ciudadana, miembro de la coalición Unión por la Esperanza -UNES-, que resultó ganador en la primera vuelta electoral y, por otro lado, se expresa la brega por el afianzamiento del neoliberalismo y, por ende, del poder del capital y su hegemonía, representado por el segundo contendiente, el banquero Guillermo Lasso, del partido Creando Oportunidades.  El proceso electoral ha sido una suerte de vitrina que exhibió las presiones provenientes de los entornos de esta última tendencia, en cuya agenda programática figura la supresión del progresismo y que para lograrlo, a más de la judicialización de la política y la persecución, ha llegado incluso a poner  en jaque la celebración de la segunda vuelta, mientras en la primera fase se llegaron a evidenciar signos de lo que se identifico como un intento de “golpe electoral”.

¿Cuál es su balance de la pasada jornada electoral? ¿Qué lectura hace del resultado obtenido en medio de las enormes dificultades y obstáculos y persecución?

Ecuador celebró elecciones para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo el pasado 7 de febrero, como resultado obtuvieron el primer lugar, para ambos poderes, las candidaturas de Unión por la Esperanza -UNES-, una coalición que congrega a unos 500 movimientos y organizaciones, entre ellas el Movimiento Revolución Ciudadana, del cual proviene Andrés Arauz, primero para el balotaje presidencial con 13 puntos por encima del neoliberal Guillermo Lasso.  Para el poder legislativo también esta fuerza política obtuvo unos 13 puntos más que el Movimiento Pachakutik que resultó segundo.

Este resultado, si bien es preliminar, constituye una victoria para el progresismo que, para llegar hasta ahí, tuvo que sortear múltiples obstáculos,  entre ellos los relativos a la judicialización de la política que impidió, por ejemplo, la candidatura de Rafael Correa a la vicepresidencia.  En esa misma línea, el Consejo Nacional Electoral negó el registro político al Movimiento Revolución Ciudadana y a otras figuras políticas afines.  Hubo tantos impedimentos y amenazas en el camino del progresismo que se llegó hasta a hablar de un intento de ‘golpe electoral’.

Sin duda, esas amenazas persisten y se manifiestan desde ya en el camino hacia la segunda vuelta.  Es más, ante la posible victoria de Arauz, actores de la derecha han puesto en escenario hasta la suspensión de las elecciones.  Igualmente, como complemento a la desinstitucionalización provocada por la disminución del Estado, que ha operado en los últimos 4 años y que ha llegado a afectar hasta al sistema electoral, están en el escenario operativos de injerencia extranjera, como el que se evidenció con la presencia del Fiscal colombiano, Francisco Barbosa, que visitó Ecuador el mismo día que debían anunciarse los resultados de la primera vuelta  a presentar acusaciones, que pronto se evidenciaron como infundadas, contra Andrés Arauz.

¿Cuál es el escenario para la segunda vuelta de las elecciones?

Ante la victoria del progresismo en primera vuelta y la eventualidad de refrendar esa victoria en el balotaje del próximo 11 de abril, la derecha colocó un guión de disputa por el segundo lugar, entre el banquero Guillermo Lasso y Yaku Pérez del Movimiento Pachakutik.  Ese incidente no sólo opacó la victoria de Arauz sino que generó inestabilidad y desconfianza en ciertos sectores, pues el propio Consejo Nacional Electoral se vio involucrado en reuniones informales, contrarias a lo estipulado por el Código de la Democracia, con los candidatos que llegaron en segundo y tercer lugar.  En esos escenarios participó también parte de la delegación de Observadores de los Estados Americanos (OEA), no obstante, ante los reclamos y pronunciamientos de actores democráticos nacionales e internacionales, y ante las inocultables demoras en la proclamación oficial de los resultados, ulteriormente esa misma institución llamó a proceder según la Ley y proclamar los resultados electorales.

En el camino a la segunda vuelta será imprescindible el respeto no sólo al Código de la Democracia sino también al reglamento electoral y a la institucionalidad democrática, para que los resultados reflejen la voluntad popular y sean anunciados, sin injerencias, siguiendo los procedimientos existentes en el país.

La campaña electoral será compleja, no sólo por las situaciones antes descritas, sino porque en esta disputa de proyectos de futuro, la derecha mostrará músculo en su movilización publicitaria y comunicacional, misma que ya beneficia de una significativa adhesión de los medios corporativos, como también de importantes inversiones en asesorías de ‘comunicación política’ conocidas por moverse en el campo del sensacionalismo y la falacia.  El candidato banquero, Guillermo Lasso, que se postula a la presidencia por tercera vez quiere cantar victoria a todo precio.

Por su parte, el candidato del progresismo, Andrés Arauz, tiene a su ventaja el legado de la Revolución Ciudadana (2007-2017) cuyos logros, aún frescos en la memoria del pueblo, constituyeron un pilar para obtener el primer lugar en la primera vuelta.  Asimismo, su propuesta programática organizada en torno a la justicia económica, plurinacional, cultural, de género y otros, es también consistente y dialoga con las prioridades populares.  Como economista, Araúz conoce a fondo el sistema financiero –que es el gran ganador del retorno al neoliberalismo- y tiene planteos para reorganizar la soberanía financiera, que tiene que ver entre otros con el endeudamiento de la gente y del país.  En esa misma línea ha trabajado propuestas para actuar frente a los instrumentos que imponen los intereses del capital por encima de los derechos de los pueblos y de la gente. Proyecta, a corto plazo, el restablecimiento de la economía para la gente, que ha sido desmantelada a tono con los privilegios al sector privado y el retorno a la rectoría del Fondo Monetario Internacional, mientras a largo plazo propone una mirada al futuro con los pies puestos en la Constitución del Buen Vivir, que ha sido minimizada por el neoliberalismo. El retorno del país a los escenarios y propuesta de la integración regional soberana figura entre las prioridades.

 

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

14-M: día de movilización internacional contra la represas y por la defensa de los ríos, el agua y la vida

14-M: día de movilización internacional contra la represas y por la defensa de los ríos, el agua y la vida

El Movimiento de Afectados por represas de América (MAR) saluda todas las acciones heroicas que se realizan en el marco del 14 de marzo, Día Internacional contra las Represas para que los ríos corran libres, para que se respeten los derechos de las comunidades afectadas, así como todas las acciones enfocadas en la preservación de las aguas, la defensa de los territorios y por la construcción de un modelo energético popular.

La pandemia del Covid19 ha provocado dolor y muerte principalmente en las poblaciones más empobrecidas, víctimas del capitalismo salvaje. El Covid19 ha sido la argumentación perfecta para la imposición de medidas gubernamentales autoritarias, represión y militarización, asimismo, medidas económicas que solo han favorecido a los sectores corporativos y a las élites económicas en detrimento de la economía popular, indígena y campesina.

La crisis global del capitalismo acelerada por la pandemia del Covid19, ha representado mayor endeudamiento para nuestros países, mayor presión sobre los bienes naturales estratégicos, más represas, más minería y violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos. En medio de esta crisis global, el poder corporativo ha acumulado inmensas riquezas a costa de la explotación laboral, despojo y sometimiento de los pueblos.

Ante esta realidad, llamamos a la solidaridad, a la articulación de las luchas y experiencias para la construcción nuevos modelos económicos, nuevas alternativas energéticas para el buen vivir de los pueblos. Abogamos porque se respete la autodeterminación de los pueblos, la autogestión comunitaria, la distribución de riqueza, que despatriarcalice, desprivatice, desmercantilice y descentralice el sistema energético mundial.

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

 

América, 14 de marzo de 2021

Movimiento de Afectados por Represas de América (MAR)

Quienes deseen, pueden compartir sus acciones por medio de nuestro enlace de Facebook:  @AfectadosporRepresas

El campesinado y la producción de alimentos frente al COVID-19 en América Latina

El campesinado y la producción de alimentos frente al COVID-19 en América Latina

La CLOC envió reportes especiales para Radio Mundo Real de dirigentes de Brasil, Cuba y Honduras, que hablan del Día Internacional de las Luchas Campesinas en el marco de la crisis de salud, social y económica que ha generado el Covid 19.

Anderson Amaro, del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil (MPA), comparte: “La crisis de salud pública viene acompañada de un escenario de profunda crisis económica. Ambas poseen un origen del orden del capital, que destruye los ecosistemas naturales, explota a trabajadores y trabajadoras, y produce guerras y alimentos contaminados por agrotóxicos”.

Rilma Román, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba (ANAP): “Como nos enseñó Fidel Castro, Cuba es solidaria, Cuba coopera, Cuba es internacionalista…Nuestros campesinos están ratificando que cumplirán todos los planes de producción, pero además están realizando un esfuerzo extra.”

Rafael Alegría, de La Vía Campesina Honduras: “Hoy el pueblo está exigiendo con legítimo derecho que se le dote de alimentos, no pide manjares, exige canasta básica, maíz, arroz, frijoles, manteca, huevos”, Eso es “exactamente lo que producen los pequeños y medianos agricultores del campo, que hace más de diez años que están completamente abandonados y marginados de las políticas del Estado.”

Escuchar ahora:

El campesinado y la producción de alimentos frente al coronavirus en América Latina

La encrucijada colombiana: avanzar por la paz o las fuerzas de la guerra impondrán nuevas tragedias

La encrucijada colombiana: avanzar por la paz o las fuerzas de la guerra impondrán nuevas tragedias


La sociedad colombiana ha salido masivamente a las calles a enfrentar un modelo que sólo trae miseria y sangre para sus hijos e hijas. El gobierno de Uribe vía Duque se alinea a los intereses dictados por Estados Unidos y avanza en contra de los deseos de una población que busca la paz y la prosperidad.

Las causas, las variables, los cambios en los números de la guerra antes y después de la firma de los acuerdos de paz, las perspectivas de los derechos humanos en Colombia, son algunos de los temas sobre los que Prensa Crbz conversó con Camilo Gonzalez Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), director de la Revista Punto de Encuentro e integrante del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos. 

¿Cómo describiría a grandes rasgos la situación de derechos humanos en Colombia? ¿Qué elementos caracterizan al país desde esta perspectiva?

Con la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016 la situación de derechos humanos y de infracciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario cambió a favor de la población, hay una disminución notable de los indicadores de violencia sociopolítica y armada. Sin embargo, las respuestas a los nuevos retos han sido lentas e insuficientes desde de los gobiernos y de resistencia a implementar los acuerdos de paz en la actual administración. Con la terminación de la guerra y dejación de armas por parte de las FARC- EP, en los años 2017 y 2018 vimos una disminución radical en homicidios políticos, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desaparición forzada y de muertes en combate. Pero en las regiones con historias recientes más críticas de violencia no llegó el Estado Social y llegaron más rápido las mafias de la parapolítica, los narcotraficantes, paramilitares y acaparadores de territorios. La transición al posconflicto ha sido difícil por la beligerancia de una ultraderecha que ha querido destruir los pactos de paz y que mantiene los discursos de guerra y odio. El ambiente de polarización y la capacidad política de los partidarios de continuar la guerra sin dar espacio a las soluciones negociadas está facilitando la recomposición de muchas violencias y la persistencia de una crisis humanitaria en muchas regiones del país. Colombia se encuentra en una etapa de transición traumática, con una mayoría de la población esperanzada en la paz, que sale por millones a exigir alto a la violencia y que choca con grupos poderosos que han tenido en la guerra su mejor estrategia para mantenerse en el poder y acumular riquezas.

¿Cuáles son las razones por las que existe un tan alto número de líderes y lideresas asesinadas? ¿Qué factores y actores entran en juego y de qué forma? ¿Cuáles son los métodos y modus operandi con los que se concreta la violencia política?

Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC EP emergió en el país y en las regiones críticas un multitudinario movimiento social y político de esperanza y de nuevas reivindicaciones. Se hizo visible el papel de centenares de miles de líderes y lideresas que desde las veredas y comunas emergieron como voceros en defensa de sus territorios y de demandas aplazadas. A nivel nacional se reconfiguraron movimientos y partidos hasta el punto de expresarse en una disputa sin antecedentes por la Presidencia de la República y de administraciones territoriales. Ese avance de nuevos liderazgos ha chocado con pequeños y grandes intereses de grupos legales e ilegales que responden con violencia. Y el gobierno actual en lugar de responder con ampliación de la democracia y políticas sociales, le da prioridad a una nueva estrategia de guerra y de persecución abandonando los acuerdos sobre reforma rural, concertación para la sustitución de economías cocaleras, restitución de tierras y derechos a las víctimas de la guerra que suman más de 10 millones de colombianos.

El principal determinante de la persistencia de violencias en el período posacuerdo es la falta de políticas y medidas desde el gobierno. En particular, la negativa a implementar integralmente los acuerdos de paz como estrategia central del Estado. Estas debilidades le han dejado margen a las mafias, narcoparamilitares, paramilitares, políticos y empresarios acostumbrados a los ambientes violentos para disputar territorios y esferas de poder. Se han reorganizado grupos armados con incidencia en cerca de 250 municipios de los 1100 que tiene Colombia, especialmente en zona de frontera. A esto se suma el fracaso de las negociaciones con el ELN y la imposibilidad en el actual período de retomar un escenario de diálogo y desescalamiento de la confrontación que sigue presentándose en cerca de 100 municipios y que genera escepticismo sobre la oportunidad de la paz. El cambio de administración en los Estados Unidos ha significado el retorno a la guerra antidrogas como cobertura de la geopolítica y control militar en la región. Esto se concreta en muchas dinámicas violentas, como la reanimación de operaciones militares contra cerca de 2 millones de colombianos que están en economías cocaleras, el fortalecimiento de controles militares en las fronteras y la activación de centenares de agentes de inteligencia y de operaciones encubiertas.

¿Se ha modificado de alguna manera esta situación de asesinatos de líderes y lideresas sociales desde los acuerdos de Paz? ¿Cómo incidieron dichos acuerdos en estos asesinatos?

Desde la firma de los acuerdos en noviembre de 2016 a enero de 2020 se han registrado 793 asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia. El promedio anual de homicidios políticos en tiempos de guerra intensa entre 1990 y 2010 fue de 10.000 personas y se puede decir que el 20% eran líderes y lideresas sociales. Con las negociaciones de paz, esa cifra se redujo, pero desafortunadamente el carácter fraccionado del proceso, con división en la cúpula del régimen y persistencia de disputas armadas por territorios, ha llevado a la persistencia de asesinatos, amenazas y retorno del desplazamiento forzado y de ejecuciones extrajudiciales. Según los registros que lleva Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz) con Marcha Patriótica se han tenido 208 asesinatos de líderes en 2017, 282 en 2018, 253 en 2019 y en 2020 van 41 en mes y medio, un líder/lideresa asesinado cada día. La mayoría son indígenas y campesinos defensores de derechos territoriales y entre ellos 85 pequeños cultivadores de coca que han sido asesinados por defender los programas de sustitución que se anunciaron con los acuerdos de paz. La persecución política es evidente en el número de asesinato de líderes y lideresas de la Marcha Patriótica y la masacre continuada de excombatientes de las FARC, que se eleva a 250 víctimas por asesinato y atentados. El gobierno niega la sistematicidad de esta ola de asesinatos y agresiones pero hay que decir que existe un patrón que parte del negacionismo y la estigmatización que se hace desde esferas del poder y del partido de gobierno para crear un ambiente de intolerancia, de rechazo a los mecanismos transicionales de justicia y complicidad abierta o silenciosa con las violencias que persisten. Las víctimas tienen en común ser defensoras de derechos territoriales y de los acuerdos de paz y la modalidad más frecuente de la agresión es la contratación de sicarios por parte de autores intelectuales interesados en mantener poder y riqueza a punta de dictaduras del miedo.

La lucha político social que se desarrolla en tan adverso contexto, ¿qué instrumentos, mecanismos, estrategias  y caminos ha construido para sostenerse, crecer y avanzar?

Este período de transición ha sido una oportunidad excepcional para la emergencia y visibilidad de nuevas alternativas sociales y políticas. Es la cara de la moneda. El sello es la violencia que persiste. La gran movilización que se dio el pasado 21N que se prolongó hasta el 14 de diciembre con millones de personas en la protesta, la marcha, la huelga y la «cacerola» ha sido la cima de olas cada vez mayores y sincronizadas de movilización democrática de la juventud y muchos otros sectores en contra de las políticas de retorno a la guerra generalizada y a nuevas medidas del portafolio neoliberal. Se han sintonizado movilizaciones ambientalistas, campesinas, étnicas, laborales, culturales y esa movilización seguirá marcando el escenario nacional en estos años. La situación política es de gran polarización y de equilibrios inestables entre fuerzas enfrentadas. El gobierno de Duque ha sido un gobierno de crisis desde el inicio y se ha debilitado al ritmo del descrédito del poder detrás del trono ejercido por el ex presidente Alvaro Uribe. En las pasadas elecciones para alcaldes y gobernadores el uribismo sufrió derrotas importantes incluso en zonas de tradicional predominio. En cambio se han fortalecido expresiones políticas de centro izquierda.

En el reciente contexto del paro nacional, ¿cómo ha reaccionado en concreto el gobierno? ¿qué acciones específicas ha implementado ante la movilización y protesta popular? ¿Puede señalarse un incremento de los asesinatos políticos?

El gobierno de Iván Duque ha respondido a la protesta y ante su debilitamiento reforzando sus estrategias de seguridad y defensa para otra guerra y no para avanzar hacia la paz. Cada vez se alinea más con la administración Trump y sus políticas hegemónicas en la región, han relanzado estrategias de guerra antidroga al estilo de lo que fue el Plan Colombia y en la respuesta en las regiones con más violencia es sobre el eje militar y la acción social que se le subordina. Ante la protesta urbana el gobierno se niega a hacer concesiones en su paquete de medidas y reformas legislativas y por el contrario anuncia el fortalecimiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

¿Qué perspectivas tiene el tema de los DDHH en Colombia en un corto y mediano plazo?

En los primeros días del 2020 la situación de los derechos humanos viene deteriorándose a velocidades alarmantes. Hay emergencia humanitaria en la frontera con Venezuela, región del Catatumbo, en el Putumayo, al sur en el límite con Ecuador, en la zona noroccidental de Antioquia, sur de Córdoba y Chocó, en el Norte del Cauca. Frente a esta situación y la falta de respuestas efectivas desde el gobierno se han activado los mecanismos de respuesta desde la base de la sociedad y los sectores defensores de la paz. Se ha fortalecido una gran alianza en Defensa de la Paz y se anuncian grandes movilizaciones en febrero marzo y abril que le dan continuidad a la agenda del Paro Nacional. En Colombia se mantiene en alerta el gran movimiento por la paz y por avances hacia la paz más completa. Desde estos espacios y un sentimiento mayoritario se están rechazando todo tipo de convocatorias a la guerra, incluidas las que se siguen haciendo desde el ELN o de disidencias del partido FARC como la que encabeza Iván Márquez. En estos años Colombia seguirá en la encrucijada: o se avanza en la implementación de los acuerdos de paz y en el gran frente por la democracia y la paz o las fuerzas de la guerra impondrán nuevas tragedias.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

 

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