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La disputa por la tierra en estos momentos es sinónimo de la disputa entre soberanía alimentaria y latifundio. Así se expresa en las fincas que se encuentran a ambos lados de la carretera del eje panamericano, en los límites de los estados Mérida y Zulia. Zona de luchas por los rescates de tierras que llevan adelante las comunidades campesinas y sus organizaciones.

Montecarlo, El Carmen, La Magdalena, La Chapala, Santa María, Santa Rosa, El Trébol, La Escondida, Vista Hermosa, La Libertad, son algunos de los predios que, actualmente, los campesinos y campesinas que habitan en ellos han puesto a producir. Aunque en la gran mayoría de los casos, estos terrenos aún no han sido rescatados y entregados a las mismas manos que los trabajan.

En todas las fincas mencionadas se han realizado las denuncias por improductividad ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Estas denuncias son acompañadas con documentos gráficos del estado de situación de miles y miles de hectáreas de uno de los sectores más fértiles del país; tierras “A1” en la denominación formal de la Ley de Tierras.

A partir de la denuncia, se inicia un proceso que mientras más tarda, más favorece a uno de los sectores en conflicto. Se les otorga formalmente a los terratenientes denunciados 6 meses para armar su defensa. En la práctica, el proceso puede durar incluso años con ambas partes viviendo en el mismo lote a la espera de la resolución oficial.  Para llegar a esta resolución se realizan inspecciones para verificar el estado de las tierras y a partir de estos informes el INTI emite su fallo.

Los fallos se basan en la productividad o improductividad del terreno al momento de las inspecciones. En el último año casi no ha habido conclusión sobre rescates de tierra por parte del INTI. Salvo en el predio El Carmen, en todos los demás se falló siempre a favor de los “presuntos” dueños, como le llaman los campesinos y campesinas a los terratenientes. Fallos que no significan desalojos, ya que fueron frenados en la zona  por la orden de Nicolás Maduro, en agosto de 2018, de que ninguna fuerza de seguridad participe de operativos en contra de la comunidad campesina productora.

Los Consejos Campesinos necesitan que se avance en los procesos de rescate de estas tierras. Están esperando la Carta Agraria que asegure su derecho a la permanencia y a trabajar sus parcelas en mejores condiciones.

Entrega de la Carta Agraria del predio El Carmen.

En varias ocasiones han escuchado que las tierras quedarán para los hombres y mujeres del campo. Pero las comunidades plantean que en el último año jurídicamente no se ha avanzado. Con excepción del predio El Carmen, donde el domingo pasado los campesinos y campesinas festejaron la obtención de la Carta Agraria y el derecho colectivo sobre 880 de las 900 hectáreas de la finca. El resto de los predios necesita la misma garantía de trabajo, siembra y seguridad.

 

 

Así lo solicitan ante el Instituto Nacional de Tierras, en su sede de El vigía y también en su instancia nacional.

Mientras esta institución más tarda en completar los procedimientos para concretar los rescates, se intensifica la disputa. Las comunidades han enfrentado distintas presiones, intimidaciones e incluso el asesinato de un hijo de un dirigente campesino, al tiempo que limpian y siembran los terrenos que antes estaban abandonados o servían de pastoreo para unas pocas cabezas de ganado.

De la seguridad jurídica que otorga el rescate depende no sólo la seguridad sobre la producción que obtengan los campesinos y campesinas, sino también de su vida. Estas acciones de sicariato tuvieron un momento crítico el año anterior, donde fue asesinado Kendri García de 16 años. Varias fueron las situaciones en los distintos predios donde se repetía la misma escena, amenazas por parte hombres armados que llegan a las parcelas en camionetas a exigir el abandono de las mismas, como lo describen las comunidades de las distintas fincas.

Si bien estos actos violentos no se han vuelto a presentar en los últimos meses, los campesinos/as denuncian otros tipos de intimidación. Los terratenientes ordenan la suelta del ganado a los predios sembrados por las comunidades, para acabar con las matas, buscando que la desmoralización que produce el trabajo perdido los lleve a irse del lugar.

Cuanto más se dilata la resolución mayor es el margen de maniobra por parte de estos terratenientes, dueños de distintas fincas en el municipio y otros estados. Otro método utilizado es acudir a los tribunales agrarios de la zona para iniciar procesos paralelos a los que lleva adelante el INTI, generando fallos judiciales siempre a favor de los terratenientes aún ante la evidente improductividad de sus parcelas, las cuales sirven de pastoreo de muy escaso ganado y principalmente de garantía de respaldo a la hora de acceder a créditos financieros que en ningún caso son destinados para capital productivo. Estos fallos judiciales pueden tener la variante de “proteger” las fincas para intentar que no accedan las comunidades, o bien pueden ser órdenes  de investigación sobre distintos dirigentes de la zona. Ambas variantes utilizadas esta semana en los predios de Montecarlo y La Chapala, respectivamente.

Diferentes métodos con el mismo objetivo, sacar a los campesinos de las parcelas.

“Mientras más sembremos más cerca estamos de ganar las tierras”,

repiten las comunidades en sus asambleas.

 

 

 

 

 

Para tomar un ejemplo, sólo en el terreno de Montecarlo la comunidad que lleva 8 meses allí, tiene sembrado el 75% del terreno. Calculan tener sembrado en diciembre el equivalente a 700 toneladas de plátanos, 1000 toneladas de cacao, más las de maíz, yuca, auyama, pimentón, ají entre otras. 80 familias llevan adelante esta producción mientras batallan por la tierra.

       

Proporciones similares de producción pueden encontrarse en cualquiera de las fincas en donde habitan los Consejos Campesinos, variando el desarrollo según la cantidad de meses o años que lleven en el lugar.

Cosecha de arroz en el Predio El Carmen

Éstos esperan que se concreten los compromisos del Instituto nacional de Tierras, asumidos por su presidente Luis Soteldo, cuando en marzo del año pasado planteo que se daba lugar al inicio del rescate en los terrenos de El Carmen (que ya se hizo efectivo), El Pino, El Consuelo, Santa Rosa, Santa María y Buena Esperanza.

En síntesis, en el último año no se produjeron grandes avances jurídicos en los procesos de rescates de tierras iniciados. Por otro lado disminuyeron los actos violentos y no volvieron a repetirse desalojasen la zona, como lamentablemente si han ocurrido en Barinas en meses pasados, además de un intento reciente en el Hato Las Mercedes.

La reactivación productiva del campo están llevándola adelante los campesinos y campesinas que luchan por mantener su producción en las tierras en disputa. Piden avanzar en la democratización de las tierras, accediendo a las cartas agrarias que le permitan dar la batalla productiva por el país en mejores condiciones. En momentos de guerra económica, el dilema es desarrollo productivo o latifundio improductivo.

 

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

 

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