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La disputa por la tierra continúa en el eje panamericano del Sur del Lago. Hace dos días tuvo lugar un hecho que evidencia el carácter desigual de la lucha y parte de las razones para que los avances no sean mayores. Fue en el predio Montecarlo, donde hace poco menos de un año los y las campesinos(as) lloraban el asesinato de Kendri Márquez, hijo de uno de los compañeros que lucha por el rescate de esas tierras: valga decir, de paso, que aunque todos los hechos, principalmente las amenazas directas, señalan a la terrateniente Mirella Vega Vega como presunta autora del asesinato, la justicia no ha actuado y el crimen permanece impune.

El hecho en cuestión fue el siguiente, ocurrido el 15 de mayo: una comisión se presentó en el predio y, sin acreditación alguna, se identificó como enviada desde la vicepresidencia de la República. La comisión estaba compuesta por el representante de la defensoría del pueblo, Alejandro Mora, la jueza de los tribunales agrarios en primera instancia de El Vigía, Carmen Rosales, el teniente primero de la FANB de dicha zona, de apellido Contreras, y el fiscal de la fiscalía 6ta, Jesús Leonardo Ojeda Coronel. A esta comisión la acompañaba el abogado y la abogada de Mirella Vega Vega, quien también estaba presente en el lugar junto a su hijo.

Los y las campesinos(as) se percataron temprano en la mañana, mientras llevaban adelante las labores diarias de siembra, de la llegada de varios automóviles y camionetas al predio, que se dirigieron a la casona que los presuntos dueños tienen en la finca. Ya que los y las campesinos(as) no fueron notificados (as) de la visita, para evitar dudas, unos 50 campesinos y campesinas se dirigieron pacíficamente al patio de la casona, donde se encontraban las autoridades con los presuntos dueños de la misma.

Los campesinos fueron recibidos por el representante de la defensoría, quien los invitó a permanecer en el lugar mientras llevaba adelante la reunión, que consistía, para sorpresa de los y las campesinos(as), en la notificación de una supuesta orden de protección de las 116 hectáreas de la finca y del ganado que habita en ella, la cual, según afirmaron, es de fecha 19 de diciembre de 2018. La defensoría, en voz de Alejandro Mora, explicó que la orden de protección se realizó con base en la denuncia presentada ante el tribunal agrario por parte de la familia Vega Vega.

Luego, transcurrió la reunión en un tono altamente agresivo e intimidatorio. Los campesinos y las campesinas fueron interrogados con una alta dosis de agresividad acerca de su permanencia en el predio. La parcialidad de las autoridades del lado de la presunta Mirella Vega era notoria. Un campesino expresó que efectivamente se habían dirigido al tribunal agrario con sede en El Vigía, pero que no fueron recibidos, lo que generó el enojo de la jueza Rosales, quien irrumpió agresivamente para afirmar que ella no atendía a las partes. Sin embargo, al decir esto mientras tomaba café en la mesa de la terrateniente, quedaba claro que no atendía a una de las partes, la campesina, a la otra sí.

Luego fue agredido verbalmente Adelis García, padre del adolescente asesinado. El fiscal Ojeda acusó al padre de Kendri de no sentir dolor por la muerte de su hijo, ya que no le hizo seguimiento a las denuncias realizadas por el crimen. García sabe que los autores materiales del crimen se encuentran en libertad, y teme con razón por la vida de sus otros hijos: «Si quieren mantenme a mí, pero tengo que cuidar la vida del resto de mis hijos».

Es necesario recordar que el predio Montecarlo está en disputa desde agosto de 2018, cuando los campesinos sin tierras ingresaron a sus parcelas luego de realizar la denuncia de improductividad del terreno ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI) y al observar las irregularidades de quien fuera la dueña de las mismas, Mirella Vega Vega, quien luego dela denuncia realizada comenzó a introducir maquinarias y ganado al terreno, luego de años de abandono, con la intención de simular productividad.

Hoy, gracias al trabajo de los y las campesinos(as), la producción del predio viene siendo levantada. Las 14 mil matas de plátano y las 14 mil de cacao sembradas hasta ahora son una contundente evidencia de ello, ya que arrojarán una cosecha aproximada de 350 mil kgs. de plátano y otros 500 mil de cacao. Esto contrasta con el abandono total en que la señora Vega tenía el predio por más de 8 años, y en el cual continúa, ya que no puede llamarse productividad a unas pocas cabezas de ganado medrando a su suerte.

Los y las campesinos(as) que luchan el rescate de estas tierras para avanzar en la reactivación productiva del campo hacen un llamado a las autoridades agrarias del país, específicamente al Instituto Nacional de Tierras, para que aborde el caso. Además, exigen una investigación al fiscal Jesús Leonardo Ojeda Coronel, al defensor Alejandro Mora y a la jueza Carmen Rosales, quienes a todas luces están actuando en articulación con la terrateniente Mirella Vega Vega, en desmedro del pueblo campesino. ¿Será esa la razón por la que no ha habido justicia por el asesinato del joven Kendri Márquez?

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

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