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Por Eduardo Viloria Daboín

I

La imagen del rancho en que vivía Jesús León habla por sí sola. Palos verticales de madera a modo de columnas y una lámina de plástico a modo de techo. Un chinchorro, un par de sillas y un mosquitero por todo mobiliario. Ninguna pared. Como Guillermo Toledo, Jesús formaba parte de ese sector de nuestro pueblo que no posee casi nada y que lucha, incluso con su propia vida, por acceder a lo mínimo: un pedazo de tierra para vivir, levantar un rancho, traerse su familia, sembrar cambures, yuca, plátano, auyama. No por otra cosa existe la organización campesina que rescata tierras. No por otra razón existe el Consejo Campesino “Robert Serra”, que agrupa unas sesenta familias campesinas que pelean un lote de tierras ociosas en el hato Palo Quemao, en Arismendi, Barinas.

¿Por qué luchar e incluso morir por eso mínimo, si se tratade un derecho? Porque del otro lado hay gente como Carlos Pardi, cuya familia es dueña arbitraria de miles de hectáreas, casas, apartamentos, camionetas, camiones, y que se da el lujo, además, de no hacer producir muchas de esas tierras. Y porque gente así puede, por una suma de dinero, ordenar a matones que ejecuten lo que la cobardía le impide ejecutar por sí misma: el asesinato a sangre fría de dos hombres en la soledad del campo, en medio de la noche.

Así, entonces, se completa el cuadro. Un presunto asesino que paga unos asesinos a sueldo para que quiten la vida a dos hombres, Jesús León y Guillermo Toledo, dos descendientes directos del despojo y la injusticia llamada también latifundio, dos descendientes directos del pueblo campesino que ante el oprobio y la opresión se ha puesto siempre de pie, a sabiendas de que si no pelea no avanza.

II

La camioneta, una Samurai azul, fue vista en el pueblo la tarde del 11 de mayo. Cerca del atardecer entró en las tierras y fue recorriendo las parcelas. De ella bajaron cinco hombres, todos menos uno con acento colombiano, fuertemente armados con Ak-47 y pistolas. En cada parcela, armas en mano, fueron ordenándole a la gente juntarse en el campamento principal del rescate.

Entrada la noche, ante toda la gente reunida en el campamento, los hombres leyeron de un teléfono celular una lista con cinco nombres. De todos, sólo Guillermo Toledo estaba allí. Lo esposaron, lo montaron en la camioneta y se lo llevaron. En la carretera se toparon con Jesús León, quien venía de regreso al predio con su hija de 12 años. Lo detuvieron e intentaron montarlo a la camioneta. La niña trató de impedir que secuestraran de ese modo a su padre. La respuesta de los matones fue ponerle una pistola en la cabeza y separarla de Jesús: “A tu papá no le pasará nada. Mañana estará otra vez en el pueblo”, dijeron los sicarios. La niña no vería más a su padre con vida.

Ni Jesús ni Guillermo llegaron a ver la luz del día siguiente. Con un tiro en la frente y en el cuello fueron encontrados los cadáveres, en la carretera que da al caserío Las Calenturas, tirados a orilla del camino.

Los secuestradores y asesinos alguna certeza tenían del poder e impunidad con que actuaban, pues nunca se taparon la cara. Entre 30 y 35 años de edad tenían, según las fisonomías de sus rostros. Sólo uno de los hombres tuvo siempre la cara cubierta, pero fue reconocido por todos los campesinos puesto que andaba con la misma ropa con la que había sido visto en el día: se trata de Cucha, encargado de la finca de Carlos Pardi.

La noche del día en que aparecieron los cadáveres ardieron en llamas en la finca de Carlo Pardi unas motos, algunos tractores, otras maquinarias y un galpón. Los campesinos aseguran que el mismo terrateniente mandó a quemar eso para culparlos y poner en el caso un elemento a su favor. Si hubieran sido los campesinos, ¿se los podría acusar de algo?

III

Amenazas, atropellos y agresiones los campesinos habían recibido bastantes. En noviembre del año pasado, por ejemplo, sufrieron dos. La primera, cometida por el propio Carlos Pardi acompañado de otros cinco matones. Irrumpieron en el rescate tumbando ranchos, destruyendo sembradíos, envenenado pozos de agua, quemando enseres y amenazando a la gente con más y peor violencia si no desalojaban. Sólo dos días después irrumpió una comisión conjunta de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Barinas para desalojarlos violentamente: acabaron con lo que dejaron en pie Pardi y sus matones. Quemaron más ranchos y destruyeron entre 250 y 300 hectáreas de siembras de distintos rubros. La gente quedó a la intemperie.

De esas agresiones y amenazas dejaron constancia los campesinos en denuncia formal ante la fiscalía. Nadie hizo nada. No se investigó. No se citó a los denunciados. ¿Qué pasó luego? Lo que suele suceder con las escaladas de violencia cuando no se detienen contundentemente y a tiempo: alguien termina con un tiro en la cabeza. En este caso fueron dos hombres: Guillermo Toledo y Jesús León. Quedan vivas las víctimas colaterales, los y las dolientes, con el dolor por  la ausencia definitiva y prematura de los seres queridos, la desgarradura, sin consuelo posible, esperando al menos que se haga justicia.

¿Actuará el Estado contra los autores materiales de los asesinatos? Al presunto autor intelectual, Carlos Pardi, ¿se lo investigará y se determinará su responsabilidad? A quienes en las instituciones fueron responsables de la omisión, del engavetamiento de la denuncia de los campesinos y de la parálisis institucional, ¿se los investigará por la presunta vinculación que puedan tener con los asesinos y se los castigará por ello?

IV

Esta violencia no existe hoy porque hay miles y miles de campesinos y campesinas que luchan por su legítimo derecho, histórico además, a la tierra, al trabajo y a una vida digna. No existe porque la revolución bolivariana conducida por el Comandante Hugo Chávez haya decretado una Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que se propone, como objetivo central, “establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable” como “medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario”, y que dice, con todas sus letras, que para alcanzar ese fin, es necesaria “la eliminación del latifundio y la tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo”. Esta violencia existe porque ante la avanzada justiciera de la revolución bolivariana los terratenientes defienden, con métodos mafiosos como el sicariato, lo que consideran sagrada propiedad privada, aunque se trate originariamente de tierras usurpadas a anteriores generaciones de campesinos y campesinas o al Estado venezolano.

La continuación, recurrencia y proliferación de la violencia contra el campesinado se debe a una sola razón: no le ha pasado nada a los latifundistas responsables de las agresiones, desalojos, amenazas y de los más de 300 asesinatos de campesinos y campesinas que luchaban por la tierra. Si acaso, ha habido una sola sentencia firme por el asesinato de un campesino. Nada más que la pérdida de unas cuantas hectáreas de tierra es lo que han pagado algunos, en el mejor de los casos. El Estado no ha asumido a cabalidad la protección y acompañamiento de este sector de la población ante la difícil y muchas veces cruenta pelea en la que se encuentran inmersos.

Esta violencia permanece hoy porque es prolongación histórica de la violencia que la élite latifundista ha inflingido siempre al pueblo campesino. Y no ha sido derrotada. La revolución existe, entre otras cosas, para eso, para derrotarla. Tarea pendiente todavía, porque mafias agrarias han tejido sus hilos en torno a los terratenientes (los de siempre y los nuevos) y actúan con total impunidad: funcionarios del INTI nacional y en las regiones, jueces y juezas, fiscales(as) del Ministerio Público, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. El asesinato de Toledo y León ocurrido en medio de la disputa por la tierra en el hato Palo Quemao mucho tiene que ver con esta trama de corrupción y mafia. ¿Cómo actúan? He aquí un ejemplo.

Cuatro años atrás el INTI aprobó el rescate de las tierras en disputa y, luego, una funcionaria, Ingrid Gil, a cargo del INTI de Barinas, en conjunto con María Mascarel del INTI Central, actuaron para retrasar el rescate y entorpecerlo. En enero de este año el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y el Municipio Arismendi del estado Barinas otorgó una medida cautelar a favor del terrateniente Pardi, hoy presunto autor intelectual del asesinato de Jesús León y Guillermo Toledo. La GNB y la polícia de Barinas concretaron los desalojos. Hoy, luego de la alocución del presidente de la República Nicolás Maduro prohibiendo expresamente la participación de ningún cuerpo de seguridad en desalojos a campesinos, los terratenientes empiezan a recurrir nuevamente al sicariato.

V

Hoy impera el miedo entre los hombres y mujeres que pelean la tierra en el Hato Palo Quemao. Por la memoria de los desalojos vividos. Por la muerte infame de los compañeros a manos de sicarios paramilitares presuntamente pagados por Carlo Pardi. No se borra el recuerdo de verse sometidos por los sicarios, y de ver cómo se llevaban a su compañero. Impera el miedo también y un daño emocional insondable en la hija de Jesús León, a quien le arrebataron a su padre poniéndole una pistola en la cabeza. Impera la impotencia por la justicia no cumplida.

Impera el miedo entre los campesinos y las campesinas del hato Palo Quemao, pero impera también la determinación de no abandonar la lucha, de seguir hacia adelante a pesar del miedo y de los riesgos.

La información sintetizada en estas líneas es aportada por campesinos que no quieren dar sus nombres ni mostrar su rostro, pero quieren que esto se sepa, que sea público. Después del secuestro y asesinato de León y Toledo ha habido más amenazas, nuevas visitas de matones a amedrentar. Temen por sus vidas y tienen razón. No es cobardía, es certeza del desamparo y la desprotección.

Hasta ahora, a tres semanas del asesinato de Jesús León y Guillermo Toledo, no ha habido un solo pronunciamiento público de autoridades municipales, regionales o nacionales al respecto de este caso. Ni autoridades del gobierno ni de los órganos de justicia o de derechos humanos han dicho nada. La dirigencia política tampoco ha dicho nada. La justicia, entonces, no se ve cerca.

Es un hecho que los campesinos y las campesinas seguirán en la lucha, que no desmayarán. ¿Se quedarán solos, sin el acompañamiento contundente del gobierno y el Estado en pleno, sin el acompamaiento de la revolución que llegó, entre otras cosas, para construir la justicia social en el campo, una de las demandas históricas más trascendentes de nuestra sociedad? No están del todo solos porque distintas organizaciones sociales acompañan la lucha, y porque se ha venido construyendo alianzas y articulación entre el campesinado en lucha, no solo en Barinas sino en otros estados del país como Portuguesa, Mérida y Zulia. Sin embargo, hace falta el poder del Estado revolucionario para avanzar más. Hace falta esa fuerza para que no sigan cayendo campesinos y campesinas en esta lucha.

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