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“El rico no quiere que el pobre tome las tierras, porque las tierras son el corazón del país. Los ricos quieren que los campesinos se limpien las botas antes de salir de las fincas, para no perder ni un poquitito de tierra”. Palabras que se escuchan en una de las tantas las reuniones semanales de los consejos campesinos en las fincas del Sur del Lago merideño.

Para la comunidad campesina conquistar las cartas agrarias de los predios no significa únicamente obtener la titularidad de las tierras, que en muchos casos ya tienen productivas. Significan apoyo a la producción, significan alimento en las mesas de sus familias y las familias venezolanas. Significan Paz. Pero fundamentalmente significan una caricia por parte de la Revolución Bolivariana que los campesinos y campesinas defienden incluso con su vida. Significan materializar, en parte, el legado del Comandante Chávez en momentos donde el país más necesita retomar ese legado.

Así lo viven las campesinas y campesinos de las fincas “El Trébol” y “Santa María”, quienes recibieron, esta última semana, la titularidad colectiva y el derecho a permanencia de ambos predios a manos del presidente del Instituto Nacional de Tierras, Luis Soteldo.

Actualmente en Venezuela el día a día de las familias del país se hace realmente duro, cuesta arriba. Los impactos  de las sanciones económicas, el bloqueo, la devaluación, la inflación incluso en dólares de los productos de primera necesidad, la ineficiencia y lo que es peor aún, la corrupción, se hacen sentir en la economía cada día mas precaria de millones de compatriotas. En este cuadro de situación, la producción nacional de alimentos adquiere una centralidad e incluso se transforma en una necesidad de primer orden.

La disputa por la democratización productiva de la tierra tiene como fin último poner a producir miles y miles de hectáreas de las más fértiles del país, como lo son las del Sur del Lago merideño, catalogadas tierras A1 por su fertilidad.

Construyendo victoria popular

El camino de las y los campesinos para acceder a las tierras primero y a su titularidad después es un camino realmente dificultoso. Los terratenientes de la zona (al igual que ocurre en el resto del país) operan con métodos criminales para mantener las tierras como capital.

En el predio El Trébol, ubicado en el municipio Obispo Ramos de Lora del estado Mérida, hace exactamente un año atrás, el joven Jean Carlos Gil Sanchez salvó milagrosamente su vida de las manos del sicariato. Jean Carlos tiene un cuadro de retardo mental moderado, vive en un cambuche junto a sus tíos. En la tarde del 15 de septiembre del año 2018, un grupo armado ingresó al predio donde se encontraba, lo maniataron, intentaron ahorcarlo, lo quemaron con machetes y al escaparse de las torturas recibidas le dispararon con la clara intención de acabar con su vida, por suerte para Jean Carlos, sin éxito. Situaciones similares fueron denunciadas una y otra vez por los campesinos y campesinas organizados en el Consejo Campesino Tierras en Revolución, quienes hacen vida en el predio. Estas situaciones se dan en un predio de 150 hectáreas donde las familias campesinas llegaron luego de un acuerdo de reubicación con el Instituto Nacional de Tierras, un acuerdo que hasta el momento de la entrega de la carta agraria no redujo los niveles de impunidad y violencia con el que se desenvuelven los “presuntos” (como llaman los campesinos a los antiguos dueños).

La violencia terrateniente a través de sicarios contratados es un método lamentablemente común en las disputas por las tierras, al igual que la destrucción de las siembras o la compra de voluntades de los funcionarios de organismos competentes. Con el objetivo de no perder las tierras, utilizadas como garantía para la obtención de préstamos que nada tienen que ver con la producción, los terratenientes han conformado verdaderas mafias agrarias, que tiene su brazo armado y su brazos de la institucionalidad corrompida, como lo son algunos jueces y juezas agrarios, funcionario de segunda y tercera línea del INTI, funcionarios de las fuerzas de seguridad, fiscales, entre otros actores. A todo este conjunto de factores y dificultades se enfrenta las y los campesinos y sus organizaciones.

“Queremos producir los alimentos para los venezolanos. Queremos trabajar, producir para abastecer al pueblo, que la producción se lleve a los mercados más grandes. Ese es nuestro objetivo.” Relataban hace un año los campesinos y campesinas de los Consejos “Campo en Acción” y “El Campo Primero”, al momento de ingresar a resguardar las tierras de la finca Santa María. En junio del año 2018 Luis Soteldo se había comprometido a hacer efectivo el rescate de dicho predio. Poco más de un año después, llegaría a las manos que laboran la tierra la tan ansiada carta agraria.

Así como en reiteras ocasiones se ha denunciado que los retardos en las entregas por parte del Instituto Nacional de Tierras favorecían a los intereses terratenientes, hay que reconocer que en los últimos meses, producto de la constante lucha y principalmente, la constante producción campesina, el INTI ha avanzado en la entrega de otras cartas agrarias. A las de los predios del Trébol y Santa María, se suma la del predio el Carmen, también del Sur del Lago merideño, por citar un ejemplo. Sin embargo, son decenas de predios que esperan aún correr con la misma suerte que los mencionados. La democratización productiva de la tierra es un paso importantísimo en estos momentos, pero no es el único eslabón de la cadena de producción en el campo.

Avanzar en la entrega de las cartas agrarias de las fincas que las y los campesinos mantienen productivos, apoyar dicha producción con la entrega de insumos, las herramientas y la recuperación del parque de maquinaria agrícola, asegurar la distribución necesaria de combustible que respalde las posibilidades de producción, son elementos de un programa para garantizar que la democratización productiva de la tierra sea el primer paso en un política que ponga al sector campesino al frente de la producción de alimentos necesarios en un contexto de ataque contra el país. Hay una necesidad de explotar las capacidades productivas con las que el país ya cuenta, a través de un plan nacional de emergencia productiva. El apoyo del Estado y sus instituciones a las distintas iniciativas que despliega el sector, como lo es por ejemplo la Alianza Nacional Productiva, es un elemento de primer orden para salir victorioso de la guerra económica que estamos sufriendo. El país cuenta con los hombres y mujeres necesarios para  afrontar estas dificultades y avanzar en la defensa de nuestra independencia y nuestra soberanía.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

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