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Desde el movimiento de mujeres Junt@s, nos sumamos a la denuncia que diversas organizaciones e individualidades vienen haciendo sobre los recientes femicidios ocurridos a 3 mujeres en el estado Portuguesa en tan solo tres días, Eliannys Martínez de 17 años, Eduarlis Falcón de 20 años y Carmine Sosa de 33 años, quienes fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Vemos con preocupación la cifra de casos de femicidios ocurridos de forma ascendente en Venezuela en el año 2020 y lo que va de 2021, lo cual nos recuerda que todos los días las mujeres son víctimas de violencia e injusticia, por lo cual repudiamos toda acción racista, clasista y misógina que atente contra las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia.

Por estas y otras realidades que atraviesan las mujeres venezolanas, diversas organizaciones que actúan en defensa de una vida libre de violencia hacia la mujer, solicitamos al Estado venezolano la declaración de una Emergencia feminista. Dicha solicitud al día de hoy la sostenemos. Una declaración en esa dirección puede permitir encauzar la voluntad política y un conjunto de acciones concretas que enfrenten la creciente violencia y desigualdad a la que nos enfrentamos las venezolanas y que se ha agudizado, aún más, con el confinamiento y las dificultades económicas devenidas del distanciamiento social para enfrentar al Covid19.

Si bien es cierto que la revolución bolivariana se ha caracterizado por tener entre sus prioridades el reconocimiento de la mujer como una sujeta de derecho y sujeta política, e, históricamente, ha  hecho esfuerzos considerables en la búsqueda de la igualdad de género, esos esfuerzos hoy en día se han hecho insuficientes. Es necesario que el Estado intervenga de forma más firme y expedita en defensa y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La impunidad es una de las principales causas del incremento de la violencia contra las mujeres. El excelente entramado jurídico hecho en revolución para proteger a la mujer no se viene cumpliendo, por el contrario parece ser desconocido por los funcionarios de los cuerpos de seguridad, generando así poca confianza en las instituciones del Estado que deben velar por el cumplimiento de la ley y la protección a la mujer.

Exigimos justicia y al mismo tiempo enviamos toda nuestra solidaridad y aliento para los familiares de las mujeres asesinadas.

¡Basta de violencia contra las mujeres!

¡Ni una menos. Vivas nos queremos!

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