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En horas de la tarde ayer fue asesinado de un disparo directo al corazón el campesino José de La Cruz Márquez, quien formaba parte de las cooperativas campesinas que desde hace años luchan por el rescate de las tierras improductivas del predio Buena Esperanza, ubicado en el Sur del Lago de Maracaibo, entre los estados Mérida y Zulia. Los hechos fueron precedidos por un conjunto de acciones previas que configuran un nuevo modus operandi con el que los terratenientes ejercen su histórica violencia contra el pueblo campesino.

Según declaraciones de los campesinos y las campesinas del rescate, el terrateniente Rogelio Artega contrató un grupo de personas conformado por ocho mujeres y catorces hombres, quienes poseen armas de fuego como pistolas 9mm, revólveres, una Usi y escopetas, a quienes introdujo y alojó en instalaciones inmuebles ubicadas dentro de los límites del predio. Todo esto, luego de que el Instituto Nacional de Tierras y la Vicepresidencia de la República le notificaran el rescate definitivo del predio a favor de los campesinos y las campesinas. Las personas traídas por Arteaga desde los últimos días del año 2018 se dedicaron a amedrentar y agredir a los(as) campesinos(as), incluso con la presencia del mismo Arteaga: “Fue una zozobra desde el 20, correteaban a las mujeres, les disparaban a los hombres, andaban encapuchados en las máquinas del terrateniente”.

Estas personas amenazaban diciendo que hasta ayer llegaba el gobierno de Nicolás Maduro y que colgarían a los 8 coordinadores del rescate: “Ayer en la mañana quisieron sacarnos del predio. Golpearon a una compañera llamada Blanca Velázquez. Todos los campesinos les pedimos que se fueran y cuando se iban comenzaron a disparar. Uno de los disparos le dio a José de La Cruz y murió en el acto”, informó Norka Aragón, una de las dirigentas del rescate: “Siguieron disparando y le dieron en la pierna también a José Orellana”. Los encapuchados estaban acompañados por la abogada Tania Duarte y el abogado Juan Carlos Alviárez. El ataque se inició en horas de la mañana, y aproximadamente a las 11:30 fue golpeada Blanca Velásquez, momento en el que pidieron el apoyo a la Guardia Nacional y ésta se negó a actuar. A las 5:30 pm ocurrió el asesinato”.

Los campesinos y las campesinas de Buena Esperanza han denunciando, en repetidas ocasiones, amenazas de muerte, agresiones, el intento de asesinar a Norka Aragón con una motosierra, y la llegada de hombres armados a las tierras, traídos por el terrateniente, así como la ilegal instalación de estas personas en las tierras del predio en proceso de rescate. Sin embargo, sobre esas denuncias aún no hay siquiera una investigación. A ella y a sus compañeros no les reciben las denuncias y cuando las reciben no se procede a investigar. En la Fiscalía del Estado Mérida el fiscal Camilo Bastos se ha negado a procesar las denuncias. Casos similares vienen ocurriendo en otros rescates de tierra en la zona, como El Trébol, El Carmen, Santa María, Santa Rosa y tampoco se han tomado acciones contundentes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y las autoridades de justicia.

Lo que relatan los campesinas y las campesinas parece configurar todo un método para hacer parecer que el asesinato ocurrió como parte de un enfrentamiento entre campesinos(as), y así lo demuestra el tratamiento mediático que medios privados regionales dieron al hecho. No es ya la típica forma de sicariato en la que sujetos armados interceptan en caminos y carreteras a las víctimas, o las secuestran para después asesinarlas. El grupo de personas contratadas e instaladas en el predio, según su conducta desde que llegaron tenía el objetivo de confrontar, provocar y amedrentar a quienes se encuentran organizados en cooperativas y que ocupan espacios en el predio autorizados por el Instituto Nacional de Tierras. Así, hasta el momento en que pretenden expulsarlos del predio y se da la agresión armada que terminó con la muerte de Márquez y la herida de bala de Orellana.

En lo inmediato, la gente de Buena Esperanza señala a Rogelio Arteaga como autor intelectual del asesinato y exigen su detención y que sea investigado: “Le pedimos al fiscal Tareck William Saab que se haga justicia en este caso, porque a nivel regional no nos han ayudado”, expresa Norka Aragón. A este caso se suman asesinatos anteriores como el de Kendri Márquez, ocurrido en septiembre de 2018, y los ocurridos en Palo Quemao y la Escondida, Barinas, en marzo y agosto respectivamente, que ún espera por la eficaz actuación de la justicia.

Ésta y otras formas de violencia terrateniente contra el pueblo campesino en lucha por la tierra sólo pueden ser combatidas y evitadas si el Estado venezolano asume el abordaje de la democratización de la tierra desde una perspectiva integral que involucre de forma conjunta y coordinada no sólo la actuación técnica y administrativa del Instituto Nacional de Tierras, sino la de juzgados agrarios, fiscalía, defensoría del pueblo y cuerpos de seguridad. Durante el proceso administrativo y jurídico, tiempo en el que los(as) campesinos(as) permanecen en los predios, bien resguardando o bien ocupando y sembrando, debería ocurrir un acompañamiento orientado a la preservación de su seguridad y su vida. Al no ser así, quedan a merced de la violencia de grupos armados contratados por los terratenientes. ¿Más de trescientos campesinos(as) asesinados por la violencia terrateniente no es una cifra suficiente como para que se diseñe y aplique una política de actuación estatal de esta índole?

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

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