Seleccionar página

Gerónimo Paz.

Legislar para recuperar el ingreso familiar deberá ser una de las grandes prioridades de la nueva asamblea nacional patriótica, ética y democrática que se elegirá el próximo 6D. Es urgente la implementación de  un conjunto de medidas  estratégicas que tenga como propósito central el impulso de un proceso sostenido de recuperación de la capacidad adquisitiva de las y los venezolanos en un horizonte temporal de corto, mediano y largo plazo, sobre la base una política económica integral que permita iniciar la recuperación progresiva del bienestar  social  gravemente deteriorado por el impacto de las medidas coercitivas, es decir, sobre la base de una política económica integral que apuntale la recuperación económica.

En un contexto de serias restricciones financieras por parte del Estado como consecuencia de la casi absoluta merma de sus ingresos en divisas por el bloqueo petrolero que hace parte de las acciones de guerra económica de la que somos objeto, es necesario una gran dosis de creatividad e imaginación para, desde las capacidades del Estado y del país todo, generar respuestas efectivas a la dramática situación de la mayoría de la población que hoy sufre las consecuencias del deterioro casi a cero del salario.

Estas medidas deben ser parte de un plan integral económico social humanista y progresista antibloqueo que reafirme la soberanía, con una gran dosis de realismo revolucionario, es decir, entender las posibilidades objetivas dentro de un marco estratégico que no determinamos nosotros sino un conjunto de factores y variables que nos trascienden. No se trata de arriar propósitos históricos, ideales o utopías, sino de construir alternativas novedosas, porque el entrampamiento principista aporta poco a la construcción de respuestas eficaces capaces de garantizar la perspectiva del proyecto democrático, ético y humanista chavista.

Hay dos iniciativas sobre la mesa que pueden servir como bases jurídicas para avanzar sobre iniciativas en este sentido. La primera es el marco legal que crea la Ley Antibloqueo recientemente aprobada por la ANC, y la segunda, es lo que pudiera verse como la propuesta de agenda legislativa de arranque de la nueva Asamblea Nacional planteada por el presidente Maduro llamada “12 Propuestas Legislativas”, entre las cuales está la Ley de protección a la familia, oportunidad esta para dotar al Estado, al gobierno y al pueblo venezolano de mecanismos e instrumentos para impulsar acciones qué apuntalen la economía familiar mediante figuras como la de un Bono Familiar Antibloqueo, el cual podría ser el eje de un proceso de fortalecimiento y restructuración integral de la política de apoyo solidario a las mayorías más golpeadas por la guerra económica que ha venido padeciendo la Revolución Bolivariana, y cuyo marco estratégico, insistimos,  debe ser una política económica estratégica para sortear la agresión extranjera  como está planteado en la ley ya mencionada.

El Bono familiar antibloqueo podría sintetizar un conjunto de subsidios haciéndolos más eficaces y transparentes, a la vez que permitiría desmontar una estructura burocrática encargada de ejecutarlos, que consume más recursos que los que distribuye; esto sería posible gracias a las capacidades del sistema patria, lo que haría desde el punto de vista tecnológico y operativo muy sencillo el proceso de transferencia.

La estimación del monto del Bono Familiar Antibloqueo a asignar a más o menos seis millones de familias debe ser objeto de una cálculo bien ponderado, pero en todo caso debe ser   suficiente   para influir significativamente en el bienestar socioeconómico de los venezolanos. En este sentido debería estar por el orden de 1.5 $ diarios por integrante mayor de edad de la familia, y debería tener una duración de seis a doce meses.

Más allá de la decisión política, de lo ético, de lo justo del bono familiar antibloqueo, están las interrogantes sobre la viabilidad de una inversión social de este tipo en el contexto actual de descrecimiento brutal de la economía, de un cuadro inflacionario terrible, de las restricciones en el comercio exterior, etc. Las mentes neoliberales dirán que es una locura, que no hay de dónde echar mano a recursos y que lo que hay que hacer es dejar que las mayorías trabajadoras lleven las peores consecuencias de las medidas coercitivas aplaudidas y apoyadas por estos sectores, casi siempre desde el exterior. Los monetaristas de uno y otro lado cuestionarán que será gasolina para la inflación, para ellos es más importante los equilibrios macroeconómicos que el ser humano. La verdad es que, bajo una mirada heterodoxa de la economía que apueste primero por las personas antes que por las fórmulas económicas correctas, lo que no significa desconocer las reglas de la economía, es posible una política social cuyo centro sea la recuperación de la renta familiar.

Dificultades técnicas y financieras existen ciertamente, pero estamos hablando de un país soberano, con un Estado y un gobierno que solo debe atender a los interese de las mayorías. Solo falta un poco de audacia y decisión política, porque es eso, una decisión de economía política de gran calado.

Integrando una política de austeridad en gastos innecesarios en el Estado, fortaleciendo las capacidades de recaudación fiscal, es decir, combatiendo la evasión en el pago de impuesto a, implementado una profunda reforma tributaria orientada a que las grandes fortunas y empresas aporten a esta política de inversión social, y haciendo uso de las capacidades legales del Estado para el financiamiento, se podría sostener el bono familiar antibloqueo de forma realista.

No desconocemos el costo desde el punto de vista fiscal, y su impacto en la dinámica inflacionaria, pero un bono familiar anti bloque como parte de un plan económico integral humanista bien diseñado podría servir de impulso para la recuperación a corto plazo de la demanda efectiva y la actividad productiva, lo que contribuiría a la estabilizar lo fiscal a mediano plazo.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This