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En en el día de ayer se presentó nuevamente en el predio Montecarlo, ubicado en el municipio Alberto Andriani, una comisión que dice actuar en nombre de la Vicepresidencia de la República, para notificar a las familias campesinas que tienen que desalojar las parcelas que están sembrando.

Se reproduce la metodología que utiliza la derecha en sus distintos niveles de intervención política. A nivel nacional bloqueo, asedio, amenazas, y la intervención de quien no dirige la estrategia de embestida: Juan Guaidó es quien presta su cara a la estrategia diseñada por otros. En el caso de Montecarlo, quienes prestan la cara son la Jueza Agraria de El Vigía Carmen Rosales, el fiscal general Camilo Bastos, el abogado del Instituto Nacional de Tierras, Luis Rangel, y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Quienes dirigen en este caso son los terratenientes que pretenden avanzar contra las parcelas campesinas productivas. Mirella Vega Vega es “la presunta” de la finca Montecarlo. También hay amenazas, destrucción de la producción, y hace menos de un año, la muerte a manos de sicarios del hijo de una familia campesina del predio. Misma metodología en distintas escalas.

Semanas atrás una comisión similar, a nombre de vicepresidencia también en ese caso, se presentó al lugar para notificar una orden de protección, no para quienes trabajan la tierra, sino para la terrateniente y su ganado, que no es más que unas pocas cabezas útiles sólo para que destruyan la siembra que con tanto esfuerzo trabajan los y las campesinos(as). En esa reunión el Fiscal Ojeda intentó provocar al padre del niño asesinado en septiembre pasado, acusándolo de no importarle la muerte de su hijo. Con esa impunidad operan los funcionaros serviles a los intereses del latifundio.

En esta oportunidad, la abogada de la familia Vega, Marlin Sosa, “sugería” a las familias campesinas que abandonen el predio por las buenas. Esta abogada es conocida por su participación en Barinas en un gran número de denuncias de desalojo en contra siempre de las campesinas y campesinos que laboran la tierra. Quienes habitan las fincas de “Palo Quemao” y “La Primavera” pueden dar fe de su accionar. Como una enorme contradicción salta a la vista que una abogada de ese perfil haya sido en años anteriores jefa de la Oficina Regional de Tierras de Barinas.

En muchas de las denuncias de desalojo esta abogada aparece actuando junto al juez agrario Orlando Contreras, quien actualmente pretende desalojar a los consejos campesinos del Hato Las Mercedes en Barinas. ¿Tienen relación el juez Orlando Contreras, la abogada Marlin Sosa y la jueza Carmen Rosales? ¿Podemos tomar sus personas como  rostros visibles de una poderosa mafia agraria? ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia no los investiga y sanciona? ¿Hasta dónde llegan las conexiones de esa mafia enquistado en nuestro sistema de justicia?

La necesaria intervención del Ministerio del Poder Popular  de Agricultura y Tierras contra las mafias agrarias no es únicamente a favor de la comunidad campesina, que lleva sembrado el 75% del terreno otrora improductivo. Debe ser también una expresión reafirmando el lugar ocupado en la batalla que da nuestro país entre quienes producen en medio de este contexto, y entre aquellos que se aprovechan del mismo para avanzar en contra de las conquistas que supimos construir estos 20 años. Comunidad campesina productora o mafias agrarias, entre estos sujetos las instituciones de la revolución no deben titubear a la hora de tomar partido. Paz y soberanía o permitir el crecimiento de actores locales que siguen el guión de la derecha a nivel nacional e internacional. Siendo que la comisión que amedrenta a los campesinos y a las campesinas actúa en nombre de la vicepresidencia, las vocerías oficiales de esa institución deben pronunciarse al respecto y aclarar de qué se trata esta acción.

    

Es necesario detener las amenazas de desalojo y apoyar a los campesinos y campesinas en su producción, como se ha hecho en otros estados durante las últimas semanas. Es necesario que el Instituto Nacional de Tierras entregue la carta agraria por el rescate total del predio, para que las familias que habitan en él puedan producir de forma segura. Es necesario que el crimen de Kendri Márquez no quede impune para evitar que estos métodos de sicariato se arraiguen en la zona.

En medio del asedio, la consigna es la misma. Avanzar por la soberanía, la paz, la democracia y la reactivación productiva, a nivel nacional y en las fincas de la zona, como es el caso de Montecarlo.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

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