Seleccionar página

“Tierras, mujeres y hombres libres” lleva por nombre el Consejo Campesino en el que se organizan las familias que habitan en el predio Montecarlo. Cerca de 200 hectáreas recuperadas para la producción de alimentos. El nombre del consejo es un homenaje a Ezequiel Zamora y su levantamiento que en septiembre de 1846 iniciara con esa frase. La pelea diaria que la comunidad campesina lleva adelante ya no es sólo un homenaje, sino que es continuidad de una lucha histórica. La continuidad también se expresa en quienes están del otro lado de la batalla. Aquellos que niegan la tierra a quien la trabaja, aquellos que son los “presuntos” dueños: la oligarquía agraria, los terratenientes.

La disputa por la tierra tiene un carácter clave en este contexto que atraviesa el país. En ambos lados de la carretera panamericana se puede observar el escenario donde se materializa esta lucha. Miles y miles de hectáreas en las cuales ser expresa la disyuntiva entre la necesidad de producción de alimentos y el abandono de las tierras por parte de latifundistas, quiénes únicamente dejan crecer monte y mantienen unos pocos animales, pero que se financian en base a las hectáreas que poseen sin que éstas sean productivas: sólo necesitan tierras a su nombre o fraccionadas a nombre de familiares para solicitar créditos que utilizan en diversas empresas que no tienen relación con fomentar la producción en el campo. Una hectárea de tierra fértil, como son las de esta zona, puede oscilar entre 3500 y 5000 dólares. En Montecarlo, con sus 200 hectáreas, la cuenta habla sola.

     

La comunidad campesina se organiza en sus Consejos Campesinos, Comunas y Consejos Comunales. Por su parte, los antiguos dueños de la tierra se organizan como lo hicieron históricamente, a través de la violencia, de grupos armados, de resortes legales que sus bolsillos pueden comprar. Es decir, despliegan una red de influencia que responda a sus intereses. Se conforman de hecho las mafias agrarias. Consejos campesinos versus mafias agrarias. Las distintas organizaciones saben de qué lado se encuentran en esta disputa.

Estas mafias creadas, financiadas, dirigidas al servicio del terrateniente de turno la integran distintos actores. Jueces Agrarios, fiscales, algunos funcionarios de ministerios o instituciones locales (El Vigía, en este caso) y efectivos de las fuerzas de seguridad. Estas mafias tienen también sus grupos de choque armados. Sicarios, a quienes se contrata para fines específicos. Dependiendo del momento político se utiliza tácticas distintas, siempre con el objetivo de sacar a la comunidad campesina de las tierras.

Durante el 2018 la táctica incluía el despliegue combinado de ambos brazos, el institucional corrupto  y el armado. El brazo armado tuvo su mayor nivel de intervención entre abril y septiembre, cuando se llevaron la vida de Kendri Márquez, asesinado de un solo disparo al corazón mientras manejaba su moto. Un disparo certero mientras estaba en movimiento. Sello del accionar de sicarios. Kendri era hijo de la familia que coordina el trabajo diario campesino en el predio Montecarlo. No fue una elección al azar. Asesinar al hijo de los coordinadores del Consejo Campesino para intimidar al resto de las familias.

 

Por su parte, el brazo institucional corrrupto el año pasado impulsó desalojos en distintos predios, que incluyeron la destrucción de la siembra, la quema de cambuches y la detención de campesinos y campesinas en algunos casos, como ocurrió en el predio La Magdalena en abril del 2018, donde 33 personas fueron detenidas. Esos sectores que desde las instituciones forman parte de las mafias se ocuparon de que casi ningún predio fuese formalmente entregado a los campesinos y las campesinas.

Los desalojos siempre son resistidos por las familias campesinas para seguir produciendo. Los informes técnicos que hablan de tierras productivas cuando están abandonadas (antes de ser rescatadas por los campesinos/as) es otra acción que este brazo institucional corrupto aplicó y aún aplica en Montecarlo como en el resto de los fundos de la zona.

 

Carmen Rosales y Jesús Ojeda son exponentes de este brazo de las mafias adentro de la institucionalidad. Jueza del tribunal Agrario del Vigía y abogado de la fiscalía 6ta del mismo municipio, respectivamente.  Esta jueza es quien desafía las órdenes de Maduro y del Instituto Nacional de Tierras, al seguir impulsando desalojos en la zona. Por su parte el fiscal, es quien persigue judicialmente a algunos dirigentes campesinos, con acusaciones llenas de irregularidades. Ambos comparten el desprecio hacia las familias campesinas.

Otra exponente es la abogada de la familia de la presunta dueña de la finca de Montecarlo, doctora Marlin Sosa, ex jefa de la oficina regional de Tierras de Barinas. Especialista, junto al Juez Orlando Contreras, de Socopó, en participar en las órdenes de desalojo siempre a favor de los terratenientes. Siempre. En Barinas y en Sur del Lago.

Su defendida, Mirella Vega Vega tiene hectáreas en ambas zonas. En Barinas las mafias agrarias durante el año pasado también se cobraron una vida, la de Orlando Reyes Parra, en otro asesinato con el sello característico del sicariato. Este asesinato se dio en el mismo día que Maduro recibía a los campesinos en Caracas. Una demostración de poder de estas mafias agrarias que operan en distintas zonas. El asesinato se dio en zonas donde Vega Vega y Sosa poseen tierra y en donde es sabido que el sector latifundista se articula y organiza. ¿Tienen relación ambos sicariatos, el de Reyes Parra y Kendri Márquez? ¿Está detrás el mismo sector de estas mafias agrarias?

¿Qué motiva a abogados, fiscales, jueces agrarios a actuar a favor de quien mantiene la tierra improductiva? La cuenta del número de hectáreas en juego multiplicada por su valor en dólares aporta mucho a la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no se investigan los hechos de violencia que incluyen torturas (La Chapala 2018) e incluso muerte (Montecarlo septiembre 2018? Las instituciones de justicia, derechos humanos e investigación judicial tienen la palabra.

 

En Montecarlo, así como también en otros predios, la desidia terrateniente también se expresa al intentar criminalizar a los campesinos/as de la muerte del ganado, que ellos mismos dejan de alimentar, buscando que sus animales se mueran o bien destruyan la siembra de las familias productoras. Sin excepciones, las organizaciones campesinas de la zona tienen que tener en claro estas prácticas en contra de la comunidad y a favor del latifundio.

En el predio Montecarlo, recientemente fue cortado todo el pasto que servía de alimento al poco ganado abandonado en el predio, justamente para que este se vea forzado a destruir las siembras de los(as) campesinos(as) para alimentarse. Cuando esto es impedido, como de hecho ocurre, al ganado se lo deja morir se hambre para responsabilizar a los(as) campesinos(as) y criminalizarlos .

 

Las mafias agrarias son el principal enemigo que enfrentan las familias campesinas. Familias que están produciendo alimentos en momentos donde el país más lo necesita. Hay una línea política desplegada por el gobierno a nivel nacional en este contexto de guerra económica y bloqueo. Esta línea es la de avanzar en la producción autóctona de alimentos, en camino a asegurar nuestra soberanía alimentaria. Distintas instituciones y ministerios se ven interpeladas para aplicarlas y lo realizan de conjunto con las organizaciones presentes en las distintas regiones. Fomento a la producción con entregas de insumos, herramientas, semillas. Las mafias agrarias que operan en el eje carretero panamericano al Sur del Lago Maracaibo están abiertamente en contra de este rumbo. La intervención de las autoridades judiciales, del Instituto Nacional de Tierras,  del Ministerio de Poder Popular de Agricultura y Tierras es urgente.

Desarticular las mafias agrarias en defensa de las familias campesinas, de la Revolución Bolivariana, de la paz, la democracia y la soberanía es la tarea central.

 

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

Pin It on Pinterest

Share This