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En Abril de 2018 el presidente Maduro se pronunció a favor de la lucha campesina, en respuesta al desalojo y detenciones en el predio La Magdalena, en el estado de Mérida. “Creo en la palabra de una campesina y no en la de un burócrata”, dijo el presidente.

La semana pasada, a poco más de un año de aquella alocución del presidente Maduro, prensa de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora conversó con Heber Montilla, dirigente campesino y coordinador de La Corriente en Sur Del Lago.

¿En qué cambió la situación de la lucha por la tierra en Sur del Lago a partir de este pronunciamiento?

La situación cambió bastante. Había una preocupación, desde que Maduro llegó al gobierno, para que se pronuncie a favor de la lucha campesina como lo hacía el presidente Chávez, a través de los “Aló presidente”, en donde planteaba la pelea al latifundio. Antes de que Maduro se pronuncie a favor de los campesinos, había sectores de la Guardia Nacional Bolivariana, del SEBIN, del CICPC, sectores de las fuerzas públicas del Estado que se prestaban para atropellar a los campesinos. Junto con Maduro también se pronunciaron el fiscal general de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de la defensa. Las fuerzas de seguridad del Estado no se prestaron más para estas situaciones de atropello.

Los terratenientes, al no poder contar con las fuerzas de seguridad, empezaron a contratar grupos armados, sicarios. Empezaron las amenazas y la violencia contra las familias campesinas.

Ahora están utilizando a los tribunales para amedrentar a los líderes campesinos. Se los amenaza con meterlos presos, abrirles expedientes. Van los tribunales agrarios de la zona, junto con fiscalía y defensoría, a los predios para amedrentar. Salen o los metemos presos, les dicen. Esto se combina con las amenazas de violencia como se vivieron el año pasado.

Este accionar combinado de violencia y funcionarios corruptos son los modos de operar de las mafias agrarias. ¿Quiénes componen estas mafias?

No es un ganadero aislado que contrata a alguien. Es una red que opera en los distintos predios que están en proceso de rescate. La componen los tribunales, jueces, fiscales, algunos funcionarios del INTI nacional y regional. Los ganaderos son los que contratan, pagan y manejan estas mafias. Se manejan con pagos en dólares. Incluso estas mafias han intentado comprar dirigentes campesinos. Ofrecían hasta 10 mil dólares, camionetas, carros, fincas, para que estos dirigentes abandonen la lucha o dejen quieta la lucha. Hay algunos sectores campesinos que se prestaron a estas mafias. Cuando supuestos dirigentes campesinos se pronuncian a favor de los presuntos en los medios de comunicación, en las redes sociales, se están prestando a favor de estas mafias. En la guerra al latifundio hay dos actores. El campesino y campesina y los terratenientes.

Ellos como terratenientes están organizados, se articulan, hacen planes. Usan los mismos métodos en los distintos fundos. Por ejemplo, la jueza Carmen Rosales no actúa en un solo predio, sino que está en varios fundos donde los campesinos están rescatando las tierras. Ella falla siempre a favor de los presuntos. Ella es una pieza de estas mafias. En cuanto se inician los rescates por parte del Instituto Nacional de Tierras, ella interviene poniendo medidas de protección a la producción (que no tienen) los presuntos, sin siquiera ir a inspeccionar los predios. Simplemente en la oficina de los tribunales firma las protecciones al ganado del terrateniente. Pero cuando los campesinos van a pedir la protección de su siembra, porque lo que es bueno pal´pavo es bueno pa´ la pava, no, no se puede hacer, eso no existe. Argumentan que no tenemos documentación sobre las tierras. Pero la ley de tierras dice que lo que es determinante es la producción, porque la propiedad de las tierras no es de los presuntos, es del Estado.

En el caso de Montecarlo, estas mafias le entregaron a la presunta una carta de finca productiva, a través del INTI y a través del tribunal agrario. Ignorando la situación de las 84 familias que están viviendo y sembrando en ese fundo. Esta presunta tiene dos protecciones, la del tribunal agrario y la del INTI, cuando la finca que tiene esta totalmente improductiva. Lo que esta productivo allí son las tierras que trabajan los campesinos, un 75% del terreno. Esta presunta intentó comprar a los dirigentes campesinos pero no pudo, pero sí pudo con el tribunal agrario y con el INTI. No hay ningún fundamento para que se le entregue una carta de finca productiva.

Hay una contradicción. Las mafias agrarias utilizan parte de las instituciones del Estado para ir en contra del campesino y evitar que se acceda a las tierras.

Campesino_sembrando_PredioMontecaarlo

En el caso del predio Montecarlo se plantea que la comunidad campesina ingresó de hecho y no por derecho a los terrenos. ¿Cómo se dio esta situación?

Porque precisamente siempre en esta lucha se da una misma situación. Cuando la comunidad campesina ve un fundo ocioso, hacemos la denuncia ante el INTI y esperamos un tiempo para que se haga la inspección como dice la ley. Pero ¿qué pasa ahí? Esas mismas mafias agrarias, después de que se hacen las denuncias, llaman a los terratenientes para avisarles de que se los va a inspeccionar. Y les dan 6 meses un año, dos años, para darle la chance al presunto que le cambie virtualmente la situación de improductividad. En Montecarlo trajeron máquinas luego de que el INTI les avisó. Y movilizaron ganado de otras fincas, para poder pasar la inspección, pero no para poner a producir las tierras. El ganado que trajeron tenía distintos hierros marcados. Los hierros para marcar ganado están registrados según a qué finca y que dueño sea. Si cuando se inspecciona se viera estos hierros queda demostrado que es ganado de otra finca, pero esto no se hace, porque es parte del juego que hacen estas mafias.

La comunidad campesina incluso denunciaba que las máquinas trabajaban de noche y no dejaba dormir a la gente. Tenían sólo 37 cabezas de ganado al momento de la denuncia. Después metieron ganado sin tener capacidad para alimentarlo, los potreros no están preparados, hasta le cortaron el pasto para que no puedan comer. Entonces el ganado se muere y se le quiere echar la culpa a los campesinos. La presunta, Vega Vega, hace la denuncia ante el tribunal agrario y la jueza arma los expedientes en contra del campesinado.

Ante esta situación fue que las familias campesinas tomaron la decisión de ingresar a rescatar las tierras y ponerlas a producir. Porque si esas tierras estaban productivas ¿dónde está la producción?

Estas mafias están jugando al fracaso de la revolución, no producen y después son los que dicen que el gobierno no puede garantizar la producción agro-alimentaria en el país. A nivel nacional el 25% de las tierras cultivables del país las tiene el sector campesino y el 75% restante las tienen los terratenientes. Si ellos tienen la gran mayoría de las tierras, ¿dónde está la producción? Lo que llega a los mercados de Caracas, por ejemplo, es producción campesina. Somos los campesinos y las campesinas quienes contra viento y marea hemos mantenido la producción. Los terratenientes apuestan al fracaso del gobierno. Estos terratenientes en muchos casos ni siquiera viven en las fincas, viven en las grandes ciudades o fuera del país. Es el campesino y la campesina quien trabaja las tierras.

Esta semana vino a Caracas una comisión de campesinos y campesinas de la CRBZ y del Frente Campesino de los Tupamaros, provenientes de Sur del Lago. ¿Con quiénes se reunieron en Caracas y qué se abordó en esas reuniones?

Nos hemos juntado con el INTI, con la Defensoría del Pueblo y con Vicepresidencia. Porque en Sur del Lago hay mala información, estas mafias que nombramos generan informaciones falsas, a través de funcionarios locales, para amenazar de desalojos a los campesinos. Sabiendo de esta situación nos vinimos a Caracas para hablar con las autoridades nacionales.

Primero estuvimos en el INTI con Alexis Fernández, gerente de la secretaría de despacho de presidencia. Hablamos del estado de situación de las cartas agrarias de los predios que faltan, que en algunos casos incluso se han hecho los actos de entrega de esas cartas (como ocurrió hace 3 meses) pero quedó sólo en la foto. La Magdalena, El trébol, Vista Hermosa, El Carmen, Gavilanes, Montecarlo, el Zapotal. Sólo El Carmen tiene la carta agraria, en El Trébol llegó ahorita el anuncio del inicio del rescate. En la Magdalena, que fue el predio donde se produjeron las detenciones que criticó Maduro, todavía no se entregó la adjudicación. En Gavilanes ya se hicieron dos actos políticos de entrega, pero no llegó el papel.

En cada uno de estos predios están los Consejos Campesinos haciendo vida y produciendo. Vinimos a hablar este tema porque aún cuando el Estado toma la decisión de entregar las tierras a los campesinos, estas mafias agrarias no permiten que esto se ejecute en los terrenos.

En vicepresidencia hablamos con Maite García sobre la supuesta orden de desalojo en el predio Montecarlo. La apoderada de la presunta de este predio, Marlin Sosa, nos dijo que ella participó de las mesas técnicas que dirige vicepresidencia y que ahí se decidió el desalojo de Montecarlo. La compañera Maite nos aclaró que en ningún momento se planteó un desalojo en Montecarlo. Sí, desde las mesas técnicas de trabajo se encargó hacer una inspección en el predio, la cual nunca se hizo, ya que sólo visitaron la finca de la presunta y no así la siembra de la comunidad campesina. La inspección que mandó vicepresidencia desde Caracas incluía contar cuántas matas tienen sembradas los campesinos, cosa que nunca se hizo.

En la Defensoría del Pueblo hablamos de la situación de persecución judicial que se hace sobre compañeros y compañeras. Se arman expedientes para amenazar a los dirigentes de meterlos presos. El fiscal Jesús Ojeda y la jueza Carmen Rosales son quienes hacen estas maniobras de intimidación.

¿Cómo sigue la pelea por la tierra en los distintos predios?

En todos se da lo mismo. Las mafias agrarias operan de la misma forma en los distintos predios. Amenazan, amedrentan, arman causas, impiden la siembra, hay silencios administrativos, se retrasan los expedientes de los rescates. Intentan cansar al campesino.

La Magdalena

 

De nuestro lado la idea es seguir produciendo. Esto es una necesidad. Producir es una necesidad para sobrevivir. El campesino siembra y produce o su familia no tiene para comer. No podemos esperar un año o dos para ver qué pasa con los rescates. Con todos estos riesgos y amenazas igual vamos a seguir produciendo. Ellos son parte de quienes hacen esta guerra económica al país. Nosotros, primero, no vamos a dejar que esta Revolución se caiga. Vamos a buscar las alternativas. Y la alternativa es buscar las tierras para producir y mantener a nuestras familias. Esto lo tienen que entender los distintos funcionarios. El campesino no tiene opción: o produce o se muere de hambre. O produce o se pone del lado de la derecha. El Estado, como gobierno revolucionario, debería apoyar a los campesinos en esta pelea.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

 

 

 

 

 

 

 

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