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Diez claves que debemos saber sobre la lucha por la tierra en Venezuela

Abr 17, 2018 | El poder de la gente

Durante las últimas semanas ha sido noticia el tema de la lucha contra el latifundio, luego de los recientes atropellos ocurridos contra campesinos en Mérida, Barinas y Portuguesa, y de las severas declaraciones del presidente Nicolás Maduro en defensa del campesinado y prohibiendo expresamente la repetición de desalojos. A propósito de la conmemoración hoy 17 de abril del día internacional de la lucha campesina y de la próxima instalación de la Mesas de Paz en el campo ordenada por Maduro, Prensa CRBZ conversó con Hebert Montilla, dirigente campesino de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora con casi 20 años de experiencia en la lucha contra el latifundio. De la conversación con Montilla se desprenden las siguientes claves que deben ser conocidas por nuestra gente.

Hebert Montilla es un dirigente campesino de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora con casi 20 años de experiencia en la lucha contra el latifundio.

  1. Es falso que la política agraria que privilegia al campesinado haya generado improductividad en las tierras. Sólo en el Sur del Lago de Maracaibo, casi 30 de los 46 fundos que fueron rescatados en tiempos del comandante Chávez y puestas en manos del campesinado se encuentran completamente productivas. Contrariamente a lo ocurrido con tierras que fueron administradas por empresas estatales creadas para ello, como es el caso, por ejemplo, de La Marisela, que administró fundos como La Bolívar, La Chapala y Olla Grande, y las llevó a la quiebra. Hoy son propiedad de Agro FANB sin que su situación de improductividad o baja productividad haya sido revertida. En el caso de estas empresas estatales se incurrió en errores como asalariar el trabajo del campesino asumiéndolo como empleado del Estado y, de alguna forma, burocratizándolo
  2. Es común que terratenientes fraccionen tierras de la Nación adjudicadas a su nombre registrando documentos de propiedad a familiares ante registros subalternos, cosa que es ilegal, ya que sólo el INTI puede hacerlo según la ley. Tramitan luego créditos distintos para cada fracción de tierra a nombre de esos falsos propietarios y usan esos recursos para financiar otros negocios ajenos a lo agrícola como, por ejemplo, hoteles, restaurantes y otras empresas, sin dedicar a producción agrícola los recursos. Con el resultado de esos negocios pagan los créditos, pero sin que esos recursos hayan incidido en el aumento de la producción de alimentos en el país.
  3. Para salir airosos ante inspecciones en caso de denuncias de tierra ociosa, los latifundistas movilizan ganado de otros estados y los introducen en los hatos denunciados. Así, en el momento de la inspección, ante la cantidad de reses presentes en un predio, los funcionarios del Inti las certifican como productivas. Sólo con verificar las guías de movilización de las reses de un estado a otro ante las instituciones correspondientes o verificando los hierros del ganado, que están debidamente registrados en cada estado, los inspectores del Inti podrían desmontar la maniobra, pero no lo hacen porque actúan articulados con los latifundistas.
  4. Los terratenientes usas sus tierras únicamente como espacio de tránsito breve de ganado que luego venden a los mataderos. No crían ganado, sino que lo compran a precios bajos en momentos del año como el verano, cuando en estados llaneros como Apure y Barinas estos bajan de precio por las dificultades que se presentan para su óptima alimentación, para después de pocos meses revenderlo a altos precios en Venezuela o contrabandearlo hacia Colombia.
  5. Cuando los campesinos organizados denuncian ante el Inti tierras como ociosas o de dudosa propiedad, funcionarios del Inti en las regiones les recomiendan otros predios para ser rescatados (basándose en un supuesto conocimiento de la situación de la titularidad o el carácter ocioso de la tierra) y los autorizan a entrar a la tierra y ocuparla. Una vez concretado esto, extorsionan a los terratenientes ofreciéndoles sacar a los campesinos de las tierras en cuestión a cambio de cuantiosas sumas en dólares. Una vez concretado esto, entran en juego funcionarios de los órganos de justicia para revertir jurídicamente la autorización generada por el Inti, y luego el ministerio público y los cuerpos de seguridad del Estado para ejecutar los desalojos. La maniobra es doble y genera doble ganancia: primero, obtienen dinero del supuesto propietario de la tierra inicialmente denunciada por los campesinos al ofrecerle resolver la situación; segundo, obtienen dinero del latifundista a cuya tierra autorizaron a los campesinos a entrar.
  6. La trampa y el negocio con la tierra no proviene sólo de funcionarios de las instituciones del Estado. También existen falsos dirigentes campesinos que organizan cooperativas o consejos campesinos de papel incluyendo en éstos a personas a cambio de cobrarles dinero, primero, por el ingreso a las falsas organizaciones y, segundo, periódicamente durante el supuesto proceso jurídico del que ellos son gestores e intermediarios. Esta modalidad no concluye nunca en una efectiva entrega de tierras, ya que justamente el método consiste en alargar los procesos y, en esa eterna postergación, ir pidiendo frecuentemente dinero a los campesinos. Otra modalidad de estas falsas organizaciones campesinas es en articulación con funcionarios del Inti. Estas sí concluyen en entrega de las tierras y los procesos suelen ser expeditos. Pero el objetivo de estos falsos dirigentes campesinos es negociar luego las tierras, venderlas, arrendarlas o desaparecer con el dinero obtenido en algún crédito o financiamiento.
  7. Un rescate de tierras puede ser autorizado por mal uso de la tierra de acuerdo a su clasificación según sea para siembra de alimentos, cría de animales, objetivo mederero, o siembra de rubros específicos. Las tierras A1, por ejemplo, no puede ser para criar ganado, puesto que son las más fértiles para sembrar. En ese caso, los inspectores del Inti, generalmente ingenieros, vician los informes certificando la tierra como un tipo distinto al que en realidad es para que así no pueda ser autorizado el rescate. Llegan al extremo, incluso, de realizar estas certificaciones sin los correspondientes estudios físicos y químicos del suelo, alegando que únicamente con su experimentada mirada están en condiciones de hacerlo.
  8. La Ley de Tierras autoriza a que ante la existencia de tierra improductiva o de dudosa titularidad, los venezolanos y las venezolanas podamos hacer la denuncia ante el Inti y solicitar el rescate. En la mayoría de los casos los funcionarios aplican la dilación de la respuesta apostando al desgaste de los campesinos, aplicando otra forma de extorsión a los latifundistas, notificándoles informalmente de la denuncia y pidiendo dinero a cambio de no dar curso a la misma. Ante la ausencia de respuesta del Inti, pasados incluso uno o dos años, la gente decide entrar a la tierra y comenzar a sembrarla en una ocupación de hecho. Allí es cuando entran en juego los órganos de justicia, el ministerio público y los cuerpos de seguridad, ya que al fallar la táctica de dilación, con la ocupación de hecho en pleno desarrollo, no queda otra opción que recurrir a maniobras y manipulaciones técnicas y jurídicas.
  9. Las tierras del Sur del Lago de Maracaibo en el eje carretero panamericano son todas tipos A, es decir, tierras en las que no debe haber ganadería sino del tipo tabulado que ocupa poca extensión, para que en su mayoría deba ser usada para la siembra.
  10. En los últimos 5 años sólo en el Sur del Lago de Maracaibo ha habido más de 20 desalojos violentos y ningún rescate de tierras culminado exitosamente con la carta de permanencia en la tierra a favor del campesinado.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

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