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Desde 2016 han sido asesinados en Colombia más de 900 líderes y lideresas sociales. Entre 2020 y 2021 se han contabilizado 78 masacres, en las cuales se asesinó 292 personas. Las cifras de represión desde que se inició el paro son grotescas: 84 personas asesinadas, 75 desaparecidas, 3.274 detenidas, 1.790 personas heridas. Con el 70% de la producción mundial, Colombia es el principal productor y exportador de cocaína en el mundo, lo cual constituye uno de los principales combustibles con los que la oligarquía colombiana y el Estado colombiano nutren su economía, generando una profunda imbricación entre la economía del crimen y la institucionalidad. Colombia es el país de Suramérica con mayor desplazamiento de población a causa de su conflicto armado interno: más de 8 millones de desplazados.

A todo este contexto de corrupción, severa conflictividad social, crímenes de lesa humanidad y violaciones masivas a los derechos humanos, se agrega la reciente demostración irrefutable de la exportación de mercenarios y el diseño de operaciones armadas que agreden la soberanía y la institucionalidad del continente: la Operación Gedeón contra Venezuela y el asesinato del presidente de Haití son los hitos más recientes de esta práctica del Estado colombiano, que lo evidencia como una verdadera amenaza a la estabilidad, la paz y la democracia de América Latina.

Dicha realidad es sistemáticamente ocultada por el poder mediático transnacional. Los grandes medios de comunicación del planeta, alineados a la estrategia de dominación de las élites que dirigen el poder en EEUU, mantienen un silencio cómplice al respecto de Colombia y su trágica realidad. Sin embargo, es tan grotesca y escandalosa, que el cerco de censura se ha venido rompiendo y pasa a ser noticia en el mundo que en América Latina no son Cuba o Venezuela o Nicaragua los países que representan una verdadera, extraordinaria e inusual amenaza a la seguridad del continente, sino Colombia y su narcoestado paramilitar y asesino.

De allí que hoy el gobierno colombiano pretenda desviar, con falsos positivos contra Venezuela, la atención que hoy dirige las miradas hacia sus crímenes, principalmente a raíz de su escandalosa participación en el asesinato del presidente de Haití.

Por ello, es necesario señalar que el caso de Haití no es un hecho aislado ni una aventura autónoma de un grupo de mercenarios, como lo quieren hacer ver, sino que se trata de una acción que responde al papel de gendarme que EEUU le ha asignado a las Fuerzas Armadas Colombianas para intervenir en distintos escenarios de América del Sur, bajo diversas formas de guerra por delegación, allí donde lo requieran los intereses de las élites financieras y políticas norteamericanas y de la oligarquía colombiana, que está ávida de expansión económica transnacional. Al respecto, es suficiente con revisar la nueva doctrina militar colombiana (lo que se conoce al menos), para notar que apuntan a un rediseño del papel estratégico de las Fuerzas Armadas Colombianas profundamente alineado a la doctrina geopolítica estadounidense para América Latina.

El caso Haití pone en evidencia esto. Pero también lo pone en evidencia el empleo que han hecho de actores armados no estatales en los planes de agresión sostenidos sobre Venezuela. Nos referimos al caso del reclutamiento que la inteligencia colombiana ha hecho de sectores de la llamada disidencia de las FARC, para utilizarlos como instrumento en el inicio de una guerra híbrida como la que se intentó en La Victoria, estado Apure, y que, gracias a la determinación y claridad estratégica de la dirección política y militar de la Revolución Bolivariana, se logró por ahora neutralizar.

Esto explica las acusaciones falsas y tendenciosas emitidas contra Venezuela por vocerías del alto gobierno colombiano, las cuales se enmarcan en la línea de fabricar una causa bellis, y seguir creando las condiciones para una agresión militar de mayor escala contra el país.

Además, lo explican otras razones, como la necesidad de distraer la población de ese país en un momento de grandes movilizaciones populares cuya respuesta estatal ha sido la más brutal represión, lo cual ha expuesto ante el mundo el carácter antidemocrático de la élite que gobierna Colombia. Y a ello se agrega la crisis política de esa élite: las tendencias adversas y posibles escenarios electorales negativos para el venidero año 2022, en el que se elige presidente, y en los cuales, en todas las encuestas y proyecciones, aparecen como ganadores los candidatos alternativos a la clase política narcofascista.

Al respecto de esta oligarquía y del Estado colombiano no podemos en Venezuela bajar la guardia. Debemos tener la claridad de que son instrumento de la agresión multidimensional contra el país, la cual no se ha detenido, sino que, al contrario, se sostiene y escala en sus niveles de presión. Nuestra tarea, sin perder de vista los movimientos de este adversario, debe seguir enfocada en nuestras batallas: luchar contra el bloqueo y construir alternativas económicas para superarlo, fortalecer la unidad popular, social y política en todos los niveles, mantener activa la preparación para la defensa.

De igual forma, es necesario desarrollar una política bolivariana para la frontera, en la cual, además del componente militar, se fortalezcan dos ejes clave: el empoderamiento de la gente de la frontera y el desarrollo de un plan estratégico productivo, focalizado y priorizado debido a la importancia estratégica de esta zona del país. Es fundamental que las palabras soberanía, patria, integridad territorial, cobren un significado concreto y material más allá de lo ideológico y de lo simbólico para los habitantes de la frontera. Por ello, es necesario un plan estratégico de desarrollo fronterizo que ponga énfasis en lo productivo, en alianza con el pueblo organizado y con sectores privados de la pequeña y mediana empresa del agro. Se trata de construir un muro de productividad y de poder popular infranqueable para cualquier enemigo, ya sea estatal o irregular. Solo con el poder de la gente materializado en comunas y ciudades comunales y bajo una sólida unidad cívico militar podremos garantizar de forma permanente y sostenida la soberanía, la paz y la democracia revolucionaria.

Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

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