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I

A las cinco de la mañana del día de ayer 15 de agosto de 2018, fueron detenidos arbitrariamente los campesinos Josué Medina, Jesús Antonio Arriechi, Jorge Luis Mendoza Camacaro, Gaudy Antiche y Orlando Vladimir Méndez. La detención, ejecutada por una comisión del Cicpc de San Juan, Lara, al mando del comisario encargado Pedro Peña, ocurrió en el predio La Cuchilla, sector Río Claro de la parroquia Juárez del municipio Iribarren.

El comisario Peña y los demás funcionarios se presentaron alegando tener una orden de captura contra estos ciudadanos por el delito de robo de ganado y maquinaria, supuestamente emitida por la fiscalía 7ma del estado Lara, a cargo de la fiscala Keyla Nelo; sin embargo, esta orden nunca fue presentada.  En días recientes hubo un intento, también por parte del Cicipc, de llevarse detenido al señor Josué Medina, quien es uno de los principales dirigentes de los campesinos y campesinas que pelean esa tierra.  Este intento también se realizó sin orden escrita alguna.

Una vez detenidos en los calabozos del Cicpc de San Juan, los campesinos aseguran que los funcionarios poseían una lista con los nombres de muchas personas que se encuentran peleando el derecho que como pisatarios tienen sobre las tierras de La Cuchila. Fueron leyendo la lista en voz alta delante de todos para verificar quiénes eran los que habían sido detenidos. Éste hecho, además del conflicto que viene presentándose con el señor Héctor Rivero, permiten afirmar a los campesinos que los funcionarios del Cicpc actuaron siguiendo las órdenes del señor Rivero.

Vehículo que usaron los funcionarios

II

El conflicto entre los campesinos de La Cuchilla y el señor Héctor Rivero es el siguiente. Los campesinos de La Cuchilla exigen su derecho sobre la tierra en la medida en que viven, trabajan y hacen producir esa tierra desde hace más de 15, 20 y hasta 40 años. En el predio tienen cultivos de cambur, plátano, maíz, auyama, caraota, yuca y cilantro. El presunto dueño de la tierra, el señor Eduardo Saldivia falleció hace cuatro meses y los campesinos exigen, entonces, que les sea reconocido el derecho como pisatarios.

Sin embargo, a partir del fallecimiento de Saldivia, aparece en el asunto el señor Héctor Rivero reclamando la propiedad de la tierra alegando haberla comprado al hijo del señor Saldivia, llamado también Eduardo Saldivia, quien reside fuera de Venezuela. Aunque los campesinos tienen un legítimo derecho a esta tierra, el señor Rivero tampoco ha presentado ningún documento que verifique la supuesta compra que hizo. Desde el fallecimiento de Saldivia, el señor Héctor Rivero se ha dedicado a amenazar y amedrentar a los campesinos, llegando incluso a disparar armas de fuego en la entrada de la finca.

Campesinos(as) en predio La Cuchilla

III

Luego de la actuación de la abogada Elena Juárez y de que el constituyente Orlando Zambrano difundiera por redes sociales el atropello a estos campesinos, la fiscala Keyla Nelo instruyó al Cicpc la realización de una inspección en el predio, con la cual se pudo verificar la falsedad del delito con el que pretendieron criminalizar a los campesinos: tanto el ganado como la maquinaria anteriormente pertenecientes al señor Saldivia se encuentran en el predio en el mismo estado en que fueron abandonadas.

Finalmente, los campesinos fueron puestos en libertad, pero no todos bajo libertad plena. A última hora a Jesús Antonio Arriechi, Jorge Luis Mendoza Camacaro y Orlando Vladimir Méndez les adjudicaron investigación por el delito de porte ilícito de arma, cosa que, según denuncia la abogada y los propios campesinos, es completamente falsa.  El propio Josué Medina asegura haber sido testigo del momento en que les fueron sembradas estas armas para justificar esta medida.

IV

Existen serias sospechas de que la fiscala Keyla Nelo actúa en articulación con el señor Héctor Rivero. En el transcurso  de la tarde de ayer, mientras se desarrollaba el procedimiento para defender a los campesinos, la fiscala y el señor Rivero fueron vistos mientras se reunían en una oficina en la misma fiscalía.

Es importante que se abra, por parte de la Fiscalía General de la República, una investigación sobre la actuación de la fiscala Keyla Nelo, así como del comisario del Cicpc Pedro Peña. Antecedentes de actuaciones similares en otros estados del país que no fueron debidamente atendidos en el momento en que se hicieron las denuncias escalaron luego hacia otras formas de violencia como la violación a derechos humanos en desalojos arbitrarios o como el asesinato de campesinos por sicarios.

Ante este reciente atropello a campesinos que en Venezuela luchan por su derecho a la tierra y al trabajo, tienen la palabra nuevamente los órganos de justicia y derechos humanos. Igualmente, es necesaria la actuación del Instituto Nacional de Tierras para la atención a las exigencias que hacen los campesinos.

(Los datos para la redacción de esta nota fueron suministrados por Franklin Querales, militante de la CRBZ, y por la abogada Elena Juárez)

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

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