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Ante las amenazas del sicariato, urge atender rescates de tierra inconclusos

Ante las amenazas del sicariato, urge atender rescates de tierra inconclusos

Han pasado poco más de dos meses desde que el presidente Nicolás Maduro manifestara su respaldo a las luchas campesinas y se pronunciara en contra de la ola de desalojos, criminalización y ataques que han venido sufriendo, de manera creciente, las comunidades de los rescates de tierras en el último año y medio.

A raíz del llamado del Presidente a investigar los hechos y punir a responsables y cómplices, campesinas y campesinos han venido acudiendo a diferentes instituciones para poder poner fin a amenazas y atropellos y así dedicarse a la producción agrícola, crucial como nunca en el contexto de guerra económica que vive el país.

Las comunidades de los rescates han estado presentando sus casos ante el Instituto Nacional de Tierras (INTi), la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) – en cuyo seno se activó una comisión especial para investigar el tema de los desalojos campesinos–, el Ministerio Público y, más recientemente, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y Equidad de Género.

A la base de todos los casos presentados los testimonios de las comunidades campesinas han puesto en evidencia la presencia de procedimientos de rescates de tierras ociosas aún “abiertos” después de años: es decir que no han sido llevados a cabo por completo, desde el punto de vista legal y administrativo, por parte de la institución responsable, el INTi. La dilación habría entonces abierto el camino a la arremetida de viejos y nuevos latifundistas.

Ante esta evidencia, el pasado 24 de abril, Luis Soteldo, presidente de la institución y viceministro de Tierras, se comprometió personalmente en el estudio de los casos presentados, planificando un cronograma de inspecciones en los predios para evaluar la procedencia o menos de la regularización de las tierras a favor de las comunidades campesinas.

¿Cómo sigue la situación de los rescates de tierras?

El INTi ha llevado a cabo casi en su totalidad el cronograma de inspecciones, y ha realizado diferentes actos públicos de entrega de títulos en algunos estados del país. Sin embargo, las organizaciones campesinas sostienen que en su mayoría la regularización de las tierras ha interesado lotes pequeños, y que los casos más conflictivos siguen sin solucionarse porque el procedimiento no se ha completado o porque no ha sido atendido.

Mientras, recordemos que se cumplió ayer 12 de junio, un mes del asesinato a manos de sicarios de los campesinos Jesús León y Guillermo Toledo, del rescate “Palo Quemao” (municipio Arismendi, Barinas), otro caso de rescate “en espera”. La comunidad señala al terrateniente Carlos Pardi, supuesto dueño del predio, como el autor intelectual. Hasta el momento “no ha habido un solo pronunciamiento público de autoridades municipales, regionales o nacionales al respecto de este caso. Ni autoridades del gobierno ni de los órganos de justicia o de derechos humanos han dicho nada. La dirigencia política tampoco ha dicho nada. La justicia, entonces, no se ve cerca”[1].

La demora de los procedimientos legales y administrativos es uno de los factores que genera las condiciones para los atropellos y la violencia por parte de viejos y nuevos latifundistas. Aquí presentamos algunos de los muchos casos que necesitan ser atendidos con prontitud para evitar ese desenlace.

1. Predio La Escondida: el falso dueño sigue allí

Se trata de un fundo de 860 hectáreas de propiedad del INTi, ubicado en el municipio Rojas del estado Barinas. Fueron denunciadas como tierras ociosas en 2014 por la comunidad campesina, y por ella puestas a producir desde 2017. Luego, un nuevo supuesto dueño, el terrateniente Ricardo Mora, se atribuyó la propiedad de las tierras y ocupó la finca, aunque las tierras del Estado no puedan ser vendidas ni enajenadas. Empezaron entonces el hostigamiento, las agresiones, las amenazas y la criminalización de la comunidad campesina, según relatan sus integrantes.

Hace tres semanas, el Consejo Campesino “Los Lanceros de la Pescalinera de Zamora” ha finalmente recibido de parte del INTi un título de Derecho de Garantía de Permanencia en las tierras y la Carta de Registro Agrario del predio La Escondida. El INTi debe encargarse también de desalojar al ocupante Mora, pero aún no lo ha hecho. La comunidad campesina alerta sobre las amenazas recibidas de parte de Mora, y sobre la presencia de 15 a 20 “campo volantes”, dotados de armas de alto calibre, dentro de la finca.

2. El Guayabo: amenazas y disparos contra las familias campesinas

Se trata de un predio de propiedad de la Nación, de 234 hectáreas, ubicado cerca del Caserío Los Chinos del municipio Páez, en el estado Portuguesa. Tiene por lo menos 5 años abandonado, según informan desde la comunidad.

A finales del año 2012 se le entregó un título de Garantía de Permanencia Agraria al ciudadano Deiby Calogero Curtopelle Jímenez, de Araure. Sin embargo, al seguir el fundo en estado improductivo, en el año 2016 la comunidad, organizada en el Consejo Campesino” Revolución Unida”, llevó a cabo la denuncia de tierras ociosas. El INTi revocó la Garantía de Permanencia a Curtopelle el 27 de mayo de 2017 y dio inicio a un procedimiento de rescate de las tierras.

Más de un año después, el procedimiento aún no ha sido concluido. Las tierras siguen ociosas. La comunidad campesina, integrada por 24 familias, no entra al fundo porque así está previsto por el procedimiento, y realizan una toma simbólica a orilla de carretera.

El pasado 16 de mayo se presentó Paolo Curtopelle, hermano de Deiby Curtopelle, amenazando y amedrentando la comunidad. “Llegó lanzándonos la camioneta encima, estando nosotros con nuestras niñas y nuestros niños. Nos amenazó manifestando que a él no le importaba pagar 200 sicarios y mandarnos a liquidar a todos. Dijo que nos estaba investigando la vida. Nos insultó, mostró su arma y la descargó. Gracias a Dios nadie salió herido”, relataron desde el consejo campesino “Revolución Unida”.

La familia Curtopelle nada tiene que hacer allí, puesto que ya se le ha revocado el derecho de Garantía de Permanencia. Deiby Curtopelle, a quien estaba intestada anteriormente la Garantía de Permanencia, resulta además estar residenciado en Florida, Estados Unidos, donde aparece como manager de la empresa Aleti LLC.

Por su cuenta el hermano, autor de la agresión a la comunidad campesina, figura al mismo tiempo como presidente, director y suscriptor en tres diferentes empresas registradas en Panamá: PACI8EOO S.A., PACI2800 S.A., PACI1400 S.A.. Ambos hermanos aparecen también con cargos en la corporación inmobiliaria Vipaca Real Estate, Inc, registrada en Miami, Florida, cuyo presidente es Vincenzo Curtopellle, su padre.

Según relata la comunidad, Paolo Curtopelle dijo “que era capaz de cualquier cosa para que no le quitaran las tierras” (que no son de su propiedad). Después de la agresión y las amenazas, el pasado lunes se presentó ante la comunidad el juez agrario Marcos Ordoñez, acompañado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), “porque supuestamente Curtopelle nos demandó”.

Las campesinas y campesinos de El Guayabo piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto, mientras esperan que el INTi termine de llevar a cabo los trámites legales y administrativos para que les adjudiquen las tierras.

3. Fundo La Victoria: echan para atrás la adjudicación y amenazan de muerte a campesinos

La entrega de este fundo de 642 hectáreas, ubicado en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, ya estaba pautada. Habían recibido la inspección del presidente del INTi, acompañado por las constituyentes Emma Ortega, vocera por el sector campesino, y María Alejandra Díaz, de la comisión de investigación sobre los casos de desalojo. Ya se estaba montando el acto de entrega de la titularidad, cuando, inexplicablemente, “una llamada echó todo para atrás” según cuentan campesinas y campesinos de la Cooperativa “El Capital”. “Desde el INTi se nos informó que el rescate La Victoria «no va», porque unos «chivos grandes» así lo piden, porque tienen intereses en este fundo”, afirmaron desde la Cooperativa.

El predio tiene años improductivo. Denunciado en 2013 como “tierra ociosa”, al inicio de 2014 se empezó el procedimiento de rescate. Sin embargo, pocos meses después, las familias campesinas del rescate son desalojadas, antes incluso de que el Tribunal Agrario decrete una medida de protección a la supuesta producción ganadera del fundo. La presunta dueña del predio para ese entonces es la señora Maria Auxiliadora Bracho de Muchacho, madre de Ramón Muchacho, ex alcalde del municipio de Chacao (Miranda) y actualmente prófugo de la justicia venezolana.

Al seguir el predio en estado improductivo, y no habiendo el INTi realizado las inspecciones necesarias para que fuera dictada tal medida, pocos meses después las familias desalojadas deciden regresar al fundo para ponerlo a producir, con cultivos de maíz, arroz y plátano.

Pero en 2016, a pesar del procedimiento de rescate aún abierto, el fundo es vendido, y aparece como propiedad de dos nuevos supuestos dueños, Adelso Acacio Guerrero Omaña y Beltrán José Contreras García.

El más conocido de los dos, Guerrero Omaña, es un ex-magistrado de la Corte Disciplinaria Judicial (2011-2013) y hombre de negocios. Figura como presidente, socio y administrador de dos empresas de “consultoría y asesoría financiera” registradas en Panamá: “GRHK Services, S. de R.L.” y “ROGUE GROUP, S. de R.L.”. También es administrador de la empresa de promoción inmobiliaria “KEMUEL 87 Inversiones S.L.” registrada en Madrid, España, siendo uno de los únicos dos gerentes de la empresa. Su hermano, Ricardo Guerrero Omaña, es constituyente territorial por el municipio Guaraque del estado Mérida en la ANC.

Con los nuevos supuestos dueños, la situación para las 200 familias campesinas de la cooperativa se ha hecho muy dura: en 2017, ocho integrantes de la cooperativa, entre hombres y mujeres, son detenidos por cuatro meses por orden de la Fiscalía 16 de la zona Sur del Lago, y aún se encuentran bajo régimen de presentación. Hay 34 procesados, inclusive dos menores de edad. En los desalojos, ejecutados por el destacamento 115 de la Guardia Nacional Bolivariana, son destruidas todas las siembras.

El cambio repentino en la decisión del INTi con respecto a la adjudicación de las tierras de este predio ha suscitado las protestas y denuncias de parte de las organizaciones campesinas. Existe “un poderoso lobby, para presionar y tumbar esa decisión autónoma del INTi, perjudicando a los campesinos que llevan cinco años luchando esas tierras”: así escribieron en un comunicado las y los integrantes de la cooperativa el Capital y de la Plataforma de Luchas Campesinas.

“Queremos que se haga público el nombre de ese “chivo grande” y que nos dé la cara, ya basta de la política de cogollos que desprecian al pueblo” han escrito, dirigiéndose al Presidente de la República, Nicolás Maduro, y a la ANC “para que intervengan, investiguen y con toda la soberanía popular hagan cumplir el mandato popular y la ley, y se expulse del gobierno a los responsables de estas prácticas contrarrevolucionarias”.

Mientras tanto, las campesinas y campesinos de la cooperativa están recibiendo amenazas de muerte contra sus familiares, como denunciaron ante la Fiscalía Superior del estado Zulia.

Tomado de AlbaTV: http://www.albatv.org/
Sicariato e impunidad. El caso Palo Quemao

Sicariato e impunidad. El caso Palo Quemao

Por Eduardo Viloria Daboín

I

La imagen del rancho en que vivía Jesús León habla por sí sola. Palos verticales de madera a modo de columnas y una lámina de plástico a modo de techo. Un chinchorro, un par de sillas y un mosquitero por todo mobiliario. Ninguna pared. Como Guillermo Toledo, Jesús formaba parte de ese sector de nuestro pueblo que no posee casi nada y que lucha, incluso con su propia vida, por acceder a lo mínimo: un pedazo de tierra para vivir, levantar un rancho, traerse su familia, sembrar cambures, yuca, plátano, auyama. No por otra cosa existe la organización campesina que rescata tierras. No por otra razón existe el Consejo Campesino “Robert Serra”, que agrupa unas sesenta familias campesinas que pelean un lote de tierras ociosas en el hato Palo Quemao, en Arismendi, Barinas.

¿Por qué luchar e incluso morir por eso mínimo, si se tratade un derecho? Porque del otro lado hay gente como Carlos Pardi, cuya familia es dueña arbitraria de miles de hectáreas, casas, apartamentos, camionetas, camiones, y que se da el lujo, además, de no hacer producir muchas de esas tierras. Y porque gente así puede, por una suma de dinero, ordenar a matones que ejecuten lo que la cobardía le impide ejecutar por sí misma: el asesinato a sangre fría de dos hombres en la soledad del campo, en medio de la noche.

Así, entonces, se completa el cuadro. Un presunto asesino que paga unos asesinos a sueldo para que quiten la vida a dos hombres, Jesús León y Guillermo Toledo, dos descendientes directos del despojo y la injusticia llamada también latifundio, dos descendientes directos del pueblo campesino que ante el oprobio y la opresión se ha puesto siempre de pie, a sabiendas de que si no pelea no avanza.

II

La camioneta, una Samurai azul, fue vista en el pueblo la tarde del 11 de mayo. Cerca del atardecer entró en las tierras y fue recorriendo las parcelas. De ella bajaron cinco hombres, todos menos uno con acento colombiano, fuertemente armados con Ak-47 y pistolas. En cada parcela, armas en mano, fueron ordenándole a la gente juntarse en el campamento principal del rescate.

Entrada la noche, ante toda la gente reunida en el campamento, los hombres leyeron de un teléfono celular una lista con cinco nombres. De todos, sólo Guillermo Toledo estaba allí. Lo esposaron, lo montaron en la camioneta y se lo llevaron. En la carretera se toparon con Jesús León, quien venía de regreso al predio con su hija de 12 años. Lo detuvieron e intentaron montarlo a la camioneta. La niña trató de impedir que secuestraran de ese modo a su padre. La respuesta de los matones fue ponerle una pistola en la cabeza y separarla de Jesús: “A tu papá no le pasará nada. Mañana estará otra vez en el pueblo”, dijeron los sicarios. La niña no vería más a su padre con vida.

Ni Jesús ni Guillermo llegaron a ver la luz del día siguiente. Con un tiro en la frente y en el cuello fueron encontrados los cadáveres, en la carretera que da al caserío Las Calenturas, tirados a orilla del camino.

Los secuestradores y asesinos alguna certeza tenían del poder e impunidad con que actuaban, pues nunca se taparon la cara. Entre 30 y 35 años de edad tenían, según las fisonomías de sus rostros. Sólo uno de los hombres tuvo siempre la cara cubierta, pero fue reconocido por todos los campesinos puesto que andaba con la misma ropa con la que había sido visto en el día: se trata de Cucha, encargado de la finca de Carlos Pardi.

La noche del día en que aparecieron los cadáveres ardieron en llamas en la finca de Carlo Pardi unas motos, algunos tractores, otras maquinarias y un galpón. Los campesinos aseguran que el mismo terrateniente mandó a quemar eso para culparlos y poner en el caso un elemento a su favor. Si hubieran sido los campesinos, ¿se los podría acusar de algo?

III

Amenazas, atropellos y agresiones los campesinos habían recibido bastantes. En noviembre del año pasado, por ejemplo, sufrieron dos. La primera, cometida por el propio Carlos Pardi acompañado de otros cinco matones. Irrumpieron en el rescate tumbando ranchos, destruyendo sembradíos, envenenado pozos de agua, quemando enseres y amenazando a la gente con más y peor violencia si no desalojaban. Sólo dos días después irrumpió una comisión conjunta de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Barinas para desalojarlos violentamente: acabaron con lo que dejaron en pie Pardi y sus matones. Quemaron más ranchos y destruyeron entre 250 y 300 hectáreas de siembras de distintos rubros. La gente quedó a la intemperie.

De esas agresiones y amenazas dejaron constancia los campesinos en denuncia formal ante la fiscalía. Nadie hizo nada. No se investigó. No se citó a los denunciados. ¿Qué pasó luego? Lo que suele suceder con las escaladas de violencia cuando no se detienen contundentemente y a tiempo: alguien termina con un tiro en la cabeza. En este caso fueron dos hombres: Guillermo Toledo y Jesús León. Quedan vivas las víctimas colaterales, los y las dolientes, con el dolor por  la ausencia definitiva y prematura de los seres queridos, la desgarradura, sin consuelo posible, esperando al menos que se haga justicia.

¿Actuará el Estado contra los autores materiales de los asesinatos? Al presunto autor intelectual, Carlos Pardi, ¿se lo investigará y se determinará su responsabilidad? A quienes en las instituciones fueron responsables de la omisión, del engavetamiento de la denuncia de los campesinos y de la parálisis institucional, ¿se los investigará por la presunta vinculación que puedan tener con los asesinos y se los castigará por ello?

IV

Esta violencia no existe hoy porque hay miles y miles de campesinos y campesinas que luchan por su legítimo derecho, histórico además, a la tierra, al trabajo y a una vida digna. No existe porque la revolución bolivariana conducida por el Comandante Hugo Chávez haya decretado una Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que se propone, como objetivo central, “establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable” como “medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario”, y que dice, con todas sus letras, que para alcanzar ese fin, es necesaria “la eliminación del latifundio y la tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo”. Esta violencia existe porque ante la avanzada justiciera de la revolución bolivariana los terratenientes defienden, con métodos mafiosos como el sicariato, lo que consideran sagrada propiedad privada, aunque se trate originariamente de tierras usurpadas a anteriores generaciones de campesinos y campesinas o al Estado venezolano.

La continuación, recurrencia y proliferación de la violencia contra el campesinado se debe a una sola razón: no le ha pasado nada a los latifundistas responsables de las agresiones, desalojos, amenazas y de los más de 300 asesinatos de campesinos y campesinas que luchaban por la tierra. Si acaso, ha habido una sola sentencia firme por el asesinato de un campesino. Nada más que la pérdida de unas cuantas hectáreas de tierra es lo que han pagado algunos, en el mejor de los casos. El Estado no ha asumido a cabalidad la protección y acompañamiento de este sector de la población ante la difícil y muchas veces cruenta pelea en la que se encuentran inmersos.

Esta violencia permanece hoy porque es prolongación histórica de la violencia que la élite latifundista ha inflingido siempre al pueblo campesino. Y no ha sido derrotada. La revolución existe, entre otras cosas, para eso, para derrotarla. Tarea pendiente todavía, porque mafias agrarias han tejido sus hilos en torno a los terratenientes (los de siempre y los nuevos) y actúan con total impunidad: funcionarios del INTI nacional y en las regiones, jueces y juezas, fiscales(as) del Ministerio Público, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. El asesinato de Toledo y León ocurrido en medio de la disputa por la tierra en el hato Palo Quemao mucho tiene que ver con esta trama de corrupción y mafia. ¿Cómo actúan? He aquí un ejemplo.

Cuatro años atrás el INTI aprobó el rescate de las tierras en disputa y, luego, una funcionaria, Ingrid Gil, a cargo del INTI de Barinas, en conjunto con María Mascarel del INTI Central, actuaron para retrasar el rescate y entorpecerlo. En enero de este año el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y el Municipio Arismendi del estado Barinas otorgó una medida cautelar a favor del terrateniente Pardi, hoy presunto autor intelectual del asesinato de Jesús León y Guillermo Toledo. La GNB y la polícia de Barinas concretaron los desalojos. Hoy, luego de la alocución del presidente de la República Nicolás Maduro prohibiendo expresamente la participación de ningún cuerpo de seguridad en desalojos a campesinos, los terratenientes empiezan a recurrir nuevamente al sicariato.

V

Hoy impera el miedo entre los hombres y mujeres que pelean la tierra en el Hato Palo Quemao. Por la memoria de los desalojos vividos. Por la muerte infame de los compañeros a manos de sicarios paramilitares presuntamente pagados por Carlo Pardi. No se borra el recuerdo de verse sometidos por los sicarios, y de ver cómo se llevaban a su compañero. Impera el miedo también y un daño emocional insondable en la hija de Jesús León, a quien le arrebataron a su padre poniéndole una pistola en la cabeza. Impera la impotencia por la justicia no cumplida.

Impera el miedo entre los campesinos y las campesinas del hato Palo Quemao, pero impera también la determinación de no abandonar la lucha, de seguir hacia adelante a pesar del miedo y de los riesgos.

La información sintetizada en estas líneas es aportada por campesinos que no quieren dar sus nombres ni mostrar su rostro, pero quieren que esto se sepa, que sea público. Después del secuestro y asesinato de León y Toledo ha habido más amenazas, nuevas visitas de matones a amedrentar. Temen por sus vidas y tienen razón. No es cobardía, es certeza del desamparo y la desprotección.

Hasta ahora, a tres semanas del asesinato de Jesús León y Guillermo Toledo, no ha habido un solo pronunciamiento público de autoridades municipales, regionales o nacionales al respecto de este caso. Ni autoridades del gobierno ni de los órganos de justicia o de derechos humanos han dicho nada. La dirigencia política tampoco ha dicho nada. La justicia, entonces, no se ve cerca.

Es un hecho que los campesinos y las campesinas seguirán en la lucha, que no desmayarán. ¿Se quedarán solos, sin el acompañamiento contundente del gobierno y el Estado en pleno, sin el acompamaiento de la revolución que llegó, entre otras cosas, para construir la justicia social en el campo, una de las demandas históricas más trascendentes de nuestra sociedad? No están del todo solos porque distintas organizaciones sociales acompañan la lucha, y porque se ha venido construyendo alianzas y articulación entre el campesinado en lucha, no solo en Barinas sino en otros estados del país como Portuguesa, Mérida y Zulia. Sin embargo, hace falta el poder del Estado revolucionario para avanzar más. Hace falta esa fuerza para que no sigan cayendo campesinos y campesinas en esta lucha.

España se mueve, se sienten las cadenas.

España se mueve, se sienten las cadenas.

Por : Vanessa Angustia

Portavoz Adjunta de Unidas Podemos, En Comú Podem, En Marea.

Senadora de En Marea

I

El Régimen de la España del 78 está en crisis. Los Pactos que sostuvieron el sistema están agotados y rotos. El nuevo orden democrático nació sin mover los marcos frente al capital y la democracia formal y no ha sobrevivido a una generación. El sistema se construyó además sobre el olvido, sobre una historia contada que no fue la vivida, se construyó sobre las cunetas manchadas de sangre y las fosas sin nombres.

El reto está en la batalla entre la construcción del proyecto socialista y la superación de la democracia formal. Entre la participación directa y la democracia representativa. Será la batalla entre la devolución del poder a su lugar originario (el pueblo) y el dominio de las oligarquías económicas, los poderes fácticos y sus representantes políticos. Este es el reto de los y las comunistas.

La democracia para nuestro proyecto de República Federal deberá construirse sobre los principios igualitarios de nuestros valores republicanos. El proceso constituyente es imprescindible para sostener un modelo de país a futuro y es imprescindible construirlo desde el debate a lo largo de todo el país, con las clases populares implicadas en la construcción del proyecto, que dé como resultado esa Constitución Federal como garante a futuro de convivencia y justicia social.

 

II

La crisis democrática siempre estuvo latente y ahora se intensifica. Los canales de participación directa para ciudadanas y ciudadanos son escasos e ineficaces. Durante 40 años, sólo tres Iniciativas Legislativas Populares (ILP) han llegado a las Cortes Generales (Congreso y Senado) y sólo una de ellas ha sido tramitada y debatida. Las ILP son el único mecanismo legal contemplado para la participación directa ciudadana. La soberanía reside en el pueblo y debe serle restituida. Se demandan mayores y mejores canales de participación y estos deben ser debatidos en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad y deben ser asumidos y aplicados.

Este pilar ha sido harto debatido en las últimas semanas en un país que nunca ha escogido por sufragio directo a su Presidente o Presidenta y nunca tampoco al Jefe o Jefa de Estado por ser una monarquía parlamentaria representativa. En elecciones se escogen representantes a las Cortes Generales y estos y estas votan la presidencia del Gobierno, siendo la Moción de Censura la herramienta constitucional que ejecuta la soberanía popular a través de la representación parlamentaria.

Cuando el día 24 de mayo se hace pública la sentencia de la Audiencia Nacional que condena por corrupción al Partido Popular, comenzó a abrirse la segunda grieta al Régimen en los últimos dos años.

Tras unas Elecciones Generales el 20 de diciembre de 2015 las fuerzas del cambio representadas en Izquierda Unida, Podemos, En Marea y En Comú Podem entramos con fuerza en el espacio de representación política parlamentaria y el PSOE con más de social democracia que de socialismo se repliega negándose a pactar acuerdos y programas de gobierno que ponen la dignidad de las vidas de las clases populares en la prioridad del tablero y, por primera vez, las Cortes Generales se disuelven para volver a elecciones el 26 de junio de 2016. El respaldo y la ilusión a las fuerzas del cambio aumenta y los partidos del Régimen que son PP y PSOE parchean la primera grieta: deben por primera vez elegir entre la alternancia en el Gobierno y el mantenimiento del Régimen que se rompería si PSOE pacta con nosotras medidas de gobierno progresistas desde la izquierda. Eligen el Régimen y el PSOE se abstiene en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno permitiendo al Partido Popular gobernar.

Esa segunda grieta se abre cuando ante la Moción de Censura presentada por la principal fuerza de oposición, el PSOE, de nuevo hay que tomar decisiones que no muevan los marcos de la democracia formal. El ex presidente Rajoy podía escoger dimitir y permitir renovar el Gobierno en manos del Partido Popular para proteger a su partido o bien dejar prosperar la Moción de Censura y no destruir la ya muy dañada soberanía popular permitiendo que la representatividad de la voluntad popular se expresase. Decide, igual que lo hizo antes el PSOE, proteger al Régimen en su apariencia de democracia formal y el 1 de junio de 2018 la Moción de Censura prospera y Pedro Sánchez es investido nuevo presidente del Gobierno de España.

Las grietas son, por tanto, estructurales, y el nuevo gobierno abre un tiempo de esperanza que enfrentamos prudentes. Prudentes porque la representación parlamentaria en el Senado y el Congreso no ha mudado y a lo largo de esta XII Legislatura las alianzas de voto han sido dispares. Prudentes, en segundo lugar, porque la derecha que representa Ciudadanos ha leído en clave puramente electoral la oportunidad: Europa y el voto de la derecha en España ven con buenos ojos sus propuestas neoliberales y su programa de regeneración frente a la corrupción. La ventana que se abre de gobernar para el pueblo no les importa, les importa acumular poder y votaron NO a la oportunidad de regeneración democrática para intentar dar un pulso electoral que sabían no se podía producir en las garantías de la moción de censura. En tercer lugar, prudentes, ante un nuevo Gobierno que ni durante la gestación de la Moción de Censura, ni después se ha sentado aun con las fuerzas de oposición a exponer su propuesta de Gobierno en minoría. Sólo cuentan con 84 diputados y diputadas de un total de 350 y 62 senadores y senadoras de un total de 266 y mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado.

La oportunidad es histórica, con las grietas del régimen abiertas, para construir proyecto socialista frente a esa democracia formal que permite expresarse, presentarse a puestos de representación, incluso alcanzarlos, siempre y cuando no se muevan los marcos del sistema capitalista.

III

No parece que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, de corte socialdemócrata y liberal, vaya siquiera a cuestionar los marcos del capital, ya no moverlos. No lo parece por su composición y no lo hará tras asumir esta semana los Presupuestos Generales del Estado regresivos, de institucionalización de los recortes y anti sociales que proyectó el Gobierno del Partido Popular. Esto segundo podría parecer coyuntural pero la composición de titulares en los Ministerios indica la voluntad de acompañar la Europa neoliberal que de nada sirve a las vidas de las clases populares. Pedro Sánchez no es de izquierda y su gobierno nunca lo será.

La cartera de Economía la ocupará Nadia Calviño, curtida en las cloacas económicas de la Unión Europea como directora general de Presupuestos de la Comisión Europea, no esperemos por tanto una política económica que defienda las vidas frente a los intereses de las oligarquías. Nada nuevo en el cierre imperialista y ninguna esperanza tampoco para las relaciones internacionales en pie de igualdad. Más tutela colonialista y más sanciones a quien no se pliegue.

La cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación se le encomendará a Luís Planas, forjado en las relaciones diplomáticas de Marruecos para el expolio energético, pesquero y agrícola del Sahara Occidental y miembro fundador del Trasatlantic Policy Network, organismo creado para profundizar las relaciones entre la UE y los EEUU.

Josep Borrel, encargado de las relaciones exteriores profundiza crisis internas con su postura anti soberanista y beligerante en el conflicto en Catalunya. Pero además indica con su actividad previa que para él la defensa de la democracia implica la posibilidad de interferir e injerencias políticas internas en especial en América Latina.

Las libertades y derechos fundamentales parecen también en peligro. El juez que llegó de la mano del Partido Popular al Consejo General del Poder Judicial, ese que procesó activistas del 15M, embargó portadas de la revista El Jueves, archivó las negligencias del PP en el accidente del Yak-42 o aplicó la doctrina que convertía en órbita del terrorismo a la mitad de la ciudadanía de este país, que dice no haber visto torturas en los CIE de España, sobre el que pesan sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulnerarlos en sus instrucciones, Grande Marlaska, dirigirá el Ministerio de Interior.

Ya la socialdemocracia ha gobernado España llamándose izquierda y ya sus políticas fueron maquillajes. Medidas sin inversión estructural política o económica para reforzar la imagen progresista sin tocar los pilares del capital, construyendo imperio. Medidas que ensanchan la imagen de igualdad  pero no abordan los cambios estructurales. La precaución se hace esencial, negociaremos cada medida de justicia social con el Gobierno.

IV

Nuestra propuesta: atajar lo urgente mientras construímos futuro. Lo urgente, dar respuesta a la emergencia social que vive la clase trabajadora en España y garantizar en presente y a futuro las necesidades básicas de empleo, vivienda, sanidad, educación, pensiones… y la recuperación de las libertades públicas y la libertad de expresión criminalizadas.

Construir juntas y juntos un futuro en el que las luchas no se fragmentan y la agresión se reconoce, dentro y fuera de nuestras fronteras. Construir poder popular frente a la guerra económica y social contra nuestras vidas. Construir relaciones de igualdad y solidaridad en cada espacio de lucha con las hermanas y hermanos de América Latina. Asumir nuestra responsabilidad como comunistas, defender las vidas dignas con la eliminación de la desigualdad. Generar los nuevos pactos que garanticen las condiciones materiales: regulación de los mercados, ensanchamiento del espacio público con la devolución de los derechos fundamentales, mecanismos de participación directa. Todos los atributos que modifican el propio concepto de pueblo, de ciudadanos y ciudadanas.

Construir futuro construyendo República. Federal, Socialista, Feminista y Ecologista. Nuevos pactos para un nuevo país que garanticen La Paz, la convivencia y la justicia social. Nunca los espacios que surjan de una revolución popular podrán ser equiparados a las instituciones burguesas del capitalismo y su fase imperialista. Por eso la revolución será cada hombre, mujer, adolescente, niño y niña hacia la conciencia propia de las clases populares a las que en cada espacio se nos devolverá el poder.

V

La Constitución Española del 78 se construyó sobre tres grandes Pactos: Social, Territorial y Democrático. El Pacto Social garantizaba los derechos universales en torno al empleo, la vivienda, la sanidad, la educación, las libertades públicas… pero la trampa se escribía paralela y así todos los derechos y libertades fundamentales recogidos en el Capítulo 2 del Título I de la Constitución quedan doblegados a la voluntad de los poderes políticos a través de los “Principios rectores de la política social y la economía” en el Capítulo 3 del mismo Título I. Anulado su carácter de fundamentales y sometidos a la voluntad de dotación presupuestaria, el Pacto anuncia su ruptura con la aprobación de la reforma del Artículo 135 de la Constitución Española el 27 de septiembre de 2011, aunque el marco legal venía preparándose desde el Tratado de Maastricht y el Tratado de Roma. La crisis económica derivada de las políticas financieras capitalistas, la burbuja inmobiliaria, y un modelo industrial en agotamiento, se resuelve con un cierre del bipartidismo, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) para beneficio de las oligarquías financieras económicas y empresariales priorizando el pago de una deuda ilegítima, no generada por la clase obrera frente a la imprescindible inversión en gasto social. Con la clase trabajadora en niveles de paro insostenibles, la población más joven obligada a migrar para sobrevivir y desarrollar su talento, el derecho a la educación restringido por tasas de pago cada vez más altas, la privación del acceso a la sanidad a los y más vulnerables, más de un desahucio al día sin alternativa habitacional, niveles desconocidos de población en riesgo de exclusión social, un tercio de niñas y niños que no reciben la alimentación correcta para su desarrollo, la Europa Fortaleza en construcción para criminalizar y asesinar a quien huye de la guerra… el bipartidismo del Régimen blinda la pervivencia de las élites para así garantizar el ascenso del bloque imperialista. El pacto social quiebra.

El proceso constituyente deberá construir la alternativa para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las clases populares en el empleo, la vivienda, la sanidad, la educación, las pensiones y los servicios básicos, con la propuesta de un modelo económico, empresarial e industrial que recupere la soberanía de los recursos dándoles el carácter de públicos. El Pacto Territorial escenifica su ruptura y necesidad de profundizar en el modelo relacional entre las Comunidades Autónomas y el Estado con la llamada “crisis soberanista” en Cataluña en torno a la celebración de un referéndum el 1 de octubre de 2017 y la incapacidad del Gobierno de España de dar salida a una demanda legítima y política para, con irresponsabilidad, convertirla en una cuestión judicializada a través de la aplicación antidemocrática y desproporcionada del Artículo 155 de la Constitución. La utilización política del derecho a la autodeterminación de los pueblos, vulneró los derechos parlamentarios otorgados a las Cortes Generales y sólo contribuyó a agravar la situación de tensión y provocar la declaración unilateral de independencia. Frente a la salida reformista, autoritaria y violenta propuesta y ejecutada por el bloque reaccionario monárquico conformado por Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, nuestra propuesta pasa por la construcción de la república federal y solidaria. La actuación partidista y de parte del Rey hace imprescindible su salida inmediata de la jefatura de Estado para dar apertura a las vías de resolución del conflicto. La República es condición sine qua non para la paz y la convivencia. El derecho a decidir y el derecho a la autodeterminación de los pueblos son derechos democráticos e universales que por tanto deben ser contemplados, debatidos y garantizados a través de procesos democráticos en cumplimiento de los derechos humanos y con cabida en la España plurinacional que ya construimos.  No existió nunca voluntad de Pacto y cohesión entre los diferentes territorios, autonomías y naciones del Estado español cuando la cámara parlamentaria de representación territorial que es el Senado tiene un sistema de voto tan discriminatorio que otorga histórica y tradicionalmente con un reparto de 4 representantes por provincia tres representantes a la primera fuerza en la circunscripción y el cuarto puesto a la segunda fuerza política. Ni la representación es plural, ni es democrática, ni garantiza la representación y la defensa de las necesidades en cada territorio. El Pacto Democrático nació agotado. Fue así porque el falso paso democrático llevó consigo ocultar el pasado. Ocultar la crueldad de la derecha española que rompe la construcción de un país soberano, democrático, feminista, progresista, que con la Segunda República Española comienza a avanzar, y un golpe de Estado sangriento. La democracia construyó el relato de los golpistas que separaba no sólo personas si no también propuestas de futuro. El régimen elevado del Pacto del 78 construye capitalismo como vanguardia de la ofensiva neoliberal frente a las clases populares que luchan cada día por vidas dignas de ser vividas para sus hijos e hijas. El régimen del 78 conserva y glorifica las figuras y los símbolos del fascismo y por ocultar, sigue hasta ocultando a nuestras muertas y muertos en las cunetas, en las fosas comunes y  deja fuera de los libros de historia a quien luchó por la libertad y la democracia en España. Nos robaron tanto, que hasta las canciones nos robaron. Si el Pacto Democrático nació agotado, la corrupción y la falta de participación ciudadana en los procesos políticos permiten que hoy digamos que está muerto. Más de 900 investigados y condenados en las filas del Partido Popular, decenas de causas abiertas por malversación de fondos públicos, financiación ilegal, utilización de información privilegiada, manipulación de contrataciones públicas, obtención ilícita de beneficios económicos a costa del erario público, un sistema de corrupción institucional sentenciado por la Audiencia Nacional, por los jueces y juezas que no se creen, entre otras, las mentiras de Mariano Rajoy, ahora ya ex presidente del Gobierno de España y así lo hacen constar en la sentencia de la Trama Gürtel: el partido más corrupto de Europa saqueando las arcas públicas y jugando con las vidas de cada ciudadana y ciudadano de este país.

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