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¿Y el poder popular para cuándo?

¿Y el poder popular para cuándo?

Martha Lía Grajales Pineda

En medio de la grave crisis que enfrenta el país, algunxs se preguntan sí el horizonte socialista sigue vigente como objetivo estratégico que orienta el discurso y la acción política, tanto de la dirigencia chavista del gobierno como del movimiento popular, o si por el contrario el pragmatismo y sentido común de la economía capitalista se está imponiendo como estrategia, en el mejor de los casos de manera coyuntural, para superar, o por lo menos disminuir, los efectos de lo que estamos viviendo en Venezuela.

En el campo del movimiento popular, en términos mayoritarios pareciera ratificarse, y aún más, profundizarse el horizonte socialista en medio de esta grave crisis. Diversas experiencias como la de la Comuna El Maizal o el Plan Pueblo a Pueblo, por mencionar sólo algunas, vienen demostrando lo económicamente eficiente y políticamente potente que es la construcción del poder popular desde abajo, y cómo su mismo proceso de construcción está generando las condiciones de posibilidad del socialismo como objetivo estratégico.

En la comuna El Maizal el pueblo eligió, de manera autónoma y desde sus propias bases, a sus candidatxs para instancias como la Asamblea Nacional Constituyente, la Alcaldía, los Consejos Municipales. Y a diferencia de lo que viene ocurriendo en el acontecer nacional, en la comuna la participación crece y se extiende en cantidad y calidad. Desde el 2009, fecha en que se constituyó la comuna, su capacidad de producción se ha incrementado, y actualmente producen más de 1000 hectáreas de maíz al año, carne de cochino, leche, además de hortalizas como pimentón, cebollín, pepino, tomate, calabacín, entre otras.

El Plan Pueblo a Pueblo con apenas 270 productorxs libres y asociadxs ha logrado producir de manera autogestionada más de mil toneladas de alimentos durante los últimos tres años, articulando los esfuerzos por el rescate de nuestras semillas nativas, produciendo semillas que limiten la dependencia de lxs productorxs campesinxs a la importación de las mismas, y ha diseñado un sistema de distribución basado en una nueva relación entre el campo y la ciudad, que elimina a los intermediarios de la cadena productiva, y que ha permitido que más de 1.200 familias accedan semanalmente a alimentos de buena calidad con un ahorro superior al 60% respecto a los precios del mercado.

Una y otra vez las bases de la Revolución Bolivariana demuestran que es desde el poder popular como mejor podemos enfrentar y transformar esta crisis, y a su vez parir el socialismo. Es el poder popular construido desde abajo el único camino para parir el socialismo, tal como lo planteo Chávez en innumerables ocasiones:

“El socialismo desde donde tiene que surgir es desde las bases, no se decreta eso; hay que crearlo. Es una creación popular, de las masas, de la nación; es una “creación heroica”, decía Mariategui. Es un parto histórico, no es desde la Presidencia de la República”.

Y si bien no es desde la Presidencia de la República que se decreta el socialismo, en Venezuela también sabemos por experiencia propia lo importante que es tener un gobierno popular que facilite y potencie la construcción de ese poder popular. Y justamente por esto, nos preguntamos si a diferencia de lo que ocurre en el movimiento popular, el Gobierno Nacional, a quien asumimos como nuestro aliado en la construcción del poder popular y por ende de la transición al socialismo, está optando por el pragmatismo y el sentido común de la economía capitalista, en el mejor de los casos de manera coyuntural, para enfrentar la crisis que actualmente vivimos en Venezuela.

Si no es esa la orientación, y se mantiene el horizonte socialista como objetivo estratégico, ¿cómo se explica que, en medio de esta crisis, se priorice un enfoque de cooptación más que la participación y el protagonismo popular? Esto se evidencia, por ejemplo, con la suspensión de las elecciones de los consejos comunales en el año 2016; la designación y no elección popular de lxs vocerxs del CLAP, y de lxs dirigentes en la estructura territorial y nacional del PSUV; así como en la pérdida de centralidad de la construcción del Estado comunal y del fortalecimiento del poder popular en la agenda política nacional.

¿Por qué se ha priorizado el asistencialismo más que la autogestión? Los alimentos subsidiados a través de las cajas de los CLAP, o el otorgamiento de bonos en dinero a través del carné de la patria, son sin duda alguna acciones afirmativas necesarias para disminuir los efectos de la crisis actual en la población más pobre, que es la más afectada. Pero por qué esto se ha convertido en la política bandera de nuestro gobierno revolucionario, mientras tiende a desaparecer aquella otra que permite ir avanzando al poder popular, a lxs pobres, hacia la apuesta estratégica, la autogestión y el autogobierno, también en lo económico, fortaleciendo la propiedad social sobre los medios de producción.

¿Por qué desde nuestro gobierno popular se le apuesta al fortalecimiento del capital privado más que a las formas de producción social? Declaraciones como las ofrecidas por el entonces ministro de Comercio Exterior, José Vielma Mora, durante una reunión con la directiva del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI), el pasado 11 de junio de 2018, dan cuenta de ello de manera contundente: “Nosotros queremos ser altamente productivos y lo vamos a lograr junto al sector privado… Lo digo otra vez: nosotros podemos tener diferencias políticas grandes, e incluso, insalvables, pero el tema comercial es otra cosa”.

¿Es acaso la transición al socialismo conciliable con los acuerdos o con las coexistencias pacíficas con el capital? No lo creo. Mientras sigamos haciendo pactos con el capital, asumiendo que la crisis nos obliga al pragmatismo, el sentido común del capital terminará imponiéndose en todos los ámbitos. En palabras de Mazzeo:

“Uno de los grandes desafíos de la Revolución Bolivariana es eliminar todo campo de connivencia entre el capitalismo privado/estatal y las lógicas corporativas y burocráticas que, desde su interior (y practicando un chavismo “desde arriba”), se aferran a un camino basado en las formas de acumulación de capital parasitarias y a un modelo que poco tiene que ver con el socialismo comunal. Si los capitalistas, o una burocracia que asuma las funciones de una burguesía, conservan en sus manos la propiedad, la gestión y la dirección de las empresas mientras que las clases subalternas y oprimidas siguen relegadas a las tareas de ejecución, esa preeminencia del capital se expresará, inevitablemente, en la política”.

Sólo desde la propiedad social de los medios de producción a través de formas organizativas como las comunas, los consejos comunales, las cooperativas, entre otras, es posible crear el nuevo modelo económico socialista, injertando la propiedad social, el espíritu socialista, a lo largo de toda la cadena productiva: producción, distribución y consumo.

Y para quienes argumentan que apostarle a la economía popular como estrategia central para enfrentar y transformar esta crisis, resulta cuando menos ingenuo, pareciera que lo ingenuo es seguir creyendo que el capital está dispuesto a salvar a alguien más que a sí mismo. Los resultados publicados por Oxfam demuestran que el proceso de concentración de la riqueza en el mundo se ha acelerado en los últimos años:

“Entre marzo de 2016 y marzo de 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo milmillonario cada dos días”(Oxfam, 2018).

El llamado, es entonces, a que este movimiento popular chavista, que ratifica y profundiza el horizonte socialista como única forma de enfrentar y transformar la profunda crisis que atravesamos en Venezuela, se masifique y articule, para construir agendas de lucha colectivas, que nos permitan fortalecer el poder popular, cadenas productivas socialistas, y disputar con la dirigencia política y demás actores, la orientación estratégica de la revolución bolivariana para la transición al socialismo.

Ante las amenazas del sicariato, urge atender rescates de tierra inconclusos

Ante las amenazas del sicariato, urge atender rescates de tierra inconclusos

Han pasado poco más de dos meses desde que el presidente Nicolás Maduro manifestara su respaldo a las luchas campesinas y se pronunciara en contra de la ola de desalojos, criminalización y ataques que han venido sufriendo, de manera creciente, las comunidades de los rescates de tierras en el último año y medio.

A raíz del llamado del Presidente a investigar los hechos y punir a responsables y cómplices, campesinas y campesinos han venido acudiendo a diferentes instituciones para poder poner fin a amenazas y atropellos y así dedicarse a la producción agrícola, crucial como nunca en el contexto de guerra económica que vive el país.

Las comunidades de los rescates han estado presentando sus casos ante el Instituto Nacional de Tierras (INTi), la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) – en cuyo seno se activó una comisión especial para investigar el tema de los desalojos campesinos–, el Ministerio Público y, más recientemente, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y Equidad de Género.

A la base de todos los casos presentados los testimonios de las comunidades campesinas han puesto en evidencia la presencia de procedimientos de rescates de tierras ociosas aún “abiertos” después de años: es decir que no han sido llevados a cabo por completo, desde el punto de vista legal y administrativo, por parte de la institución responsable, el INTi. La dilación habría entonces abierto el camino a la arremetida de viejos y nuevos latifundistas.

Ante esta evidencia, el pasado 24 de abril, Luis Soteldo, presidente de la institución y viceministro de Tierras, se comprometió personalmente en el estudio de los casos presentados, planificando un cronograma de inspecciones en los predios para evaluar la procedencia o menos de la regularización de las tierras a favor de las comunidades campesinas.

¿Cómo sigue la situación de los rescates de tierras?

El INTi ha llevado a cabo casi en su totalidad el cronograma de inspecciones, y ha realizado diferentes actos públicos de entrega de títulos en algunos estados del país. Sin embargo, las organizaciones campesinas sostienen que en su mayoría la regularización de las tierras ha interesado lotes pequeños, y que los casos más conflictivos siguen sin solucionarse porque el procedimiento no se ha completado o porque no ha sido atendido.

Mientras, recordemos que se cumplió ayer 12 de junio, un mes del asesinato a manos de sicarios de los campesinos Jesús León y Guillermo Toledo, del rescate “Palo Quemao” (municipio Arismendi, Barinas), otro caso de rescate “en espera”. La comunidad señala al terrateniente Carlos Pardi, supuesto dueño del predio, como el autor intelectual. Hasta el momento “no ha habido un solo pronunciamiento público de autoridades municipales, regionales o nacionales al respecto de este caso. Ni autoridades del gobierno ni de los órganos de justicia o de derechos humanos han dicho nada. La dirigencia política tampoco ha dicho nada. La justicia, entonces, no se ve cerca”[1].

La demora de los procedimientos legales y administrativos es uno de los factores que genera las condiciones para los atropellos y la violencia por parte de viejos y nuevos latifundistas. Aquí presentamos algunos de los muchos casos que necesitan ser atendidos con prontitud para evitar ese desenlace.

1. Predio La Escondida: el falso dueño sigue allí

Se trata de un fundo de 860 hectáreas de propiedad del INTi, ubicado en el municipio Rojas del estado Barinas. Fueron denunciadas como tierras ociosas en 2014 por la comunidad campesina, y por ella puestas a producir desde 2017. Luego, un nuevo supuesto dueño, el terrateniente Ricardo Mora, se atribuyó la propiedad de las tierras y ocupó la finca, aunque las tierras del Estado no puedan ser vendidas ni enajenadas. Empezaron entonces el hostigamiento, las agresiones, las amenazas y la criminalización de la comunidad campesina, según relatan sus integrantes.

Hace tres semanas, el Consejo Campesino “Los Lanceros de la Pescalinera de Zamora” ha finalmente recibido de parte del INTi un título de Derecho de Garantía de Permanencia en las tierras y la Carta de Registro Agrario del predio La Escondida. El INTi debe encargarse también de desalojar al ocupante Mora, pero aún no lo ha hecho. La comunidad campesina alerta sobre las amenazas recibidas de parte de Mora, y sobre la presencia de 15 a 20 “campo volantes”, dotados de armas de alto calibre, dentro de la finca.

2. El Guayabo: amenazas y disparos contra las familias campesinas

Se trata de un predio de propiedad de la Nación, de 234 hectáreas, ubicado cerca del Caserío Los Chinos del municipio Páez, en el estado Portuguesa. Tiene por lo menos 5 años abandonado, según informan desde la comunidad.

A finales del año 2012 se le entregó un título de Garantía de Permanencia Agraria al ciudadano Deiby Calogero Curtopelle Jímenez, de Araure. Sin embargo, al seguir el fundo en estado improductivo, en el año 2016 la comunidad, organizada en el Consejo Campesino” Revolución Unida”, llevó a cabo la denuncia de tierras ociosas. El INTi revocó la Garantía de Permanencia a Curtopelle el 27 de mayo de 2017 y dio inicio a un procedimiento de rescate de las tierras.

Más de un año después, el procedimiento aún no ha sido concluido. Las tierras siguen ociosas. La comunidad campesina, integrada por 24 familias, no entra al fundo porque así está previsto por el procedimiento, y realizan una toma simbólica a orilla de carretera.

El pasado 16 de mayo se presentó Paolo Curtopelle, hermano de Deiby Curtopelle, amenazando y amedrentando la comunidad. “Llegó lanzándonos la camioneta encima, estando nosotros con nuestras niñas y nuestros niños. Nos amenazó manifestando que a él no le importaba pagar 200 sicarios y mandarnos a liquidar a todos. Dijo que nos estaba investigando la vida. Nos insultó, mostró su arma y la descargó. Gracias a Dios nadie salió herido”, relataron desde el consejo campesino “Revolución Unida”.

La familia Curtopelle nada tiene que hacer allí, puesto que ya se le ha revocado el derecho de Garantía de Permanencia. Deiby Curtopelle, a quien estaba intestada anteriormente la Garantía de Permanencia, resulta además estar residenciado en Florida, Estados Unidos, donde aparece como manager de la empresa Aleti LLC.

Por su cuenta el hermano, autor de la agresión a la comunidad campesina, figura al mismo tiempo como presidente, director y suscriptor en tres diferentes empresas registradas en Panamá: PACI8EOO S.A., PACI2800 S.A., PACI1400 S.A.. Ambos hermanos aparecen también con cargos en la corporación inmobiliaria Vipaca Real Estate, Inc, registrada en Miami, Florida, cuyo presidente es Vincenzo Curtopellle, su padre.

Según relata la comunidad, Paolo Curtopelle dijo “que era capaz de cualquier cosa para que no le quitaran las tierras” (que no son de su propiedad). Después de la agresión y las amenazas, el pasado lunes se presentó ante la comunidad el juez agrario Marcos Ordoñez, acompañado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), “porque supuestamente Curtopelle nos demandó”.

Las campesinas y campesinos de El Guayabo piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto, mientras esperan que el INTi termine de llevar a cabo los trámites legales y administrativos para que les adjudiquen las tierras.

3. Fundo La Victoria: echan para atrás la adjudicación y amenazan de muerte a campesinos

La entrega de este fundo de 642 hectáreas, ubicado en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, ya estaba pautada. Habían recibido la inspección del presidente del INTi, acompañado por las constituyentes Emma Ortega, vocera por el sector campesino, y María Alejandra Díaz, de la comisión de investigación sobre los casos de desalojo. Ya se estaba montando el acto de entrega de la titularidad, cuando, inexplicablemente, “una llamada echó todo para atrás” según cuentan campesinas y campesinos de la Cooperativa “El Capital”. “Desde el INTi se nos informó que el rescate La Victoria «no va», porque unos «chivos grandes» así lo piden, porque tienen intereses en este fundo”, afirmaron desde la Cooperativa.

El predio tiene años improductivo. Denunciado en 2013 como “tierra ociosa”, al inicio de 2014 se empezó el procedimiento de rescate. Sin embargo, pocos meses después, las familias campesinas del rescate son desalojadas, antes incluso de que el Tribunal Agrario decrete una medida de protección a la supuesta producción ganadera del fundo. La presunta dueña del predio para ese entonces es la señora Maria Auxiliadora Bracho de Muchacho, madre de Ramón Muchacho, ex alcalde del municipio de Chacao (Miranda) y actualmente prófugo de la justicia venezolana.

Al seguir el predio en estado improductivo, y no habiendo el INTi realizado las inspecciones necesarias para que fuera dictada tal medida, pocos meses después las familias desalojadas deciden regresar al fundo para ponerlo a producir, con cultivos de maíz, arroz y plátano.

Pero en 2016, a pesar del procedimiento de rescate aún abierto, el fundo es vendido, y aparece como propiedad de dos nuevos supuestos dueños, Adelso Acacio Guerrero Omaña y Beltrán José Contreras García.

El más conocido de los dos, Guerrero Omaña, es un ex-magistrado de la Corte Disciplinaria Judicial (2011-2013) y hombre de negocios. Figura como presidente, socio y administrador de dos empresas de “consultoría y asesoría financiera” registradas en Panamá: “GRHK Services, S. de R.L.” y “ROGUE GROUP, S. de R.L.”. También es administrador de la empresa de promoción inmobiliaria “KEMUEL 87 Inversiones S.L.” registrada en Madrid, España, siendo uno de los únicos dos gerentes de la empresa. Su hermano, Ricardo Guerrero Omaña, es constituyente territorial por el municipio Guaraque del estado Mérida en la ANC.

Con los nuevos supuestos dueños, la situación para las 200 familias campesinas de la cooperativa se ha hecho muy dura: en 2017, ocho integrantes de la cooperativa, entre hombres y mujeres, son detenidos por cuatro meses por orden de la Fiscalía 16 de la zona Sur del Lago, y aún se encuentran bajo régimen de presentación. Hay 34 procesados, inclusive dos menores de edad. En los desalojos, ejecutados por el destacamento 115 de la Guardia Nacional Bolivariana, son destruidas todas las siembras.

El cambio repentino en la decisión del INTi con respecto a la adjudicación de las tierras de este predio ha suscitado las protestas y denuncias de parte de las organizaciones campesinas. Existe “un poderoso lobby, para presionar y tumbar esa decisión autónoma del INTi, perjudicando a los campesinos que llevan cinco años luchando esas tierras”: así escribieron en un comunicado las y los integrantes de la cooperativa el Capital y de la Plataforma de Luchas Campesinas.

“Queremos que se haga público el nombre de ese “chivo grande” y que nos dé la cara, ya basta de la política de cogollos que desprecian al pueblo” han escrito, dirigiéndose al Presidente de la República, Nicolás Maduro, y a la ANC “para que intervengan, investiguen y con toda la soberanía popular hagan cumplir el mandato popular y la ley, y se expulse del gobierno a los responsables de estas prácticas contrarrevolucionarias”.

Mientras tanto, las campesinas y campesinos de la cooperativa están recibiendo amenazas de muerte contra sus familiares, como denunciaron ante la Fiscalía Superior del estado Zulia.

Tomado de AlbaTV: http://www.albatv.org/
Sicariato e impunidad. El caso Palo Quemao

Sicariato e impunidad. El caso Palo Quemao

Por Eduardo Viloria Daboín

I

La imagen del rancho en que vivía Jesús León habla por sí sola. Palos verticales de madera a modo de columnas y una lámina de plástico a modo de techo. Un chinchorro, un par de sillas y un mosquitero por todo mobiliario. Ninguna pared. Como Guillermo Toledo, Jesús formaba parte de ese sector de nuestro pueblo que no posee casi nada y que lucha, incluso con su propia vida, por acceder a lo mínimo: un pedazo de tierra para vivir, levantar un rancho, traerse su familia, sembrar cambures, yuca, plátano, auyama. No por otra cosa existe la organización campesina que rescata tierras. No por otra razón existe el Consejo Campesino “Robert Serra”, que agrupa unas sesenta familias campesinas que pelean un lote de tierras ociosas en el hato Palo Quemao, en Arismendi, Barinas.

¿Por qué luchar e incluso morir por eso mínimo, si se tratade un derecho? Porque del otro lado hay gente como Carlos Pardi, cuya familia es dueña arbitraria de miles de hectáreas, casas, apartamentos, camionetas, camiones, y que se da el lujo, además, de no hacer producir muchas de esas tierras. Y porque gente así puede, por una suma de dinero, ordenar a matones que ejecuten lo que la cobardía le impide ejecutar por sí misma: el asesinato a sangre fría de dos hombres en la soledad del campo, en medio de la noche.

Así, entonces, se completa el cuadro. Un presunto asesino que paga unos asesinos a sueldo para que quiten la vida a dos hombres, Jesús León y Guillermo Toledo, dos descendientes directos del despojo y la injusticia llamada también latifundio, dos descendientes directos del pueblo campesino que ante el oprobio y la opresión se ha puesto siempre de pie, a sabiendas de que si no pelea no avanza.

II

La camioneta, una Samurai azul, fue vista en el pueblo la tarde del 11 de mayo. Cerca del atardecer entró en las tierras y fue recorriendo las parcelas. De ella bajaron cinco hombres, todos menos uno con acento colombiano, fuertemente armados con Ak-47 y pistolas. En cada parcela, armas en mano, fueron ordenándole a la gente juntarse en el campamento principal del rescate.

Entrada la noche, ante toda la gente reunida en el campamento, los hombres leyeron de un teléfono celular una lista con cinco nombres. De todos, sólo Guillermo Toledo estaba allí. Lo esposaron, lo montaron en la camioneta y se lo llevaron. En la carretera se toparon con Jesús León, quien venía de regreso al predio con su hija de 12 años. Lo detuvieron e intentaron montarlo a la camioneta. La niña trató de impedir que secuestraran de ese modo a su padre. La respuesta de los matones fue ponerle una pistola en la cabeza y separarla de Jesús: “A tu papá no le pasará nada. Mañana estará otra vez en el pueblo”, dijeron los sicarios. La niña no vería más a su padre con vida.

Ni Jesús ni Guillermo llegaron a ver la luz del día siguiente. Con un tiro en la frente y en el cuello fueron encontrados los cadáveres, en la carretera que da al caserío Las Calenturas, tirados a orilla del camino.

Los secuestradores y asesinos alguna certeza tenían del poder e impunidad con que actuaban, pues nunca se taparon la cara. Entre 30 y 35 años de edad tenían, según las fisonomías de sus rostros. Sólo uno de los hombres tuvo siempre la cara cubierta, pero fue reconocido por todos los campesinos puesto que andaba con la misma ropa con la que había sido visto en el día: se trata de Cucha, encargado de la finca de Carlos Pardi.

La noche del día en que aparecieron los cadáveres ardieron en llamas en la finca de Carlo Pardi unas motos, algunos tractores, otras maquinarias y un galpón. Los campesinos aseguran que el mismo terrateniente mandó a quemar eso para culparlos y poner en el caso un elemento a su favor. Si hubieran sido los campesinos, ¿se los podría acusar de algo?

III

Amenazas, atropellos y agresiones los campesinos habían recibido bastantes. En noviembre del año pasado, por ejemplo, sufrieron dos. La primera, cometida por el propio Carlos Pardi acompañado de otros cinco matones. Irrumpieron en el rescate tumbando ranchos, destruyendo sembradíos, envenenado pozos de agua, quemando enseres y amenazando a la gente con más y peor violencia si no desalojaban. Sólo dos días después irrumpió una comisión conjunta de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Barinas para desalojarlos violentamente: acabaron con lo que dejaron en pie Pardi y sus matones. Quemaron más ranchos y destruyeron entre 250 y 300 hectáreas de siembras de distintos rubros. La gente quedó a la intemperie.

De esas agresiones y amenazas dejaron constancia los campesinos en denuncia formal ante la fiscalía. Nadie hizo nada. No se investigó. No se citó a los denunciados. ¿Qué pasó luego? Lo que suele suceder con las escaladas de violencia cuando no se detienen contundentemente y a tiempo: alguien termina con un tiro en la cabeza. En este caso fueron dos hombres: Guillermo Toledo y Jesús León. Quedan vivas las víctimas colaterales, los y las dolientes, con el dolor por  la ausencia definitiva y prematura de los seres queridos, la desgarradura, sin consuelo posible, esperando al menos que se haga justicia.

¿Actuará el Estado contra los autores materiales de los asesinatos? Al presunto autor intelectual, Carlos Pardi, ¿se lo investigará y se determinará su responsabilidad? A quienes en las instituciones fueron responsables de la omisión, del engavetamiento de la denuncia de los campesinos y de la parálisis institucional, ¿se los investigará por la presunta vinculación que puedan tener con los asesinos y se los castigará por ello?

IV

Esta violencia no existe hoy porque hay miles y miles de campesinos y campesinas que luchan por su legítimo derecho, histórico además, a la tierra, al trabajo y a una vida digna. No existe porque la revolución bolivariana conducida por el Comandante Hugo Chávez haya decretado una Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que se propone, como objetivo central, “establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable” como “medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario”, y que dice, con todas sus letras, que para alcanzar ese fin, es necesaria “la eliminación del latifundio y la tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo”. Esta violencia existe porque ante la avanzada justiciera de la revolución bolivariana los terratenientes defienden, con métodos mafiosos como el sicariato, lo que consideran sagrada propiedad privada, aunque se trate originariamente de tierras usurpadas a anteriores generaciones de campesinos y campesinas o al Estado venezolano.

La continuación, recurrencia y proliferación de la violencia contra el campesinado se debe a una sola razón: no le ha pasado nada a los latifundistas responsables de las agresiones, desalojos, amenazas y de los más de 300 asesinatos de campesinos y campesinas que luchaban por la tierra. Si acaso, ha habido una sola sentencia firme por el asesinato de un campesino. Nada más que la pérdida de unas cuantas hectáreas de tierra es lo que han pagado algunos, en el mejor de los casos. El Estado no ha asumido a cabalidad la protección y acompañamiento de este sector de la población ante la difícil y muchas veces cruenta pelea en la que se encuentran inmersos.

Esta violencia permanece hoy porque es prolongación histórica de la violencia que la élite latifundista ha inflingido siempre al pueblo campesino. Y no ha sido derrotada. La revolución existe, entre otras cosas, para eso, para derrotarla. Tarea pendiente todavía, porque mafias agrarias han tejido sus hilos en torno a los terratenientes (los de siempre y los nuevos) y actúan con total impunidad: funcionarios del INTI nacional y en las regiones, jueces y juezas, fiscales(as) del Ministerio Público, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. El asesinato de Toledo y León ocurrido en medio de la disputa por la tierra en el hato Palo Quemao mucho tiene que ver con esta trama de corrupción y mafia. ¿Cómo actúan? He aquí un ejemplo.

Cuatro años atrás el INTI aprobó el rescate de las tierras en disputa y, luego, una funcionaria, Ingrid Gil, a cargo del INTI de Barinas, en conjunto con María Mascarel del INTI Central, actuaron para retrasar el rescate y entorpecerlo. En enero de este año el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y el Municipio Arismendi del estado Barinas otorgó una medida cautelar a favor del terrateniente Pardi, hoy presunto autor intelectual del asesinato de Jesús León y Guillermo Toledo. La GNB y la polícia de Barinas concretaron los desalojos. Hoy, luego de la alocución del presidente de la República Nicolás Maduro prohibiendo expresamente la participación de ningún cuerpo de seguridad en desalojos a campesinos, los terratenientes empiezan a recurrir nuevamente al sicariato.

V

Hoy impera el miedo entre los hombres y mujeres que pelean la tierra en el Hato Palo Quemao. Por la memoria de los desalojos vividos. Por la muerte infame de los compañeros a manos de sicarios paramilitares presuntamente pagados por Carlo Pardi. No se borra el recuerdo de verse sometidos por los sicarios, y de ver cómo se llevaban a su compañero. Impera el miedo también y un daño emocional insondable en la hija de Jesús León, a quien le arrebataron a su padre poniéndole una pistola en la cabeza. Impera la impotencia por la justicia no cumplida.

Impera el miedo entre los campesinos y las campesinas del hato Palo Quemao, pero impera también la determinación de no abandonar la lucha, de seguir hacia adelante a pesar del miedo y de los riesgos.

La información sintetizada en estas líneas es aportada por campesinos que no quieren dar sus nombres ni mostrar su rostro, pero quieren que esto se sepa, que sea público. Después del secuestro y asesinato de León y Toledo ha habido más amenazas, nuevas visitas de matones a amedrentar. Temen por sus vidas y tienen razón. No es cobardía, es certeza del desamparo y la desprotección.

Hasta ahora, a tres semanas del asesinato de Jesús León y Guillermo Toledo, no ha habido un solo pronunciamiento público de autoridades municipales, regionales o nacionales al respecto de este caso. Ni autoridades del gobierno ni de los órganos de justicia o de derechos humanos han dicho nada. La dirigencia política tampoco ha dicho nada. La justicia, entonces, no se ve cerca.

Es un hecho que los campesinos y las campesinas seguirán en la lucha, que no desmayarán. ¿Se quedarán solos, sin el acompañamiento contundente del gobierno y el Estado en pleno, sin el acompamaiento de la revolución que llegó, entre otras cosas, para construir la justicia social en el campo, una de las demandas históricas más trascendentes de nuestra sociedad? No están del todo solos porque distintas organizaciones sociales acompañan la lucha, y porque se ha venido construyendo alianzas y articulación entre el campesinado en lucha, no solo en Barinas sino en otros estados del país como Portuguesa, Mérida y Zulia. Sin embargo, hace falta el poder del Estado revolucionario para avanzar más. Hace falta esa fuerza para que no sigan cayendo campesinos y campesinas en esta lucha.

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