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En defensa de la vivienda popular

En defensa de la vivienda popular

Este martes 18 de junio el centro caraqueño presenció la movilización que llegó a las puertas de la Asamblea Nacional Constituyente. Una columna de 400 personas se presentó a solicitar a sus diputados el derecho de palabra en el hemiciclo. ¿La intención? Presentar la ley Autogestionaria para la Producción de Hábitat y Vivienda Popular.

“Fortalecer las capacidades del pueblo para producir y reproducir su vida, eso es la autogestión” planteaban más de 30 organizaciones, entre ellas el Movimiento de Pobladores y la Asamblea de Inquilinos, en una carta presentada.

La columna tuvo que dar vueltas por distintos edificios y puertas de la ANC, antes de ser recibidos por el constituyentista Ricardo Molina, ex ministro de Vivienda y Hábitat y de Trasporte y Obras Públicas, quien se acercó a la manifestación en la esquina de plaza Bolívar, acordando trabajar la propuesta de ley primero en las comisiones para luego ser presentado en plenaria.

    

La propuesta de ley fue entregada dos semanas atrás en una jornada similar, hoy el objetivo fue poder dar inicio al debate. Ante el contexto que vive el país el planteo de los convocantes es fortalecer las organizaciones del Poder Popular, en este caso en el eje vivienda.

“Se ha avanzado mucho en todos estos años con la Gran Misión Vivienda Venezuela, se ha reivindicado al barrio, a la gente excluida de la ciudad que vivía en las periferias. Y entendemos que hay mucho aún por avanzar. Queremos poder realizar con nuestras propias manos la construcción territorial de nuestro hábitat: la vivienda, zonas recreacionales, zonas para la socioproducción. En nuestro espacio que es la Asamblea Nacional Constituyente planteamos la autogestión de nuestras viviendas, con herramientas e insumos aportados por el Estado.” Exponía Irma Pacheco, mientas la movilización avanzaba por las aceras de la Avenida Universidad.

  

En el comunicado para la presentación de la ley, las organizaciones balanceaban: “Hay una experiencia inédita reconocida nacional e internacionalmente, hasta ahora el 37 % de las viviendas construidas por la GMVV han sido ejecutadas por el Poder Popular bajo diferentes modalidades de gestión. Ha sido esta una gran escuela”. En base a esta experiencia la intención es avanzar en el debate de la ley para no dilatar su aprobación.

Profundizar las fortalezas, potenciar las capacidades, una manera de avanzar en la defensa del país, con un pueblo produciendo sus propias viviendas.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

 

 

 

Mafias agrarias versus pueblo campesino: las instituciones revolucionarias tienen la palabra

Mafias agrarias versus pueblo campesino: las instituciones revolucionarias tienen la palabra

“Tierras, mujeres y hombres libres” lleva por nombre el Consejo Campesino en el que se organizan las familias que habitan en el predio Montecarlo. Cerca de 200 hectáreas recuperadas para la producción de alimentos. El nombre del consejo es un homenaje a Ezequiel Zamora y su levantamiento que en septiembre de 1846 iniciara con esa frase. La pelea diaria que la comunidad campesina lleva adelante ya no es sólo un homenaje, sino que es continuidad de una lucha histórica. La continuidad también se expresa en quienes están del otro lado de la batalla. Aquellos que niegan la tierra a quien la trabaja, aquellos que son los “presuntos” dueños: la oligarquía agraria, los terratenientes.

La disputa por la tierra tiene un carácter clave en este contexto que atraviesa el país. En ambos lados de la carretera panamericana se puede observar el escenario donde se materializa esta lucha. Miles y miles de hectáreas en las cuales ser expresa la disyuntiva entre la necesidad de producción de alimentos y el abandono de las tierras por parte de latifundistas, quiénes únicamente dejan crecer monte y mantienen unos pocos animales, pero que se financian en base a las hectáreas que poseen sin que éstas sean productivas: sólo necesitan tierras a su nombre o fraccionadas a nombre de familiares para solicitar créditos que utilizan en diversas empresas que no tienen relación con fomentar la producción en el campo. Una hectárea de tierra fértil, como son las de esta zona, puede oscilar entre 3500 y 5000 dólares. En Montecarlo, con sus 200 hectáreas, la cuenta habla sola.

     

La comunidad campesina se organiza en sus Consejos Campesinos, Comunas y Consejos Comunales. Por su parte, los antiguos dueños de la tierra se organizan como lo hicieron históricamente, a través de la violencia, de grupos armados, de resortes legales que sus bolsillos pueden comprar. Es decir, despliegan una red de influencia que responda a sus intereses. Se conforman de hecho las mafias agrarias. Consejos campesinos versus mafias agrarias. Las distintas organizaciones saben de qué lado se encuentran en esta disputa.

Estas mafias creadas, financiadas, dirigidas al servicio del terrateniente de turno la integran distintos actores. Jueces Agrarios, fiscales, algunos funcionarios de ministerios o instituciones locales (El Vigía, en este caso) y efectivos de las fuerzas de seguridad. Estas mafias tienen también sus grupos de choque armados. Sicarios, a quienes se contrata para fines específicos. Dependiendo del momento político se utiliza tácticas distintas, siempre con el objetivo de sacar a la comunidad campesina de las tierras.

Durante el 2018 la táctica incluía el despliegue combinado de ambos brazos, el institucional corrupto  y el armado. El brazo armado tuvo su mayor nivel de intervención entre abril y septiembre, cuando se llevaron la vida de Kendri Márquez, asesinado de un solo disparo al corazón mientras manejaba su moto. Un disparo certero mientras estaba en movimiento. Sello del accionar de sicarios. Kendri era hijo de la familia que coordina el trabajo diario campesino en el predio Montecarlo. No fue una elección al azar. Asesinar al hijo de los coordinadores del Consejo Campesino para intimidar al resto de las familias.

 

Por su parte, el brazo institucional corrrupto el año pasado impulsó desalojos en distintos predios, que incluyeron la destrucción de la siembra, la quema de cambuches y la detención de campesinos y campesinas en algunos casos, como ocurrió en el predio La Magdalena en abril del 2018, donde 33 personas fueron detenidas. Esos sectores que desde las instituciones forman parte de las mafias se ocuparon de que casi ningún predio fuese formalmente entregado a los campesinos y las campesinas.

Los desalojos siempre son resistidos por las familias campesinas para seguir produciendo. Los informes técnicos que hablan de tierras productivas cuando están abandonadas (antes de ser rescatadas por los campesinos/as) es otra acción que este brazo institucional corrupto aplicó y aún aplica en Montecarlo como en el resto de los fundos de la zona.

 

Carmen Rosales y Jesús Ojeda son exponentes de este brazo de las mafias adentro de la institucionalidad. Jueza del tribunal Agrario del Vigía y abogado de la fiscalía 6ta del mismo municipio, respectivamente.  Esta jueza es quien desafía las órdenes de Maduro y del Instituto Nacional de Tierras, al seguir impulsando desalojos en la zona. Por su parte el fiscal, es quien persigue judicialmente a algunos dirigentes campesinos, con acusaciones llenas de irregularidades. Ambos comparten el desprecio hacia las familias campesinas.

Otra exponente es la abogada de la familia de la presunta dueña de la finca de Montecarlo, doctora Marlin Sosa, ex jefa de la oficina regional de Tierras de Barinas. Especialista, junto al Juez Orlando Contreras, de Socopó, en participar en las órdenes de desalojo siempre a favor de los terratenientes. Siempre. En Barinas y en Sur del Lago.

Su defendida, Mirella Vega Vega tiene hectáreas en ambas zonas. En Barinas las mafias agrarias durante el año pasado también se cobraron una vida, la de Orlando Reyes Parra, en otro asesinato con el sello característico del sicariato. Este asesinato se dio en el mismo día que Maduro recibía a los campesinos en Caracas. Una demostración de poder de estas mafias agrarias que operan en distintas zonas. El asesinato se dio en zonas donde Vega Vega y Sosa poseen tierra y en donde es sabido que el sector latifundista se articula y organiza. ¿Tienen relación ambos sicariatos, el de Reyes Parra y Kendri Márquez? ¿Está detrás el mismo sector de estas mafias agrarias?

¿Qué motiva a abogados, fiscales, jueces agrarios a actuar a favor de quien mantiene la tierra improductiva? La cuenta del número de hectáreas en juego multiplicada por su valor en dólares aporta mucho a la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no se investigan los hechos de violencia que incluyen torturas (La Chapala 2018) e incluso muerte (Montecarlo septiembre 2018? Las instituciones de justicia, derechos humanos e investigación judicial tienen la palabra.

 

En Montecarlo, así como también en otros predios, la desidia terrateniente también se expresa al intentar criminalizar a los campesinos/as de la muerte del ganado, que ellos mismos dejan de alimentar, buscando que sus animales se mueran o bien destruyan la siembra de las familias productoras. Sin excepciones, las organizaciones campesinas de la zona tienen que tener en claro estas prácticas en contra de la comunidad y a favor del latifundio.

En el predio Montecarlo, recientemente fue cortado todo el pasto que servía de alimento al poco ganado abandonado en el predio, justamente para que este se vea forzado a destruir las siembras de los(as) campesinos(as) para alimentarse. Cuando esto es impedido, como de hecho ocurre, al ganado se lo deja morir se hambre para responsabilizar a los(as) campesinos(as) y criminalizarlos .

 

Las mafias agrarias son el principal enemigo que enfrentan las familias campesinas. Familias que están produciendo alimentos en momentos donde el país más lo necesita. Hay una línea política desplegada por el gobierno a nivel nacional en este contexto de guerra económica y bloqueo. Esta línea es la de avanzar en la producción autóctona de alimentos, en camino a asegurar nuestra soberanía alimentaria. Distintas instituciones y ministerios se ven interpeladas para aplicarlas y lo realizan de conjunto con las organizaciones presentes en las distintas regiones. Fomento a la producción con entregas de insumos, herramientas, semillas. Las mafias agrarias que operan en el eje carretero panamericano al Sur del Lago Maracaibo están abiertamente en contra de este rumbo. La intervención de las autoridades judiciales, del Instituto Nacional de Tierras,  del Ministerio de Poder Popular de Agricultura y Tierras es urgente.

Desarticular las mafias agrarias en defensa de las familias campesinas, de la Revolución Bolivariana, de la paz, la democracia y la soberanía es la tarea central.

 

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

Mérida: nuevas amenazas de desalojo a campesinos(as) en predio Montecarlo

Mérida: nuevas amenazas de desalojo a campesinos(as) en predio Montecarlo

En en el día de ayer se presentó nuevamente en el predio Montecarlo, ubicado en el municipio Alberto Andriani, una comisión que dice actuar en nombre de la Vicepresidencia de la República, para notificar a las familias campesinas que tienen que desalojar las parcelas que están sembrando.

Se reproduce la metodología que utiliza la derecha en sus distintos niveles de intervención política. A nivel nacional bloqueo, asedio, amenazas, y la intervención de quien no dirige la estrategia de embestida: Juan Guaidó es quien presta su cara a la estrategia diseñada por otros. En el caso de Montecarlo, quienes prestan la cara son la Jueza Agraria de El Vigía Carmen Rosales, el fiscal general Camilo Bastos, el abogado del Instituto Nacional de Tierras, Luis Rangel, y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Quienes dirigen en este caso son los terratenientes que pretenden avanzar contra las parcelas campesinas productivas. Mirella Vega Vega es “la presunta” de la finca Montecarlo. También hay amenazas, destrucción de la producción, y hace menos de un año, la muerte a manos de sicarios del hijo de una familia campesina del predio. Misma metodología en distintas escalas.

Semanas atrás una comisión similar, a nombre de vicepresidencia también en ese caso, se presentó al lugar para notificar una orden de protección, no para quienes trabajan la tierra, sino para la terrateniente y su ganado, que no es más que unas pocas cabezas útiles sólo para que destruyan la siembra que con tanto esfuerzo trabajan los y las campesinos(as). En esa reunión el Fiscal Ojeda intentó provocar al padre del niño asesinado en septiembre pasado, acusándolo de no importarle la muerte de su hijo. Con esa impunidad operan los funcionaros serviles a los intereses del latifundio.

En esta oportunidad, la abogada de la familia Vega, Marlin Sosa, “sugería” a las familias campesinas que abandonen el predio por las buenas. Esta abogada es conocida por su participación en Barinas en un gran número de denuncias de desalojo en contra siempre de las campesinas y campesinos que laboran la tierra. Quienes habitan las fincas de “Palo Quemao” y “La Primavera” pueden dar fe de su accionar. Como una enorme contradicción salta a la vista que una abogada de ese perfil haya sido en años anteriores jefa de la Oficina Regional de Tierras de Barinas.

En muchas de las denuncias de desalojo esta abogada aparece actuando junto al juez agrario Orlando Contreras, quien actualmente pretende desalojar a los consejos campesinos del Hato Las Mercedes en Barinas. ¿Tienen relación el juez Orlando Contreras, la abogada Marlin Sosa y la jueza Carmen Rosales? ¿Podemos tomar sus personas como  rostros visibles de una poderosa mafia agraria? ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia no los investiga y sanciona? ¿Hasta dónde llegan las conexiones de esa mafia enquistado en nuestro sistema de justicia?

La necesaria intervención del Ministerio del Poder Popular  de Agricultura y Tierras contra las mafias agrarias no es únicamente a favor de la comunidad campesina, que lleva sembrado el 75% del terreno otrora improductivo. Debe ser también una expresión reafirmando el lugar ocupado en la batalla que da nuestro país entre quienes producen en medio de este contexto, y entre aquellos que se aprovechan del mismo para avanzar en contra de las conquistas que supimos construir estos 20 años. Comunidad campesina productora o mafias agrarias, entre estos sujetos las instituciones de la revolución no deben titubear a la hora de tomar partido. Paz y soberanía o permitir el crecimiento de actores locales que siguen el guión de la derecha a nivel nacional e internacional. Siendo que la comisión que amedrenta a los campesinos y a las campesinas actúa en nombre de la vicepresidencia, las vocerías oficiales de esa institución deben pronunciarse al respecto y aclarar de qué se trata esta acción.

    

Es necesario detener las amenazas de desalojo y apoyar a los campesinos y campesinas en su producción, como se ha hecho en otros estados durante las últimas semanas. Es necesario que el Instituto Nacional de Tierras entregue la carta agraria por el rescate total del predio, para que las familias que habitan en él puedan producir de forma segura. Es necesario que el crimen de Kendri Márquez no quede impune para evitar que estos métodos de sicariato se arraiguen en la zona.

En medio del asedio, la consigna es la misma. Avanzar por la soberanía, la paz, la democracia y la reactivación productiva, a nivel nacional y en las fincas de la zona, como es el caso de Montecarlo.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

Reactivación productiva del campo: capítulo Táchira

Reactivación productiva del campo: capítulo Táchira

En el municipio Libertador del estado Táchira se sumó un nuevo capítulo de la disputa diaria que las manos campesinas vienen dando por la producción. Este último 11 de junio se realizó un acto para la entrega de semillas certificadas e insumos para productores(as) conuqueros(as) de los municipios Torbes, Fernández Feo, San Cristóbal y Libertador.

En la actividad participaron, entre otros, el protectorado político del estado de Táchira y el viceministro de desarrollo agrario y gestión de tierras, Oswaldo Barbera.

El convenio alcanzado entre este ministerio y la Alianza Nacional Productiva provee las semillas para sembrar mil hectáreas entre arroz, frijol y maíz, en el marco de un programa que impulsa los conucos productivos en distintos estados del país.

Ante la intensificación en los últimos años de las sanciones, asedio y bloqueo económico, la batalla por la producción toma un valor sumamente importante. La pelea es peleando, la soberanía también se defiende y construye produciendo. Eso es un eje central que están desplegando la comunidad campesina y los pequeños y medianos productores organizados en la Alianza Nacional Productiva, intensificando los esfuerzos en la siembra de nuestra propia comida. Son pasos concretos en la dirección de la construcción de soberanía alimentaria.

La cotidianidad en los estados andinos hace que la producción adquiera un carácter de batalla. Aún se sienten en la zona los impactos del sabotaje eléctrico, afectando el suministro durante varias horas al día. Asimismo, la distribución de gasolina y gasoil va llegando a niveles críticos. Sin embargo, los campesinos y las campesinas imponen su fuerza de voluntad y determinación, dándole a cada hectárea de siembra un sabor a victoria, un desquite ante los asedios a los que se ve sometido nuestro país y ante la ineficiencia y corrupción de sectores que desde acento de la revolución actúan en su contra.

En articulación con el Ministerio de Agricultura y Tierras, de la mano con el viceministerio de desarrollo agrario y gestión de tierras, se abona en este caso el impulso hacia una forma de siembra familiar, contraria al monocultivo, que recupera la tradición del pueblo campesino: los conucos productivos. El coordinador del estado de Táchira de la Corriente y miembro del equipo regional del Psuv, Rubén Rodríguez, expresa que el concepto de conuco rompe con una lógica de monocultivo, fortaleciendo la siembra familiar de diversos productos (tres en este caso). Incluso plantea que las semillas se entregan a conuqueros que no poseen más de una hectárea, para asegurar dicho método familiar.

Agricultura a pequeña escala para la alimentación de quienes trabajan la tierra y los pueblos inmediatos, incluso la Organización de las Naciones Unidas lo reconoce como un método para dar la batalla contra el hambre. Hambre que pretenden generar los intereses de las élites económicas y políticas estadounidenses e imperialistas en general.

Ante estos intentos, la comunidad campesina vuelve a responder con organización y producción. Es en estos casos es donde la reactivación productiva del campo se afianza y toma cuerpo. Táchira, Apure, Barinas, Mérida, Zulia, ejemplos de estados donde con determinación se avanza en la defensa de nuestra soberanía, donde los campesinos y campesinas siembran sus sueños de victorias venideras en defensa de la paz, la democracia y la soberanía.

Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

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