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El jueves 23 de mayo se presentó en el Hato Las Mercedes, ubicado en el municipio Pedraza del estado Barinas, una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana y la policía de Barinas, con la intención de ejecutar el desalojo de los consejos campesinos que luchan desde hace años el rescate de esas tierras. La orden de desalojo, que contraviene lo autorizado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) en marzo de 2018, fue emitida por el juez agrario de Socopó, Orlando Contreras, en beneficio de la familia terrateniente Riera Zubillaga, pretendiendo frustrar el proceso jurídico administrativo que, cumpliendo todo lo que la ley exige, los consejos campesinos han venido desarrollando ante el INTI.

Luego de tres días de tensión, el día de ayer se logró detener la acción de desalojo gracias a la determinación y resistencia de los hombres y las mujeres campesinos(as) que allí se encuentran luchando y sembrando, al elevado nivel organizativo de los consejos campesinos y a la actuación de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora a través sus medios de comunicación y de los dirigentes Pedro Alvarado, constituyente por Barinas, y Juan Carlos Pinto, diputado al Consejo Legislativo Estadal, quienes se presentaron en el predio en acompañamiento y defensa de los y las campesinos(as), para mediar con las autoridades militares y policiales presentes en el predio. Así, con dignidad, firmeza, organización, participación y capacidad de diálogo, se logró que los efectivos militares y policiales evacuaran el predio, luego de que, haciendo valer lo autorizado por el INTI, se acordara la instalación de mesas de trabajo para abordar a fondo la situación de los consejos campesinos y del proceso de rescate del hato, sin que esto implicara el desalojo de la gente ni la destrucción de las siembras hasta ahora desarrolladas en el sitio.

 

 

 

 

 

 

La lucha de los campesinos y campesinas del Hato Las Mercedes se suma a la de miles y miles de hombres y mujeres en el campo venezolano que, hoy en día, no desisten en la pelea por la democratización de la tierra. Como estas personas, en otros estados del país miles de campesinos y campesinas en lucha sufren amedrentamientos, agresiones, amenazas. En todos los casos existe un elemento común: el retraso y la dilación de los procesos administrativos y técnicos por parte del INTI para hacer efectivos los procesos de rescate de tierras, y la actuación de las mafias agrarias, principalmente por la vía judicial y violenta, para frustrar y revertir los procesos iniciados por el campesinado y el INTI.

El latifundio, según lo dictamina nuestro ordenamiento jurídico, es contrario al interés público y constituye una rémora que necesariamente hay que superar para que el país pueda avanzar en el desarrollo productivo del campo: mientras existan en manos de pocas familias enormes extensiones de tierra en estado de improductividad, no seremos capaces como pueblo de alcanzar las metas de desarrollo agrario y soberanía alimentaria, así como de seguridad social y buen vivir del pueblo campesino.

Si la agroindustria estatal y privada, los pequeños y medianos productores y la banca pública y privada tienen un rol qué jugar en el logro de estas grandes metas nacionales, cosa que reconocemos, también es necesario decir que no es menor ni secundario el papel que en esa misión estratégica está llamado a jugar el pueblo campesino, los hombres y mujeres del campo que hasta la llegada de la revolución bolivariana habían sido relegados, excluidos, oprimidos. En ese sentido, es urgente que desde las autoridades agrarias del país, es decir, desde el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y desde el Instituto Nacional de Tierras (INTI), se abran los espacios para que, con toda la amplitud y seriedad que se requiere, con participación y protagonismo de la gente que sabe producir, sin preeminencia de grupos económicos y élites de poder, se construya una política clara, coherente y sostenida en relación no solo con la imprescindible democratización de la tierra y lucha contra el latifundio, sino en cuanto a todos los aspectos que deben conformar una política agraria nacional (financiamiento y dotación de insumos, maquinaria y asistencia técnica, acopio y distribución de la producción), una política que implique planes concretos, con metas específicas establecidas, cronogramas de ejecución, responsabilidades públicamente asumidas, mecanismos de monitoreo, control, seguimiento y evaluación.

La actual circunstancia que vive Venezuela, determinada por la creciente agresión estadounidense y la agudización de la crisis económica, obligan a abordar la reactivación productiva del campo como una prioridad nacional de carácter estratégico. Ante el fracaso de la estrategia política de EEUU en el escenario interno del país, las élites que gobiernan el mencionado país toman definitivamente la opción de aumentar las sanciones ilegales y el bloqueo comercial y financiero para asfixiar económicamente al país, y con ello construir las condiciones que requieren sus objetivos intervencionistas. Se trata, entonces de una tarea de primer orden. El destino de la paz, la democracia y la soberanía de nuestra Venezuela se juega en buena medida en esta batalla por la producción, en la cual el pueblo campesino, la gente que produce en el campo, se ha colocado a la vanguardia. Allí estamos y estaremos como organización política acompañando y protagonizando esa lucha. Las instituciones agrarias del país deben estar, también en la primera fila de esa batalla, junto a la gente.  Vamos pues, todos y todas, campesinos y campesinas, pequeños(as) y medianos(as) productores(as), instituciones, industriales del agro, banca y pueblo todo, a avanzar en una gran Alianza Nacional Productiva que garantice el desarrollo productivo del campo y la victoria en la lucha contra las fuerzas extranjeras que pretenden doblegarnos al asfixiar nuestra economía.

 

Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

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