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I

Luego del fallecimiento del comandante Chávez EEUU decidió desarrollar un plan de ofensiva total contra la revolución bolivariana. El gobierno encabezado por Nicolás Maduro tuvo que enfrentar, desde el mismo día de la victoria electoral del 14 de abril de 2013, el despliegue implacable de ese plan:

1) desconocimiento del resultado electoral y arremetida de violencia política en 2013, lo cual fue derrotado y concluyó con la consolidación del gobierno de Maduro por la vía electoral con un triunfo que implicó una diferencia de más de un millón de votos y la casi totalidad de los gobiernos municipales del país,

2) en 2014, profundización de guerra económica y plan insurreccional La Salida dirigido por Leopoldo López, el cual causó 48 muertes violentas que fueron instrumentalizadas para construir la falsa imagen internacional del gobierno de Maduro como una tiranía feroz,

3) derrotadas estas operaciones iniciales, en 2015 el plan de EEUU se enfocó en que la oposición política capitalizara electoralmente los efectos negativos sobre la población causados por la guerra económica, con el resultado de la conquista por la vía electoral de la Asamblea Nacional,

4) en 2016, con la entrada en ejercicio de la Asamblea Nacional opositora, comenzó una nueva fase del plan de agresión: el despliegue del poder legislativo como arma de guerra contra el país, con el objetivo de desmembrar el Estado y acabar con la institucionalidad venezolana.

La pugna por evitar el éxito de ese plan implicó que el Tribunal Supremo de Justicia, apelando a los extremos constitucionales y con base en irregularidades ocurridas en las elecciones parlamentarias en algunos estados del país, sentenciara el desacato de la Asamblea Nacional y dejara sin efecto sus actos. Esa derrota ocurrió como resultado de las actuaciones de los poderes del Estado para defenderse de los planes que pretendían su disolución.

Como consecuencia, el plan de agresión contra Venezuela dirigido por EEUU definió el despliegue prácticamente nacional de violencia callejera paramilitarizada cómo táctica para derrocar el gobierno bolivariano. Esa escalada violenta caracterizó buena parte del año 2017, hasta que llegó la Asamblea Nacional Constituyente y mandó a parar.

 

 

I
A partir del mes de abril de 2017, Venezuela toda pasó a ser una vorágine de caos y violencia: pueblos y pequeñas ciudades sitiadas por la violencia paramilitarizada, zonas enteras de las principales ciudades del país totalmente tomadas y sometidas por la violencia, instalaciones militares y policiales atacadas con armas de fuego y bombas incendiarias, almacenes y depósitos de alimentos incendiados, más de 150 personas fallecidas, 23 personas quemadas vivas en la calle, cuatro meses de casi total paralización del país y una agobiante operación psicológica para sembrar el terror. El escenario que se configuraba a medida que pasaban los meses era el de una inminente guerra civil.

En ese contexto se logró convocar y realizar las elecciones para que la Asamblea Nacional Constituyente fuera electa el 30 de julio de 2017. Para llevar a cabo las elecciones el Estado venezolano definió la creación de centros de votación especiales en los que pudieran ejercer su derecho al sufragio las personas cuyos centros de votación estaban ubicados en zonas tomadas por la violencia: de estos, el más importante fue el Poliedro de Caracas. La historia recordará las fotos y videos de grandes caravanas de venezolanos y venezolanas cruzando ríos y recorriendo kilómetros de carreteras y caminos de montaña para moverse de un pueblo a otro y así evadir los cercos violentos y poder votar.

La elección de la ANC cumplió de manera absolutamente exitosa ese objetivo de frenar la escalada violenta que amenazaba al país con seguir elevándose hasta alcanzar proporciones de guerra civil. La masiva participación del pueblo venezolano, expresada en más de 8 millones de votos, gracias a la puerta democrática y electoral abierta por el Estado venezolano como estrategia para defender su unidad ante la agresión, causó el cese casi inmediato de la violencia, con lo cual se demostró, además, que no era espontánea ni fruto del descontento sino una megaoperación cuidadosamente diseñada y ejecutada.


Apenas instalada siguieron las acciones de la ANC en su rol histórico de ser instrumento parlamentario y jurídico del Estado venezolano para preservar y profundizar la paz conquistada con su elección e instalación. Una de las primeras medidas, tomada el 5 de agosto de 2017, fue la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz (que estaba previamente suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia) luego de ser demostrada su participación en la conspiración contra el Estado venezolano. En su lugar, la ANC designó como Fiscal General a Tarek William Saab, quien hasta entonces había sido Defensor del Pueblo. Con esto, la ANC desarmaba el proceso de desmembramiento del Estado, que pretendía separar del mismo no solo a la Asamblea Nacional sino al Poder Ciudadano y al Judicial.

Por su parte, EEUU y sus aliados nacionales e internacionales respondían desconociendo la elección e instalación de la ANC, obviando flagrantemente la voluntad del pueblo venezolano expresada electoralmente. Como parte de la respuesta de EEUU y sus aliados, el 8 de agosto de 2017, en Lima (Perú) se efectuó una reunión con los cancilleres de 17 países del continente americano, cuya resulta fue un documento denominado la Declaración de Lima, la cual fue suscrita por 12 países en donde acuerdan condenar la supuesta ruptura del orden democrático en Venezuela y desconocer la ANC.
La respuesta de Venezuela fue más democracia. En función de reconstruir y consolidar la estabilidad política, la ANC continuó actuando, y convocó una seguidilla de elecciones que fueron clave no solo para ese objetivo estabilizador sino porque implicaron una contundente demostración de la voluntad absolutamente mayoritaria del pueblo venezolano de vivir en paz y democracia. Esto fue garantizado por la ANC incluso creando mecanismos de emergencia institucional mediante vías excepcionales.

Esas elecciones fueron: 1) regionales el 15 de octubre de 2017, 2) municipales el 10 de diciembre, y 3) presidenciales el 20 de mayo de 2018. La victoria de las fuerzas patrióticas y bolivarianas fue contundente en las tres jornadas, logrando con ello consolidar una unidad absoluta del Poder Ejecutivo en todos los niveles, con lo cual se consolidaba toda la fuerza para reestablecer la gobernanza y defender la paz y la soberanía. Los años subsiguientes en los cuales la agresión escaló aún más demostrarían el carácter vital y estratégico de esta unidad política expresada en el hecho de que la gran mayoría de los espacios del poder político del país estuviesen en manos de las fuerzas patrióticas.

Otro ámbito clave de actuación de la ANC fue el relacionado con el castigo a los responsables de la violencia que habían usado su investidura como diputados de la Asamblea Nacional para conspirar contra la paz, la democracia y la soberanía del país. Así, por ejemplo, el 6 de noviembre de 2017 la ANC autorizó el enjuiciamiento del diputado opositor y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara, principal cabecilla de la escalada violenta, el 7 de agosto de 2018 se acusó al parlamentario Juan Requesens junto al también diputado y expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, ambos pertenecientes al partido Primero Justicia, de estar presuntamente involucrados en el atentado contra Nicolás Maduro. El día siguiente la Fiscalía General pidió al TSJ emitir sentencia para dar pie a la remoción de la inmunidad parlamentaria de Requesens y Borges, la cual fue efectuada​ y remitida a la ANC, quien lo aprobó.

En esa misma dirección de fortalecimiento de mecanismos legales para preservar la paz, la democracia y la soberanía apuntó la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por unanimidad por la Asamblea Constituyente el 8 de noviembre de 2017 con el propósito de promover «el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política”. Igualmente, la creación de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública el 24 de mayo de 2018, que desde el primer momento encamino sus esfuerzos por la ruta del diálogo político y la concreción de consensos.


También en el plano económico la Asamblea Nacional Constituyente tuvo iniciativas en su actuación legislativa. El decreto sobre el Petro, la Ley Constitucional de los Clap, la Ley de Precios Acordados, la Ley de Inversión Extranjera, el decreto constituyente de Diálogo Económico, la Ley sobre la Unidad Tributaria Sancionatoria y la Ley de Impuestos a Grandes Patrimonios, la derogación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, con lo cual se abre paso a la libre convertibilidad del bolívar con el libre comercio y libre negociación de las divisas en el país, así como la aprobación de la Ley Antibloqueo, que tiene como objetivo central restituir las garantías sociales y económicas de nuestra gente.

III
Movimiento de Transición del Pueblo, Paramacay II, Operación Armagedón, Operación de Magnicidio, Operación Libertad, Operación Vuelvan Caras, Operación Fuerza y Libertad, Operación Venezuela Honor y Gloria, Operación Aurora, Operación Gedeón. Estos son los nombres de algunas de las conspiraciones militares ejecutadas y derrotadas en el lapso tres años y cuatro meses en que estuvo en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente. A esto debe agregarse todo el andamiaje diplomático desplegado por EEUU en el mundo y el gigantesco arsenal mediático dirigido contra la revolución bolivariana. Y por si fuera poco, el desarrollo creciente de medidas económicas coercitivas y unilaterales aplicadas por EEUU, la Unión Europea, Canadá y otros, y el plan de ofensiva final desplegado desde enero de 2019 que tuvo como pieza central la Asamblea Nacional definitivamente insurrecta y separada del Estado para ponerse al servicio de las órdenes directas del gobierno de EEUU: la autoproclamación como presidente interino de Venezuela por parte del exdiputado Juan Guaidó, reconocido inmediatamente por EEUU, la Unión Europea y otro conjunto de países subordinados, que acarreó además el robo de más de 5.400 millones de dólares, pérdidas por más de 130 mil millones de dólares y el secuestro de Citgo y Monómeros.


En la ardua resistencia de Venezuela ante tamaña agresión multidimensional fue clave el accionar de la Asamblea Nacional Constituyente para llenar el vacío dejado por el Poder Legislativo insurrecto y ser el instrumento central para sostener la unidad institucional del Estado, la unidad identitaria de la República, en un despliegue suigéneris para contrarrestar las actuaciones ilegales de la Asamblea Nacional en desacato como instrumento de la agresión extranjera.

La unidad cívicomilitar del pueblo venezolano, la unidad y cohesión política de todas las instancias del Poder Ejecutivo y de las fuerzas políticas del chavismo, el funcionamiento del Poder Ciudadano, el Poder Judicial y el Poder Electoral, todos estos factores imprescindibles para la resistencia ante la agresión, tuvieron como eje y base la existencia y actuación de la Asamblea Nacional Constituyente en tanto fundamento institucional para la preservación de la paz, la democracia y la soberanía del país. El debate y las diatribas agoreras sobre la supuesta expropiación o conculcación que la ANC significó en relación con el supremo y soberano poder constituyente que reside exclusivamente en el pueblo venezolano queda zanjado cuando se analiza que fue justamente ese supremo poder constituyente de nuestro pueblo el que, por vía democrática y electoral, generó soporte y dio legitimidad al instrumento extraordinario y excepcional al que tuvo que recurrir Venezuela para continuar garantizando su existencia como nación y República, como Estado social de derecho y justicia.

Resistido el temporal, capeada la tormenta, no sin bajas, heridas o retrocesos pero de pie y con esperanza, con una nueva Asamblea Nacional que estará al servicio del país y de nuestra gente, cesan las funciones de la ANC y da paso a un 2021 en el que continuarán las batallas y los desafíos para nuestro país.

Si en 1819 el Libertador Simón Bolívar convocó al poder plenipotenciario constituyente para consolidar el edificio Republicano y construir un sistema político que reuniera la capacidad de sostener íntegra la unidad y a su vez dotara de seguridad social, estabilidad política y felicidad social al pueblo, y en 1999 Hugo Chávez lo hizo porque, según sus palabras, “la única vía en este momento que pudiera garantizar la paz futura de la Nación sería convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Eso permitiría reunirnos en soberanía, convocar al soberano que es el pueblo nacional, el pueblo venezolano, para refundar la República, para darle un nuevo rumbo a la Nación, para decirle al mundo: aquí estamos reunidos en asamblea popular los venezolanos, para discutir quiénes somos y hacia dónde vamos, y convertir esa discusión en un gran proyecto nacional que tenga rumbo, que tenga destino cierto”, en 2017 y hasta diciembre de 2020 fue necesario acudir a este supremo poder de nuestro pueblo para preservar la unidad del Estado y defender la paz, la democracia y la soberanía, única base sobre la cual podremos continuar construyendo y profundizando la revolución bolivariana y su horizonte transformador.

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